CE - Auto interlocutorio 05001233300020160257603 de 2025

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02576-03 (73419)

Demandante: María Josefina Montoya Henao y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Reparación directa Radicación: 05001-23-33-000-2016-02576-03 (73419) Demandante; María Josefina Montoya Henao y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otros Asunto: Apelación auto que aprobó liquidación de costas Resuelve apelación en contra del auto que aprobó liquidación de costas El despacho procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra del auto del 6 de agosto de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del cual se aprobó la liquidación de costas efectuada por la Secretaría de esta Corporación.

Il. ANTECEDENTES

1. Mediante sentencia del 9 de marzo de 20211, la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por María Josefina Montoya Henao y otros? y, como consecuencia de ello, condenó en costas a la parte demandante, así: “De las costas de primera instancia. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que la condena en costas debe decidirse en el momento de proferir sentencia.

“De las costas de primera instancia. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que la condena en costas debe decidirse en el momento de proferir sentencia. Ahora bien, en tratándose de las costas a imponer en primera instancia, resulta acertado acudir a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso que prevé que se impondrá tal condena a la parte vencida en el proceso En consecuencia, como en este particular evento, se denegarán las súplicas de la demanda, procede la condena en costas a la parte demandante, las mismas serán liquidadas en los términos dispuestos por los cánones 365 y 366 del Código General del Proceso” (énfasis añadido). ; 1 Índice No. 02 de ta plataforma tecnológica Samai del Consejo de Estado. Proceso con número interno 66983. 2 La parte demandante está conformada por: María Josefina Montoya Henao, Jaime Ortiz Ortiz, María Clarivel Ortiz Montoya, Jesús Arnovy Ortiz Montoya, Luz Dary Ortiz Montoya, Beatriz Elena Ortiz Montoya, Francy Milena Ortiz Montoya, Norela Ortiz Montoya.Radicación: 05001-23-33-000-2016-02576-03 (73419)

Demandante: María Josefina Montoya Henao y otros

2. Inconforme con la anterior decisión, ta parte demandante interpuso recurso de apelación.

3. En el trámite de segunda instancia, el extremo activo presentó solicitud de amparo de pobreza el cual fue reconocido en auto del 19 de mayo de 20233.

4. En sentencia de segunda instancia proferida el 9 de abril de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera

de pobreza el cual fue reconocido en auto del 19 de mayo de 20233.

4. En sentencia de segunda instancia proferida el 9 de abril de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia y, a su vez, dispuso lo siguiente en cuanto a la condena en costas: “(...) De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 numeral 4 del CGP, sería del caso emitir condena en costas de ambas instancias a cargo de la parte actora y en favor de las entidades demandadas; no obstante, y como ya lo ha hecho la Sala en situaciones similares, no se impondrá erogación alguna según lo previsto en el artículo 154 del CGP, dado que a los demandantes se les reconoció amparo de pobreza, mediante auto del 19 de mayo de

2023”.

5. Previa expedición del auto de obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, mediante providencia del 6 de agosto de la misma anualidad", el Tribunal de primera instancia determinó que, con fundamento en numeral 1° del artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, las agencias en derecho de primera instancia se fijarían en el 3% de las pretensiones de la demanda, suma que ascendía a

$24'.899.022.

6. El 6 de agosto de 20255, la Secretaria del Tribunal Administrativo de Antioquia, liquidó las costas de la siguiente manera: “Agencias en derecho en primera instancia.......... $ 24.899.022

Agencias en derecho en segunda instancia.............. $0 ¡CENAS 00. .cccccccec cece tence een e tet eneeeeneeeae ee $0

liquidó las costas de la siguiente manera: “Agencias en derecho en primera instancia.......... $ 24.899.022 Agencias en derecho en segunda instancia.............. $0 ¡CENAS 00. .cccccccec cece tence een e tet eneeeeneeeae ee $0 TOTAL, COSTAS 00. .occccecccccccecce cece tneee ener ronca ona ro nano ono $ 24.899.022

Son: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTIDÓS PESOS $24.899.022,27 ($24.899.022,00). 3 Índice No. 13 de la plataforma tecnológica Samai del Consejo de Estado. 4 Índice No. 143 de la plataforma tecnológica Samai de! Tribunal de primera instancia. 5 Índice No. 147 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal de primera instancia. 8 Artículo 148 de la plataforma tecnológica Samai de! Tribunal de primera instancia.Radicación: 05001-23-33-000-2016-02576-03 (73419)

Demandante: Maria Josefina Montoya Henao y otros

7. En la misma fecha”, la magistrada ponente del Tribunal a quo aprobó la liquidación de costas efectuada por la secretaría de dicha Corporación, decisión que fue notificada mediante estado electrónico del 6 de agosto de 2025°.

8. El 12 de agosto de la misma anualidad®, la parte demandante formuló recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la providencia en mención.

Sostuvo que la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado proferida el 9 de abril de 2025 dispuso expresamente que, pese a confirmarse la decisión de primera instancia, no debía imponerse condena en costas, de conformidad con el

Sostuvo que la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado proferida el 9 de abril de 2025 dispuso expresamente que, pese a confirmarse la decisión de primera instancia, no debía imponerse condena en costas, de conformidad con el artículo 154 del CGP y el reconocimiento del amparo de pobreza. Indicó que, en un caso similar, mediante auto del 28 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió no imponer condena en costas al extremo activo en ninguna de las instancias. Dicha posición se fundamentó en la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que estableció que, en los procesos contencioso administrativos relacionados con violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado, no procede la condena en costas, en atención a la condición de sujetos de especial protección constitucional que ostentan las víctimas de tales circunstancias. Enfatizó en que según la sentencia de unificación SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional y el Acto Legislativo 01 de 2017 de la Sala Plena de la misma Corporación, la reparación de las víctimas del conflicto armado es un asunto de interés público, motivo por el cual se debía aplicar el artículo 188 del CPACA, normativa que establece que es improcedente condena en costas en este tipo de asuntos catalogados como de interés público. Por lo anterior, la parte demandante solicitó que se repusiera la decisión por el Tribunal de primera instancia, o en su defecto, se revocará dicha determinación por el superior.

9. Por auto del 27 de agosto de 2025%, el juzgador de primer grado no repuso su

Tribunal de primera instancia, o en su defecto, se revocará dicha determinación por el superior.

9. Por auto del 27 de agosto de 2025%, el juzgador de primer grado no repuso su decisión y concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo. 7 Indice No. 149 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal Administrativo Antioquia. 8 Índice No. 150 y 151 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal de primera instancia. 9 Índice No. 152 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia. 10 Indice No. 156 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal a quo. 1 \Radicación: 05001-23-33-000-2016-02576-03 (73419)

Demandante: María Josefina Montoya Henao y otros

Il. CONSIDERACIONES

1. Competencia del Magistrado Ponente De conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 202111, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación contra autos susceptibles de dicho mecanismo de impugnación, como ocurre en esta ocasión??.

En lo referente a la autoridad judicial que decidirá el recurso —sala o ponente-, según el artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, el magistrado ponente ostenta competencia para decidir este asunto, debido a que se trata de una providencia interlocutoria que no le corresponde dictar a la Sala!3,

2. Procedencia, oportunidad y sustentación del recurso de apelación EL artículo 366 (numeral 5) del Código General del Proceso dispone que el auto

trata de una providencia interlocutoria que no le corresponde dictar a la Sala!3,

2. Procedencia, oportunidad y sustentación del recurso de apelación EL artículo 366 (numeral 5) del Código General del Proceso dispone que el auto que aprueba la liquidación de costas es susceptible de impugnación?, razón por la cual se encuentra acreditado el presupuesto de procedencia. 11 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (...)”. 12 El artículo 366 del CGP aplicable por remisión del artículo 188 del CPACA dispone: “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia (...) con sujeción a las siguientes reglas: (.) .

5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo (...)” (énfasis añadido). 13 “Artículo 125. De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se

sujetará a las siguientes reglas: (.)

3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de

sujetará a las siguientes reglas: (.)

3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja” (subrayado fuera de texto). 14 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia (...) con

sujeción a las siguientes reglas: (..)

5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas.

La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo (...)”.Radicación: 05001-23-33-000-2016-02576-03 (73419) Demandante: María Josefina Montoya Henao y otros A propósito de la oportunidad, se tiene que el recurso en cuestión se interpuso dentro del plazo previsto para ello'®, toda vez que el auto se notificó el 6 de agosto de 2025, y el escrito contentivo del recurso de apelación fue remitido vía correo electrónico el 12 de agosto la misma anualidadS, lo que da cuenta del cumplimiento de tal requisito. Por último, en el escrito aludido la parte demandante expresó las razones de su inconformidad con la providencia impugnada, razón por la cual aquel se encuentra debidamente sustentado.

3. Cuestión previa Previo a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que aprobó

inconformidad con la providencia impugnada, razón por la cual aquel se encuentra debidamente sustentado.

3. Cuestión previa Previo a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que aprobó la liquidación de costas proferido el 6 de agosto de 2025, el despacho advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia inobservó lo establecido en el los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del CGP, debido a que la fijación de las agencias en derecho se realizó mediante auto; sin embargo, ello correspondía a una determinación que debía ser resuelta en la sentencia, en la medida en que es esta la providencia que pone fin a la actuación.

En efecto, según lo previsto en el artículo 188 del CPACA “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso)”. Por su parte, el numeral 2 del 365 del CGP establece que “la condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella” y, en ese mismo sentido, el artículo 366, dispone: “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia (...)

2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso (...)”.

condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso (...)”. 15 “Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos (modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021). (..) .

3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición (...)” (se resalta). 18 Los días 7, 9 y 10 de agosto no fueron días hábiles.Radicación: 05001-23-33-000-2016-02576-03 (73419) Demandante: María Josefina Montoya Henao y otros Por lo anterior, si bien se trata de una irregularidad en la expedición de la providencia, lo cierto es que ello no fue alegado por las partes y, además, no es una situación que se enmarque en las causales de nulidad que taxativamente prevé el artículo 133 del CGP’, por lo cual, en atención al principio de economía procesal, el despacho resolverá el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo, sin dejar de advertirle al Tribunal a quo que, en lo sucesivo, se abstenga. de fijar las agencias en derecho en auto posterior a la sentencia.

4. Caso concreto El extremo apelante cuestionó el auto que aprobó la liquidación de la condena en costas efectuada por parte del Tribunal a quo, al considerar que conforme con el amparo de pobreza reconocido en segunda instancia y, a su vez, la sentencia de

El extremo apelante cuestionó el auto que aprobó la liquidación de la condena en costas efectuada por parte del Tribunal a quo, al considerar que conforme con el amparo de pobreza reconocido en segunda instancia y, a su vez, la sentencia de unificación SU - 241 de 2024 de la Corte Constitucional, la reparación de las víctimas del conflicto armado es un asunto de interés público y, en ese sentido, se debía aplicar el artículo 188 del CPACA. En concreto, se argumentó que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta lo fijado por esta Corporación en la sentencia de segunda instancia y omitió el precedente jurisprudencial contenido en la SU-241 de 2024, Al respecto, el despacho observa que se debe revocar la decisión de primera instancia, por las razones que se explican a continuación: 17 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite integramente la respectiva instancia.

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o sí, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece Integramente de poder.

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

apoderado judicial carece Integramente de poder.

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban . ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado (...)”.Radicación: 05001-23-33-000-2016-02576-03 (73419) Demandante: María Josefina Montoya Henao y otros Según el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, el juez condenará en costas a la parte vencida conforme las normas establecidas en el Código General del Proceso. Por su parte, el artículo 154 del mismo estatuto procesal, prevé que no habrá lugar a la condena en costas cuando a la parte favorecida se le haya reconocido el amparo de pobreza, siempre que no se haya actuado con temeridad o mala fe.

En el caso objeto de estudio, la parte demandante solicitó en el trámite de la segunda instancia que le fuere reconocido amparo de pobreza, petición que fue

se haya actuado con temeridad o mala fe. En el caso objeto de estudio, la parte demandante solicitó en el trámite de la segunda instancia que le fuere reconocido amparo de pobreza, petición que fue acogida por esta Corporación mediante auto del 19 de mayo de 2023. Ahora bien, el despacho considera que el mencionado amparo de pobreza no tiene la virtualidad de ser retroactivo, razón por la cual, dicho reconocimiento no implicaba, por sí solo, la improcedencia de la fijación de agencias en derecho en la primera instancia. Ello, en la medida en que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dispuso expresamente la condena en costas a cargo de la parte actora. En efecto, quien pretenda la aplicación de los efectos del amparo de pobreza debe manifestar dicha situación en el momento procesal correspondiente, de modo que el juez no puede presumir su existencia desde etapas anteriores si la parte interesada no lo planteó y acreditó oportunamente. Al respecto, esta Corporación ha establecido: “Con todo, la Sala precisa que la concesión del amparo de pobreza efectuada mediante auto del 10 de abril de 2018, por haber sido posterior a la condena en costas en la primera instancia, no surte efectos frente a esa decisión”, No obstante lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Antioquia sí debió aplicar el precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-241 de 2024, según el cual en los procesos contencioso administrativos derivados de violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado no procede imponer condena en costas, dada la especial protección constitucional de las víctimas y el carácter de interés público que reviste su reparación integral

derivados de violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado no procede imponer condena en costas, dada la especial protección constitucional de las víctimas y el carácter de interés público que reviste su reparación integral conforme al Acto Legislativo 01 de 2017. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2021, radicado: 68001-23-33-000-2015-00478-01(58835).Radicación: 05001-23-33-000-2016-02576-03 (73419) Demandante: María Josefina Montoya Henao y otros Al tenor literal de la sentencia SU — 241 de 2024: 5.13.4. Cabe enfatizar que el artículo 188 del CPACA, contiene una excepción a la regla general de disponer sobre la condena en costas, en aquellos casos donde “se ventile un interés público”. Y, también señala que, en todo caso, se decidirá sobre su imposición cuando la demanda se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal. 5.13.5 Específicamente, en el caso objeto de análisis el defecto sustantivo se configuró porque el Juzgado 4° al realizar el proceso interpretativo de las normas aplicables para imponer la condena en costas no tomó en consideración la calidad de sujetos de protección constitucional reforzada de la actora y de su familia. Circunstancia que daba lugar a aplicar la excepción contemplada en el artículo 188 del CPACA. Esto porque en este caso se ventila una cuestión de interés público en la medida en que, en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017, es de

del CPACA. Esto porque en este caso se ventila una cuestión de interés público en la medida en que, en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017, es de interés público el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado y porque, de las pruebas obrantes en el plenario, se observa que la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal. 5.13.6 Así las cosas, la Corte coincide con el argumento expuesto por los demandantes y las demás integrantes de la Sala que salvaron su voto en segunda instancia como jueces de tutela, en el sentido de que la fijación en costas debe guardar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad sobre todo atendiendo la calidad de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que ostentan los accionantes, pues puede desincentivar el ejercicio de la acción de reparación directa de otras víctimas ante el temor de ser condenados en costas por los jueces administrativos”. En ese orden, la excepción reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-241 de 2024 se extiende a los procesos contencioso-administrativos en los que se debata la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Dicha regla se fundamenta en la naturaleza del litigio y en la condición de sujetos de especial protección constitucional de las víctimas, por lo que su aplicación no depende de la instancia procesal. En consecuencia, debe observarse la aplicación del artículo 188 del CPACA, que excluye la condena en costas cuando se ventila un asunto de interés público. En el caso objeto de estudio, el despacho evidencia que el grupo familiar del señor Ferney de Jesús Ortiz Montoya alegó la muerte de este último por parte de las

excluye la condena en costas cuando se ventila un asunto de interés público. En el caso objeto de estudio, el despacho evidencia que el grupo familiar del señor Ferney de Jesús Ortiz Montoya alegó la muerte de este último por parte de las “Autodefensas” y, que, por este motivo Jaime Ortiz Ortiz y María Josefina Montoya Henao declararon ante la Unidad de Víctimas este hecho victimizarte, motivo por el cual el 8 de julio de 2004 esa entidad les reconoció y pagó indemnización administrativa. 18 Corte Constitucional, sentencia del 20 de junio de 2024, SU 241 de 2024.Radicación: 05001-23-33-000-2016-02576-03 (73419) Demandante: María Josefina Montoya Henao y otros Así las cosas, se concluye que los demandantes acreditaron su calidad de víctimas y, por ende, lo procedente es aplicar el criterio jurisprudencial señalado en precedencia. En ese sentido, se revocará el auto apelado y, en su lugar, se dejará sin efecto la liquidación de las agencias en derecho impuestas a la parte demandante en primera instancia, disponiendo que éstas se liquidan en cero pesos ($0), en aplicación de la excepción jurisprudencial y normativa antes referida. En mérito de lo expuesto, se RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el auto del 6 de agosto de 2025, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó la liquidación de costas efectuada por la Secretaría de dicha corporación, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: En su lugar se dispone que las costas se liquidan en cuantía de cero pesos ($0), en aplicación de la excepción consagrada en el artículo 188 del CPACA,

la Secretaría de dicha corporación, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: En su lugar se dispone que las costas se liquidan en cuantía de cero pesos ($0), en aplicación de la excepción consagrada en el artículo 188 del CPACA, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en firme la presente determinación, DEVOLVER el expediente al despacho de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Consejero de Esta