CE - Auto interlocutorio 05001233300020230113701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001-23-33-000-2023-01137-01 (1519-2025)

Demandante: Diuvany Francisco Hernández Vélez

Demandado: Empresa Social del Estado Metrosalud1

Tema: Saneamiento del proceso

__________________________________________________________________ Procede el despacho a adoptar las medidas necesarias para sanear el proceso de la referencia, en atención a lo dispuesto por el a quo en el auto del 12 de mayo de 2025, por medio del cual negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional.

1. Antecedentes 1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. Diuvany Francisco Hernández Vélez presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo2 en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: 1.1. Auto 26 del 7 de marzo de 2023 expedido por el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario-Juzgamiento de la ESE Metrosalud, mediante el cual declaró responsable de las conductas investigadas [tipo penal de falsedad ideológica en documento público por aplicación del artículo 65 del CGD] a Diuvany Francisco

Interno Disciplinario-Juzgamiento de la ESE Metrosalud, mediante el cual declaró responsable de las conductas investigadas [tipo penal de falsedad ideológica en documento público por aplicación del artículo 65 del CGD] a Diuvany Francisco Hernández Vélez e impuso la sanción de destitución e inhabilidad genera l por el término de 5 años. 1.2. Resolución 9911 del 5 de junio de 2023 , proferida por la gerente de la ESE Metrosalud, por medio de la cual se confirmó el auto 26 del 7 de marzo de 2023.

1 En adelante ESE Metrosalud. 2 En adelante CPACA.2

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01137-01 (1519-2025) Demandante: Diuvany Francisco Hernández Vélez 1.3. Resolución 10101 del 30 de junio de 2023 , emitida por la gerente de la ESE Metrosalud, a través de la cual se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta por la

Oficina de Control Interno Disciplinario -Juzgamiento a Diuvany Francisco Hernández Vélez.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) el levantamiento de la inhabilidad para ejercer cargos públicos, (ii) el reintegro, sin solución de continuidad, al cargo

de carrera administrativa que ocupaba, (iii) la condena a la entidad demandada al pago de los salarios, prestaciones sociales, incrementos salariales, seguridad social

para ejercer cargos públicos, (ii) el reintegro, sin solución de continuidad, al cargo de carrera administrativa que ocupaba, (iii) la condena a la entidad demandada al pago de los salarios, prestaciones sociales, incrementos salariales, seguridad social y todos los conceptos dejados de percibir desde la desvinculación y hasta la reincorporación, (iv) la co ndena a la entidad demandada al pago de daño emergente, moral y al buen nombre, así como de 50 salarios mínimos legales mensuales para cada miembro del núcleo familiar por daño moral, (v) la orden a la Procuraduría General de la Nación de la eliminación de la anotación de la sanción disciplinaria y (vi) la condena en costas y agencias de derecho «si a ello hubiera lugar». 1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes narrados en la demanda fueron:

3.1. El demandante prestó sus servicios como empleado de carrera administrativa en el cargo de médico general – tiempo completo de la ESE Metrosalud desde el 4 de febrero de 2013. 3.2. Por medio de un memorando del 28 de febrero de 2022, Valentina Sosa Carvajal, directora de la UPSS Castilla, informó al jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre las «[p]resuntas irregularidades », relacionadas con la expedición de incapacidades sin la existencia de historia clínica. 3.3. La Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad demandada emitió un auto de apertura de investigación disciplinaria el 22 de marzo de 2022 en contra de Juan Carlos Estrada Gonzalez y Diuvany Francisco Hernández Vélez.

3.3. La Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad demandada emitió un auto de apertura de investigación disciplinaria el 22 de marzo de 2022 en contra de Juan Carlos Estrada Gonzalez y Diuvany Francisco Hernández Vélez. 3.4. El 20 de septiembre de 2022 se amplió el término de la investigación disciplinaria por 6 meses. 3.5. El demandante rindió versión libre el 17 de noviembre de 2022 de forma virtual. 3.6. En auto del 11 de noviembre de 2022, la Oficina de Control Interno Disciplinario informó los beneficios de la confesión a Juan Carlos Estrada Gonzalez y Diuvany Francisco Hernández Vélez , en consecuencia, los apoderados de ambos sujetos solicitaron la fijación de fecha para esa diligencia.3

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01137-01 (1519-2025) Demandante: Diuvany Francisco Hernández Vélez 3.7. A través de auto del 29 de noviembre de 2022 , la Oficina de Control Interno Disciplinario decretó el oficio a la Universidad Remington para que remitiera la totalidad de las incapacidades presentadas por Daniel Hernández Arango y en especial las generadas en la «UH CASTILLA». 3.8. La diligencia de confesión fue llevada a cabo el 23 de enero de 2023. 3.9. Mediante el auto del 30 de enero de 2023, la Oficina de Control Interno Disciplinario profirió acta de cargos por confesión en contra del demandante, pues

3.9. Mediante el auto del 30 de enero de 2023, la Oficina de Control Interno Disciplinario profirió acta de cargos por confesión en contra del demandante, pues estimó provisionalmente que este había incurrido a título de dolo en la falta gravísima del artículo 65 del Código General Disciplinario 3, al haber desplegado la conducta del delito de falsedad ideológica de documento público , previsto en el artículo 286 del Código Penal4. 3.10. En el auto 26 del 7 de marzo de 2023, la Oficina de Control Interno Disciplinario sancionó disciplinariamente al demandante con destitución e inhabilidad general por 5 años. 3.11. El demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia. 3.12. La gerente de la ESE Metrosalud confirmó la sanción a través de la Resolución 9911 del 5 de junio de 2023. 3.13. La sanción se ejecutó mediante la resolución 10101 del 30 de junio de 2023 proferida por la gerente de la ESE Metrosalud . La notificación de este acto fue remitida por la Dirección de Talento Humano de la ESE Metrosalud por correo electrónico al demandante el 7 de julio de 2023. 3.14. El 10 de julio de 2023 , «una secretaria de la Talento Humano de la E.S.E. Metrosalud, envió a direccioncastilla@metrosalud.gov.co, con copia a secretariacastilla@metrosalud.gov.co, el siguiente mensaje: “Buenas tardes para todos, Remito para su conocimiento y fines pertinente la Resolución10101 del 30 de junio de 2023

secretariacastilla@metrosalud.gov.co, el siguiente mensaje: “Buenas tardes para todos, Remito para su conocimiento y fines pertinente la Resolución10101 del 30 de junio de 2023 “[p]or medio del cual se hace efectiva una sanción disciplinaria” Destitución e Inhabilidad General por el término de años [a] […] Diuvany Francisco Hernández Vélez. Medico […] TC a partir del 08 de julio de 2023. […]”». En idéntica fecha, «la secretaria de la UPSS Castilla remitió al correo del [demandante] el siguiente mensaje: “Buenas tardes Se envía notificación, para su conocimiento y fines pertinentes.”». 3.15. El demandante estuvo incapacitado desde el 30 de junio hasta el 29 de julio de 2023.

3 En adelante CGD. 4 En adelante CP.4

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01137-01 (1519-2025) Demandante: Diuvany Francisco Hernández Vélez 3.16. El último pago al demandante fue realizado el 15 de julio de 2023 por $1.091.026. 1.1.3. Concepto de la violación

4. Como concepto de la violación, sostuvo lo siguiente: 4.1. La Oficina de Control Interno Disciplinario desconoció el derecho a l debido proceso del demandante, en tanto lo vinculó directamente a la investigación disciplinaria sin que en el informe de «Presuntas irregularidades» se hubiera indicado

4.1. La Oficina de Control Interno Disciplinario desconoció el derecho a l debido proceso del demandante, en tanto lo vinculó directamente a la investigación disciplinaria sin que en el informe de «Presuntas irregularidades» se hubiera indicado la cédula del demandante, así que este dato fue obtenido fuera de la etapa de indagación preliminar que tenía la finalidad [entre otras] de identificarlo. 4.2. En el auto de apertura de la investigación disciplinaria se indicó la posible comisión de una falta disciplinaria del demandante y otros « […] al presuntamente generar incapacidades medicas […] sin respaldo de una historia clínica en el sistema de la E.S.E. Metrosalud […] », sin embargo, esa afirmación no era cierta, porque en el informe aportado a la Oficina de Control Interno Disciplinario no se relacionó al demandante con la conducta tra nscrita. De modo que, se incurrió en falsa motivación. 4.3. Tanto en la versión libre como en la diligencia de « confesión y aceptación de responsabilidad», el demandante se refirió a la conducta indicada en el informe y por la que creyó que se había investigado, es decir, que le pidió a Juan Carlos Estrada Gonzalez [el otro investigado] «que le apoyara, que le colaborara firmándole una incapacidad para su hijo que estaba enfermo y no había podido ir a la universidad». 4.4. En la versión libre existió un prejuzgamiento de l investigador, en tanto le preguntó al demandante «¿[u]sted ha hablado con su abogado frente a la gravedad del asunto?», por lo que se vulneró el principio de presunción de inocencia. 4.5. No se aclaró al demandante que se le investigaba por la expedición de una

asunto?», por lo que se vulneró el principio de presunción de inocencia. 4.5. No se aclaró al demandante que se le investigaba por la expedición de una incapacidad para su hijo sin respaldo en la historia clínica de la ESE Metrosalud y esta omisión condujo a que le impidiera al demandante el ejercicio su derecho de defensa y contradicción. Esto también impidió que el demandante expresara si había emitido una incapacidad para su hijo sin respaldo en una historia clínica. De hecho, en la diligencia de confesión el instructor indicó que : «[era] necesario que se les aclar [ara] cuáles [eran] los cargos por los que est [aban] siendo investigados », no obstante, no le señaló al demandante la incapacidad que emitió, ni la fecha ni manera. 4.6. Existió una aplicación irregular del artículo 162 del CGD, porque en la diligencia de confesión se confundió al demandante al indicarle que se trataba de una «confesión y aceptación de responsabilidad» e incluso se le señaló que los beneficios de la confesión solo operaban «si al momento de instalar la audiencia el investigado5

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01137-01 (1519-2025) Demandante: Diuvany Francisco Hernández Vélez aceptaba la responsabilidad atribuida en el auto de citación a audiencia o formulación de cargos», sin embargo, el proceso se encontraba en fase de investigación, por lo que no se habían formulado cargos, así que solo se podían confesar los hechos.

aceptaba la responsabilidad atribuida en el auto de citación a audiencia o formulación de cargos», sin embargo, el proceso se encontraba en fase de investigación, por lo que no se habían formulado cargos, así que solo se podían confesar los hechos. 4.7. En la diligencia de confesión, la autoridad disciplinaria improvisó «un “cargo”», toda vez que estos no se formulaban verbalmente, como tampoco era el momento ni la tipicidad adecuada. Lo que le correspondía la autoridad era indicarle al demandante «la conducta concreta». 4.8. El acta equivalente al auto de cargos se emitió luego de la diligencia de «confesión y aceptación de responsabilidad », por lo cual « no podía tratarse de la aceptación de la resposabilidad imputada en el auto de cargo, aún no había formulado cargos» [sic]. 4.9. En la diligencia de confesión, no se informó a los disciplinados sobre el tipo de la falta prevista en el artículo 65 del CGD ni si esta era gravísima, grave o leve, como tampoco la sanción para esta , lo cual fue lesivo para el demandante, pues esta falta se catalogaba como gravísima con sanción de destitución e inhabilidad general de mínimo 8 años. 4.10. El artículo 65 del CGD no resultaba aplicable , porque en materia sustantiva debía aplicarse la Ley 734 del 2002, de conformidad con el artículo 263 del CGD. 4.11. En el acta equivalente al auto de cargos, se señaló que « [l]a diligencia de confesión y aceptación de responsabilidad se llevó a cabo de manera virtual, en esta se les puso de presente a los investigados y sus apoderados los cargos que se les endilgarían por parte de este despacho y las consecuencias de los mismos […]»

confesión y aceptación de responsabilidad se llevó a cabo de manera virtual, en esta se les puso de presente a los investigados y sus apoderados los cargos que se les endilgarían por parte de este despacho y las consecuencias de los mismos […]» [destacado de la parte] , sin embargo, esto no era cierto, porque la autoridad disciplinaria «nunca les comunicó a los disciplinados sobre ese asunto». 4.12. La autoridad disciplinara vulneró el derecho de defensa y el principio de igualdad al considerar la conducta como el tipo disciplinario del artículo 65 de CGD, pues este no estaba vigente para el momento de los hechos, es decir, el 5 de agosto de 2021. 4.13. La autoridad disciplinara señaló que el demandante «consignó información falsa en incapacidades a nombre de su hijo!!! » [sic]; sin embargo , no se explicó el tipo de información falsa , tampoco el momento , la manera ni incapacidades en que se demostró esa falsedad. De hecho, el demandante no confesó esa conducta. 4.14. La aludida acta fue expedida con falsa motivación, porque desconoció que el actor «no hizo ninguna confesión de la conducta que él -el instructortenía en mente, y tampoco reconoció haber incurrido en falsedad alguna». 4.15. Se vulneraron las formas propias del juicio, pues el demandante «no confesó la conducta que el disciplinador tenía solo en su mente y negó haber incurrido en una6

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01137-01 (1519-2025)

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01137-01 (1519-2025) Demandante: Diuvany Francisco Hernández Vélez falsedad» en atención a esto , la autoridad disciplinaria debió haber dictado el auto de cierre de investigación y traslado, posteriormente la formulación de cargos. 4.16. En el acta, no se describió ni determinó la conducta de acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 223 del CGD , pues no se indic aron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que « supuestamente» incurrió la conducta del demandante, en consecuencia, se le impidió el ejercicio de su derecho de defensa y de contradicción. 4.17. En el acápite «N[ormas presuntamente violadas] » d el acta, l a autoridad disciplinaria no destacó que la conducta fuera cometida en razón, con ocasión , abuso o como consecuencia de la función o el cargo ; lo cual condujo a una vulneración de los principios de legalidad y tipicidad e impidió el ejercicio del derecho de defensa y de contradicción al demandante. 4.18. En el acápite «Ilicitud sustancial» del acta, no se señaló la afectación sustancial al deber funcional del cargo del demandante « generada con el hecho de haber solicitado a su colega que le firmara una incapacidad para su hijo». 4.19. La autoridad disciplinaria agregó el elemento de antijuricidad formal al análisis de los componentes que estructuraban la falta disciplinaria. 4.20. De acuerdo con lo señalado e n el acta sobre el elemento de culpabilidad se infirió que la conducta por la que fue investigado el demandante fue «el haber

de los componentes que estructuraban la falta disciplinaria. 4.20. De acuerdo con lo señalado e n el acta sobre el elemento de culpabilidad se infirió que la conducta por la que fue investigado el demandante fue «el haber solicitado a sus colegas el favor de firmar incapacidades para su hijo». 4.21. Se vulneró el principio de legalidad, en tanto se aplicó el artículo 28 del CGD para la definición del dolo , toda vez que era una norma sustantiva que no correspondía a una actuación disciplinaria tramitada por hechos anteriores a la entrada en vigencia de ese código. 4.22. La autoridad disciplinaria vulneró el principio de culpabilidad, porque acudió al artículo 28 del CGD para la calificación de la conducta como dolosa, sin embargo, esta norma no aplicaba para hechos anteriores a su entrada en vigencia. 4.23. La autoridad disciplinaria indicó que «la gravedad de la conducta desplegada y la modalidad de la misma no admit[ía] una razón diferente que la del dolo», no obstante, no le correspondía el análisis del conocimiento y voluntad , por lo que se vulneró el principio de culpabilidad, derivado del derecho al debido proceso. Además, el artículo 65 del CGD no estableció que la conducta «relevante en sede disciplinaria tuviera que haberse cometido con dolo […] el tipo penal, que contenga los elementos descriptivos que coincidan con la conducta relevante disciplinariamente, es el que debe estar previsto en el Código Penal a título de DOLO, para que pueda complementar este tipo en blanco -artículo 65».7

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en blanco -artículo 65».7

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01137-01 (1519-2025) Demandante: Diuvany Francisco Hernández Vélez 4.24. En el auto 26-2023 [fallo disciplinario de primera instancia] se estimó que el actor expidió una incapacidad a Daniel Hernández Arango el 5 de agosto de 2021, no obstante, esta no fue una conducta «objeto de informe» ni mencionada en el auto de apertura. Adicionalmente, no era cierta, porque el demandante había atendido a su hijo [Daniel Hernández Arango] en la UH Castilla. 4.25. En atención a lo anterior , se debió declarar la nulidad de la actuación disciplinaria con fundamento en los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002. 4.26. La Resolución 9911 del 5 de junio de 2023, fue expedida con omisión de «las anomalías presentadas tanto en la instrucción como en el juzgamiento », por lo que se vulneró el debido proceso del demandante. 4.27. Las decisiones de primera y segunda instancia incurrieron en desviación de poder al desconocer las «manifiestas irregularidades » cometidas por la autoridad disciplinaria en la fase de investigación. 4.28. La Resolución 10101 del 30 de junio de 2023 fue notificada de manera irregular al no haber sido autorizada la notificación electrónica por el demandante, en consecuencia, debía entenderse que aún no había sido notificado.

4.28. La Resolución 10101 del 30 de junio de 2023 fue notificada de manera irregular al no haber sido autorizada la notificación electrónica por el demandante, en consecuencia, debía entenderse que aún no había sido notificado. 1.2. Solicitud de medida cautelar

5. El demandante solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los actos administrativos demandados con fundamento en lo siguiente: 5.1. La edad del actor [58 años] dificultó la obtención de una vinculación laboral. 5.2. La sanción disciplinaria impidió el acceso del demandante a un cargo público y a un empleo en el sector privado, porque en los actos acusados tuvo un «tratamiento de “delincuente”». Además, en el mencionado sector le solicitaron el certificado de antecedentes disciplinarios, el cual registra la anotación disciplinaria. 5.3. La desvinculación del actor afectó su capacidad para cubrir los gastos de su hogar. 5.4. El medio de control de nulidad y restablecimiento «demora[ba] un tiempo considerable», por lo que la suspensión provisional solicitada permitiría el regreso del demandante al cargo que desempeñaba y el pago de los gastos de su hogar. 5.5. La aplicación del artículo 65 del CGD no era procedente, comoquiera que no se encontraba vigente cuando tuvo lugar la conducta , además, el comportamiento descrito en el «el informe génesis de la actuación disciplinaria» y por el instructor en el acta de cargos no se enmarcaba en e l tipo penal de falsedad ideológica en documento público, previsto en el artículo 286 del CP.8

acta de cargos no se enmarcaba en e l tipo penal de falsedad ideológica en documento público, previsto en el artículo 286 del CP.8

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01137-01 (1519-2025) Demandante: Diuvany Francisco Hernández Vélez 5.6. La autoridad disciplinaria no señaló la información falsa registrada en la incapacidad ni «en qué consistió esa falsedad». 5.7. Los actos sancionatorios eran « manifiestamente inconstitucionales e ilegales», de acuerdo con las razones expresadas a «lo largo de este líbelo [demanda]» y la solicitud de suspensión provisional. 5.8. La notificación del acto de ejecución de la sanción no fue realizada en debida forma. 1.3. Traslado de la medida cautelar

6. El a quo admitió la demanda de la referencia el 23 de noviembre de 2023 5; en consecuencia, dispuso que se surtieran las notificaciones de ley.

7. En providencia de igual fecha6, se corrió traslado de la medida cautelar a la parte demandada para que en el término de 5 días se pronunciara al respecto , de conformidad con lo previsto en el artículo 233 del CPACA.

8. El auto de traslado de la medida cautelar se notificó por correo electrónico el 30 de noviembre de 2023 a la entidad demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1.4. Oposición a la medida cautelar

de noviembre de 2023 a la entidad demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1.4. Oposición a la medida cautelar

9. El 7 de diciembre de 20237, la ESE Metrosalud se opuso al decreto de la medida cautelar por las siguientes razones: 9.1. El artículo 230 del CPACA n o previó la medida cautelar solicitada por el demandante. 9.2. El artículo 65 del CGD se encontraba vigente cuando se inició la investigación disciplinaria. 9.3. La autoridad disciplinaria realizó el estudio de tipicidad, el cual se encontraba en la parte motiva del Auto 026-2023. 9.4. La parte demandante no acreditó un perjuicio irremediable derivado de la negación de la medida cautelar.

5 Samai Tribunales, índice 8. 6 Samai Tribunales, índice 9. 7 Samai Tribunales, índice 13.9

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01137-01 (1519-2025) Demandante: Diuvany Francisco Hernández Vélez 9.5. Los egresos del hogar del actor podían «ser atendidos por su esposa , quien conform[e] a la información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados BDUA, se encuentra[ba] afiliada al régimen contributivo en la condición de cotizante» [sic]. 9.6. La dificultad para el acceso a una vinculación laboral en el sector privado

encuentra[ba] afiliada al régimen contributivo en la condición de cotizante» [sic]. 9.6. La dificultad para el acceso a una vinculación laboral en el sector privado correspondió a una «mera especulación que hace la parte demandante». 1.5. Memorial del 3 de julio de 20248

10. En el memorial allegado por el demandante el 3 de julio de 2024 , se reiteró la solicitud de medida cautelar con motivo en la falta de vinculación laboral en el sector privado debido a los antecedentes disciplinarios. 1.6. Auto que negó la medida cautelar9

11. En auto del 12 de mayo de 2025 , el a quo negó la medida cautelar con fundamento en que: 11.1. El acápite de la medida cautelar no se alegaron las normas infringidas ni se solicitó la remisión a los argumentos de la demanda. 11.2. En la solicitud de medida cautelar no se podían tener en cuenta los cargos de nulidad señalados en la demanda, a menos que ello fuera solicitado por demandante, en virtud del principio de justicia rogada. 11.3. No se evidenció que los actos demandados vulneraran el ordenamiento jurídico. 11.4. La dificultad del actor para vincularse a un nuevo empleo y para el pago de los gatos personales y familiares no constituían un argumento objetivo para confrontar los actos demandados con las normas superiores. 11.5. De acuerdo con el artículo 231 del CPACA, no constituía un requisito para el decreto de la suspensión provisional, el análisis de las «consecuencias jurídicas y/o fácticas de las decisiones contenidas en los actos administrativos». 11.6. El actor no cumplió con la carga probatoria y argumentativa que permitiera

decreto de la suspensión provisional, el análisis de las «consecuencias jurídicas y/o fácticas de las decisiones contenidas en los actos administrativos». 11.6. El actor no cumplió con la carga probatoria y argumentativa que permitiera advertir al a quo que los actos acusados fueron emitidos con vulneración de las normas superiores alegadas o mediante una actuación arbitraria. 1.7. Recurso de apelación

8 Samai Tribunales, índice 16. 9 Samai Tribunales, índice 18.10

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01137-01 (1519-2025)

Demandante: Diuvany Francisco Hernández Vélez

12. El demandante interpuso recurso de apelación contra el auto que negó la medida cautelar con base en que: 12.1. Los actos censurados fueron expedidos con omisión del derecho al debido proceso, lo cual condujo a la vulneración de los principios de legalidad, formas propias, defensa, contradicción y presunción de inocencia, previstos en el artículo 29 de la Constitución Política. 12.2. Adicionalmente, los aludidos actos desconocieron los artículos «128, 143, 150 y 152 de la Ley 734 de 2002 y 263 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021; así como la aplicación irregular del artículo 162 ídem». 12.3. En la demanda y la solicitud de medida cautelar se indicó que los actos fueron

2021; así como la aplicación irregular del artículo 162 ídem». 12.3. En la demanda y la solicitud de medida cautelar se indicó que los actos fueron emitidos con falsa motivación y desviación de poder, lo cual fue sustentado. 12.4. En la providencia recurrida se indicó que la solicitud de suspensión provisional se fundamentó en el desconocimiento de los principios de buena fe y moralidad [entre otros], no obstante, estos no fueron alegados por el demandante. 12.5. El a quo realizó una cita de un proveído del Consejo de Estado dictado en el radicado 110010324000020160029500, sin embargo, no indicó el motivo para la trascripción ni de la contradicción con la solicitud de medida cautelar. 12.6. Los fundamentos fácticos y jurídicos de la petición de suspensión provisional fueron desarrollados a lo largo de la demanda y especial mente en el acápite « V.

FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN: SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS DEMANDADOS» [sic]. Además, en este apartado el demandante remitió a los elementos fácticos y jurídicos de la demanda. 12.7. En la demanda se relacionaron 25 hechos y enlistaron los derechos y principios vulnerados. Asimismo, se alegó el desconocimiento de «preceptos» de las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019. 12.8. El demandante no dejó en el a quo la carga de contrastar los actos demandados con el ordenamiento jurídico y las providencias que existieran sobre el tema, porque este expresó lo argumentos fácticos y jurídicos para el decreto de la medida cautelar, así como para la nulidad de los actos acusados.

demandados con el ordenamiento jurídico y las providencias que existieran sobre el tema, porque este expresó lo argumentos fácticos y jurídicos para el decreto de la medida cautelar, así como para la nulidad de los actos acusados. 12.9. El inconveniente del actor para la obtención de una nueva vinculación laboral y el pago de los gastos personales y familiares no constituía una suposición o especulación sino « una realidad », lo cual fue acreditado mediante el memorial aportado el 3 de julio de 2024. 12.10. La sanción disciplinaria y su ejecución «fueron el producto de un desarrollo totalmente irregular de la actuación disciplinaria, por ende, sus efectos no tiene porque11

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01137-01 (1519-2025) Demandante: Diuvany Francisco Hernández Vélez soportarlos el [demandante], quien no ha podido vincularse laboralmente ni suscribir un contrato de prestación de servicios en el sector privado» [sic]. 12.11. El demandante brindó al a quo los elementos necesarios para el decreto de la medida cautelar al evidenciarse el desconocimiento de derechos y principios que integraron el debido proceso. 12.12. La providencia recurrida no contrastó los argumentos del demandante , por consiguiente, no p udo concluir que existió un incumplimiento de los requisitos legales para el decreto de la suspensión provisiona l o que la solicitud careció de fundamento o era una «falacia» o faltó la vulneración de las normas superiores

consiguiente, no p udo concluir que existió un incumplimiento de los requisitos legales para el decreto de la suspensión provisiona l o que la solicitud careció de fundamento o era una «fa