CE - Auto interlocutorio 05001233300020200020801 de 2025

Radicación: 05001-23-33-000-202-000-208-01 (73277)

Demandante: Conrado Augusto Giraldo Montoya

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Reparación directa Radicación: 05001-23-33-000-202-000-208-01 (73277)

Demandante: Conrado Augusto Giraldo Montoya Demandado: Municipio de Buriticá Asunto: Resuelve recurso de apelación AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN El despacho resuelve el recurso de apelación presentado por. la parte demandante en contra la decisión dictada el 7 de mayo de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó el decreto. de unas pruebas testimoniales solicitadas en el trámite de primera instancia.

l. ANTECEDENTES

1. El trámite procesal y la solicitud probatoria negada 1.1. El 13 de noviembre de 2019", el señor Conrado Augusto Giraldo Montoya, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el municipio de Buriticá (Antioquia), con el propósito de que se le declarara patrimonialmente responsable por la demolición de la Estación de Servicio Estrella Dorada, ordenada mediante Resolución Nro. 103 del 23 de mayo de 2017, suscrita por el señor Alcalde del Municipio de Buriticá, "por medio del cual se ordena la evacuación y demolición de una edificación por inminente

mayo de 2017, suscrita por el señor Alcalde del Municipio de Buriticá, "por medio del cual se ordena la evacuación y demolición de una edificación por inminente riesgo de colapso en jurisdicción del municipio de Buriticá". Como consecuencia de lo anterior, solicitó se le reconocieran por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 1.048'.080.000 y, por lucro cesante, el valor de $ 621'.000.000. A su vez, por perjuicios inmateriales, la suma de 100 SMMLV. En el escrito inicial, el demandante solicitó, entre otras, las siguientes pruebas: 1 Índice No. 4 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.Radicación: 05001-23-33-000-202-000-208-01 (73277)

Demandante: Conrado Augusto Giraldo Montoya

“Testimoniales: José Julián Usuga Oquendo Henrry de Jesús Girón Higuita Jorge de Jesús Rivera Alvarez Jhovan Cano Uribe”. 1.2. El 6 de agosto de 2020”, el municipio de Buriticá presentó contestación de la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma, para lo cual formuló, entre otras, las siguientes excepciones: i) caducidad del medio de control; ii) error en la escogencia del medio de control; iii) inexistencia de responsabilidad a cargo del municipio de Buriticá; iv) inexistencia del nexo causal; v) culpa exclusiva de la victima.

2. Decisión objeto de impugnación En audiencia inicial celebrada el 7 de mayo de 20257, el Tribunal Administrativo de Antioquia, decidió, entre otras cosas, negar las pruebas testimoniales solicitadas

victima.

2. Decisión objeto de impugnación En audiencia inicial celebrada el 7 de mayo de 20257, el Tribunal Administrativo de Antioquia, decidió, entre otras cosas, negar las pruebas testimoniales solicitadas por el señor Conrado Augusto Giraldo Montoya’.

Al respecto, sostuvo que las solicitudes testimoniales no cumplieron con lo establecido en el artículo 212 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del CPACA, razón por la cual debían ser denegadas.

3. Recurso de apelación y su trámite Inconforme con la decisión anterior, el demandante interpuso recurso de apelación?, para lo cual argumentó lo siguiente: “Se interpone recurso de apelación contra la decisión de negarme la comparecencia a audiencia de los testigos, toda vez que los hechos por los cuales son citados a este proceso no son hechos diferentes a los que ya se encuentran consignados en el escrito de demanda. Ahora, téngase en cuenta que el despacho bien pudo haber inadmitido la demanda por esta situación; no obstante, el despacho no inadmitió la demanda en el estudio previo de la misma, guardó silencio y en este momento me sorprende con la negativa en el decreto de pruebas de la comparecencia de los testigos a audiencia.

Considero que esta situación es más de forma que de fondo, razón por la cual se interpone el recurso mencionado. Ahora, si el despacho lo considera pertinente, puedo explicar cuál es el motivo de los hechos o los hechos por los cuales cada uno de los testigos podrían brindar su testimonio”, : 2 Ibidem. 3 Índice No. 35 de la plataforma tecnológica SAMAI del Tribunal a quo.

puedo explicar cuál es el motivo de los hechos o los hechos por los cuales cada uno de los testigos podrían brindar su testimonio”, : 2 Ibidem. 3 Índice No. 35 de la plataforma tecnológica SAMAI del Tribunal a quo. 4 Minuto 6:15 a 6:51 de la grabación de la audiencia inicial. Índice No. 35 de la plataforma tecnológica S AMAI del Tribunal de origen. 5 Minuto 7:57 a 9:36 de la de la grabación de la audiencia inicial. Índice No. 35 de la plataforma tecnológica SAMAI del Tribunal de origen.Radicación: 05001-23-33-000-202-000-208-01 (73277) Demandante: Conrado Augusto Giraldo Montoya 3.1. En la misma diligencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

It. CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación -7 de mayo de 2025-, las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA -con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021°-, asi como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306” del primero de los estatutos mencionados.

2. Procedencia del recurso de apelación y competencia del Magistrado Ponente para resolverlo : De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243-78 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de apelación es procedente, dado que se cuestionó la decisión que negó el decreto de unas pruebas solicitadas por la parte demandante.

el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de apelación es procedente, dado que se cuestionó la decisión que negó el decreto de unas pruebas solicitadas por la parte demandante. Por otra parte, en los términos del artículo 150 del CPACA?, modificado por el artículo 615 del CGP, esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de los autos proferidos por los $ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, la vigencia de las modificaciones introducidas al CPACA rigen desde el momento en que se publicó la aludida norma. Así pues, como el recurso de apelación objeto de análisis se presentó el 6 de agosto de 2024, es evidente que la reforma a la Ley 1437 de 2011 sí le resulta aplicable. La conclusión antecedente se apoya en los siguientes términos: "Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley (Ley 2080 de 2021) rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley (...)” (actaración añadida). 7 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil [actualmente Código General del Proceso] en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” (aciaración añadida).

el Código de Procedimiento Civil [actualmente Código General del Proceso] en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” (aciaración añadida). 8 “Artículo 243. Apelación (modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021). Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (...) 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas (...)' (aclaración añadida). 9 "Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación (modificado por el artículo 615 del CGP). El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia (...)” (aclaración añadida).Radicación: 05001-23-33-000-202-000-208-01 (73277) Demandante: Conrado Augusto Giraldo Montoya tribunales administrativos, respecto de los cuales resulte procedente este medio de impugnación. Asimismo, según lo señalado en el artículo 125-310 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que al Magistrado Ponente le asiste competencia para resolver la respectiva impugnación, toda vez que la providencia interlocutoria que decide el recurso de apelación en contra del auto que niega el

artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que al Magistrado Ponente le asiste competencia para resolver la respectiva impugnación, toda vez que la providencia interlocutoria que decide el recurso de apelación en contra del auto que niega el decreto de pruebas no es de aquellas cuya adopción le corresponde a la Sala, de acuerdo. con lo prescrito en el artículo 125-21! del CPACA -con su respectiva modificación-. Por último, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 243 del CPACA, en concordancia con el artículo 244 ibidem, se observa que el recurso se interpuso de manera oportuna y debidamente sustentado??.

3. El objeto del recurso de apelación interpuesto De conformidad con lo planteado en la impugnación, le corresponde al despacho determinar si era procedente o no decretar las pruebas testimoniales solicitadas por

el demandante Conrado Augusto Giraldo Montoya.

4. La resolución del caso concreto El despacho, de entrada, advierte que, contrario a lo señalado en el recurso de apelación materia de análisis, no es viable acceder al decreto de los testimonios solicitados por el demandante en este juicio. La conclusión que se acaba de anunciar se sustenta en las razones que se pasan a explicar: 10 “Artículo 125. De la expedición de providencias (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias se sujetará a las siguientes reglas: (...) 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve el recurso de queja” (aclaración añadida).

del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve el recurso de queja” (aclaración añadida). 1 "Artículo 125. De la expedición de providencias (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (...) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código; b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido; d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código; e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia; f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala; g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas; h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente (...)" (aclaración añadida). 12 El auto recurrido se notificó a las partes en estrados y el recurso de apelación se interpuso en la

que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente (...)" (aclaración añadida). 12 El auto recurrido se notificó a las partes en estrados y el recurso de apelación se interpuso en la misma diligencia conforme con lo establecido en el artículo 244 del CPACA.Radicación: 05001 -23-33-000-202-000-208-01 (73277) Demandante: Conrado Augusto Giraldo Montoya En lo que respecta a las declaraciones testimoniales solicitadas, ha de indicarse que, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del CGP, “[eJuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba (...)” (énfasis añadido). Precisado lo anterior, conviene recordar cuáles fueron los términos exactos en los que el demandante solicitó el decreto de la prueba testimonial a la cual el a quo no accedió (transcripción literal, incluso con posibles errores): “Testimoniales: José Julián Úsuga Oquendo Henrry de Jesús Girón Higuita Jorge de Jesús Rivera Álvarez Jhovan Cano Uribe”. Contrastada la solicitud probatoria en cita con las exigencias legales fijadas en el artículo 212 del CGP, resulta evidente que la petición formulada por el señor Conrado Augusto Giraldo Montoya no cumple con los requisitos -mínimospara su decreto -artículo 213 de la misma codificación procesal", puesto que no se indicó el domicilio o lugar donde podían ser citados los testigos y, adicionalmente, no se enunciaron concretamente -ni de forma genéricacuáles serían los hechos sobre

decreto -artículo 213 de la misma codificación procesal", puesto que no se indicó el domicilio o lugar donde podían ser citados los testigos y, adicionalmente, no se enunciaron concretamente -ni de forma genéricacuáles serían los hechos sobre los que versaría las declaraciones, en concreto los testimonios de los señores José Julian Usuga Oquendo, Henrry de Jesús Girón Higuita, Jorge de Jesús Rivera Álvarez y Jhovan Cano Uribe. En ese orden de ideas, es claro que la decisión impugnada se ajustó a los preceptos procesales que gobiernan la petición y el decreto de pruebas testimoniales. En efecto, contrario a lo expuesto por el recurrente, la carga procesal expresar “concretamente los hechos objeto de prueba” sobre los cuales aludiría cada testimonio, no es una mera formalidad; dicha exigencia tiene como propósito que el operador judicial cuente con los elementos para realizar el juicio de pertinencia, conducencia y utilidad del medio probatorio y, asimismo, para evitar que se repercuta de forma negativa en el derecho fundamental al debido proceso de los demás sujetos en contienda. 13 “Artículo 213. Decreto de la prueba. Si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente (artículo 212), el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente” (aclaración añadida).Radicación: 05001-23-33-000-202-000-208-01 (73277) Demandante: Conrado Augusto Giraldo Montoya Aunado a lo anterior, al tratarse de exigencias legales para la procedencia y el decreto del medio de prueba testimonial, el Tribunal a quo no sorprendió a la parte con parámetros o requerimientos adicionales a los estipulados por la codificación

Aunado a lo anterior, al tratarse de exigencias legales para la procedencia y el decreto del medio de prueba testimonial, el Tribunal a quo no sorprendió a la parte con parámetros o requerimientos adicionales a los estipulados por la codificación correspondiente; por el contrario, aplicó la consecuencia procesal pertinente frente al incumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad. Asimismo, en lo atinente a la supuesta pertinencia que invocó el extremo recurrente frente a la prueba testimonial en comento, el despacho resalta que dicha apreciación no es susceptible de ser evaluada, puesto que, se insiste, en la demanda no se señaló cuáles serían los fundamentos fácticos y las circunstancias que se pretenden acreditar con el decreto del testimonio de los señores José Julián Usuga Oquendo, Henrry de Jesús Girón Higuita, Jorge de Jesús Rivera Alvarez y Jhovan Cano Uribe, carga procesal que no podía ser suplida -extemporáneamentecon la interposición y argumentación del recurso de apelación!, Sobre este último punto, el despacho pone de presente que acceder al elemento de convicción solicitado implicaría inobservar las reglas fijadas por el legislador en materia probatoria, las cuales son de orden público y de obligatorio cumplimiento. De igual forma, ello conllevaría a obviar las exigencias adjetivas en favor de una de las partes en contienda, lo cual, en definitiva, repercute de forma negativa en los derechos de la otra. Asimismo, generaría el riesgo latente de que se desnaturalice el valor práctico y normativo de requisitos legales que están íntimamente relacionadas con el derecho fundamental al debido proceso de los sujetos procesales.

derechos de la otra. Asimismo, generaría el riesgo latente de que se desnaturalice el valor práctico y normativo de requisitos legales que están íntimamente relacionadas con el derecho fundamental al debido proceso de los sujetos procesales. En las condiciones analizadas, como se advirtió en precedencia, el despacho confirmará el auto apelado.

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 7 de mayo de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó al demandante el decreto de las pruebas testimoniales solicitadas en el trámite de la primera instancia, por las razones expuestas en esta providencia. 14(_.) (EJ recurso de apelación no tiene por objeto que las partes adicionen o modifiquen sus demandas y sorprendan a su contraparte con cargos nuevos frente a los cuales no tuvo la oportunidad de defenderse ni aportar o solicitar pruebas (...)” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2020, expediente No. 64.865).Radicación: 05001-23-33-000-202-000-208-01 (73277) Demandante: Conrado Augusto Giraldo Montoya SEGUNDO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de

Estado. Po:

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