CE - Auto interlocutorio 05001233300020230077501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00775-01 (70894)

Ejecutante: Claudia Patricia Arango García y otros

Ejecutado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – EjØrcito Nacional

Referencia: Ejecutivo

TEMAS: Recurso de apelación contra auto que decretó medida cautelar de embargo - excepciones a la inembargabilidad de los recursos pœblicos.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa – EjØrcito Nacional contra el auto del 10 de octubre de 2023, mediante el cu al el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó la medida cautelar de emba rgo y retención de los dineros que tenga o llegare a tener esa entidad e n las cuentas bancarias del banco BBVA.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 10 de agosto de 20231, María Esperanza Quiroz, Zeneida López Echeverri, Claudia Patricia Arango García, Lucely Rendón Betancur, Lisandro Antonio López Agudelo, Luz Marlene Rendón Rendón, Olga Elena López López, Mariluz Martínez Quintana, Adriana Rendón Rendón, Deicy Daviana López Martínez, Luz Damaris López Martínez, Norbey Alexis Montoya López, Tatiana Andrea Montoya López, Yamile Andrea López Rendón,

Rendón Rendón, Deicy Daviana López Martínez, Luz Damaris López Martínez, Norbey Alexis Montoya López, Tatiana Andrea Montoya López, Yamile Andrea López Rendón, Natali López Rendón, Verónica López Rendón; Gladis Elena Rendón Rendón, Aldemar Rendón Rendón, Deison Arley López Quiroz, Daniela López Quiroz, Yesenia Rend on López, Luz Nelly Montoya Mesa, Luz Mary Inelda Montoya Mesa, Yuly Marcela Montoya Mesa, Fabian De Jesœs Montoya Mesa, Aidibey De Jesœs Montoya Mesa y Jairo De Jesœs Montoya Mesa solicitaron la ejecución de la sentencia proferida p or la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 30 de septiembre de 2019, dentro del proceso de reparación directa con Radicado No. 05001-2331-0002005-00647-01 (44332), por medio de la cual se modificó la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 10 de febrero de 2 012, en la que declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – EjØrcito Nacional por los daæos ocasionados a los demandantes.

1 ˝ndice No. 1 en Samai – Tribunal Administrativo de Antioquia.Radicación: 05001-23-33-000-2023-00775-01 (70894)

Demandante: Claudia Patricia Arango García y otros

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En escrito separado, la parte ejecutante solicitó el decreto de una medi da cautelar, en los siguientes tØrminos:

“(…) medida cautelar de “embargo y retención de los dineros que tenga el EJECITO

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En escrito separado, la parte ejecutante solicitó el decreto de una medi da cautelar, en los siguientes tØrminos:

“(…) medida cautelar de “embargo y retención de los dineros que tenga el EJECITO NACIONAL (sic) con el NIT 800.130.635-4 (organismo que cuenta con autonomía administrativa, presupuestal y financiera), que tenga o llegare a tener, en las cuentas bancarias de los siguientes bancos: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, BANCO POPULAR, BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO DE BOGOT`, BANCO BBVA, BANCO CAJA SOCIAL BANCO DAVIVIEN DA, BANCO AV-VILLAS, BANCO COLPATRIA, que sean objeto de embargo, es decir, que no correspondan a ninguno de los recursos de que trata el artículo 594 del Cogido General del Proceso, aplicable a esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, por disposición del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, esto es, a los bienes, rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación y los recursos que estÆn destinados para la seguridad social, Para un total entre capital e intereses liquidados parcialmente desde la ejecutoria de la sentencia o sea el día 27 de noviembre de 2019 y hasta el 28-02-2023, para un total adeudado a la presentación de esta demanda ejecutiva conexa, entre capital e intereses moratorios, liquidados parcialmente como se explicó antes (demanda ejecutiva conexa), por la suma total

de MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

de esta demanda ejecutiva conexa, entre capital e intereses moratorios, liquidados parcialmente como se explicó antes (demanda ejecutiva conexa), por la suma total de MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. (1.312.244.298). M`S LOS INTERESES MORATORIOS QUE SE SIGAN CAUSANDO A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2023 Y HASTA QUE SE PAGUE EL TOTAL DE LA OBLIGACIÓN POR

PARTE DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS”.

Por auto del 19 de septiembre de 2023 2, el Tribunal Administrativo de Antioquia libró mandamiento de pago a favor de la parte ejecutante y contra la Nación – Ministerio de Defensa – EjØrcito Nacional.

2. Auto apelado

Mediante auto del 10 de octubre de 2023 3, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó el embargo y retención de los dineros que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – EjØrcito Nacional posee o llegare a tener en cuentas corriente o de ahorro en el banco BBVA Colombia, y limitó la medida a la suma de dos m il setenta y cuatro millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($2.074.927.449,60). Lo anterior, por cuanto el Tribunal consideró que la medida cautelar solicitada cumple con los requisitos previstos en los artículos 503, 594 y 599 del Código General del Proceso (en adelante CGP).

El Tribunal de primera instancia expuso que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la medida de embargo tambiØn resulta

del Código General del Proceso (en adelante CGP).

El Tribunal de primera instancia expuso que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la medida de embargo tambiØn resulta procedente sobre recursos inembargables, comoquiera que el principio d e inembargabilidad no es absoluto, sino que este tiene unas excepciones, como lo son: “(i) los crØditos u obligaciones de origen laboral, (ii) los crØditos derivados de l as sentencias judiciales, (iii) los crØditos provenientes de títulos emanados del Estad o que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles y (iv) los recursos de destinación

2 ˝ndice No. 6 en Samai – Tribunal Administrativo de Antioquia. 3 ˝ndice No. 11 en Samai - – Tribunal Administrativo de Antioquia.Radicación: 05001-23-33-000-2023-00775-01 (70894)

Demandante: Claudia Patricia Arango García y otros

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específica son embargables cuando los crØditos tienen como fuente algu na de las actividades para las cuales estaban destinados tales recursos”.

Asimismo, el a quo destacó que, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-053 de 2022, indicó que “ respecto de los recursos provenientes de las cotizaciones al SGSSS recaudados por las EPS, la jurisprudencia constitucional no ha introducido exc epción alguna a su inembargabilidad”; por consiguiente, el Tribunal determinó que “dado que la cuenta del BANCO DAVIVIENDA es inembargable, se advierte que la medida recaerÆ sobre estos recursos siempre que no se trate de recursos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

la cuenta del BANCO DAVIVIENDA es inembargable, se advierte que la medida recaerÆ sobre estos recursos siempre que no se trate de recursos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

Por œltimo, dispuso que, en atención a la facultad del juez para limitar las medidas a lo estrictamente necesario, “primero se expedirÆ y remitirÆ el oficio dirigido al BANCO BBVA COLOMBIA, a fin de evitar que el embargo sea superior al límite fijad o. Luego, de ser del caso a la entidad bancaria DAVIVIENDA S.A.”.

3. Apelación

El 17 de octubre de 2023, la parte ejecutada 4 interpuso recurso de apelación contra el auto que decretó la medida cautelar. Sostuvo que no conoce el mon to por el cual se pretende materializar el embargo decretado ni la cuenta específica sobre la cual se impuso.

Adicionalmente, sostuvo que “las rentas y recursos independientemente de la denominación del rubro presupuestal o de la cuenta bancaria en que se encuentran, hacen parte del presupuesto general de la Nación y gozan de la protección de inembargabilidad que indica el artículo 6 de la Ley OrgÆnica que regula lo relacionad o con el presupuesto general de la Nación ”. En ese orden de ideas, la ejecutada afirmó que la medida de embargo proferida por el tribunal de primera instancia de sconoce el artículo 6 de la Ley 179 de 1994 y el hecho de que los rubros sobre los q ue recae el embargo son necesarios para la ejecución de las labores de la entidad, lo cual vulnera el derecho fundamental al mínimo vital de las personas adscritas al Ministerio de Defensa y al EjØrcito Nacional.

embargo son necesarios para la ejecución de las labores de la entidad, lo cual vulnera el derecho fundamental al mínimo vital de las personas adscritas al Ministerio de Defensa y al EjØrcito Nacional.

En el mismo sentido, la ejecutada alegó que “no hay certeza de cuÆles son las cuentas sobre las que se decretó el embargo, y en ese sentido no existe información de cuÆles son las destinaciones presupuestales de las mismas, a saber si estÆn relacionadas con salud o regalías, esto no convierte los rubros allí consignados en capital embargable de la nación, Maxime (sic) si se considera que los mismos tienen como destinación especifica brindar una logística que soporte eficientemente la operaciones militares de control y vigilancia de aquellas zonas del país que soportan la infraestructura del sector energØtico, minero y de hidrocarburos, de cuyo funcionamiento eficiente depend e en gran medida el suministro y abastecimiento de energía, y agua a muchos de los departamentos del país, mismos que de manera directa influyen en la p restación de

4 ˝ndice No. 13 en Samai - Tribunal Administrativo de Antioquia.Radicación: 05001-23-33-000-2023-00775-01 (70894)

Demandante: Claudia Patricia Arango García y otros

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servicios pœblicos bÆsicos y esenciales que de manera directa o indirecta afectan evidentemente derechos fundamentales”.

Con fundamento en lo anterior, en el recurso de apelación la ejecutada so licitó que se revoque el auto impugnado y, en su lugar, se niegue la medida cautelar solicitada.

4. Actuaciones posteriores

Con fundamento en lo anterior, en el recurso de apelación la ejecutada so licitó que se revoque el auto impugnado y, en su lugar, se niegue la medida cautelar solicitada.

4. Actuaciones posteriores

Mediante auto del 30 de enero de 2024 5, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la pa rte ejecutada contra el auto del 10 de octubre de 2023.

El asunto fue repartido a la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación , motivo por el cual, mediante auto del 7 de noviembre de 2024, el despac ho del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez ordenó la remisión del expediente a e ste despacho, en aplicación del criterio de conexidad6.

El 11 de febrero de 2025 7, la parte ejecutante allegó sendos memoriales mediante los cuales precisó que no interpuso recurso de apelación contra el auto por el cua l el tribunal de primera instancia decretó la medida cautelar de embargo y rete nción, circunstancia que solicitó ser tenida en cuenta al resolver la alzada.

II. CONSIDERACIONES

La Sala seguirÆ el siguiente orden para resolver el recurso de apelación int erpuesto por la parte ejecutada: (1) normas aplicables, (2) procedencia y oportunidad del recurso de apelación, (3) competencia de la Sala para resolverlo, (4) problema jurídico y (5) resolución del caso concreto.

1. Normas aplicables

A este asunto le es aplicable la Ley 1437 de 2011 (CPACA), con las modificaciones que

resolución del caso concreto.

1. Normas aplicables

A este asunto le es aplicable la Ley 1437 de 2011 (CPACA), con las modificaciones que introdujo la Ley 2080 de 2021, de conformidad con su artículo 86 8, teniendo en cuenta

5 ˝ndice No. 28 en Samai - Tribunal Administrativo de Antioquia. 6 ˝ndice 5 en Samai. 7 ˝ndices Nos. 13 y 14 en Samai. 8 “Artículo 86. RØgimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzga dos y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarÆn respecto de las demandas que se presenten un aæo despuØs de publicada esta ley. Las nuevas reglas del dictamen peric ial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, e aplicarÆn a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decr etado pruebas. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los proces os y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la prÆctica de

procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los proces os y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la prÆctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, l os tØrminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estØn surtiendo, se regirÆn por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las prueb as, se iniciaron lasRadicación: 05001-23-33-000-2023-00775-01 (70894)

Demandante: Claudia Patricia Arango García y otros

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que la demanda y el recurso de apelación contra el auto que decretó la medida cautelar fueron presentados en vigencia de la referida normativa.

En los asuntos no regulados por el CPACA, resultan aplicables las disposicion es del CGP, por remisión del artículo 306 del primero de los estatutos mencionad os, y toda vez que la codificación procesal general entró a regir en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desde el 1° de enero de 20149.

2. La procedencia y la oportunidad del recurso

El artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 2 43 del CPACA, en el parÆgrafo 2° 10, dispuso que el recurso de apelación en el proceso ejecutivo es procedente y debe tramitarse conforme a las normas especiales que lo regula n; es decir, que debe darse aplicación a lo establecido en la Ley 1564 de 201 2 (CGP). Lo anterior implica que el recurso de apelación contra el auto que decretó la medida

decir, que debe darse aplicación a lo establecido en la Ley 1564 de 201 2 (CGP). Lo anterior implica que el recurso de apelación contra el auto que decretó la medida cautelar de embargo es procedente, de conformidad con lo dispuesto en e l numeral 8 del artículo 321 del CGP11.

En vista de que la providencia recurrida se notificó por estado del 11 de octub re de 202312, de conformidad con el artículo 32213 del CGP, el tØrmino del que disponían las partes para interponer y sustentar el recurso de apelación se extendía hasta el 17 del mismo mes y aæo 14, fecha en la cual fue presentado por la parte ejecutada15.

3. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el presente recurso, en virtud de los artículos 15016 y 12517, numeral 2, literal h) del CPACA, que respectivamente disponen que esta

audiencias o diligencias, empezaron a correr los tØrminos, se promovieron los inci dentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificaci ón del 25 de junio 2014, Radicado No. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299). 10 Norma que dispone: “En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederÆ y se tramitarÆ conforme a las normas espe ciales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberÆ sustentarse ante el juez de pr imera instancia dentro del término previsto para recurrir”. 11 “Artículo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten

regulan. En estos casos el recurso siempre deberÆ sustentarse ante el juez de pr imera instancia dentro del término previsto para recurrir”. 11 “Artículo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. TambiØn son apelables los siguientes autos proferidos en prime ra instancia: (…) 8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla”. 12 ˝ndice 12 en Samai - Tribunal Administrativo de Antioquia. 13 “Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrÆ de acuerdo con las siguientes reglas: […] La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia de berÆ interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado”. 14 El 14, 15 y 16 de octubre de 2023 fueron días inhÆbiles. 15 ˝ndice 13 en Samai - Tribunal Administrativo de Antioquia. 16 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y camb io de radicación [modificado por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerÆ en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictada s en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. TambiØn conocerÆ del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, segœn lo regulado en el artículo 245 de este código […]”.

impugnación. TambiØn conocerÆ del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, segœn lo regulado en el artículo 245 de este código […]”. 17 “Artículo 125. De la expedición de providencias. Artículo modificado por el artícul o 20 de la Ley 2080 de 2021. La expedición de las providencias judiciales se sujetarÆ a las siguientes r eglas:Radicación: 05001-23-33-000-2023-00775-01 (70894)

Demandante: Claudia Patricia Arango García y otros

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Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos, respecto de los cuales resulte procedente este medio de impugnación, y la Sala dictarÆ la providen cia que resuelva el recurso de apelación contra el auto que decrete una medida cautelar.

4. Problema jurídico

A la Sala le corresponde establecer si resulta procedente la medida cautelar de embargo y retención de las sumas de dinero depositadas en las cuenta s de ahorro y corriente de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – EjØrcito Nacional en los bancos BBVA y, eventualmente, en Davivienda.

5. Caso concreto

En primer lugar, de cara a los memoriales presentados por la parte actora el 11 de febrero de 2025, se observa que en la parte motiva del auto mediante el cual el tribunal de primera instancia concedió el recurso de apelación objeto de estudio, se incurrió en el error de indicarse, equivocadamente, que la ejecutante era la parte recurren te. Con todo, la Sala, de acuerdo con la parte resolutiva de aquella providencia y e l contenido

de primera instancia concedió el recurso de apelación objeto de estudio, se incurrió en el error de indicarse, equivocadamente, que la ejecutante era la parte recurren te. Con todo, la Sala, de acuerdo con la parte resolutiva de aquella providencia y e l contenido del escrito de impugnación, advirtió que la parte ejecutada fue quien inte rpuso el recurso de apelación contra el auto que decretó la medida cautelar, por lo que, no se encuentra que exista confusión al respecto, de ahí que esta Corporación se pronunciarÆ œnicamente sobre el recurso presentado por la entidad accionada.

En segundo lugar, frente al recurso de apelación que ocupa la atención de la Sala, la recurrente alegó que no tenía conocimiento sobre el monto del embargo decretado ni las cuentas sobre las que este recaía, dado que no conocía la totalidad d el auto recurrido; ademÆs, afirmó que “las rentas y recursos independientemente de la denominación del rubro presupuestal o de la cuenta bancaria en que se encuentran, hacen parte del presupuesto general de la Nación y gozan de la protección de inembargabilidad que indica el artículo 6 de la Ley OrgÆnica que regula lo relacionad o con el presupuesto general de la Nación”.

En lo que respecta al punto expuesto por la parte ejecutada relativo al con ocimiento parcial o incompleto del auto que decretó la medida cautelar, la Sala a dvierte que en su recurso de alzada tan solo afirmó no conocer en su totalidad el contenido d e la providencia, sin explicar en forma alguna tal aseveración ni exponer las razones de s u dicho; de igual forma, en la actuación desplegada por este extremo p rocesal tampoco

providencia, sin explicar en forma alguna tal aseveración ni exponer las razones de s u dicho; de igual forma, en la actuación desplegada por este extremo p rocesal tampoco se alegó la configuración de una posible nulidad por indebida notificación del auto que libró el mandamiento de pago ni del que decretó la medida cautelar, sino q ue œnicamente se adujo que esta recaía sobre recursos inembargables, lo cual implica una oposición a la providencia emitida por el tribunal de primera instancia, pero no la advertencia de vicios procesales.

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarÆn las sentencias y las siguie ntes providencias serÆ de sala: […] h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar.

En primera instancia esta decisión serÆ de ponente.Radicación: 05001-23-33-000-2023-00775-01 (70894)

Demandante: Claudia Patricia Arango García y otros

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De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que no se alegó la nulidad de lo actuado por indebida notificación y que se advierte que la parte ejecutada ha actuad o sin proponerla, en tanto solamente expresó los motivos de disenso contra el auto q ue decretó la medida cautelar de embargo, la Sala resolverÆ el recurso de apelación, ta l como fue concedido por el a quo, motivo por el cual se examinarÆ lo atinente a la naturaleza de los recursos que fueron objeto de la cautela decretada.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario indicar que el auto apelado dispuso:

PRIMERO: DECRETAR el embargo y retención de las sumas de dinero

naturaleza de los recursos que fueron objeto de la cautela decretada.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario indicar que el auto apelado dispuso:

PRIMERO: DECRETAR el embargo y retención de las sumas de dinero depositadas a favor de la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL con Nit 800.130-632-4 en cuentas corriente o de ahorro en el BANCO

BBVA COLOMBIA.

SEGUNDO: LIMITAR el embargo a la suma de DOS MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 2.074.927.449,60).

La mencionada determinación estuvo precedida del mandamiento de pago librado por el tribunal de primera instancia, con fundamento en los documentos que reposaban en el proceso de reparación directa, dado que se trata de un proceso ejecutivo a continuación, de ahí que, cualquier inconformidad del extremo ejecutado debía ser manifestada a travØs de los recursos procedentes o, en el evento de no ha ber sido notificado en debida forma, poner en conocimiento dicha situación, a travØ s de la solicitud de nulidad, lo cual no ocurrió.

Precisado lo anterior, en lo que respecta a la regla de inembargabilidad de los recursos pœblicos y sus excepciones, es menester comenzar precisando que la regla gen eral adoptada por el legislador es la de inembargabilidad de los recursos pœblicos, tal como lo regula el Decreto 111 de 1996 (Estatuto OrgÆnico de Presupuesto), en los siguien tes tØrminos:

“Artículo 19. Inembargabilidad. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Son

lo regula el Decreto 111 de 1996 (Estatuto OrgÆnico de Presupuesto), en los siguien tes tØrminos:

“Artículo 19. Inembargabilidad. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberÆn adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarÆn en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.

Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4 del título XII de la Constitución Política.

Los funcionarios judiciales se abstendrÆn de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta (Ley 38/89, artículo 16, Ley 179/94, artículos 6o., 55, inciso 3o.)”.

Posteriormente, en el artículo 594 del CGP, se estableció una lista de biene s inembargables:Radicación: 05001-23-33-000-2023-00775-01 (70894)

Demandante: Claudia Patricia Arango García y otros

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“Artículo 594. Bienes inembargables. AdemÆs de los bienes inembargables seæalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrÆn embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la

seæalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrÆn embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

2. Los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crØdito, en el monto seæalado por la autoridad competente, salvo para el pago de crØdit os alimentarios.

3. Los bienes de uso pœblico y los destinados a un servicio pœblico cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.

Cuando el servicio pœblico lo presten particulares, podrÆn embargarse los bienes destinados a Øl, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicarÆ como el de empresas industriales.

4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas.

5. Las sumas que para la construcción de obras pœblicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de derecho pœblico a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

6. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes

mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

6. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes respectivas. La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados.

7. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios.

8. Los uniformes y equipos de los militares.

9. Los terrenos o lugares utilizados como cementerios o enterramientos. 10. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho pœblico interno con el Estado colombiano.

11. El televisor, el radio, el computador personal o el equipo que haga sus veces, y los elementos indispensables para la comunicación personal, los utensilios de cocina, la nevera y los demÆs muebles necesarios para la subsistencia del afectado y de su familia, o para el trabajo individual, salvo que se trate del cobro del crØdito otorgado para la adquisición del respectivo bien. Se exceptœan los bienes suntuarios de alto valor.

12. El combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la persona contra quien se decretó el secuestro y de su familia durante un (1) mes, a crit erio del juez.

13. Los derechos personalísimos e intransferibles.

14. Los derechos de uso y habitación.

15. Las mercancías incorporadas en un título-valor que las represente, a menos que la medida comprenda la aprehensión del título.

del juez.

13. Los derechos personalísimos e intransferibles.

14. Los derechos de uso y habitación.

15. Las mercancías incorporadas en un título-valor que las represente, a menos que la medida comprenda la aprehensión del título.

16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.

PAR`GRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrÆn de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carÆcter de inembargable, deberÆn invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia (…)”.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el parÆgrafo 2° del artículo 195 del CPACA dispone expresamente que “el monto asignado para sentencias y conciliaciones no seRadicación: 05001-23-33-000-2023-00775-01 (70894)

Demandante: Claudia Patricia Arango García y otros

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puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serÆn inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias”.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que el principio de inembargabilidad de los