CE - Auto interlocutorio 05001233300020200022303 de 2025

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00223-03 (72981)

Demandante: Alexander Sandoval Amézquita

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Controversias contractuales – Ley 1437 de 2011

Radicación: 05001-23-33-000-2020-00223-03 (72981)

Demandante: Alexander Sandoval Amézquita

Demandada: Universidad de Antioquia

AUTO1

La Sala2 decide3 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto dictado el 22 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante el cual se negó el decreto de medidas cautelares.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda

1. El 20 de enero de 2020 4, el señor Alexander Sandoval Amézquita 5, actuando a través de apoderado judicial, instauró demanda de controversias contractuales contra la Universidad de Antioquia, en la que formuló, en síntesis, las siguientes pretensiones: i) que se declare la nulidad de las Resoluciones rectorales 45533 del 27 de marzo de 2019 y 45919 del 21 de junio de 2019 , mediante las cuales se declaró que el demandante incumplió sus compromisos como estudiante de

pretensiones: i) que se declare la nulidad de las Resoluciones rectorales 45533 del 27 de marzo de 2019 y 45919 del 21 de junio de 2019 , mediante las cuales se declaró que el demandante incumplió sus compromisos como estudiante de posgrado de la Universidad de Antioquia, y se le ordenó realizar la devolución de la exención de los derechos de matrícula efectuada en los semestres cursados; ii) que se declare que el demandante no tiene la obligación de devolver la suma correspondiente al ochenta por ciento (80%) del valor de la matrícula de los períodos cursados en e l programa académico de especialización de cirugía plástica , maxilofacial y de la mano; iii) que se declare la existencia del “ contrato educativo” entre la Universidad de Antioquia y el demandante; iv) que se ordene a la Facultad

1 Se resuelve recurso de apelación contra auto que negó medidas cautelares. Se confirma la decisión porque no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 231 de la ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”, para decretar las medidas cautelares solicitadas. 2 Esta decisión es proferida por la subsección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 y 150 del CPACA, modificados por los artículos 20 y 26 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente. 3 El recurso ordinario de súplica es procedente contra el auto que rechazó el recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 246 del CPACA. 4 Índice 2 de Samai, archivo denominado “3ED_01DemandaPoderExpHib(.pdf)”.

de acuerdo con el numeral 3 del artículo 246 del CPACA. 4 Índice 2 de Samai, archivo denominado “3ED_01DemandaPoderExpHib(.pdf)”. 5 La Sala destaca que, aunque la demanda fue presentada por otros sujetos, solamente fue admitida respecto del señor Alexander Sandoval Amézquita.Radicación: 05001-23-33-000-2020-00223-03 (72981)

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de Medicina realizar los trámites académicos y administrativos correspondientes que permitan al demandante continuar el programa de especialización, y v) como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene el pago de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales.

B. La petición de medidas cautelares

2. En el escrito de demanda 6 el actor solicitó el decretó de las siguientes medidas

cautelares:

1. Habilitar el proceso de matrícula y programar bajo la modalidad de “curso dirigido” o “curso intensivo”, un PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO, que facilite el reintegro a las actividades académicas de mi cliente desde el punto en que quedaron, en conformidad a los artículos 17 y 21 del Acuerdo Superior 122 de 1997 y a la Resolución Académica 1721 de 2005, y bajo las siguientes consideraciones: Que tenga una duración de 6 (seis) meses. Que sea de dedicación exclusiva. Que no represente un costo adicional al valor que ya cancelaron por derechos complementarios de matrícula. Que no haga parte de la carga académica definida en el plan de estudios ni afecte

Que sea de dedicación exclusiva. Que no represente un costo adicional al valor que ya cancelaron por derechos complementarios de matrícula. Que no haga parte de la carga académica definida en el plan de estudios ni afecte el promedio de calificaciones de los cursos regulares. Que no incluya a ninguno de los docentes denunciados, para tal fin, validar la Plataforma Educativa en Internet bajo la tutoría del Programa de Integración de Tecnologías a la Docencia: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle. Que refuerce los contenidos y las competencias teóricas y prácticas que deben establecerse en los Programas Académicos de las Rotaciones o Materias, en los Planes de Prácticas Formativas y en los Planes de Delegación Progresiva. Que en su desarrollo implemente los diferentes centros de simulación y laboratorios de prácticas, y el anfiteatro de Medicina Legal. Que anteceda al desarrollo de las materias que faltan por cursar en el programa de Cirugía Plástica, Maxilofacial y de la Mano.

1. En conformidad al numeral 3 y 5 del art. 230 de la ley 1437 de 2011, decretar a favor de mi poderdante medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los actos administrativos que le impiden continuar el desarrollo de sus actividades en el marco del contrato educativo, mientras se dirime la litis en la jurisdicción contenciosa, para que una vez cursado el plan de nivelación se proceda a la reprogramación de las actividades del contrato educativo en favor de mi poderdante.

1. En razón al inminente advenimiento de un pasivo patrimonial, y al deterioro de sus condiciones mínimas vitales, ordenar a la Rectoría de la Universidad de

mi poderdante.

1. En razón al inminente advenimiento de un pasivo patrimonial, y al deterioro de sus condiciones mínimas vitales, ordenar a la Rectoría de la Universidad de Antioquia que informe al MINISTERIO DE SALUD y al ICETEX la normalización de los estudios de mi cl iente en el programa de Cirugía Plástica de la Facultad de Medicina, para revertir las acciones cobro y de embargo que se adelantan con ocasión de la Beca Crédito del Convenio Fondo Médicos Ley 100 de 1993, y asegurar a su favor y en adelante el recaudo de l estipendio de dicha beca, hasta la culminación de sus estudios y sin perjuicio de lo estipulado en la ley 1917 de 2018 y en la Resolución 1872 de 2019 del Ministerio de Salud7.

3. Para el efecto, señaló que:

6 Índice 2 de Samai, archivo denominado “3ED_01DemandaPoderExpHib(.pdf)”. 7 Folios 6 y 7.Radicación: 05001-23-33-000-2020-00223-03 (72981)

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3.1. El 24 de mayo de 2012 , a través de una Beca Crédito del Convenio Fondo Médicos Ley 100 de 1993 , el demandante ingresó al programa de posgrado de Cirugía Plástica, Maxilofacial y de la Mano en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, bajo la figura de un “contrato educativo”8.

3.2. Por razones ajenas a su voluntad e incumplimientos imputables a la Universidad,

Universidad de Antioquia, bajo la figura de un “contrato educativo”8.

3.2. Por razones ajenas a su voluntad e incumplimientos imputables a la Universidad, el demandante quedó en situación de insuficiencia académica, lo que implicaba la suspensión de su vinculación con el centro educativo.

3.3. Mediante comunicación del 18 de febrero de 2016, el jefe de Posgrados de la Facultad de Medicina le informó que, debido a su rendimiento académico, cesaba su condición de estudiante.

3.4. El 29 de febrero de 2016, el demandante solicitó la cancelación extemporánea y la reprogramación del curso Cirugía estética I, y el ajuste de la nota definitiva de la asignatura Investigación VI.

3.5. El 17 de marzo de 2016, el Jefe de Posgrados negó la solicitud a través de un oficio enviado por correo electrónico ; sin embargo, dicho oficio no fue suscrito por los miembros del Consejo de Facultad, y ello configura a favor del demandante un “silencio administrativo sustancial o inicial” que da origen a un “acto ficto”9.

3.6. El demandante elevó varias solicitudes a la universidad durante los años 2017, 2018 y 2019 , para que se resolvieran sus reclamos y se definiera su situación de vinculación con la institución, porque las decisiones referidas anteriormente fueron expedidas por funcionarios incompetentes.

3.7. Mediante la Resolución 45533 del 27 de marzo de 2019, emitida por el rector de la Universidad, se declaró que el demandante incumplió sus compromisos como estudiante de posgrado y se le ordenó realizar la devolución de la exención de los

3.7. Mediante la Resolución 45533 del 27 de marzo de 2019, emitida por el rector de la Universidad, se declaró que el demandante incumplió sus compromisos como estudiante de posgrado y se le ordenó realizar la devolución de la exención de los derechos de matrícula efectuada en los semestres cursados. El demandante interpuso recurso de reposición contra esta decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución 45919 del 21 de junio de 2019 la cual confirmó la decisión recurrida.

3.8. Los actos administrativos demandados infringen normas superiores en las que debieron fundarse y se encuentran falsamente motivados, como se explica a continuación:

3.8.1. La Resolución Rectoral 45533 del 27 de marzo de 2019 : i) desconoce lo establecido en el Acuerdo Académico 148 de 1999 10, los artículos 160311 y 160912

8 Folio 8 de la demanda. 9 Folio 9 de la demanda. 10 “Por el cual se ratifica la aprobación de algunos programas académicos de la Universidad de Antioquia”. Sostiene que en este acuerdo no se determinó una duración específica para el programa de cirugía plástica. 11 “Artículo 1603. Ejecución de buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”. 12 “Articulo 1609. Mora en los contratos bilaterales. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo

12 “Articulo 1609. Mora en los contratos bilaterales. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”.Radicación: 05001-23-33-000-2020-00223-03 (72981)

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del Código Civil, el artículo 8313 de la Constitución Política, y los artículos 86314 y 87115 del Código del Comercio ; y ii) se expidió con falsa motivación porque: a) no es cierto que el demandante haya perdido la calidad de estudiante; b) el programa de Cirugía Plástica no tiene una duración específica y, c) el contrato de aprendizaje fue “suspendido de facto” por la universidad.

13 “Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. 14 “Artículo 863. Buena fe en el periodo precontractual . Las partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen”. 15 “Artículo 871. Principio de buena fe . Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.Radicación: 05001-23-33-000-2020-00223-03 (72981)

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naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.Radicación: 05001-23-33-000-2020-00223-03 (72981)

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3.8.2. La Resolución Rectoral 45919 del 21 de junio de 2019: infringe los artículos 316, 517, 4218, 7919 y 8020 del CPACA y el artículo 20921 de la Constitución Política.

16 “Artículo 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (…)”. 17 “Artículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades. En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la administración pública, aún por fuera de las horas y días de atención al público.

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la administración pública, aún por fuera de las horas y días de atención al público.

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes.

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto.

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.

6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones administrativas.

8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente.

9. A relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración pública.

10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenticación digital.

11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes”.

integrados en medios de acceso unificado a la administración pública.

10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenticación digital.

11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes”. 18 “Artículo 42. Contenido de la decisión. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada.

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos”. 19 “Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio”. 20 “Artículo 80. Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.

20 “Artículo 80. Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”. 21 “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.Radicación: 05001-23-33-000-2020-00223-03 (72981)

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3.8.3. El “acto ficto” que surgió de la solicitud del 29 de febrero de 2016, inaplicó el literal “c” del artículo 4° del Acuerdo Académico 0167 de 200022, los artículos 323 y 524 del CPACA, y los artículos 1325 y 20926 de la Constitución Política.

C. Traslado de la medida cautelar

4. Por auto de 12 de septiembre de 2023 27, se corrió traslado de la solicitud de medidas cautelares a la parte demandada, oportunidad en la cual la Universidad de Antioquia se opuso a su decreto por estimar que las medidas cautelares solicitadas son improcedentes.

medidas cautelares a la parte demandada, oportunidad en la cual la Universidad de Antioquia se opuso a su decreto por estimar que las medidas cautelares solicitadas son improcedentes.

22 Por el cual se creó el Comité de Asuntos Estudiantiles de Posgrado. Al respecto afirmó que “no obstante, pese a lo ordenado en el literal “c” del art. 4° del Acuerdo Académico 0167 de 2000, nunca se profirió la respectiva Resolución del Consejo de Facultad”. 23 “Artículo 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (…)”. 24 “Artículo 5 . Derechos de las personas ante las autoridades. En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la administración pública, aún por fuera de las horas y días de atención al público.

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la administración pública, aún por fuera de las horas y días de atención al público.

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes.

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto.

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.

6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones administrativas.

8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente.

9. A relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración pública.

10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenticación digital.

11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes”.

integrados en medios de acceso unificado a la administración pública.

10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenticación digital.

11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes”. 25 “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 26 “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 27 Índice 48 de SAMAI del tribunal.Radicación: 05001-23-33-000-2020-00223-03 (72981)

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D. La providencia objeto del recurso

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D. La providencia objeto del recurso

5. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión, mediante auto de 22 de abril de 202528, negó el decreto de las medidas cautelares solicitadas por estimar que la solicitud no cumple con los presupuestos exigidos por el artículo 231 del CPACA, con sustento en los siguientes razonamientos:

5.1. No se determinaron los perjuicios, su gravedad, ni que tengan el carácter de irremediables.

5.2. No se infiere que esté en riesgo la efectividad de la sentencia en caso de que resulte favorable a las pretensiones.

5.3. Las pruebas no acreditan al menos sumariamente que la expedición de los “actos administrativos” impugnados ocasione un perjuicio irremediable al actor.

5.4. Si bien se señala la violación de normas superiores, de la confrontación de los actos demandados con las normas superiores invocadas no surge la violación alegada, y para realizar dicha confrontación es necesario valorar probatoriamente los hechos en que se fundan las resoluciones rectorales.

5.5. Las demás medidas solicitadas diferentes a la solicitud de suspensión provisional de las resoluciones rectorales son consecuencia de que prospere la pretensión de nulidad de dichas resoluciones.

E. El recurso de apelación

6. Inconforme con la decisión anterior, el 25 de abril de 2025 29, la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación con base en l os

siguientes argumentos:

E. El recurso de apelación

6. Inconforme con la decisión anterior, el 25 de abril de 2025 29, la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación con base en l os

siguientes argumentos:

6.1. La parte demandada descorrió extemporáneamente e l traslado de la medida cautelar.

6.2. El despacho omitió confrontar los actos demandados con las normas transgredidas invocadas y las pruebas allegadas, y precisó que los “actos administrativos” demandados son las Resoluciones rectorales 45533 de 27 de marzo de 2019 y 45919 de 21 de junio de 2019.

6.3. La apariencia de buen derecho está “respaldada” en el auto proferido el 25 de mayo de 2023 por el Consejo de Estado en el que se reconoció la vigencia del contrato educativo demandado, y en las providencias judiciales aportadas como pruebas que dan cuenta del incumplimiento de las obligaciones contractuales de la Universidad de Antioquia.

28 Índice 65 de SAMAI del tribunal. La decisión fue notificada por estado el 23 de abril de 2025 conforme a la información que obra en el índice 66 SAMAI del tribunal 29 Índice 68 SAMAI del tribunal.Radicación: 05001-23-33-000-2020-00223-03 (72981)

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6.4. No se evaluó la caracterización del daño irremediable pese a las pruebas y argumentos expuestos con los cuales se acredita que el retraso en la reanudación

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6.4. No se evaluó la caracterización del daño irremediable pese a las pruebas y argumentos expuestos con los cuales se acredita que el retraso en la reanudación de las actividades académicas generaría un daño irreversible para el demandante en su proyecto de vid a, su aporte social a la comunidad, sus oportunidades laborales, y su salud psicológica.

6.5. La Resolución rectoral 45.919 de 21 de junio de 2019 no tiene apartado resolutivo.

F. Concesión del recurso de apelación

7. El 27 de mayo de 202530, el a quo concedió el recurso de apelación.

II. CONSIDERACIONES

8. La Sala confirmará el auto recurrido porque la petición de las medidas cautelares no cumple los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA como se explica a continuación.

A. Las medidas cautelares en los procesos declarativos que se adelantan ante la jurisdicción contenciosa

9. En relación con las medidas cautelares en los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción contenciosa administrativa el artículo 229 del CPACA

dispone lo siguiente:

Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad

debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sen tencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo (…). (Negrillas del despacho).

10. Es claro entonces que en los procesos que conoce esta jurisdicción se encuentra la posibilidad de solicitar la práctica de medidas cautelares las cuales si son decretadas no implican prejuzgamiento; al respecto , el ordenamiento jurídico contempla medidas de cautela de carácter suspensivas, preventivas, conservativas o anticipativas , la cuales deberán tener una relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda como lo prevé el artículo 230 del CPACA, norma que sobre su contenido y alcance dispone lo siguiente:

Artículo 230. C ontenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la

30 Índice 74 SAMAI del tribunal.Radicación: 05001-23-33-000-2020-00223-03 (72981)

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demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:(…).

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. (…).

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. (se resalta).

varias de las siguientes medidas:(…).

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. (…).

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del