CE - Auto interlocutorio 05001233300020140194704 de 2025

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01947-04 (68892)

Demandante: Gerardo Antonio Peña Barbosa y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo Radicación: 05001-23-33-000-2014-01947-04 (68892)

Demandante: Gerardo Antonio Peña Barbosa y otros

Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia Asunto: Nulidad procesal El despacho resuelve la solicitud de nulidad procesal formulada por la parte actora el 1° de diciembre de 2022, a propósito del auto del 4 de noviembre de! mismo año, por el cual se admitió el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia en el proceso de la referencia.

Il. ANTECEDENTES

1. Trámite de primera instancia 1.1. El 30.de octubre de 2014', Gerardo Antonio Peña Barbosa y otros, por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda contra la Superintendencia Financiera de Colombia en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, con el fin de obtener la indemnización de los supuestos daños ocasionados con la falla del servicio que habría cometido la entidad accionada por omisión en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto de la actividad de la sociedad Interbolsa S.A. 1.2. Surtido el trámite legal correspondiente, en sentencia del 13 de julio de 2022?

omisión en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto de la actividad de la sociedad Interbolsa S.A. 1.2. Surtido el trámite legal correspondiente, en sentencia del 13 de julio de 2022? el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda y dispuso no condenar en costas. 1 Folios 1 y 141 del cuaderno principal No. 1. 2 Indice 230 de Samai — Tribunal.Radicación: 05001-23-33-000-2014-01947-04 (68892) Demandante: Gerardo Antonio Peña Barbosa y otros 1.3. Contra la anterior providencia, la parte demandante, a través de los apoderados Carlos Eduardo Naranjo Flórez, Carlos Ivan Femández Hernández -abogado coordinador del grupo®- y Luis Fernando Canof, interpusieron los respectivos recursos de apelación. 1.4. El 11 de agosto de 2022’, el Tribunal a quo concedió los recursos de apelación en el efecto suspensivo y ordenó remitir el proceso al Consejo de Estado.

2. Trámite de segunda instancia 2.1. El 4 de noviembre de 20228, el despacho admitió los recursos de apelación formulados por los apoderados de la parte demandante contra el fallo de primer grado, dispuso notificar personalmente la decisión al Agente del Ministerio Público y por estado a las partes y comunicarla a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia. 2.2. El 22 de noviembre de 2022, la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio de su apoderado, se opuso a los aludidos recursos de apelación. 2.3. El 25 de noviembre de 2022'°, la Agencia Nacional de Defensa Juridica del

medio de su apoderado, se opuso a los aludidos recursos de apelación. 2.3. El 25 de noviembre de 2022'°, la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado se pronunció frente a los mencionados recursos de alzada.

3. Solicitud de nulidad procesal y su trámite 3.1. El 1° de diciembre de 2022 la parte demandante, por medio del abogado coordinador del grupo, solicitó la declaratoria de nulidad parcial de la anterior providencia?? y que, como consecuencia, se dictara “auto sustitutivo concediendo el término de cinco días para sustentar el recurso de apelación”, 3 Índice 234 de Samai — Tribunal. Apoderado de Fabiola Flórez de Naranjo, Diego León Bustamante Gómez, John Jairo Acosta Mesa, Inversiones J3M S.C.A., Solcivil Limitada y Mirian del Carmen García Niño. . 4 Índice 235 de Samai — Tribunal. 5 Reconocido como tal en auto del 27 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia

(folio 1176 del cuaderno principal No. 3). 6 Índice 236 de Samai — Tribunal. Apoderado de Francisco Lozano Monsalve Arias. 7 Índice 237 de Samai — Tribunal. 8 Índice 4 de Samai. Esta decisión se notificó por estado el 22 de noviembre de 2022 (índice 8) y de manera personal al agente del Ministerio Público (Índices 6 y 7). 2 Índice 10 de Samai. 10 Índice 11 de Samai. Índice 12 de Samai. 12 Aclaró que su solicitud no requería de trámite incidental alguno.

2 Índice 10 de Samai. 10 Índice 11 de Samai. Índice 12 de Samai. 12 Aclaró que su solicitud no requería de trámite incidental alguno. 15 En su criterio, este término empezaria a contar una vez decretada y notificada la nulidad solicitada. 2Radicación: 05001-23-33-000-2014-01947-04 (68892) Demandante: Gerardo Antonio Peña Barbosa y otros Precisó que lo que discutía era la decisión de aplicar el CPACA, específicamente el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 «modificado por la Ley 2080 de 2021-, al trámite del recurso de apelación presentado contra el fallo de primer grado, lo cual trajo como resultado que se le negara la oportunidad de sustentar la impugnación ante el superior y que, por ende, se configurara la causal de nulidad procesal prevista en el artículo 133 (numeral 6) del CGP". Señaló que fundamentar la aplicación del CPACA en el auto proferido el 6 de agosto de 2020 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado’®, implicaba desconocer la Carta Política y la ley'®, por cuanto dicho estatuto debía aplicarse solo en lo concerniente a la jurisdicción, la competencia y los asuntos de trámite que guardaran relación con esos tópicos, sin que fuera válido extender su aplicación a otras materias en el marco de las acciones de grupo. Destacó que, en todo caso, no era el CPACA sino el CGP -con la Ley 2213 de 2022, vigente para la época en que se formuló la apelaciónel que regía el procedimiento aplicable en las acciones de grupo en lo no regulado en la Ley 472 de 1998, por

vigente para la época en que se formuló la apelaciónel que regía el procedimiento aplicable en las acciones de grupo en lo no regulado en la Ley 472 de 1998, por cuenta de la remisión que esta, como normativa especial, prevé en el artículo 68. En esa línea, argumentó que, en virtud del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022”, la sustentación del recurso de apelación era un momento distinto de su interposición y aquella debía realizarse en el curso de la segunda instancia, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del auto que admitía la impugnación. Por tanto, con 14 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (...)

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado”. 15 Providencia citada en el auto admisorio del recurso de apelación, cuya nulidad parcial se solicita. 16 Se refirió a los artículos 29, 228 y 230 de la Carta Política y los artículos 7 y 11 del Código General del Proceso. 17 “Artículo 12. Apelación de sentencias en materia civil y familia. El recurso de apelación contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitará así: Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalados en el artículo 327 del Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días siguientes.

que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalados en el artículo 327 del Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días siguientes. Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto. Si se decretan pruebas, el juez fijará fecha y hora para la realización de la audiencia en la que se practicarán, se escucharán alegatos y se dictará sentencia. La sentencia se dictará en los términos establecidos en el Código General del Proceso”.Radicación: 05001-23-33-000-2014-01947-04 (68892) Demandante: Gerardo Antonio Peña Barbosa y otros la aplicación del CPACA, a su juicio se le cercenó al grupo la posibilidad de sustentar el recurso de alzada, con vulneración del derecho de defensa y contradicción. Indicó que, como apoderado del grupo en la presente causa, “no solo interpuso el recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia, sino que por temor reverencial y sin necesidad de hacerlo, esbozó las razones por las cuales se interponía el recurso, cosa que el suscrito no tenía por qué hacer, ni estaba obligado a hacerlo, a efectos de que se concediera el recurso de apelación”.

temor reverencial y sin necesidad de hacerlo, esbozó las razones por las cuales se interponía el recurso, cosa que el suscrito no tenía por qué hacer, ni estaba obligado a hacerlo, a efectos de que se concediera el recurso de apelación”. 3.2. Por medio de fijación en lista del 5 de diciembre de 202218, la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación corrió traslado de la solicitud a los demás sujetos procesales por el término de tres días, 3.3. A través de memorial del 6 de diciembre de 20221, la entidad demandada se opuso a la solicitud por considerarla manifiestamente improcedente, por lo que debía ser rechazada. Sostuvo que el auto que allí se cuestionó se constituía en un precedente vinculante en punto de las normas aplicables a las acciones de grupo que se tramitaban ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud del cual se estableció la prevalencia de las disposiciones del CPACA frente a las contenidas en el CGP. Resaltó que de conformidad con el artículo 243 del CPACA -modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021-, vigente para el momento en que se presentó el recurso de apelación, tratándose de procesos regulados en otros estatutos, aquel procede y se tramita según las normas especiales y, en este evento, “el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir”. Agregó que, a pesar de que la parte solicitante de la nulidad haga alusión a un supuesto temor reverencial para justificar su conducta, lo cierto es que ya sustentó la impugnación. 18 Índice 13 de Samai.

Agregó que, a pesar de que la parte solicitante de la nulidad haga alusión a un supuesto temor reverencial para justificar su conducta, lo cierto es que ya sustentó la impugnación. 18 Índice 13 de Samai. 19 Índice 15 de Samai.Rádicación: 05001-23-33-000-2014-01947-04 (68892) Demandante: Gerardo Antonio Peña Barbosa y otros ll. CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable El régimen procesal aplicable al sub lite es la materia que será examinada en primer lugar por el despacho, en tanto se trata del asunto sobre el cual versa, precisamente, la solicitud de nulidad procesal bajo estudio.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso (CGP), “[lJas leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir” (se destaca), de ahi que, por regla, las normas procesales son de aplicación general e inmediata. Así lo ha expresado la Corte Constitucional: “La Corte determinó que, como regla general, en nuestro sistema jurídico las normas procesales tienen un efecto general e inmediato, que no resulta contrario a la Constitución, siempre que se respete el principio de favorabilidad [en materia penal]. Concluyó igualmente que la norma no desconocía la obligación de juzgar conductas conforme a normas preexistentes, pues tal imperativo recae sobre disposiciones sustantivas, mientras que en materia procesal rige el principio de aplicación inmediata de la ley. Manifestó la Corte:

desconocía la obligación de juzgar conductas conforme a normas preexistentes, pues tal imperativo recae sobre disposiciones sustantivas, mientras que en materia procesal rige el principio de aplicación inmediata de la ley. Manifestó la Corte: ‘En relación con lo anterior, la Corte detecta que la legislación colombiana y la tradición jurídica nacional han concluido que las “leyes preexistentes” a que se refiere la norma constitucional son aquellas de carácter substancial que definen los delitos y las penas. De esta manera se incorpora a nuestro ordenamiento el principio de legalidad en materia penal expresado en el aforismo latino nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. Pero las normas procesales y de jurisdicción y competencia, tienen efecto general inmediato. En este sentido, el artículo 43 de la Ley 153 de 1887, recoge la interpretación expuesta (...) "21 (se destaca). Lo anterior, sin desconocer el régimen de transición que en cada caso se diseñe, toda vez que las actuaciones promovidas con anterioridad al cambio normativo se regirán por las leyes vigentes al momento de su iniciación y, en ese contexto, por excepción y en atención a las circunstancias particulares del asunto: “los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 20 Corte Constitucional, sentencia C-619 de 2001. 21 Corte Constitucional, sentencia C-692 de 2008.Radicación: 05001-23-33-000-2014-01947-04 (68892)

20 Corte Constitucional, sentencia C-619 de 2001. 21 Corte Constitucional, sentencia C-692 de 2008.Radicación: 05001-23-33-000-2014-01947-04 (68892) Demandante: Gerardo Antonio Peña Barbosa y otros decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones” (inciso 2” del artículo 40 de la Ley 153 de 1887). Además, en cuanto a la aplicación de las normas procesales nuevas a actuaciones judiciales en curso, la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente: “ ‘Dado que el proceso es una situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicación general inmediata. En efecto, todo proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo [el proceso] no se erige como una situación consolidada sino como una situación en curso. Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme. (...) De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la norma general que fija la ley es el efecto general inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo referente a los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la ley antigua. Esta norma general, en principio, no resulta contraria a la

referente a los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la ley antigua. Esta norma general, en principio, no resulta contraria a la Constitución pues no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, que es lo que expresamente prohíbe el artículo 58 superior (...)’ 2. (..) En armonía con esta concepción, el legislador ha desarrollado una reglamentación específica sobre el efecto de las leyes en el tiempo, que data de la Ley 153 de 1887, según la cual como regla general las leyes rigen hacia el futuro, pero pueden tener efecto inmediato sobre situaciones jurídicas en curso, que por tanto no se han consolidado bajo la vigencia de la ley anterior, ni han constituido derechos adquiridos sino simples expectativas. Este es el caso de las leyes procesales, que regulan actuaciones que en sí mismas no constituyen derechos adquiridos, sino formas para reclamar aquellos”% (se destaca). A propósito de la especialidad de lo contencioso administrativo, el 18 de enero de 2011 se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) a través de la Ley 1437 de 2011, la cual, al tenor de lo dispuesto en su artículo 308, comenzó a regir el 2 de julio de 2012 y se aplicaría a “las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia”, dejando a salvo los procesos que estuvieran en curso para ese momento, los cuales “seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico 22 Corte Constitucional, sentencia C-619 de 2001.

vigencia”, dejando a salvo los procesos que estuvieran en curso para ese momento, los cuales “seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico 22 Corte Constitucional, sentencia C-619 de 2001. 23 Corte Constitucional, sentencia C-200 de 2002.Rádicación: 05001-23-33-000-2014-01947-04 (68892) Demandante: Gerardo Antonio Peña Barbosa y otros anterior”, es decir, el Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, Entre los asuntos cuyo conocimiento ha sido aginado por la ley a la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encuentra el medio de control de perjuicios causados a un grupo, pues en los términos del artículo 104 del CPACA dicha jurisdicción está facultada para conocer los asuntos previstos “en la Constitución Política y en leyes especiales”, como lo es la Ley 472 de 1998, normativa que reglamenta el ejercicio de las acciones de grupo y cuyo artículo 50 prevé que será tal jurisdicción la que las tramite cuando se origine “en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas”. Adicionalmente, respecto del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, el CPACA reguló expresamente lo concerniente al contenido de la pretensión que debe formularse (articulo 145) y la oportunidad legal para ejercer tal medio de control (artículo 164, numeral 2, literal h)), así como la competencia jurisdiccional para tramitarlo y decidirlo, fijada en primera instancia en los tribunales administrativos si se ejercía contra autoridades del orden nacional y en los juzgados administrativos si se trataba de autoridades de los órdenes

competencia jurisdiccional para tramitarlo y decidirlo, fijada en primera instancia en los tribunales administrativos si se ejercía contra autoridades del orden nacional y en los juzgados administrativos si se trataba de autoridades de los órdenes departamental, distrital, municipal o local (artículo 152, numeral 16; y artículo 155, numeral 10, en su redacción original). Así pues, en el sub júdice se observa que el 30 de octubre de 2014, en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo y por conducto de apoderado judicial, Alberto Schelesinger Vélez y otros instauraron demanda contra la Superintendencia Financiera de Colombia, tendiente a que se les resarcieran los supuestos perjuicios individuales ocasionados por la omisión en que habría incurrido dicha entidad en relación con la actividad de Interbolsa S.A. De este modo, dado que el extremo demandante acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para formular su pretensión de reparación de los perjuicios causados a un grupo en contra de una entidad pública y la demanda se presentó con posterioridad al 2 de julio de 2012, cuando estaba vigente la Ley 1437 de 2011, se concluye que esta normativa procesal es la llamada a gobernar la presente causa.Radicación: 05001-23-33-000-2014-01947-04 (68892) Demandante: Gerardo Antonio Peña Barbosa y otros En este punto conviene subrayar que el 25 de enero de 2021? se expidió la Ley 2080 de 2021, mediante la cual se introdujeron modificaciones a la Ley 1437 de

2011. En lo relativo su entrada en vigor, el artículo 86 estableció que regiría “a partir

2080 de 2021, mediante la cual se introdujeron modificaciones a la Ley 1437 de

2011. En lo relativo su entrada en vigor, el artículo 86 estableció que regiría “a partir de su publicación” -la cual tuvo lugar en la fecha indicaday que, en línea con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP, “las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011” (se destaca).

Lo anterior, con excepción de las actuaciones que se hayan iniciado en vigencia de la ley anterior, puesto que en esos eventos debe darse aplicación al régimen de transición normativa allí consagrado, conforme al cual “los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones” (se destaca). Pues bien, se advierte que las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021 resultan aplicables en el proceso de la referencia, en la medida en que este se promovió al amparo de la Ley 1437 de 2011, según se explicó líneas atrás. Además, en virtud del postulado de aplicación inmediata y general de las normas adjetivas,

resultan aplicables en el proceso de la referencia, en la medida en que este se promovió al amparo de la Ley 1437 de 2011, según se explicó líneas atrás. Además, en virtud del postulado de aplicación inmediata y general de las normas adjetivas, la Ley 2080 de 2021 tiene plenos efectos desde el momento de su publicación el 25 de enero de 2021 -con las excepciones contempladas en el régimen de tránsito legal-, de manera que las actuaciones adelantadas con posterioridad a la fecha aludida, por regla, se rigen por la última normativa citada, la cual prevalece desde tal fecha sobre las anteriores reglas instrumentales, es decir, las que corresponden a la Ley 1437 de 2011 en su redacción original. En ese sentido, en vista de que en el presente asunto la sentencia de primera instancia fue dictada el 13 de julio de 2022, el recurso de apelación presentado por el abogado coordinador del grupo fue interpuesto el 21 de julio de 2022 y este fue concedido por el Tribunal el 11 de agosto de 2022, las reformas introducidas en la 24 Diario Oficial No. 51.568Radicación: 05001-23-33-000-2014-01947-04 (68892) Demandante: Gerardo Antonio Peña Barbosa y otros Ley 1437 de 2011 por cuenta de la expedición de la Ley 2080 de 2021 resultan aplicables en lo referente a las actuaciones procesales mencionadas por haberse surtido después de la entrada en vigor de la última normativa señalada y, en particular, rigen el trámite del recurso de apelación formulado contra el fallo de primer grado. Incluso, así lo expresó acertadamente el Tribunal al concederlo “en

surtido después de la entrada en vigor de la última normativa señalada y, en particular, rigen el trámite del recurso de apelación formulado contra el fallo de primer grado. Incluso, así lo expresó acertadamente el Tribunal al concederlo “en concordancia con el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021”, sin manifestación de las partes al respecto”,

2. Caso concreto En el sub lite, en providencia del 4 de noviembre de 2022 el despacho admitió los recursos de apelación presentados contra la sentencia de primera instancia y ordenó las notificaciones de ley. Además, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, en los términos en que fue modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, puso de presente a las partes la posibilidad de pronunciarse frente al recurso de apelación que formularan los demás intervinientes “hasta la ejecutoria del auto que admite en segunda instancia el referido recurso”2, Por su parte, el extremo demandante, con el fin de que se le concediera el término de cinco días para sustentar la apelación que presentó, solicitó la nulidad parcial de la anterior decisión en lo tocante a la aplicación del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, porque en su criterio ello implicó negarle la oportunidad de sustentar la impugnación ante el superior, lo que dio lugar a la causal de nulidad consagrada en el artículo 133 (numeral 6) del CGP.

Asimismo, cuestionó la viabilidad de aplicar el CPACA en este asunto con base en

la oportunidad de sustentar la impugnación ante el superior, lo que dio lugar a la causal de nulidad consagrada en el artículo 133 (numeral 6) del CGP. Asimismo, cuestionó la viabilidad de aplicar el CPACA en este asunto con base en la decisión adoptada el 6 de agosto de 2020 por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación y resaltó que, por tratarse de una acción de grupo, en virtud de la remisión prevista en el artículo 68 de la Ley 472 de 1998, el estatuto que debía gobernar el trámite de esta causa no era el CPACA sino el CGP y, en especial, la Ley 2213 de 2022, cuyo artículo 12 establece la posibilidad de que la parte apelante sustente la impugnación ante el juez de segunda instancia dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso, 25 Esta decisión se notificó por estado el 12 de agosto de 2022 (indice 239 de Samai - Tribunal) y el 22 de agosto del mismo año el expediente fue remitido al Consejo de Estado (indice 241 de Samai — Tribunal). 26 También precisó que solo si se decretaban pruebas se autorizaria la presentación de alegatos por escrito y que, en caso contrario, no se correría traslado para alegar.Radicación: 05001-23-33-000-2014-01947-04 (68892) Demandante: Gerardo Antonio Peña Barbosa y otros Finalmente, la parte recurrente agregó que, a pesar no estar obligado a hacerlo de a cara a la concesión de la apelación, indicó los motivos por los cuales la interpuso. Pues bien, según lo esbozado en el acápite anterior, al trámite del recurso de

a cara a la concesión de la apelación, indicó los motivos por los cuales la interpuso. Pues bien, según lo esbozado en el acápite anterior, al trámite del recurso de apelación presentado en este asunto le resulta aplicable el articulo 247 (numeral 1) de la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones del artículo 67 de la Ley 2080 de 20212”. Por tanto, la apelación debía "interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia” (se destaca) y, desde la notificación de su concesión y “hasta la ejecutoria del [auto] que la admite en segunda instancia”, los sujetos procesales podrían actuar únicamente a efectos de "pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes”. Ciertamente, la exigencia consistente en que la sustentación del recurso de alzada debía realizarse ante el juez a quo se acompasa con lo ordenado expresamente en el artículo 243 (parágrafo 2°) de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 202178, al tenor del cual, aun en los procesos regulados en otros estatutos -como lo sería el de la acción de grupo por tener regulación especial-, y por más que la procedencia y el trámite de la apelación se sujeten a normas especiales, en todo caso “el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir” (se destaca). Es que, además, lo expuesto en precedencia se compadece con el criterio reiterado de tiempo atrás por el Consejo de Estado -incluso antes de la expedición de la providencia de unificación sobre la materia?- a propósito de la forma en que debe

Es que, además, lo expuesto en precedencia se compadece con el criterio reiterado de tiempo atrás por el Consejo de Estado -incluso antes de la expedición de la providencia de unificación sobre la materia?- a propósito de la forma en que debe presentarse el recurso de apelación contra sentencias en el marco de acciones de 27 “Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias [modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021]. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia" (se destaca). 28 “Artículo 243. Apelación [modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021]. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (...) Parágrafo 2”. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan.

En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir” (se destaca). 28 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 14 de noviembre de 2024, expediente: 69376. En la providencia se indicó que el criterio de unificación definido "se aplicará a las sentencias proferidas luego de notificada la presente