CE - Auto interlocutorio 05001233300020190113801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C. treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 05001-23-33-000-2019-01138-01 (72.319) Ejecutante: Humberto Castaño Duque y otros Ejecutados: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Ejecutivo

Temas: MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS EJECUTIVOS - Requisitos para su decreto / EMBARGO DE CUENTAS DE LA NACIÓN – Procedencia excepcional. Reiteración de jurisprudencia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada Fiscalía General de la Nación contra el auto del 3 de octubre de 2024, a través del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar de embargo en el asunto de la referencia.

SÍNTESIS DEL CASO

1. La parte ejecutante persigue el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los fallos judiciales proferidos en el proceso de reparación directa con radicación 05001233100020090149200/01, a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. A solicitud de la parte demandante, el Tribunal a quo decretó, como medida cautelar, el embargo de los dineros que posee la primera de las entidades nombradas en diversas entidades financieras.

ANTECEDENTES La demanda ejecutiva y la solicitud de medidas cautelares

medida cautelar, el embargo de los dineros que posee la primera de las entidades nombradas en diversas entidades financieras.

ANTECEDENTES La demanda ejecutiva y la solicitud de medidas cautelares

2. El 24 de abril de 2019, el señor Humberto Castaño Duque y otros 1 promovieron demanda ejecutiva para obtener el pago de la condena contenida en los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia -el 26 de enero de 2012y la Sección Tercera de esta Corporación -el 9 de junio de 2017 -, en el marco del proceso de reparación directa 05001233100020090149200/012.

3. En providencia del 20 de febrero de 2023 3, el a quo libró mandamiento de pago en contra de la Fiscalía General de la Nación, por los siguientes conceptos: (i) la suma

1 Luz Mery García Palacio, Carolina Castaño García, Ángela María Castañ o García y Amanda Duque Santos. 2 Índice 002 aplicativo SAMAI, en segunda instancia. Ver: documento 01, carpeta apelación de auto, documento 046ED_01Expediente20190113(.zip) NroActua 2.zip. 3 Previamente, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda el 15 de septiembre de 2021 (índice 014 del aplicativo SAMAI, en primera instancia). Así mismo, el 5 de agosto de 2022, ordenó la remisión del proceso al contador con el fin de que realizara la correspondiente liquidación (índiceRadicado: 05001-23-33-000-2019-01138-01 (72.319) Ejecutante: Humberto Castaño Duque y otros Ejecutados: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Ejecutante: Humberto Castaño Duque y otros Ejecutados: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Ejecutivo

2

de $13’404.779, a título de ca pital debido; (ii) la suma insoluta de los intereses moratorios causados desde la -fecha de presentación de la acción ejecutiva - y el momento en que se verificara el pago total de la obligación4.

4. A petición de la parte ejecutante, el Tribunal 5, por auto del 20 de febrero de 2023,

decretó como medida cautelar6 lo siguiente:

“..PRIMERO. DECRÉTESE EL EMBARGO Y RETENCIÓN DE LOS DINEROS QUE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN entidad de derecho público con NIT. No 8001547832, tenga o llegase a tener en las cuentas de DAVIVIENDA.

SEGUNDO. OFÍCIESE a la entidad bancaria correspondiente, haciéndole saber que previamente a aplicar la medida decretada deberá verificar si los recursos afectados con la misma tienen la naturaleza de “inembargables”, caso en el cual deberá informarlo a este Despacho.

TERCERO: Conforme lo prevé el inciso 3° d el artículo 599 y numeral 10 del artículo 593 del Código de General del Proceso, el embargo se LIMITA hasta la suma de $

20.107.188”

5. El 11 de septiembre de 2023 7, el a quo ordenó seguir adelante con la ejecución contra la Fiscalía General de la Nación, luego de considerar que se trataba de una ejecución de sentencia 8 y que la entidad ejecutada no propuso ninguna de las exceptivas previstas en el artículo 442 del CGP9. Además, requirió a las partes para

contra la Fiscalía General de la Nación, luego de considerar que se trataba de una ejecución de sentencia 8 y que la entidad ejecutada no propuso ninguna de las exceptivas previstas en el artículo 442 del CGP9. Además, requirió a las partes para que presentaran la liquidación del crédito.

6. Mediante providencia del 24 de abril de 202410, el Tribunal aprobó la liquidación del crédito allegada por la parte demandante. A su turno, por auto del 2 de agosto de 2024 impartió aprobación a la liquidación de las costas11.

7. A través de escrito radicado el 27 de septiembre de 2024 12, la parte ejecutante solicitó el decreto de la medida cautelar de embargo “de los dineros que la ejecutada tenga en las siguientes cuentas de ahorros, y los dineros que allí se lleguen a depositar, de las entidades bancarias que se pasan a relacionar:

021 del aplicativo SAMAI, en primera instancia). Una vez recibida esta última, por auto del 31 de enero de 2023, se puso en conocimiento de las partes para que manifestaran lo que a bien tuvieran (índice 25 de aplicativo SAMAI, en primera instancia). 4 Índice 28 del aplicativo SAMAI, en primera instancia. 5 Índice 30 del aplicativo SAMAI, en primera instancia. 6 En esa decisión, se hizo referencia a las excepciones establecidas por la Corte Constitucional respecto a la inembargabilidad de las cuentas del Estado. Contra esa providencia, no se interpuso recurso. 7 Índice 040 del aplicativo SAMAI, en primera instancia. 8 Por la suma de $121893.979, que corresponde al capital +intereses de mora causados hasta el 14 de agosto de 2023.

recurso. 7 Índice 040 del aplicativo SAMAI, en primera instancia. 8 Por la suma de $121893.979, que corresponde al capital +intereses de mora causados hasta el 14 de agosto de 2023. 9 De pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida. 10 Índice 49 del aplicativo SAMAI, en primera instancia. 11 Índice 57 del aplicativo SAMAI, en primera instancia. 12 Índice 61 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.Radicado: 05001-23-33-000-2019-01138-01 (72.319) Ejecutante: Humberto Castaño Duque y otros Ejecutados: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Ejecutivo

3

Número de cuenta Entidad Bancaria.

110050001171 Banco Popular. 050001189 Banco Popular. 300700000296 Banco Agrario de Colombia. 300700000304 Banco Agrario de Colombia. 700201080 Banco Agrario de Colombia

Comedidamente solicito se sirva oficiar a dichas entidades limitando la suma de embargo, en la suma que su señoría estime suficiente para cumplir con el pago de las pretensiones de esta demanda.

Igualmente, se sirva ordenar el embargo de los dineros que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el de los remanentes del producto de los desembargados, como lo autoriza el art 466 del C.G. del P., dentro del proceso radicado 25269333300220230023500 que se adelanta en el Juzgado Segundo

llegaren a desembargar y el de los remanentes del producto de los desembargados, como lo autoriza el art 466 del C.G. del P., dentro del proceso radicado 25269333300220230023500 que se adelanta en el Juzgado Segundo Administrativo de Facatativá (Cundinamarca) Ejecutivo de Innpacific Vs. NaciónRama Judicial, para lo cual comedidamente solicito se sirva oficiar comunicando esta medida”.

La decisión apelada13

8. En providencia del 3 de octubre de 2024, el Tribunal decretó la medida cautelar solicitada por el ejecutante, al considerar que por regla general, los recursos públicos son inembargables; sin embargo, la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado han admitido, como excepción, los eventos en los que se persiga el pago de sentencias, como ocurre en el presente asunto. Con base en lo anterior, limitó la medida a la suma de $26.044.101, y ordenó que las citadas entidades financieras verificaran “si los recursos afectados con la misma tienen la naturaleza de “inembargables”, caso en el cual deberá informarlo a este Despacho”.

9. En esa misma decisión, decretó el embargo “…de los bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el remanente del producto de los embargados, dentro del proceso con radicado No. 25269333300220230023500 que se adelanta en el Juzgado Segundo Administrativo de Facatativá (Cundinamarca) E jecutivo de Innpacific Vs. Nación-Rama Judicial”; sin exponer motivo alguno.

El recurso de apelación

10. La ejecutada Fiscalía General de la Nación apeló la anterior determinación 14, al

Innpacific Vs. Nación-Rama Judicial”; sin exponer motivo alguno.

El recurso de apelación

10. La ejecutada Fiscalía General de la Nación apeló la anterior determinación 14, al considerar que: (i) las cuentas afectadas con la medida cautelar son inembargables pues provienen del Presupuesto General de la Nación y contienen recursos públicos destinados al funcionamiento de la Administración de Justicia, que constituye un servicio público esencial, razón por la cual no procede su embargo indiscriminado; (iii) existe una prohibición expresa de inembargabilidad

13 Índice 63 del aplicativo SAMAI, en primera instancia. 14 Índice 67 del aplicativo SAMAI, en primera instanciaRadicado: 05001-23-33-000-2019-01138-01 (72.319) Ejecutante: Humberto Castaño Duque y otros Ejecutados: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Ejecutivo

4

establecida en el parágrafo 2° del artículo 195 del CPACA15, en cuanto a los rubros destinados al pago de sentencias, conciliaciones y el fondo de contingencias; y (iv) fin almente, advierte que los dineros que hacen parte del sistema general seguridad social en salud también tiene la naturaleza de inembargables.

CONSIDERACIONES

Competencia

11. En los términos del numeral 5 16 del artículo 243 del CPACA, el auto que decrete, niegue o modifique una medida cautelar es pasible del recurso de alzada. Por su parte, el artículo 150 ibidem prevé que esta Corporación es competente para conocer de las apelaciones de los autos susceptibl es de el referido medio de

niegue o modifique una medida cautelar es pasible del recurso de alzada. Por su parte, el artículo 150 ibidem prevé que esta Corporación es competente para conocer de las apelaciones de los autos susceptibl es de el referido medio de impugnación, dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Finalmente, el artículo 125, literal h) de la misma codificación 17, dispone que la providencia que resuelva la apelación del auto que decreta, niega o modifica una medida cautelar, será de conocimiento de la Sala.

12. Por lo anterior, considerando que el auto impugnado decretó una medida cautelar, la Subsección es competente para desatar el presente recurso vertical.

Oportunidad del recurso.

13. El artículo 244 -3° del CPACA establece que el recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación por estado. Como la providencia recurrida se notificó por estado electrónico del 9 de octubre de 2024 y la parte ejecutada interpuso el recurso de apelación el 10 de ese mismo mes y año18, se formuló oportunamente.

Los cargos de apelación19

14. De conformidad con los cargos de la apelación, le corresponde a la Sala determinar:

(i) si es posible embargar recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación; (ii) si conforme lo regulado en el parágrafo 2° del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, el rubro de sentencias y conciliaciones se encuentra incluido en la medida de embargo decretada por el a quo; y (iii) si las cuentas objeto de medida cautelar se relacionan con los recursos del sistema de seguridad social en salud.

de 2011, el rubro de sentencias y conciliaciones se encuentra incluido en la medida de embargo decretada por el a quo; y (iii) si las cuentas objeto de medida cautelar se relacionan con los recursos del sistema de seguridad social en salud.

15 En providencia del 6 de noviembre de 2024, el Tribunal de primera instancia concedió el recurso de alzada (índice 044 y 55 del aplicativo SAMAI, en primera instancia). El proceso fue remitido a esta Corporación el 28 de noviembre de la misma anualidad (índice 60 del aplicativo SAMAI, en primera instancia), se registró el 11 de diciembre de 2024 e ingresó al despacho del magistrado ponente el 3 de febrero de 2025 (índice 001 y 009 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia). 16 Inciso 1, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021 17 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. 18 En efecto, el mencionado memorial se radicó el 10 de octubre de 2024, a las 11:03:14, por medio del aplicativo de la ventanilla virtual del Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, según la anotación secretarial que consta en el índice 67 del Samai del referido Tribunal. 19 Considerando que la demanda fue presentada el 24 de abril de 2019 y el recurso de apelación el 10 de octubre de 2024, al sub lite resulta aplicable la Ley 1437 de 2011 (con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021), así como el Código General del Proceso, en lo pertinente.Radicado: 05001-23-33-000-2019-01138-01 (72.319)

Ejecutante: Humberto Castaño Duque y otros

Ejecutante: Humberto Castaño Duque y otros Ejecutados: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Ejecutivo

5

15. En consecuencia, a efectos de desatar la alzada, la Subsección determinará: (i) la normatividad aplicable en relación con el embargo de recursos públicos en la ejecución de sentencias y conciliaciones, a la luz de la jurisprudencia; y (ii) la solución al caso concreto.

El embargo de recursos públicos en la ejecución de sentencias y conciliaciones

16. Para efectos del decreto y práctica de medidas cautelares en la ejecución de obligaciones derivadas de condenas judiciales, y en particular las de embargo y secuestro, debe atenderse a lo normado en el artículo 599 del CGP 20, del cual se destaca que: (i) desde la prese ntación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado; (ii) al momento de su decreto, el juez podrá limitarlos a lo necesario; y (iii) el valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas, salvo que se trate de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen el crédito.

17. Por su parte, el artículo 594 dispone que no se podrán embargar, entre otros: (i) los bienes, las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales; (ii) las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social; (iii) los bienes de uso público y los destinados a un servicio público –cuando este se preste directamente por una

o de las entidades territoriales; (ii) las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social; (iii) los bienes de uso público y los destinados a un servicio público –cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden o por medio de concesionario–, pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio; (iv) si el servicio público lo prestan particulares, podrán emba rgarse los bienes destinados al servicio, así como los ingresos brutos que se produzcan; (v) los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas; (vi) las sumas que se hayan anticipado o deban anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas para la construcción de obras públicas y (vii) las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.

18. En similar sentido, el artículo 19 del Decreto Ley 111 de 1996, “ Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995”, dispone que las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman, son inembargables.

19. No obstante, la Corte Constitucional, en sentencia C -539 de 2010, precisó que los recursos públicos del Presupuesto General de la Nación pueden ser objeto de embargo, de manera excepcional, en los siguientes casos: (i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; (ii) la importancia del oportuno pago de

embargo, de manera excepcional, en los siguientes casos: (i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; (ii) la importancia del oportuno pago de sentencias judiciales, para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias; y (iii) el caso en que existieran títulos emanados del Estado que reconocieran una obligación clara, expresa y exigible.

20 Estatuto aplicable al presente asunto al margen de la discusión referente a si se acude a esta norma por remisión del artículo 298 del CPACA o del artículo 306 ibídem.Radicado: 05001-23-33-000-2019-01138-01 (72.319) Ejecutante: Humberto Castaño Duque y otros Ejecutados: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Ejecutivo

6

Esas mismas reglas se expusieron por el referido tribunal constitucional en sentencia C-1154 de 2008, a propósito de la expedición del Decreto n° 28 de 2008, en la que resaltó la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones, pero señaló las excepciones que autorizan el embargo de otros recursos del presupuesto, en los siguientes términos:

“El Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitució n, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del

necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitució n, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada person a individualmente considerada. La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias ; y la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible ” (énfasis añadido).

20. En línea con la jurisprudencia constitucional, esta Corporación 21 ha entendido que la inembargabilidad no tiene carácter absoluto 22, ya que se ha señalado que jurisprudencialmente la inembargabilidad de los recursos de propiedad de entidades de orden nacional, incorporados en el Presupuesto General de la Nación admite, por lo menos, tres excepciones: “(i) los créditos laborales; (ii) el pago de sentencias judiciales; (iii) los títulos provenientes del Estado en que conste una obligación clara, expresa y exigible”23

El caso concreto

21. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, la providencia objeto de la alzada decretó la medida cautelar de embargo, en los siguientes términos:

expresa y exigible”23

El caso concreto

21. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, la providencia objeto de la alzada decretó la medida cautelar de embargo, en los siguientes términos:

“…DECRÉTESE EL EMBARGO Y RETENCIÓN DE LOS DINEROS QUE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN entidad de derecho público con NIT. No 8001547832, tenga o llegase a tener en las siguientes cuentas:

Número de cuenta Entidad Bancaria.

21 “Con todo, la regla general de la no ejecución de la Nación presenta tres excepciones, así : La primera, relacionada con el cobro compulsivo de las sentencias dictadas por la jurisdicción administrativa; la segunda, con los créditos laborales contenidos en actos administrativos; y la tercera, con los créditos provenientes de contratos estatales. Excepciones que encuentran su respaldo, en su orden, en el 177 del CCA.; en la sentencia C-546 de la Corte Constitucional; y en el art 75 de la ley 80 de 19935” (énfasis añadido). Consejo de Estado, Sal a Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S694 del 22 de julio de 1997, C.P Carlos Betancur Jaramillo. 22 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C -354 de 1997 (fundamento jurídico 6). Ver, así mismo, sentencia C-543 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, rad. Radicado: 85001 -23-33-000-2007sentencia C-543 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, rad. Radicado: 85001 -23-33-000-200700430-01 (71823), providencia del 8 de noviembre de 2024, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.Radicado: 05001-23-33-000-2019-01138-01 (72.319) Ejecutante: Humberto Castaño Duque y otros Ejecutados: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Ejecutivo

7

110050001171 Banco Popular. 050001189 Banco Popular. 300700000296 Banco Agrario de Colombia. 300700000304 Banco Agrario de Colombia. 700201080 Banco Agrario de Colombia

SEGUNDO. OFÍCIESE a las entidades bancarias correspondientes, haciéndole saber que previamente a aplicar la medida decretada deberá verificar si los recursos afectados con l a misma tienen la naturaleza de “inembargables”, caso en el cual deberá informarlo a este Despacho (…)”

22. Al respecto, la parte apelante censura que: (i) las cuentas afectadas con la medida cautelar son inembargables y contienen recursos públicos destinados al funcionamiento de la Administración de Justicia, que constituye un servicio público esencial, razón por la cual no procede su embargo indiscriminado; (ii) por expresa disposición del parágrafo 2° del artículo 195 del CPACA, el rubro de sentencias y conciliaciones no puede ser objeto de embargo, y (iii) la regla de inembargabilidad también cobija a aquellos recursos provenientes del sistema general de seguridad social en salud-SGSSS-.

conciliaciones no puede ser objeto de embargo, y (iii) la regla de inembargabilidad también cobija a aquellos recursos provenientes del sistema general de seguridad social en salud-SGSSS-.

23. En relación con el primer motivo de reproche, la Sala advierte que los recursos públicos que integran el Presupuesto General de la Nación, por regla, son inembargables; no obstante, la jurisprudencia ha establecido algunas excepciones a lo anterior, particularmente, en lo referente al pago de sentencias judiciales, como ya tuvo la oportunidad de advertirse. En efecto, se reitera que la Corte Constitucional24 ha precisado que la restricción al embargo de los recursos públicos debe interpretarse de manera armónica con el principio de seguridad jurídica y el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, lo que permite excepcionar tal limitación cuando se busca la ejecución de condenas judiciales en firme. En el caso concreto, el a quo aplicó la referida excepción al decretar el embargo de los dineros de la entidad demandada que integran el Presupuesto General de la Nación, teniendo en cuenta que el título base de ejecución es una providencia judicial expedida por esta jurisdicción, por lo que no es posible revocar la decisión recurrida por este aspecto.

24. Respecto al segundo argumento de la alzada, se advierte que, al interior de la Corporación exi sten dos posiciones frente a la regla de inembargabilidad de los recursos públicos destinados al pago de sentencias y conciliaciones judiciales y del

Fondo de Contingencias.

25. La primera25, considera que el parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA se armoniza con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 26, que señala que existen tres

Fondo de Contingencias.

25. La primera25, considera que el parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA se armoniza con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 26, que señala que existen tres excepciones a la regla general de inembargabilidad, siendo una de ellas, el pago de

24 Véase, sentencias C-539 de 2010 y C-1154 de 2008. 25 Al respecto, ver: exp. 72195, 71823 y 67993 ( Sección Tercera, Subsección C), 69409 ( Sección Tercera, Subsección A). 26 De manera particular, lo expuesto en la sentencia C-543 de 2013.Radicado: 05001-23-33-000-2019-01138-01 (72.319) Ejecutante: Humberto Castaño Duque y otros Ejecutados: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Ejecutivo

8

sentencias para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas reconocidas. De esta manera, precisa que la excepción establecida en el artículo ibídem, no resulta aplicable cuando se está ejecutando una obligación contenida en una sentencia, por cuanto el parágrafo del artículo 2.8.6.1.6.1.1 del Decreto 1068 de 201527, estipuló que “…el embargo de recursos pertenecientes al presupuesto general de la Nación se haría frente a aquellos ingresos depositados en cuentas corrientes, de ahorros o productos bancarios abiertos por las entidades públicas obligadas al pago de las condenas, cuando se trate del cobro de sentencias o conciliaciones”. En su opinión, la referida norma determinó el “… alcance de los

en cuentas corrientes, de ahorros o productos bancarios abiertos por las entidades públicas obligadas al pago de las condenas, cuando se trate del cobro de sentencias o conciliaciones”. En su opinión, la referida norma determinó el “… alcance de los eventos en que los recursos del presupuesto general son embargados para el cumplimiento de sentencias o conciliaciones, en el sentido de que en esos casos la medida recaerá sobre los productos financieros de la entidad pública que deba pagar la condena”28; de ahí, que sea procedente el embargo de los recursos por ese concepto.

26. La segunda tesis 29, señala que no pueden embargarse dineros de los montos asignados al pago de sentencias y conciliaciones y al fondo de contingencias, aun cuando la ejecución provenga de una obligación contenida en una sentencia judicial, por cuanto la referida norma tiene como finalidad garanti zar el “ cumplimiento del artículo 15 de la Ley 962 de 2005 y el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015

(derecho a que las peticiones se resuelvan en orden cronológico según la fecha de su presentación), para evitar un desorden administrativo y la afe ctación al derecho de la igualdad y al principio de equidad de las demás personas que están a la espera del cumplimento de las condenas en su favor…”.

27. La Sala considera que debe aplicarse esta última posición, teniendo en cuenta que lo previsto el parágrafo 2° del artículo 195 del CPACA, constituye una excepción a los tres eventos en los que la Corte Constitucional permite el embargo de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación. Se llega a esa conclusión, luego de establecer que dich a norma protege el principio de

los tres eventos en los que la Corte Constitucional permite el embargo de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación. Se llega a esa conclusión, luego de establecer que dich a norma protege el principio de inembargabilidad, por las siguientes razones: (i) propende por la garantía del principio de igualdad y derecho al turno, ya que permite que se cumplan las obligaciones derivadas de sentencias judiciales conforme son solicita das indistintamente de que se acuda o no al proceso ejecutivo; (ii) facilita que los ciudadanos accedan al cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado sin tener que acudir forzosamente a la vía judicial, lo cual reduce la congestión procesal y (iii) garantiza la provisión, administración y manejo de los fondos necesarios para la protección de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado protegiendo el erario propósito del legislador de proteger del erario. Argumentos que se pasan a desarrollar.

27 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, 28 Exp. 72.195 C.P. William Barrera Muñoz. 29 Al respecto, ver: 71568 (Sección Tercera, Subsección B), 66527 (Sección Tercera, Subsección A), 27001-23-33-000-2016-00130-01 (5966-2024), 70945, 69252, 23001233300020140016502 (31572023). En ese mismo sentido, ver: Sección Segunda, Subsección A, auto del 23 de marzo de 2023,

radicación 20001-23-39-000-2015-00609-02 (41052021), 25000-23-42-000-2020-01046-01 (13592022).Radicado: 05001-23-33-000-2019-01138-01 (72.319) Ejecutante: Humberto Castaño Duque y otros Ejecutados: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Ejecutivo

9

28. En cuanto al derecho al turno, se debe recordar que este propende porque se paguen las obligaciones en el orden cronológico en el cual fueron cobradas. El sistema de asignación de turnos, es una herramienta que vela p or el respeto al debido proceso y el derecho a la igualdad, ya que dicho mecanismo establece un criterio objetivo —la fecha de radicación o presentación del cobro— como base para definir el momento en que debe ser atendida cada solicitud. En materia administrativa se advierte que el artículo 15 de la Ley 962 de 2005 estableció que las entidades de la administración pública deberán radicar y resolver en el orden de presen