CE - Auto interlocutorio 05001233300020190234103 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2019-02341-03

ACCIÓN POPULAR – AUTO

Actores: JESÚS ANTONIO SÁNCHEZ Y OTROS

TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA CONSULTADA PORQUE EL

SANCIONADO EN CALIDAD DE DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NO FUNGE EN SU CARGO; Y EL ALCALDE DE DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ACREDITÓ EL

CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN OBJETO DE VERIFICACIÓN.

AUTO QUE RESUELVE CONSULTA

La Sala decide el grado jurisdiccional de c onsulta frente al proveído de 10 de abril de 2025 , proferido por el Tribunal Administrativo del Antioquia1, que sancionó por desacato con tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a l señor Federico Gutiérrez Zuluaga, en su calidad de alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 2, y al señor Jorge Iván Montoya Vélez, en su calidad de director de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3, por el

1 En adelante el Tribunal. 2 En adelante el Distrito. 3 En adelante ICBF.2

Montoya Vélez, en su calidad de director de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3, por el

1 En adelante el Tribunal. 2 En adelante el Distrito. 3 En adelante ICBF.2

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incumplimiento de las órdenes dictadas en la sentencia de 10 de mayo de 2022, modificada y adicionada mediante providencia de 31 de agosto de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La acción

Los ciudadano s JESÚS ANTONIO SÁNCHEZ SALGADO y otros 4, instauraron demanda en ejercicio de la acción popular contra el DISTRITO, el ICBF, la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL , EMVARIAS y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tendiente a la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad pública, los cuales estimó vulnerados por el aumento de personas en situación de calle y por el consumo y tráfico de alucinógenos en la carrera 54 entre las calles 54, 56 y 57 del DISTRITO, luego de que fuera intervenida la llamada calle del “Bronx” de la ciuda d, lo que

situación de calle y por el consumo y tráfico de alucinógenos en la carrera 54 entre las calles 54, 56 y 57 del DISTRITO, luego de que fuera intervenida la llamada calle del “Bronx” de la ciuda d, lo que

4 Lilia Echeverry, León Humberto Higuita, Luz Esnedy Osorio H., Flor Estela González, Socorro Soto G., Nicolás Aristizabal M., Ernesto Hincapié, Alba Leonor Graciano H., Noira Gaviria, Ilduana Morales, Aura Rosa Morales A., Amparo Galeano, Maribel Gutiérrez, Ana Teresa Rua G, Hernán Gómez, César Augusto Castaño, Carlos Alberto Peláez, Nancy Henao Restrepo, Elkin Cárdenas, Danil o Aguirre Osorio, Orlando Salazar Giraldo, Luis Fernando Tamayo, Luis Rafael Cantillo, Consuelo Gutiérrez V., Juan Carlos Restrepo, Alberto Duque, Enrique Patiño C., Faber Londoño Acevedo y Danilo Aguirre D.3

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ocasionó que las personas que se encontraban allí se trasladaran al sector antes mencionado.

I.2.- Sentencias objeto de cumplimiento

El Tribunal en sentencia de 10 de mayo de 2022 amparó los derechos colectivos invocados y ordenó:

“[...] PRIMERO. DECLARAR no probada la falta de

I.2.- Sentencias objeto de cumplimiento

El Tribunal en sentencia de 10 de mayo de 2022 amparó los derechos colectivos invocados y ordenó:

“[...] PRIMERO. DECLARAR no probada la falta de legitimación por pasiva propuesta por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –ICBFy la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. CONCEDER el amparo a los derechos colectivos al goce a un ambiente sano y a la salubridad y seguridad públicas, en favor del señor JESÚS ANTONIO SÁNCHEZ y otros, afectados con el asentamiento irregular de habitantes de calle en el sector comprendido entre la Carrera 54 entre calles 56 y 57 de la ciudad de Medellín, de conformidad con las razones expuestas en esta decisión.

TERCERO. ORDENAR al Municipio de Medellín lo siguiente:

“Que lidere un Plan Integral Focalizado (concreto para el sector), con la participación de la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Empresas Varias de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, para que, en el término de cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la sentencia, evalúe el plan integral de contingencia adoptado en cumplimiento de la medida cautelar impuesta en esta Acción Popular y, con fundamento en las experiencias adquiridas, reformule el nuevo Plan que brinde una solución articulada y de fondo a la vulneración de los derechos colectivos en la zona comprendida entre la  carrera 54 y las calles 54 a 57 de Medellín.

reformule el nuevo Plan que brinde una solución articulada y de fondo a la vulneración de los derechos colectivos en la zona comprendida entre la  carrera 54 y las calles 54 a 57 de Medellín.

En la confección del Plan, se deberán efectuar reuniones periódicas, con un calendario de trabajo, con la participación4

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de un representante del actor popular, una ONG que represente o trabaje con la población en situación de calle, un representante de los comerciantes del sector y un representante de la Junta de Acción Comunal y se dejarán las respectivas constancias en act as, con registro fílmico o fotográfico del contexto que se observa en la zona.

• En desarrollo de dicho Plan, se deberá identificar y caracterizar, desde el punto de vista demográfico y

socioeconómico de la población de calle que deambula en el sector, con el fin de identificar el perfil de la población, nivel académico, condiciones de salud, género, edades, pertenencia étnica, nacionalidad, entre otros determinantes sociales que pueden contribuir a determinar cuáles son las medidas y estrategias que se pueden adoptar o intensificar para invitarlos a que se acojan a la oferta pública  existente para atender sus diferentes necesidades  y evitar que su situación  de vulnerabilidad  se asocie a conductas como

medidas y estrategias que se pueden adoptar o intensificar para invitarlos a que se acojan a la oferta pública  existente para atender sus diferentes necesidades  y evitar que su situación  de vulnerabilidad  se asocie a conductas como el microtráfico, la explotación sexual  y la comisión de otras conductas punibles.

• Adicionalmente, se establecerán las medidas necesarias para la recuperación del espacio público, evitando el asentamiento humano con la construcción de cambuches e invasión de las calles con reciclaje, venta informal, cocción de alimentos, realización de necesidades fisiológicas, etc.

En la ejecución de dicho Plan deberán efectuarse reuniones de seguimiento trimestrales y a partir de los hallazgos resultantes del proceso de caracterización y de dicho y seguimiento, si se presentan situaciones que ameriten su intervención cada entidad participante deberá identificarlo y, especialmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá atender el restablecimiento de derechos de la población de niños, niñas y adolescentes en situación de calle.”

CUARTO. ORDENAR a EMVARIAS que realice brigadas de aseo en el sector de la carrera 54 con calles 54 a 57 de Medellín, de ser necesario con el acompañamiento de la Policía Nacional, por lo menos dos veces a la semana, a fin de recoger basura, excrementos, escombros y hacer lavado del espacio público.

QUINTO. ORDENAR al Municipio de Medellín y a la Policía Nacional que en el término de quince (15) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia adopte las siguientes medidas:5

QUINTO. ORDENAR al Municipio de Medellín y a la Policía Nacional que en el término de quince (15) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia adopte las siguientes medidas:5

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“Dispongan las acciones necesarias para mantener presencia permanente de agentes de policía a fin de que se retome el control de la zona para garantizar el derecho colectivo a la seguridad pública y se ejecuten los operativos necesarios para contrarrestar la acción contravencional y delincuencial de venta de estupefacientes, tráfico y tenencia de armas, entre otros”.

SEXTO. ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación que, de manera prioritaria, si aún no lo ha hecho, inicie indagación tendiente a determinar el tráfico y comercialización de estupefacientes, de armas, explotación sexual y la comisión de otras conductas punibles que se vienen perpetrando en el sector.

SÉPTIMO. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBFque participe en la elaboración del Plan Integral Focalizado y, en el proceso de restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el sector.

OCTAVO. Se CONFORMA un Comité de Verificación para la constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la presente sentencia, en los términos del artículo 34 de la Ley 472

OCTAVO. Se CONFORMA un Comité de Verificación para la constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la presente sentencia, en los términos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por:

⎯ Un representante del actor popular. ⎯ Cada una de las entidades accionadas (Municipio de Medellín, Policía Nacional, ICBF, EMVARIAS y Fiscalía General de Nación). ⎯ El Agente del Ministerio Público ⎯ La Magistrada Ponente de esta Sala de Decisión.

NOVENO. Se NIEGAN las demás súplicas de la demanda.

DÉCIMO. Sin condena en costas, tal como se expuso en la parte motiva [...]”.

El 31 de agosto de 2023 , la Sección Primera modificó y adicionó la mencionada providencia así:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR el numeral CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia de 10 de mayo de 2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA , en el sentido de excluir la palabra “escombros” de su texto original y se ADCIONA de la manera que sigue:6

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“ORDENAR al MUNICIPIO acordar con EMVARIAS y asumir los costos relacionados con la recolección de residuos sólidos

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“ORDENAR al MUNICIPIO acordar con EMVARIAS y asumir los costos relacionados con la recolección de residuos sólidos especiales y los provenientes de construcción y demolición provocados por la presencia de habitantes de calle en la zona indicada en la demanda”.

SEGUNDO: ADICIONAR el fallo apelado de la siguiente

manera:

“ORDENAR a la POLICÍA NACIONAL que garantice la integridad física y acompañe, en forma permanente, al personal de las EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. -EMVARIAS y del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF durante las labores de limpieza y aseo y visitas relacionadas con menores de edad y demás funciones propias de estas entidades, en la carrera 54 entre calles 54, 56 y 57 del Municipio de Medellín”.

TERCERO: MODIFICAR el numeral OCTAVO el cual quedará

así:

“OCTAVO. CONFORMAR un Comité de Verificación para la constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la presente sentencia, en los términos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por:

• La Magistrada Ponente de esta Sala de Decisión, quien lo presidirá. ⎯ Un representante del actor popular. ⎯ Cada una de las entidades accionadas (Municipio de

Medellín, Policía Nacional, ICBF, EMVARIAS y Fiscalía General de Nación). ⎯ El Agente del Ministerio Público”.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.

Medellín, Policía Nacional, ICBF, EMVARIAS y Fiscalía General de Nación). ⎯ El Agente del Ministerio Público”.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.

QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 […]”.

II.- EL INCIDENTE DE DESACATO7

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El 12 de diciembre de 2024 , el Tribunal abrió incidente de desacato en contra de: i) Federico Gutiérrez Zuluaga 5, alcalde del DISTRITO; ii) Jorge Iván Montoya Vélez, director de la Regional Antioquia del ICBF, iii) Rosember Novoa Piñeros, comandante (E) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y iv) Esperanza Amaya Pascuas, directora de la Seccional de Fiscalías de Medellín, por el incumplimiento de las órdenes dictadas en la sentencia de 10 de mayo de 2022, modificada y adicionada mediante providencia de 31 de agosto de 20236.

El 10 de marzo de 2025, el Tribunal puso en conocimiento de las partes las respuestas aportadas por el DISTRITO, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en cumplimiento del auto de 12 de diciembre de 2024.

El 10 de marzo de 2025, el Tribunal puso en conocimiento de las partes las respuestas aportadas por el DISTRITO, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en cumplimiento del auto de 12 de diciembre de 2024.

-. El DISTRITO sostuvo que el Tribunal vinculó al trámite del incidente de desacato al alcalde distrital, a pesar de que mediante el Decreto 0147 de 21 de febrero de 2024 7, se delegó en el secretario general la representación para efectos judiciales.

5 Notificado al correo electrónico federico.gutierrez@medellin.gov.co, conforme consta en el índice 338 del expediente digital obrante en el aplicativo SAMAI. 6 Contra la anterior decisión, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín interpuso recurso de reposición, el cual se decidió en auto de 9 de octubre de 2024, en el sentido de no reponer. 7 “Por medio del cual se efectúa una delegación en el (la) secretario general”8

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Adujo que el Comité Operativo de Ciudad 8 tenía como función articular, coordinar, planear, ejecutar y evaluar las intervenciones y operativos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el territorio, por lo que sesionaba de manera ordinaria todos los martes

articular, coordinar, planear, ejecutar y evaluar las intervenciones y operativos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el territorio, por lo que sesionaba de manera ordinaria todos los martes a las 2:00 p.m. y de manera extraordinaria cuando se presentaba una situación que pudiera alterar el orden público, la seguridad o la convivencia.

Señaló que desde el Comité Operativo de Ciudad se programaban las intervenciones que se realiza ban en la ciudad, dentro de la cual se encontraba la intervención en el sector Cúcuta con Zea, también denominada “Estupefacientes Comuna 10 ”, lo cual se alineaba con las estrategias desarrolladas para la recuperación del centro de la ciudad.

Indicó que una vez por semana se realizaba la intervención en dicho sector de la ciudad, la cual estaba orientada a la incautación y

8 El cual señaló estaba conformado por las siguientes dependencias: - Subsecretaría Operativa de la Seguridad. - Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia. - Subsecretaría de Espacio Público. - Secretaría de Salud. - Secretaría de Inclusión Social y Familia. - Secretaría de Gestión y Control Territorial. - Secretaría de Movilidad.

- DAGRD.9

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captura de individuos por posesión ilegal de armas, y

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captura de individuos por posesión ilegal de armas, y comercialización de estupefacientes; además de retirar elementos que invadían el espacio público y recoger la basura del sector.

Aseguró que los operativos en comento se realizaban en articulación con las diferentes dependencias del distrito, así como EMVARIAS, la Policía Nacional y la Personería de Medellín, entre otras.

Señaló, r especto del plan de acción focalizado para el sector de Cúcuta con Zea, en el marco de la acción popular, que el Sistema de Atención al Habitante de Calle Adulto dispuso de un equipo de educadores que diariamente se ubicaban en la carrera 54 entre calles 56 y 57, y sus alrededores, los cuales hacían presencia en la zona de lunes a sábado desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Adujo que los centros de escucha itinerantes atendían a la población en situación de calle, personas con consumos problemáticos y personas en búsqueda de familiares ; y que la mayoría se acercaba para recibir atención por el área de enfermería9.

9 Sobre el particular, agregó lo siguiente:

“[…] Por la cronicidad y el deterioro de la población que allí se asienta se requiere realizar el centro de escucha con otras entidades de salud que realicen valoraciones específicas en terreno según su experticia, que posibiliten diagnósticos en tiempo re al y la activación de rutas en salud. El perfil de la población que se asienta allí no es único, al lugar llegan

el centro de escucha con otras entidades de salud que realicen valoraciones específicas en terreno según su experticia, que posibiliten diagnósticos en tiempo re al y la activación de rutas en salud. El perfil de la población que se asienta allí no es único, al lugar llegan personas de todos los grupos etarios, diferentes consumos de sustancias psicoactivas,10

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Señaló que, con el propósito de realizar acciones de limpieza y control en el sector, periódicamente se llevaban a cabo acciones articuladas entre la Secretaría de Espacio Público , la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, Empresas Varias y la Policía Nacional, a través de las cuales se realiza ba un acercamiento de la oferta institucional para que, posteriormente, las entidades de control realizaran las actividades correspondientes con la población.

Adujo que intervino el sector de Cúcuta con Zea de manera focalizada y articulada con el fin de recuperar el sector, para que la comunidad gozara de sus derechos fundamentales y colectivos, promoviendo la resocialización e inclusión de los habitantes de calle, a través de la oferta institucional y la sensibilización acerca de los peligros de la calle.

algunos recién comenzando la habitanza en calle, otros con una larga trayectoria; por lo cual es complejo definir un perfil generalizado de la población asentada allí.

calle.

algunos recién comenzando la habitanza en calle, otros con una larga trayectoria; por lo cual es complejo definir un perfil generalizado de la población asentada allí.

El mejoramiento de la estrategia posibilitaría captar y valorar un número mayor de ciudadanos. Es importante mencionar que la población que accede a este sitio, llega con el objetivo de comprar o consumir sustancias psicoactivas, es por esto que a pesar del reconocimiento se hace difícil el ejercicio de captación para la atención y beneficio del usuario (sic) […]”.11

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Finalmente, indicó que la apertura del incidente de desacato le vulneraba su derecho al debido proceso y contradicción, dado que realizó las actividades que le eran exigibles.

-. El ICBF adujo que adelantó las actuaciones para garantizar los derechos de las niños, niñas y adolescentes del sector, al igual que los de la población flotante, sin estar supeditado al plan focalizado que debía liderar la alcaldía de Medellín.

Sostuvo que asistió a las reuniones que programó la alcaldía de Medellín para la construcción del plan integral focalizado, por lo que no se advertía una omisión de su parte, máxime si se tenía en cuenta que no tenía competencia en materia penal, programas para los habitantes de calle, control de conductas delictivas y venta de sustancias psicoactivas.

no se advertía una omisión de su parte, máxime si se tenía en cuenta que no tenía competencia en materia penal, programas para los habitantes de calle, control de conductas delictivas y venta de sustancias psicoactivas.

Adujo que el encargado de liderar el plan focalizado para brindar una solución articulada y definitiva a la vulneración de los derechos colectivos era la alcaldía de Medellín; además de que participó en las convocatorias que se le realizaron para brindar el apoyo que le e ra exigible desde su misionalidad.12

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Estimó que no se configuraron los elementos objetivo y subjetivo del desacato, pues acreditó las acciones adelantadas en cumplimiento de la orden judicial y tampoco se advertía una conducta negligente de su parte.

-. La Fiscalía General de la Nación señaló que en ejercicio de sus funciones identificó e individuali zó a integrantes de grupos delincuenciales que se concertaron para cometer delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, en roles de coordinadores de punto, recolectores de dinero, surtidores, vendedores y campaneros que se dedica ban a la venta de cocaína y sus derivados, bajo la modalidad de microtráfico.

Relacionó las actuaciones que se adelantaron a 6 de diciembre de 2024, por hechos ocurridos en “La Estación Villa, Comuna 10, de la

modalidad de microtráfico.

Relacionó las actuaciones que se adelantaron a 6 de diciembre de 2024, por hechos ocurridos en “La Estación Villa, Comuna 10, de la Candelaria, denominado “El Bronx”.

-. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá relacionó las actividades que adelantó en el sector donde se configuraba la vulneración de los derechos colectivos que se invocaron dentro de la acción popular y destacó que en el marco de sus competencias constitucionales y legales realizó una labor de acompañamiento en la13

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implementación de planes, acciones y estrategias establecidas por las entidades territoriales.

III. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA CONSULTADA

El Tribunal, en providencia de 10 de abril de 2025 , declaró en desacato al señor Federico Gutiérrez Zuluaga , en su calidad de alcalde del DISTRITO, y al señor Jorge Iván Montoya Vélez, en su calidad de director de la Regional Antioquia del ICBF, por no cumplir las órdenes dictadas en la sentencia de 10 de mayo de 2022, modificada y adicionada mediante providencia de 31 de agosto de 2023 y, en consecuencia, los sancionó con multa correspondiente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Consideró que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacion al

2023 y, en consecuencia, los sancionó con multa correspondiente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Consideró que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacion al cumplieron las órdenes objeto de verificación, pues se efectuaron capturas por porte y tráfico de estupefacientes, en cumplimiento de la orden de servicio 100 de 4 de abril de 2023, y desarticularon los grupos delincuenciales “ GDCO TERRAZA ” y “ CARABANUDOS-GDO TERRAZA”, los cuales operaban en el área donde se presentaba la vulneración de los derechos colectivos.14

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Adujo que el ICBF participó en la elaboración del plan integral focalizado y en el proceso de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes que se encontraban el área, pues se acreditó que dicho instituto intervino el área sobre la cual versó la orden objeto de verificación entre el 1o. de junio y el 30 de agosto de 2024.

Sin embargo, sostuvo que el ICBF no aportó evidencias de: i) la relación de los radicados de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos reportados, ii) la relación de procesos en los que se ordenó al equipo interdisciplinario la verificación de la garantía de derechos, y iii) la relación de casos reportados, con auto de apertura de investigación, dentro de los procesos de

restablecimiento de derechos reportados, ii) la relación de procesos en los que se ordenó al equipo interdisciplinario la verificación de la garantía de derechos, y iii) la relación de casos reportados, con auto de apertura de investigación, dentro de los procesos de restablecimiento de derechos, de conformidad con los parámetros previstos en el artículo 3° de la Ley 1878 de 201810.

Respecto de lo anterior, agregó que no podía considerarse que el Instituto Colombiano de Bienestar Familia r cumplió con las obligaciones a su cargo, dado que dicho cumplimiento dependía del seguimiento a los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, lo cual reiteró no se acreditó.

10 “Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia, y se dictan otras disposiciones”.15

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Sostuvo que al DISTRITO le correspondía liderar, elaborar y ejecutar, el plan integral focalizado , pero de lo expuesto en su informe se podía advertir su incumplimiento, dado que trascurrieron varios años desde que se profirió la orden y lo único que se tenía era la “disponibilidad para dar apoyo”, a pesar de que era imperativo que las incidentadas trabajaran de forma articulada para abordar la problemática objeto del proceso.

Consideró preocupante que el plan integral focalizado que aportó el

la “disponibilidad para dar apoyo”, a pesar de que era imperativo que las incidentadas trabajaran de forma articulada para abordar la problemática objeto del proceso.

Consideró preocupante que el plan integral focalizado que aportó el DISTRITO el 7 de febrero de 2025, el cual denominó “informe Alcaldía de Medellín: Acciones 2025 en el marco del Plan Integral Focalizado. Acción Popular – Sector Cúcuta con Zea”, no se advirtiera la participación de las demás entidades accionadas, situación que, a su juicio, configuraba una omisión del ente territorial en liderar el plan focalizado, pues “no obstante las demás demandadas han manifestado su ánimo de actuar de manera conjunta con el distrito, no obra en el expediente constancia de que este haya procurado una integración entre estas entidades para actuar de manera conjunta y así abordar de manera integral la problemática”.

Agregó que, en efecto, revisado el citado plan se advertía que en el mismo solo participaban las secretarías distritales.16

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Concluyó que la mora del DISTRITO, en la elaboración del plan integral focalizado, permitía inferir su incumplimiento respecto de las órdenes objeto de verificación, pues transcurrieron casi tres años sin que se brindara una solución articulada y de fondo a la vulneración de los derechos colectivos que se presentaba en la zona ubicada

integral focalizado, permitía inferir su incumplimiento respecto de las órdenes objeto de verificación, pues transcurrieron casi tres años sin que se brindara una solución articulada y de fondo a la vulneración de los derechos colectivos que se presentaba en la zona ubicada entre la carrera 54 y las calles 54 a 57 de Medellín.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El incidente de desacato en acciones populares

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 472 de 5 de agosto de 199811, hay desacato cuando se incumple una orden proferida en el curso del trámite de la acción popular, habiéndose superado los términos concedidos para su ejecución. La citada norma indica:

“Artículo 41. Desacato.

La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables e n arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

11 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en rela