CE - Auto interlocutorio 05001233300020220128701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Radicación número: 05001-23-33-000-2022-01287-01

Actora: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

TESIS: REVOCA AUTO APELADO. SE SUSPENDEN PROVISIONALMENTE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS DEMANDADOS POR TRASGREDIR LOS ARTÍCULOS 13, 14 Y 15 DE LA LEY 388 DE

1997. EL MUNICIPIO CARECE DE COMPETENCIA PARA ESTABLECER

CESIONES OBLIGATORIAS EN SUELO RURAL.

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. contra el auto de 26 de febrero de 2025, proferido por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia1, que denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del artículo 3º de la Resolución 1013 de 16 de septiembre de 2019 ; de los actos administrativos fictos producto del silencio administrativo negativo por no resolver los recursos de reposición y, en subsidio , de apelación interpuestos contra la Resolución núm.

1 En adelante, el TRIBUNAL.2

Radicación número: 05001-23-33-000-2022-01287-01

Actora: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

1 En adelante, el TRIBUNAL.2

Radicación número: 05001-23-33-000-2022-01287-01

Actora: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1013 de 2019; y de las resoluciones núms. 0256 de 28 de diciembre de 2021, 070 de 1o. de abril de 2022 y 0313 de 29 de abril de 2022, expedidas por el municipio de Rionegro.

I-. ANTECEDENTES

I.1.- La sociedad Alianza Fiduciaria S.A., promovió demanda ante el Tribunal, a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del artículo 3º de la Resolución 1013 de 16 de septiembre de 2019, “por la cual se expide modificación a la licencia urbanística vigente, Resolución 1198 del 28 de diciembre del 2015 ”; de los actos administrativos fictos producto del silencio administrativo negativo por no resolver los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación interpuestos contra la Resolución núm. 1013 de 2019 ; y de las resoluciones núms. 0256 de 28 de diciembre de 2021, “por la cual se liquidan las obligaciones urbanísticas de áreas de cesión tipo B (espacio público) correspondiente al proyecto

de las resoluciones núms. 0256 de 28 de diciembre de 2021, “por la cual se liquidan las obligaciones urbanísticas de áreas de cesión tipo B (espacio público) correspondiente al proyecto comercial y de servicios aprobado mediante Resolución 149 de 24 de abril de 2013 y Resolución de revalidación 0019 de

2 En adelante, CPACA.3

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20 de enero de 2020”; 070 de 1o. de abril de 2022, “por la cual se resuelve el recurso de reposición a la Resolución núm. 0256 del 28 de diciembre de 2021, por la cual se liquidan las obligaciones urbanísticas de áreas de cesión tipo B (espacio público) correspondiente al proyecto comercial y de servicios aprobado mediante Resolución 149 de 24 de abril de 2013 y Resolución de revalidación 0019 de 20 de enero de 2020”; y 0313 de 29 de abril de 2022, “por la cual se resuelve un recurso de apelación a la Resol ución núm. 0256 del 28 de diciembre de 2021, por la cual se liquidan las obligaciones urbanísticas de áreas de cesión tipo B (espacio público) correspondiente al proyecto comercial y de servicios aprobado mediante Resolución 149 de 24 de abril de 2013 y Resolución de revalidación 0019 de 20 de enero de 2020”, expedidas por el

de áreas de cesión tipo B (espacio público) correspondiente al proyecto comercial y de servicios aprobado mediante Resolución 149 de 24 de abril de 2013 y Resolución de revalidación 0019 de 20 de enero de 2020”, expedidas por el municipio de Rionegro.

II.- SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

La parte actora, en escrito separado , solicitó la suspensión provisional de los efectos del artículo 3º de la Resolución 1013 de 16 de septiembre de 2019; de los actos administrativos fictos producto del silencio administrativo negativo por no resolver los recursos de reposición y , en subsidio , de apelación interpuestos contra la4

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Resolución núm. 1013 de 2019; y de las resoluciones núms. 0256 de 28 de diciembre de 2021, 070 de 1o. de abril de 2022 y 0313 de 29 de abril de 2022, por trasgredir lo previsto en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 388 de 1997 ; 97 del CPACA ; y 2.2.6.1.2.4.2, 2.2.6.1.2.1.2 y 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015; y el Decreto 1319 de 1993.

2.2.6.1.2.1.2 y 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015; y el Decreto 1319 de 1993.

Manifestó que debía inaplicarse por ilegal el artículo 345 del Acuerdo 056 de 2011, expedido por el Concejo Municipal de Rionegro, toda vez que estableció , -sin competencia para ello -, obligaciones urbanísticas para el suelo rural que solo podían ser creadas para el componente urbano del territorio.

Señaló que, conforme con lo establecido en los artículos 11 y 13 de la Ley 388 de 1997, los planes de ordenamiento territorial están conformados por los componentes general, urbano y rural ; y que respecto del urbano la administración municipal tiene la facultad de determinar las cesiones urbanísticas gratuitas.

Afirmó que el artículo 14 de la Ley 388 de 1997, sobre el componente rural del plan de ordenamiento territorial, no regula en acápite alguno la competencia del municipio para establecer cesiones urbanísticas gratuitas, por lo que la entidad territorial carece de competencia para5

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crear obligaciones urbanísticas en zonas o suelos propios en dicho componente.

Indicó que las reglas establecidas en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997 sobre cesiones urbanísticas gratuitas y su compensación en

crear obligaciones urbanísticas en zonas o suelos propios en dicho componente.

Indicó que las reglas establecidas en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997 sobre cesiones urbanísticas gratuitas y su compensación en dinero, son solo aplicables a las zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión del Municipio.

Adujo que los actos demandados trasgredían el artículo 97 del CPACA, toda vez que el municipio omitió adelantar el trámite de revocatoria directa previsto para actos administrativos de carácter particular.

Sostuvo que el municipio, a través de la Resolución núm. 149 de 2013, otorgó a la sociedad Promotora de Proyectos Inmobiliarios S.A.S. licencia urbanística de construcción para un proyecto comercial en la vereda de Chipre, en la que estableció como sumas a pagar por impuestos de construcción un total de $313.078.548, y por concepto de las áreas de cesión tipo B un total de $57.977.508; sin embargo, posteriormente, a través de la Resolución núm. 0256 de 2021, liquidó nuevamente las obligaciones urbanísticas de áreas de cesión tipo B correspondiente s al proyecto comercial por valor de $2.558.346.200, sin adelantar el trámite de6

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revocatoria directa de lo resuelto previamente en la Resolución núm. 149 de 2013.

Expuso que las resoluciones demandadas desconocieron los decretos 1319 de 1993 y 1077 de 2015, toda vez que, a su juicio, las cesiones obligatorias gratuitas no fueron establecidas para recaer sobre todo tipo de licencias, en especial, las licencias de construcción.

Afirmó que las normas urbanísticas son de inmediato cumplimiento salvo que se hubiere adoptado previamente un proyecto urbanístico general que permita el desarrollo por etapas; la solicitud de licencia se radica en legal y debida forma, con anterioridad a la expedición de la modificación del plan de ordenamiento territorial; o se encuentra vigente una licencia de urbanización y parcela ción o cuando se hubieren culminado las obras de urbanización y parcelación autorizadas en la correspondiente licencia, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.6.1.2.4.2, 2.2.6.1.2.1.2 y 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015.

Puso de presente que dentro del expediente identificado con el núm. 05001-33-33-004-2023-00284-00, el Juzgado 4° Administrativo Oral de Medellín, mediante sentencia de 27 de septiembre de 2024 , declaró la nulidad, entre otros, del artículo 345 del Acuerdo 056 de7

Oral de Medellín, mediante sentencia de 27 de septiembre de 2024 , declaró la nulidad, entre otros, del artículo 345 del Acuerdo 056 de7

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2011, decisión que fue recurrida y se encuentra pendiente de decisión en segunda instancia por parte del Tribunal.

Finalmente, señaló que los efectos de los actos demandados le generan un perjuicio económico, toda vez que el no pago de la suma objeto de litigio ha sido el motivo por el que el municipio negó varias licencias de construcción para adelantar obras en el terreno afectado por los actos acusados.

III-. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante auto de 26 de febrero de 202 5, denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, por cuanto de la revisión del escrito de medida cautelar no se observaban los elementos suficientes que acreditaran que los actos demandados trasgredieran el ordenamiento jurídico.

Adujo que el asunto sometido a revisión requería de un estudio profundo y de un análisis probatorio que no era propio de esta etapa procesal.

IV-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO8

Radicación número: 05001-23-33-000-2022-01287-01

profundo y de un análisis probatorio que no era propio de esta etapa procesal.

IV-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO8

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IV.1.- La sociedad Alianza Fiduciaria S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra el auto de 26 de febrero de 2025, con el propósito de que se revoque el proveído recurrido, toda vez que, a su juicio, debe de cretarse la medida cautelar solicitada.

Señaló que el Tribunal no cumplió con la carga de analizar las disposiciones invocadas como quebrantadas por el artículo 345 del Acuerdo 056 de 2011 y los actos administrativos demandados , en especial, los artículos de la Ley 388 de 1997, de los cuales se desprende que el municipio carecía de competencia para establecer obligaciones urbanísticas sobre bienes ubicados en suelo rural o zonas suburbanas.

Afirmó que el Tribunal desconoció la jurisprudencia reiterada de la Sección Primera del Consejo de Estado3 sobre el asunto, en la que se delimitó la competencia de los entes territoriales en materia urbanística.

Insistió en que los actos demandados también desconocen lo previsto en el artículo 97 del CPACA, sobre el procedimiento de revocatoria

delimitó la competencia de los entes territoriales en materia urbanística.

Insistió en que los actos demandados también desconocen lo previsto en el artículo 97 del CPACA, sobre el procedimiento de revocatoria

3 Al especto cita las providencias proferidas dentro de los radicados 25000-23-24000-2007-00235-02 y 76001-23-31-000-2002-00941-01.9

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directa de actos administrativos de carácter particular, habida cuenta que revocó lo resuelto en la Resolución 149 de 2013 sin haber obtenido su consentimiento expreso, escrito y previo.

Finalmente, insistió en que el Tribunal no tuvo en cuenta que el Juzgado 4° Administrativo Oral de Medellín, mediante sentencia de 27 de septiembre de 2024, declaró la nulidad del artículo 345 del Acuerdo 056 de 2011, por los motivos expuestos en la solicitud de medida cautelar, circunstancia que evidencia su procede ncia en el presente proceso.

IV.2.- El Tribunal, mediante providencia de 12 de marzo de 2025, no repuso el auto recurrido y concedió la alzada.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con el numeral 5 del artículo 243 del CPACA

no repuso el auto recurrido y concedió la alzada.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con el numeral 5 del artículo 243 del CPACA modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021 4, el recurso de apelación procede en primera instancia contra el auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar. Comoquiera que en el

4 “Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.10

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presente caso el recurso interpuesto por la parte actora versa sobre la providencia por medio de la cual se denegó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, corresponde a la Sala conocer el presente re curso de apelación.

La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA5 se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza

CPACA5 se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos , mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere

5 El artículo 230 del CPACA señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, «una o varias de las siguientes» cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta « vulnerante o amenazante», cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o que se realice una obra o una demolición de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4); impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso o bligaciones de hacer o no hacer (numeral 5). Cuando la medida cautelar implique la adopción de un acto discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la Ley (parágrafo).11

Radicación número: 05001-23-33-000-2022-01287-01

Actora: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

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decretado la medida . Su finalidad, pues, es la de « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».6

Esta Corporación7 ha señalado que en el examen de procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, el juez efectúa el estudio de la presunta vulneración a través de la confrontación de las normas superiores invocadas, partiendo de las referencias conceptuales y argumentativas que se esgrimen en la solicitud de suspensión, las cuales constituyen el marco sobre el que debe resolverse dicho asunto. Asimismo, ha indicado que este examen es, en todo caso, un análisis inicial que no implica prejuzgamiento, como se explicó en la providencia de la Sala Plena de 17 de marzo de 2015, en los siguientes términos8:

«[…] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial , y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud . Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la

confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud . Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa . Y esa

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 13 de mayo de 2015, C.p. doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, número único de radicación 11001-03-26-000-2015-0002200. 7 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de febrero de 2016, Cp. Carlos Alberto Zambrano Barrera, número único de radicación 11001-03-26-000-2014-00101-00. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, Cp. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00.12

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valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye

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valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final […]». (Resaltado fuera del texto original).9

Requisitos de procedencia de la suspensión de los efectos del acto acusado.

A voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, «cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud». Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la lega lidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice así el citado artículo:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente

cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente

9 Ver también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 11 de marzo de 2014, C.p. Guillermo Vargas Ayala.13

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se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían

condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.» (Negrillas fuera del texto original).

Del texto normativo transcrito se desprenden los siguientes requisitos para la procedencia de la medida cautelar: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Cabe resaltar que, sobre el artículo en mención, la Sección Primera ha indicado que los requisitos establecidos para el decreto de toda medida cautelar consistentes en la verificación de los criterios (i)14

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fumus boni iuris , o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, se entienden implícitos cuando quiera que se demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas. Al respecto, en la providencia de 27 de mayo

mora, o perjuicio de la mora, se entienden implícitos cuando quiera que se demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas. Al respecto, en la providencia de 27 de mayo de 202110, la Sala indicó:

“[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda , porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “ fumus boni iuris ”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]”. (Negrillas fuera del texto original).

Caso concreto

En el presente asunto, la parte actora solicitó la suspensión provisional de los efectos del artículo 3º de la Resolución 1013 de 16 de septiembre de 2019; de los actos administrativos fictos producto del silencio administrativo negativo por no resolver los recursos de

10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 54001 -23-33de septiembre de 2019; de los actos administrativos fictos producto del silencio administrativo negativo por no resolver los recursos de

10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 54001 -23-33000-2018-00285-01, CP. Oswaldo Giraldo López.15

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reposición y , en subsidio , de apelación interpuestos contra la Resolución núm. 1013 de 2019; y de las resoluciones núms. 0256 de 28 de diciembre de 2021, 070 de 1o. de abril de 2022 y 0313 de 29 de abril de 2022, por estimar que trasgredían los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 388 de 1997, 97 del CPACA y 2.2.6.1.2.4.2, 2.2.6.1.2.1.2 y 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1319 de 1993, y que en el caso concreto debía inaplicarse por ilegal el artículo 345 del Acuerdo 056 de 2011.

El Tribunal, por auto de 26 de febrero de 2025 , denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados por considerar que de la revisión del escrito de medida cautelar no se

El Tribunal, por auto de 26 de febrero de 2025 , denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados por considerar que de la revisión del escrito de medida cautelar no se observaban los elementos suficientes que acreditaran que estos trasgredieran el ordenamiento jurídico.

Inconforme con lo anterior, la parte actora apela la decisión e insiste en que el Tribunal debió decretar la suspensión provisional de los efectos de los actos demandados por trasgredir lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 388 de 1997 y 97 del CPACA, toda vez que, a su juicio, el demandado carecía de competencia para establecer cesiones urbanísticas gratuitas en zonas rurales o suburbanas de su territorio y no adelantó el procedimiento de16

Radicación número: 05001-23-33-000-2022-01287-01

Actora: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular respecto de la Resolución 149 de 2013.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar si había lugar o no a decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del artículo 3º de la Resolución 1013 de 16 de septiembre de 2019 ; los actos administrativos fictos producto del silencio administrativo negativo por no resolver los recursos de reposición y, en subsidio, de

del artículo 3º de la Resolución 1013 de 16 de septiembre de 2019 ; los actos administrativos fictos producto del silencio administrativo negativo por no resolver los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación interpuestos contra la Resolución núm. 1013 de 2019 ; y las resoluciones núms. 0256 de 28 de diciembre de 2021, 070 de 1o. de abril de 2022 y 0313 de 29 de abril de 2022.

Sea lo primero advertir que el municipio, a través de la Resolución 1013 de 2019, modificó la licencia urbanística concedida mediante la Resolución 149 de 23 de abril de 2013 y respecto de las cesiones urbanísticas dispuso en el artículo 3° lo siguiente:

“RESOLUCIÓN 1013 16 SEP 2019

por la cual se expide modificación a la licencia urbanística vigente, Resolución 1198 del 28 de diciembre de 2015

La Secretaría de Planeación del Municipio de Rionegro Antioquia, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley 388 de 1997, Ley 1437 de 2011, Decreto Nacional 1077 de 2015, el Acuerdo 104 del 2000, 076 del 2003 y el 056 de 2011 y 002 de 2018, compilados en el decreto municipal 124 del 09 de abril de 2018 "Por medio del cual se compilan los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y el 002 de 2018 - Plan de17

Radicación número: 05001-23-33-000-2022-01287-01

Actora: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

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Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro", y

[…]

RESUELVE:

[…]

ARTÍCULO 3. Una vez en firme el presente acto administrativo, proceder con el acta de acuerdo de pago de la participación en Plusvalía y obligaciones urbanísticas, las cuales se liquidarán según Avalúos corporativos y su pago será acorde a convenio suscrito entre la Secretaria de Planeación, Secretaria de Hacienda y el titular del proyecto, con un plazo máximo de pago de 12 meses contados a partir de la fecha de su liquidación, y obligaciones urbanísticas, en los términos establecidos por la Secretaria de Planeación.

Estas obligaciones, serán con base en lo establecido en el Acuerdo 056 del 2011, norma que sirvió de base para la expedición de la licencia urbanística inicial, en su artículo 345, el cual establece:

Artículo 345. Obligaciones Urbanísticas para el Desarrollo de Usos Industriales, Comerciales y de Servicios en Suelo Suburbano. Los proyectos urbanísticos, que pretendan