CE - Auto interlocutorio 05001233300020190054101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., diecisØis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 05001-23-33-000-2019-00541-01 (67.604)

Demandante: Daniel Alejandro Torres Montoya y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - EjØrcito Nacional Medio de control: Reparación de perjuicios causados a un grupo

TEMAS: Auto de reemplazo. Proveído que resuelve recurso de apelación contra la providencia que terminó el proceso por caducidad de la acción.

De conformidad con lo dispuesto en la sentencia SU-429 de 2024, la Sala dicta una nueva providencia para decidir el recurso de apelación interpuesto por la pa rte actora contra el auto del 27 de julio de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual declaró la caducidad del medio de control1.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda y el trÆmite procesal de primera instancia

1.1. El 22 de febrero de 2019 2, Daniel Alejandro Torres Montoya y otros 3 presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de perjuicios ca usados a un grupo, contra la Nación – Ministerio de Defensa – EjØrcito Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial com o consecuencia de los perjuicios ocasionados por el desplazamiento forzado que sufrieron los habitantes de la vereda Caucheras, ubicada en el municipio de MutatÆ,

Nacional, con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial com o consecuencia de los perjuicios ocasionados por el desplazamiento forzado que sufrieron los habitantes de la vereda Caucheras, ubicada en el municipio de MutatÆ, por parte de los grupos armados al margen de la ley, en hechos ocurrido s en julio de 1997.

1.2. El 26 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda. La audiencia de conciliación de que trata el artículo 614 de la Ley 472 de

1 En la sentencia SU-429 de 2024 la Corte Constitucional dispuso : “DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 30 de noviembre de 2022 proferido por la Subsección “C” de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y ORDENAR a dicha autorid ad que emita una nueva decisión de segunda instancia que estØ conforme con las consideracion es de esta providencia”. 2 Archivo 38RECIBEMEMORIAL_05001233300020190054(.pdf) del índice 34 del Samai 3 El grupo demandante estÆ conformado por mÆs de 158 personas 4 “Diligencia de Conciliación. De oficio el juez, dentro de los cinco (5) días s iguientes al vencimiento del tØrmino que tienen los miembros del grupo demandante para solicitar su exclus ión del mismo, deberÆ convocar a una diligencia de conciliación con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes, que constarÆ por escrito. La diligencia deberÆ celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de convocatoria. No obstante, en cualquier estado del proceso las partes podrÆn

partes, que constarÆ por escrito. La diligencia deberÆ celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de convocatoria. No obstante, en cualquier estado del proceso las partes podrÆn solicitar al juez la celebración de una nueva diligencia a efectos de conciliar sus intereses y poner fin al proceso (…)”.Radicado: 05-001-23-33-000-2019-00541-01 (67604)

Demandante: Daniel Alejandro Torres Montoya y otros

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1998 fue llevada a cabo el 14 de noviembre de ese mismo aæ o y se declaró fallida por falta de Ænimo conciliatorio de las partes.

1.3. Mediante proveído del 10 de diciembre de 2019 el tribunal a quo decretó pruebas, las cuales, una vez allegadas, fueron puestas en conocimiento de las partes.

1.4. El 23 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, con el objeto de estudiar la posibilida d de dictar sentencia anticipada.

1.5. El 5 de abril de 2021, el apoderado del grupo accionante recurr ió la decisión que corrió traslado para alegar de conclusión, argumentando que existían pruebas pendientes por practicar.

1.6. Mediante auto del 8 de junio de 2021, el a quo repuso la decisión recurrida y, en consecuencia, dejó sin efectos el proveído del 23 de marzo de 2021.

2. Auto recurrido

A travØs del auto de 27 de julio de 2021 5 el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la terminación del proceso por haber operado la caducidad del medio de

2. Auto recurrido

A travØs del auto de 27 de julio de 2021 5 el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la terminación del proceso por haber operado la caducidad del medio de control. Al respecto, consideró que los hechos de desplazamiento forzado del grupo demandante se produjeron en 1997, por lo que para la fecha en que se presentó la demanda - 22 de febrero de 2019 – habían transcurrido ampliamente los dos (2) aæos fijados en el artículo 164, numeral 2, literal h del CPACA 6 para accionar de forma oportuna.

En criterio del tribunal de primera instancia, al caso le resultaba aplica ble la sentencia de unificación proferida el 29 de enero de 2020 por la Sección Te rcera del Consejo de Estado, respecto del cómputo de la caducidad para casos de crímenes de lesa humanidad, motivo por el cual se debía efectuar el est udio del plazo de dos años para demandar “ desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advir tieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial”. Sobre el particular, expuso el siguiente razonamiento: “La demanda debió ser presentada dentro de los dos (2) aæos siguientes a la ocurrencia de los mismos, es decir, el tØrmino para demandar

5 PÆginas 3 a 8 del archivo 43RECIBEMEMORIAL_05001233300020190054(.pdf) del í ndice 34 de Samai. 6 Que respecto de la oportunidad para presentar la demanda de reparación de los perjui cios causados a un grupo dispone que: “c uando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el

Samai. 6 Que respecto de la oportunidad para presentar la demanda de reparación de los perjui cios causados a un grupo dispone que: “c uando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberÆ promoverse dentro de los dos (2) aæos siguientes a la fecha en que se causó el daæo. Sin embargo, si el daæo causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberÆ presentarse dentro del tØrmino de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo”.Radicado: 05-001-23-33-000-2019-00541-01 (67604)

Demandante: Daniel Alejandro Torres Montoya y otros

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se venció entre los meses de julio – agosto de 1999, pues no hay duda de que, desde el mes de julio de 1997, los demandantes tuvieron conocimiento del desplazamiento al que fueron obligados, es decir, de los hechos por los cua les ahora reclaman”.

3. Recurso de apelación

El 2 de agosto de 2021 7, el apoderado del grupo accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación para que se revocara el auto impugnado y, en su lugar, se continuara el trÆmite del proceso.

Como sustento del recurso manifestó que el tØrmino de caducidad debía an alizarse una vez se contara con la totalidad de pruebas que estaban pen dientes por recaudarse en el proceso.

Como sustento del recurso manifestó que el tØrmino de caducidad debía an alizarse una vez se contara con la totalidad de pruebas que estaban pen dientes por recaudarse en el proceso.

El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto el 14 de septiembre de 20218, en el que no repuso la providencia recurrida y concedió el recurso de apelación.

4. Decisión proferida por esta Subsección, que posteriormente quedó sin efectos con ocasión de la sentencia SU-429 de 2024, de la Corte Constitucional

Mediante proveído del 30 de noviembre de 2022 9, esta Sala confirmó el auto apelado, para lo cual consideró que los demandantes fueron reconocido s como víctimas en el 2015 y esa situación constituía el punto de partida para el cómputo de la caducidad. Sobre el particular se expuso lo siguiente en dicho auto:

“Los demandantes contaban con los elementos de juicio para demandar al Estado, pues obtuvieron la prueba de que en efecto la causa del despojo y traslado de sus tierras había sido llevada a cabo por el bloque paramilitar AUC-ACC U, dada la circunstancia que accedieron a distintas entidades para declarar lo acontecido, reconociendo el daæo que padecieron sin que estØ demostrada la imposibilidad para demandar. Es decir, desde esos tiempos contaban con los medios para acreditar que el daæo antijurídico que pretendieron atribuir al Estado por la falta de control de las autoridades, argumento en el que se fundamentó la demanda; pues como lo precisó la Sala Plena de esta Sección en la sentencia de unificación jurisprudencial del veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020) […].

autoridades, argumento en el que se fundamentó la demanda; pues como lo precisó la Sala Plena de esta Sección en la sentencia de unificación jurisprudencial del veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020) […].

Así las cosas, y de conformidad con el literal h) del artículo 164 del Cód igo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), los demandantes debieron presentar la demanda desde el momento en que fueron reconocidos como víctimas de desplazamiento, para contabilizar este tØrmi no se tomarÆ la fecha mÆs reciente, y debieron acceder a la administración de justicia entre el diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015) y el diecinueve (19) de febrero de dos mil diecisiete (2017) , sin embargo presentaron la demanda el veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), aunado a que la Sala no encontró alguna circunstancia que les impidiera acudir a la Jurisdicción Contencioso

7 PÆginas 11 a 16 ibídem 8 PÆginas 18 a 23 ibídem 9 ˝ndice 5 del aplicativo SAMAI.Radicado: 05-001-23-33-000-2019-00541-01 (67604)

Demandante: Daniel Alejandro Torres Montoya y otros

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Administrativa dentro de este tØrmino, razón por la que confirma la decisión dictada por el Tribunal administrativo”.

En este orden de ideas, se advierte que el punto de partida para el cómputo de la caducidad no lo constituyó la fecha de ocurrencia de los hechos, sino el m omento

por el Tribunal administrativo”.

En este orden de ideas, se advierte que el punto de partida para el cómputo de la caducidad no lo constituyó la fecha de ocurrencia de los hechos, sino el m omento en el cual los demandantes fueron reconocidos como víctimas de desplazami ento forzado, lo cual ocurrió en febrero de 2015, de ahí que, al haberse presenta do la demanda en febrero de 2019, la Subsección C de la Sección Tercera del C onsejo de Estado concluyó que se hizo por fuera de la oportunidad legal.

5. Órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-429 de 2024 y trÆmite adelantado con posterioridad a dicha decisión

5.1. El auto del 30 de noviembre de 2022 fue objeto de demanda de tutela, la cual fue resuelta de manera desfavorable en ambas instancias por el Consejo d e Estado10. Sin embargo, el asunto fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional, autoridad judicial que, mediante sentencia SU-429 de 2024, dejó sin efectos la providencia por considerar que había incurrido en un defecto fÆctico y en desconocimiento del precedente. Justamente, en la sentencia referida, l a Corte Constitucional dispuso lo siguiente:

“(…) TERCERO. En el marco del expediente T-9.817.513, REVOCAR la Sentencia de tutela dictada el 4 de septiembre de 2023 por la Subsección “A” de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que declaró improcedente la tutela al modificar la Sentencia proferida el 26 de abril de 2023 por la Subsección “B” de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso

Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que declaró improcedente la tutela al modificar la Sentencia proferida el 26 de abril de 2023 por la Subsección “B” de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que negó la tutela formulada por la actora. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la reparación integral, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica invocados.

CUARTO. En el expediente aludido en el numeral anterior, DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 30 de noviembre de 2022 proferido por la Subsección “C” de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, y ORDENAR a dicha autoridad que emita una nueva decisión de segunda instancia que estØ conforme con las consideraciones de esta providencia. En esa nueva decisión se podrÆ emplear el recaudo probatorio realizado en este proceso de tutela y, para el efecto, deberÆ surtirse el traslado y la contradicción del material probatorio, con el fin de respetar los derechos fundamentales de defensa y del debido proceso. Lo anterior, sin perjuicio de los demÆs elementos probatorios que puedan decretarse, recaudarse y practicarse en el proceso contencioso administrativo, todo con apego a las normas procedimentales aplicables”.

5.2. Una vez notificada la decisión en comento, mediante auto del 28 de febrero de 2025 esta Corporación solicitó el expediente de tutela tramitado ante la Corte Constitucional, con el fin de dar cumplimiento a la misma.

5.2. Una vez notificada la decisión en comento, mediante auto del 28 de febrero de 2025 esta Corporación solicitó el expediente de tutela tramitado ante la Corte Constitucional, con el fin de dar cumplimiento a la misma.

10 A travØs de la sentencia de tutela del 4 de septiembre de 2023, la Subsección A d e la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo invocado y modificó el fa llo de primera instancia, proferido el 26 de abril de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que habiÆ negado la tutela formulada por la actora.Radicado: 05-001-23-33-000-2019-00541-01 (67604)

Demandante: Daniel Alejandro Torres Montoya y otros

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5.3. La Secretaría General de la Corte Constitucional, en oficio B-088/2025 del 31 de marzo de 2025 11, remitió, como prueba trasladada, la documentación correspondiente al proceso de tutela T-9.817.513, acumulado al expediente T9.490.238AC, documentación de la que se corrió traslado a las partes en proveído del 28 de abril de 202512, quienes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

La Sala seguirÆ el siguiente orden para resolver el recurso de apelación: (1) normas aplicables (2) competencia, (3) procedencia y oportunidad del recurso de apelación, (4) sentencia SU-429 de 2024 de la Corte Constitucional, (5) caducidad frente a crímenes de lesa humanidad y (6) la resolución del caso concreto.

1. Normas aplicables

(4) sentencia SU-429 de 2024 de la Corte Constitucional, (5) caducidad frente a crímenes de lesa humanidad y (6) la resolución del caso concreto.

1. Normas aplicables

A este recurso le resulta aplicable la Ley 472 de 1998, con las modificaciones que introdujo la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA). A su vez, estÆ sometido a las modificaciones contenidas en la Ley 2080 de 202113, de conformidad con su artículo 8614, dado que la parte actora impugnó la decisión el 2 de agosto de 2021, esto es, en vigencia de la referida normativa.

El artículo 68 15 de la Ley 472 de 1998, remite a las normas de procedimiento civil en los aspectos no regulados, motivo por el cual, al caso sub examine, le es aplicable el Código General del Proceso (en adelante CGP).

11 ˝ndice 32 del aplicativo SAMAI. 12 ˝ndice 36 del aplicativo SAMAI. 13 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 14 “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competenc ias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se apli carÆn respecto de las demandas que se presenten un aæo despuØs de publicada esta ley. Las nuevas reglas del dictamen

tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se apli carÆn respecto de las demandas que se presenten un aæo despuØs de publicada esta ley. Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Pr ocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, e aplicarÆn a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2 011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificad o por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 . En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la prÆctica de pruebas decretadas, las audiencias convoc adas, las diligencias iniciadas, los tØrminos que hubieren comenzado a correr, l os incidentes en curso y las notificaciones que se estØn surtiendo, se regirÆn por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, e mpezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”. 15 “Artículo 68. Aspectos no regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente

título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.Radicado: 05-001-23-33-000-2019-00541-01 (67604)

Demandante: Daniel Alejandro Torres Montoya y otros

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2. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conform idad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA 16 que atribuye al Consejo de Estado la competencia para resolver los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Lo anterior, en concordancia con el artículo 13 17 del Acuerdo No. 80 de 2019 18, expedido por la Sala Plena de esta Corporación –Reglamento del Consejo de Estado-, en el que se dispuso que la Sección Tercera conoce de los asuntos de reparación de perjuicios causados a un grupo.

La Subsección proferirÆ la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2, literal g, del artículo 125 19 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, teniendo en cuenta que el auto apelado declaró terminado el proceso por haber operado la caducidad del medio de control.

3. Procedencia y oportunidad del recurso de apelación

El recurso de apelación contra el auto que declaró la caducidad del medio de control y terminó el proceso es procedente, de conformidad con el numeral 7 del artícu lo 321 del CGP20, que dispone que es apelable el auto proferido en primera instancia que por cualquier causa le ponga fin al proceso.

A su turno, el numeral 3 del artículo 322 21 ibidem, preceptœa que, en el caso de la

321 del CGP20, que dispone que es apelable el auto proferido en primera instancia que por cualquier causa le ponga fin al proceso.

A su turno, el numeral 3 del artículo 322 21 ibidem, preceptœa que, en el caso de la apelación de autos, el apelante deberÆ sustentar el recurso ante el juez que dictó la

16 Modificado por el artículo 615 del CGP, a cuyo tenor: “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerÆ en segunda instancia de las apelaciones de l as sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las ap elaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de qu eja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efe cto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”. 17 “Artículo 13. -Distribución de negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirÆn entre sus secciones atendiendo a un criterio de especialización y volumen de tra bajo, así: // […] Sección Tercera: // (…) 12-. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de Estado […]”. 18 Por el cual se expide el reglamento del Consejo de Estado. 19 “Artículo 125. De la expedición de providencias. La expedición de las provide ncias judiciales se sujetarÆ a las siguientes reglas: 1. CorresponderÆ a los jueces proferir los autos y las sent encias.

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarÆn las sentencias y las sigui entes providencias: […] g)

sujetarÆ a las siguientes reglas: 1. CorresponderÆ a los jueces proferir los autos y las sent encias.

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarÆn las sentencias y las sigui entes providencias: […] g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas;” . “Artículo 243. Apelación . Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: […] 2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.” 20 Norma que dispone: “TambiØn son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (…) 7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso (…)”. 21 “Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propo ndrÆ de acuerdo con las siguientes reglas: 1. El recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia o diligencia, deberÆ interponerse en forma verbal inmediatamente de spuØs de pronunciada. El juez resolverÆ sobre la procedencia de todas las apelaciones a l finalizar la audiencia inicial o la de instrucción y juzgamiento, segœn corresponda, así no hayan si do sustentados los recursos. La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia debe rÆ interponerseRadicado: 05-001-23-33-000-2019-00541-01 (67604)

Demandante: Daniel Alejandro Torres Montoya y otros

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providencia, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, o a la del aut o que niega la reposición.

Demandante: Daniel Alejandro Torres Montoya y otros

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providencia, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, o a la del aut o que niega la reposición.

El apoderado del grupo actor interpuso el recurso dentro del tØrmino le gal, toda vez que: (i) el auto recurrido se notificó por estado el 28 de julio de 2021 22, (ii) el interesado disponía hasta el 2 de agosto de 2021 para presentar la impugnación, lo cual ocurrió ese día.

4. Sentencia SU-429 de 2024 de la Corte Constitucional

Mediante auto del 30 de noviembre de 2022 esta Subsección confirmó la decisión del tribunal a quo del 27 de julio de 2021, con fundamento en elementos de convicción que permitían establecer una fecha determinada para iniciar el cómputo del tØrmino de caducidad, entre los cuales se destacó la inscripción de los demandantes en el Registro Único de Víctimas, con ocasión del desplazamie nto que tuvieron que afrontar.

La decisión de la Sala fue demandada a travØs de la acción de tutela, que finalmente fue seleccionada en sede de revisión por la Corte Constitucional dentro del proceso de tutela T-9.817.513, acumulado al expediente T-9.490.238AC.

La Corte Constitucional profirió la sentencia SU-429 de 2024, en la que hizo alusión a los criterios definidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado para la aplicación del cómputo del tØrmino de caducidad en delitos de lesa humanidad, entre los cuales incluyó el desplazamiento forzado. En dicha providencia sostuvo

a los criterios definidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado para la aplicación del cómputo del tØrmino de caducidad en delitos de lesa humanidad, entre los cuales incluyó el desplazamiento forzado. En dicha providencia sostuvo que el Registro Único de Víctimas no podía constituir el punto de partida para el estudio de ese presupuesto procesal.

En este sentido, la Corte indicó que la inclusión de alguno de los dema ndantes del grupo en el Registro Único de Víctimas no resultaba determinante en el cómputo de la caducidad, en tanto esa inscripción tenía fines de reconocimiento, asistencia y reparación integral, pero no interrumpía ni revivía los tØrminos judiciales.

La anterior afirmación fue establecida por la alta Corporación, que tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y reiteró que la inscripción en el Registro Único de Víctimas tenía como objeto garantizar el reconocimiento formal de las víct imas, permitir su acceso a medidas de asistencia y atención integral, asegurar su derecho a la justicia y la verdad y facilitar el seguimiento por parte del Estado para la correcta implementación de políticas pœblicas. La sentencia de unificación consideró, entonces, la existencia de un defecto fÆctico en las providencias objeto de tutel a porque:

ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal o por escr ito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado. […]”. [Énfasis propio] 22 PÆgina 9 del archivo 43RECIBEMEMORIAL_05001233300020190054(.pdf) del índice 34 del

días siguientes a su notificación por estado. […]”. [Énfasis propio] 22 PÆgina 9 del archivo 43RECIBEMEMORIAL_05001233300020190054(.pdf) del índice 34 del SamaiRadicado: 05-001-23-33-000-2019-00541-01 (67604)

Demandante: Daniel Alejandro Torres Montoya y otros

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“(…) la inscripción en el Registro Único de Víctimas no tiene la vocación ni la función legal de servir como el momento, a partir del cual debe contarse la caducidad de una demanda de reparación dirigida a obtener una indemnización del Estado, por la comisión de un delito de lesa humanidad, crimen de guerra o genocidio, lo cual incluye al desplazamiento forzado. Aunado a lo anterior, el RUV tampoco es la prueba conducente o pertinente para establecer si los demandantes en un proceso de la naturaleza anotada enfrentaron barreras materiales que les impidieron acudir a tiempo a la administración de justicia”.

La Corte estableció la imposibilidad de otorgar valor a las fechas de inscripción de los demandantes en el Registro Nacional de Víctimas, que para el auto rev ocado fueron las siguientes:

• Certificación del 23 de abril de 2008, expedida por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que informó que el grupo de Floreley Montoya Tamayo estaba incluido en el Registro Único de Población desplazada desde el 13 de febrero de 1998; • Resolución No. 2015-42403 del 18 de febrero de 2015, que reconoció e n el

Registro Único de Víctimas a Bernardino Torres Guisao;

Población desplazada desde el 13 de febrero de 1998; • Resolución No. 2015-42403 del 18 de febrero de 2015, que reconoció e n el Registro Único de Víctimas a Bernardino Torres Guisao; • Certificación del 14 de agosto de 2008, expedida por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que informó que el grupo de Ricardo Antonio Guisao Gómez estaba incluido en el Registro Único de Población desplazada desde 16 de junio de 2003; • Certificación del 22 de abril de 2008, expedida por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que informó que el grupo de Eunice Borja Sepœlveda estaba incluido en el Registro Único de Población desplazada desde el 26 de marzo de 2002; • Certificación del 18 de abril de 2008, expedida por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que informó que el grupo de DuvÆn David Castro Carrillo estaba incluido en el Registro Único de Población desplazada desde el 28 de agosto de 2001; • Consulta realizada el 20 de agosto de 2009 del grupo integrado p or Eduin `ngel Restrepo GuzmÆn, que indicó que la declaración por el desplazamiento fue rendida el 17 de diciembre de 2008; • Certificación expedida por la Personería Municipal de MutatÆ el 9 de julio de 2009, respecto del grupo integrado por Euclides GonzÆlez Valderrama, en la que se indicó que la declaración por el desplazamiento fue rendida el 1 6 de marzo de 2003;

2009, respecto del grupo integrado por Euclides GonzÆlez Valderrama, en la que se indicó que la declaración por el desplazamiento fue rendida el 1 6 de marzo de 2003; • Certificación del 24 de abril de 2008, expedida por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que informó que el grupo de Nor Elcy Sepœlveda Durango, estaba incluido en el Registro Único de Población desplazada desde el 25 de marzo de 2003; • Certificación de la Unidad para las Víctimas expedida el 19 de septiembre de 2018, que informó respecto de las personas incluidas bajo el marco normativo de la Ley 37 de 1997 que habían declarado sobre los hechos del desplazamiento forzado. Este documento dispuso que el Registro Único deRadicado: 05-001-23-33-000-2019-00541-01 (67604)

Demandante: Daniel Alejandro Torres Montoya y otros

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Víctimas “es una herramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro de las víctimas y que estÆ integrado, entre otros, por los sistemas de información de víctimas existentes antes de la promulgación de la Ley 1448 de 2011”, es decir que, todas las personas indicadas como parte del grupo habían presentado su declaración respecto de los hechos victimizantes antes de la promulgación de la Ley indicada, esto es, el 10 de junio de 2011.

Finalmente, la Corte consideró: i) que el cómputo de la caducidad por daæos ocasionados por delitos de lesa humanidad no se cuenta desde que se produce el daæo, sino de