CE - Auto interlocutorio 05001233300020180170102 de 2025

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01701-02 (73011)

Demandante: Bibiana Ossa Zapata y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco.

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01701-02 (73011)

Demandante: — BIBIANA OSSA ZAPATA Y OTROS

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA -EJÉRCITO

NACIONAL Y OTROS Acción: REPARACIÓN DIRECTA Asunto: Resuelve recurso de apelación El despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la decisión del 13 de mayo de 2025, adoptada en audiencia inicial, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Antioquia negó el decreto de una prueba solicitada en el trámite de primera instancia.

|. ANTECEDENTES

1. El trámite procesal y las solicitudes probatorias negadas El 9 de agosto de 2018! el señor Diego Andrés Zapata Muñoz y otros, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y Policía Nacional, con el objeto de que se les declare patrimonialmente responsables de los perjuicios causados con ocasión de la tortura y posterior homicidio del señor Carlos Mario Zapata Ossa y el desplazamiento forzado subsiguiente del que fueron

Nacional, con el objeto de que se les declare patrimonialmente responsables de los perjuicios causados con ocasión de la tortura y posterior homicidio del señor Carlos Mario Zapata Ossa y el desplazamiento forzado subsiguiente del que fueron víctimas su esposa-e hijo, en hechos ocurridos el 19 de julio de 1997, en el municipio de Guarne, Antioquia. Como consecuencia de ello, solicitaron se condenara a las demandadas al pago de perjuicios. 1 Archivo digital "00EscritoDemanda” del expediente digital que obra en el ONEDRIVE al que se accede a través de indice 51 del aplicativo SAMAI del Tribunal de Origen.Radicado: 05001-23-33-000-2018-01701-02 (73011) Demandante: Bibiana Ossa Zapata y otros A su vez, la parte actora con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como determinar y/o reforzar la previsibilidad del hecho y la acción u omisión de las demandadas, en la reforma de la demanda?, solicitó como prueba exhortar a: i) el Fiscal General de la Nación; ii) el Coordinador(a) de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía de Medellin; iii) el Director Seccional de Apoyo de Unidad Nacional para la Justicia y la Paz o Justicia Transicional de Medellin; iv) el Fiscal 20 Delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz hoy Justicia Transicional; v) el Coordinador de la Fiscalía Seccional del municipio de Guarne — Antioquia; vi) la relatoría del Tribunal Superior del Distrito Sala de Justicia y Paz; vii) la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctima — UARIV; viii) el

relatoría del Tribunal Superior del Distrito Sala de Justicia y Paz; vii) la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctima — UARIV; viii) el Comandante de la Policia Nacional; ix) el Comandante del Ejército Nacional; x) el Alcalde del municipio de Guarne — Antioquia; xi) el Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y; xii) el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Lo anterior, con el objeto de que esas entidades allegaran al plenario algunos documentos e información.

2. La decisión impugnada Surtido el trámite procesal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en audiencia inicial celebrada el 13 de mayo de 2025, decretó la expedición de los exhortos dirigidos a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas ~ UARIV. Los demás exhortos solicitados por la parte actora fueron rechazados por considerarlos innecesarios e inconducentes!,

3. El recurso de apelación presentado 3.1. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación y solicitó revocar la negativa únicamente ? De conformidad con el escrito de reforma de la demanda allegado el 3 de julio de 2024. Archivo digital “11 ReformaDemanda”, ibídem. 3 El acta de la diligencia y la grabación de la misma se encuentran en los archivos digitales "27RegistroVideoAudiencialnicial” y “28ActaAudiencialnicial”, ibidem.

digital “11 ReformaDemanda”, ibídem. 3 El acta de la diligencia y la grabación de la misma se encuentran en los archivos digitales "27RegistroVideoAudiencialnicial” y “28ActaAudiencialnicial”, ibidem. 4 Minuto 18:54 a 19:08, “27RegistroVideoAudienciainicial’, ibídem.Rádicado: 05001-23-33-000-2018-01701-02 (73011) Demandante: Bibiana Ossa Zapata y otros respecto de los exhortos dirigidos al Comandante de la Policía Nacional, al Comandante del Ejército Nacional y al Alcalde del municipio de Guarne, Sostuvo que la prueba es necesaria y conducente pues se encuentra encaminada a demostrar los elementos de la responsabilidad por una falla en el servicio de la Administración, puntualmente, el contexto de violencia que se vivía en el municipio de Guarne para el momento de los hechos, el abandono institucional y la previsibilidad de los hechos reprochados en atención a la calidad de líder político y social de la víctima. 3.2. En el traslado del recurso, los apoderados de la Nación — Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio Publico®, manifestaron que debía confirmarse la decisión de negar los exhortos porque la parte demandante no cumplió con la carga procesal prevista en los artículos 78-10 y 173 del CGP, que establece la obligación de acreditar que se intentó la consecución de los documentos a través del ejercicio del derecho de petición. Además, la apoderada de la Nación — Ministerio de Defensa - Ejército Nacional se opuso al decreto del exhorto dirigido hacia esa entidad en razón a que no tiene atribuciones para emitir informes sobre el orden público y porque la información

petición. Además, la apoderada de la Nación — Ministerio de Defensa - Ejército Nacional se opuso al decreto del exhorto dirigido hacia esa entidad en razón a que no tiene atribuciones para emitir informes sobre el orden público y porque la información solicitada es sobre unas fechas diferentes a la de los hechos de la demanda. 3.3. Tras escuchar las intervenciones, el despacho sustanciador resolvió no reponer la decisión”, por estimar que la prueba era innecesaria e inconducente y que la parte actora no cumplió con la carga prevista en las normas procesales. En consecuencia, concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación ante el Consejo de Estado. 3.4. Finalmente, el apoderado de la parte actora intervino para manifestar que, contrario a lo afirmado, junto a la reforma de la demanda se aportaron los derechos de petición que se echan de menos, circunstancia que en todo caso no había sido 5 Minuto 22:40 a 26:02, ibidem. : 6 Minuto 26:14 a 31:35, ibídem. 7 Minuto 31:36 a 34:00, ibídem.Radicado: 05001-23-33-000-2018-01701-02 (73011) Demandante: Bibiana Ossa Zapata y otros la razón esgrimida por el a quo en el auto impugnado para negar el decreto de la prueba’,

Il. CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación -13 de mayo de 2025-, las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA -con las modificaciones

1. Normativa aplicable Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación -13 de mayo de 2025-, las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA -con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021°-, asi como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306'° del primero de los estatutos mencionados.

2. La competencia del Magistrado Ponente para resolver el recurso En los términos del artículo 1501! del CPACA, modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021, esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos, respecto de los cuales resulte procedente este medio de impugnación. 8 Minuto 34:01 a 34:30, ibidem. 9 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, la vigencia de las modificaciones introducidas al CPACA rigen desde el momento en que se publicó la aludida norma. Así pues, como el recurso de apelación objeto de análisis se presentó el 19 de febrero de 2025, es evidente que la reforma a la Ley 1437 de 2011 sí le resulta aplicable. La conclusión antecedente se apoya en los siguientes términos: “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley (Ley 2080 de 2021) rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después

normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley (...)” (aclaración añadida). 10 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil (actualmente Código General del Proceso) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” (aclaración añadida). . 11 "Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación (modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021). El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. (...)" (aclaración añadida).Radicado: 05001-23-33-000-2018-01701-02 (73011) Demandante: Bibiana Ossa Zapata y otros Asimismo, según lo señalado en el artículo 125-312 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que al Magistrado ponente le asiste competencia para resolver la respectiva impugnación, toda vez que la providencia interlocutoria que decide el recurso de apelación en contra del auto que negó el decreto de una prueba no es de aquellas cuya adopción le corresponde a la Sala,

competencia para resolver la respectiva impugnación, toda vez que la providencia interlocutoria que decide el recurso de apelación en contra del auto que negó el decreto de una prueba no es de aquellas cuya adopción le corresponde a la Sala, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 125-213 del CPACA -con su respectiva modificación-.

3. La procedencia y oportunidad del recurso de apelación Según lo dispuesto en el artículo 243-71 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de apelación es procedente, dado que se cuestionó el auto que negó el decreto de una prueba solicitada por la parte demandante.

Asimismo, como el recurso objeto de análisis se formuló y sustentó una vez surtida la notificación en estrados -durante la audiencia inicial-, se concluye que su presentación fue oportuna, en virtud de lo señalado en el artículo 244-3 del CPACA'5, modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021. 12 “Artículo 125. De la expedición de providencias. (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias se sujetará a las siguientes reglas: (...) 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve el recurso de queja” (énfasis y aclaración añadida). 13 "Artículo 125, De la expedición de providencias (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (...) 2. Las

(énfasis y aclaración añadida). 13 "Artículo 125, De la expedición de providencias (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (...) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código; b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido; d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código; e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia; f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala; g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas; h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de _ ponente (...)” (aclaración añadida). 14 “Artículo 243. Apelación (modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021). Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (...) 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas (...)” (Enfasis y aclaración añadida).

las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (...) 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas (...)” (Enfasis y aclaración añadida). 15 “Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos (modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021). (...) Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el juez o magistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación, resolverá si lo concede o no, de todo lo cual quedará constancia en el acta(...).Radicado: 05001-23-33-000-2018-01701-02 (73011)

Demandante: Bibiana Ossa Zapata y otros

4. De la solicitud probatoria en la jurisdicción de lo contencioso administrativo En los asuntos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el régimen probatorio se encuentra regulado por lo establecido en la Parte II, Título V, Capitulo IX del CPACA y, en lo no previsto en ese cuerpo normativo, por lo dispuesto en la Sección Tercera, Título Único, Capítulo | del CGP, en virtud de la remisión establecida por los artículos 211 y 306 del primero de los estatutos mencionados.

De conformidad con el inciso segundo del artículo 212 del CPACA, para que los medios de convicción puedan ser apreciados por el juez, deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades

De conformidad con el inciso segundo del artículo 212 del CPACA, para que los medios de convicción puedan ser apreciados por el juez, deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en el estatuto procesal administrativo, que en el trámite de la primera instancia se encuentran limitados a: i) la demanda y su contestación; ii) la reforma de la misma y su respuesta; iii) la demanda de reconvención y su contestación; iv) las excepciones y la oposición a las mismas; y iv) los incidentes y su respuesta. Así las cosas, además de que las pruebas en primera instancia deben solicitarse en la oportunidad procesal a que se refiere el artículo 212 atrás señalado, su admisibilidad estará sometida al cumplimiento de los requerimientos generales de toda prueba, previstos en el artículo 168 del CGP'®, esto es, los de licitud, pertinencia, conducencia y utilidad. Para aplicar esta norma, se precisa que las pruebas lícitas son aquellas cuya obtención no viola el derecho al debido proceso de las partes'’. La conducencia se refiere a la idoneidad o aptitud de determinado medio probatorio para probar o, establecer determinada circunstancia factica'®. La pertinencia implica que la prueba debe tener conexión directa con el problema jurídico a resolver??., En tanto la utilidad atañe “al poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva”, 18 “Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.” 17 Constitución Política, artículo 29.

ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.” 17 Constitución Política, artículo 29. 18 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso: Pruebas, Dupre Editores, Bogotá, 2017, Pág. 108 19 LÓPEZ BLANCO, ob. cit. Pág. 110. 20 LÓPEZ BLANCO, ob. cit. Pág. 112.Radicado: 05001-23-33-000-2018-01701-02 (73011) Demandante: Bibiana Ossa Zapata y otros Sumado a lo anterior, se deberá constatar el cumplimiento de los requisitos especiales aplicables a cada medio de prueba. Asi, los artículos 103 del CPACA y 78-10 del CGP, consagran que es deber de las partes y sus apoderados abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que, directamente, o por medio del ejercicio del derecho de petición, hubieren podido conseguir, razón por la cual, frente al incumplimiento de dicha carga procesal, lo procedente es negar la solicitud de la prueba en cuestión?!. La Corte Constitucional en sentencia C-099 de 20222, analizó la constitucionalidad de la disposición normativa en comento, decisión en la cual determinó que la exigencia que tiene la parte consiste en evidenciar que intentó conseguir la prueba y no pudo o la solicitó por medio de petición y esta no fue respondida, evento en el cual sí se puede solicitar su consecución y, acto seguido, aportarla al proceso. Ahora bien, en relación con la consecuencia procesal frente al incumplimiento de la mencionada normativa, el máximo tribunal constitucional, estableció:

cual sí se puede solicitar su consecución y, acto seguido, aportarla al proceso. Ahora bien, en relación con la consecuencia procesal frente al incumplimiento de la mencionada normativa, el máximo tribunal constitucional, estableció: “La consecuencia normativa consistente en perder la oportunidad procesal de aportar pruebas en favor propio se encuentra suficientemente justificada, pues esta carga procesal busca tanto organizar el proceso, como permitir la verificación de los hechos alegados por las partes y determinar su necesidad para esclarecer los hechos objeto de controversia. Se insiste en que el juez no solo es garante de la protección de los principios relativos a la búsqueda de la verdad en el proceso, sino también de los principios de lealtad y de igualdad material entre las partes. Por esto no es desproporcionado no decretar una prueba porque se incumpla una carga procesal ya que el juez tiene el deber de velar por el cumplimiento de lo establecido para las partes y terceros en la regulación procesal, y tomar las medidas pertinentes ante su incumplimiento según se lo ordena el numeral 3 del artículo 42 del mismo Código (entiéndase CGP)”. 21 "Artículo 103. Objeto y principios. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico. // En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal. // En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia

procesal. // En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga. // Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código”. “Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados: (...) 10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir. (...)” 22 Corte Constitucional, sentencia C-099 de 2022 del 17 de marzo de 2022.Radicado: 05001-23-33-000-2018-01701-02 (73011) Demandante: Bibiana Ossa Zapata y otros El anterior criterio jurisprudencial ha sido reiterado por esta Corporación”, en el sentido de precisar que que no hay lugar al decreto de las pruebas documentales solicitadas cuando no se acredita la solicitud previa de estas ante la autoridad correspondiente, tal y como lo ordenan los artículos 78-10% y 173 inciso 2% del CGP",

5. Caso concreto 5.1. En primer lugar, se advierte que la parte actora con la reforma de la demanda aportó las peticiones y la constancia de su presentación ante las entidades a las que se solicita dirigir los exhortos?, En esa medida, como una de las oportunidades para pedir pruebas es la reforma de la demanda (artículos 173 y 212 del CPACA) y se encuentra acreditado que con

que se solicita dirigir los exhortos?, En esa medida, como una de las oportunidades para pedir pruebas es la reforma de la demanda (artículos 173 y 212 del CPACA) y se encuentra acreditado que con ella se aportó la prueba sumaria de que trata el artículo 173 del CGP, es dable concluir que se dio cumplimiento a la carga prevista en las normas procesales, lo c 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 16 de diciembre de 2022, radicado No. 11001032400020180019700. Providencia en la cual se estableció: “(...) en el presente caso la Sala encuentra que le asistió razón al Magistrado sustanciador al no haber accedido a dicha prueba, debido a que la actora NO acreditó la solicitud previa de las certificaciones ante la SIC, como lo ordenan los artículos 78, numeral 10, y 173, inicio 2”, del CGP. Ahora, es cierto que la Sección venía decretando dichas pruebas; sin embargo, con la entrada en vigencia del CGP se estableció el requisito aludido en los artículos antes transcritos, los que resultan aplicables a los procesos contencioso-administrativos, como ya se indicó, por virtud expresa del artículo 211 del CPACA y del inciso 2° del literal d) del numeral 1 del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 (...)" (énfasis añadido). Este criterio jurisprudencial ha sido reiterado en las siguientes providencias: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de julio de 2023, radicado No. 11001032400020160063500; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto de septiembre de 2023,

Administrativo, Sección Primera, auto de julio de 2023, radicado No. 11001032400020160063500; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto de septiembre de 2023, radicado No. 69818 y auto de 27 de noviembre de 2023, radicado No. 68641. 24 Ut supra nota al pie de pág. No. 21. 25 “Artículo 173. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código. En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido consequir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. (...)”. Se resalta. 26 Archivo “Derechos de Petición con las constancias de envio a las entidades exhortadas” ubicado en la carpeta digital "11.1 AnexosReformaDemada” del expediente digital que obra en el ONEDRIVE al que se accede a través de indice 51 del aplicativo SAMAI del Tribunal de Origen.Radicado: 05001-23-33-000-2018-01701-02 (73011) Demandante: Bibiana Ossa Zapata y otros que habilita al juez para ordenar la práctica de los exhortos que no se pudieron recaudar a través de las peticiones presentadas”.

Demandante: Bibiana Ossa Zapata y otros que habilita al juez para ordenar la práctica de los exhortos que no se pudieron recaudar a través de las peticiones presentadas”. 5.2. Sumado a lo anterior, revisadas las solicitudes probatorias de la parte demandante, la decisión impugnada y los cargos de apelación, el despacho considera que se debe revocar la decisión, por las razones que se explican a continuación.

En el presente asunto la controversia se contrae a establecer si resultan ajustadas al ordenamiento jurídico las razones del Tribunal Administrativo de Antioquia para negar la solicitud de exhortar la Policía Nacional, al Ejército Nacional y al municipio de Guarne — Antioquia, con el propósito de recaudar la siguiente información: i) En cuanto a la Policía Nacional o a la Policia del municipio de Guarne — Antioquia: “ Cuál era la situación de orden público en el municipio de Guarnepara el periodo comprendido entre 1990 a 2005. - ¿Sien dicha zona operaban grupos armados al margen de la ley (paramilitares)?, de ser así indicar: » ¿Cuál o cuáles? » ¿Quién o quiénes eran sus comandantes? » ¿Qué actividad delictiva estaban desarrollando? ¿Cómo afectó esto a la comunidad y a la población civil en general? + ¿Qué medidas se tomaron por parte de las autoridades legalmente constituidas para garantizar la seguridad de la población civil en la región? -Que problemática de orden público se presentó en el municipio de GuarneAntioquiaen la parte urbana -casco urbanoy rural -en las veredas de este municipio-, relacionado con la violación de derechos humanos de la población civil en medio del conflicto armado interno.

Antioquiaen la parte urbana -casco urbanoy rural -en las veredas de este municipio-, relacionado con la violación de derechos humanos de la población civil en medio del conflicto armado interno. - Si para el período 1990 a 2005, el Gobierno Nacional directamente o a través de la Policía Nacional por motivo de la situación de orden público que estaba viviendo el País y concretamente el municipio de Guarne— Antioquia y el Oriente Antioqueño, tomó medidas o decretó medidas encaminadas a proteger a la población civil, de ser así, indicar cuáles medidas se adoptaron y cuáles fueron los resultados. - Si existe alguna anotación en los libros de minuta de la Estación de Policía del municipio de Guarne con relación a los hechos ocurridos el día 19 de julio de 1997, donde fue asesinado CARLOS MARIO ZAPATA OSSA, a manos de miembros de las ACCU, en jurisdicción del municipio de Guarne-Antioquiaen el interior de su residencia ubicada en el barrio San Vicente y que generó que como consecuencia 27 En el mismo sentido se puede consultar el auto proferido por esta Subsección el 14 de enero de 2022, radicado 66799.Radicado: 05001-23-33-000-2018-01701-02 (73011) Demandante: Bibiana Ossa Zapata y otros de esos hechos, se tuvieran que desplazar su cónyuge LUZ MARIA MUÑOZ CASTAÑO y su hijo DIEGO ANDRES ZAPATA MUÑOZ, remitir copia de las mismas. - Si en relación con el municipio de Guarne Antioquia, entre el año 1990 a 2005 existe anotación o registro de solicitud realizada por la comunidad de intervención

• Si en relación con el municipio de Guarne Antioquia, entre el año 1990 a 2005 existe anotación o registro de solicitud realizada por la comunidad de intervención de la Policía con ocasión del actuar de las autodefensas unidas de Colombia. -Asimismo, se solicita que remita copia de los informes, estadísticas y/o registros que posea relacionado con víctimas de homicidios, desaparecidos, lesionados y desplazados en el municipio de guarne entre 1990 y 2005, indicando a quien o quienes se sindica del delito y las veredas o zonas más vulnerables y afectadas y la razón pera ello. - Sien relación con la situación del área urbana del municipio de Guarne y en general con la situación de la zona rural, por el actuar de las ACCU-AUCse realizó Consejo de Seguridad liderado por el alcalde municipal o por otra autoridad administrativa, de ser el caso deberá remitir las actas correspondientes.

Deberá remitir copia de los documentos que así lo acredite y que surgieron con motivo de esta situación. En caso de no contar con la información requerida se solicita que se ordene a la entidad exhortada remitir el oficio correspondiente, a la dependencia o dependencias competentes que posean la información solicitada, para que se dé respuesta al exhorto”. ii) Frente al Ejército Nacional: “- Cuál era la situación de orden público en el municipio de Guarnepara el periodo comprendido entre 1990 a 2005. - éSi en dicha zona operaban grupos armad