CE - Auto interlocutorio 05001233300020240046701 de 2025

Radicado: 05001-23-33-000-2024-00467-00 (73404)

Demandante: Maria Clara Salinas Álzate

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION C

Consejero ponente: NICOLAS YEPES CORRALES

Bogotá D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Radicación: 05001-23-33-000-2024-00467-00 (73404) Medio de control: Reparación directa

Demandante: María Clara Salinas Álzate

Demandada: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

(Corantioquia) y el municipio de San Jerónimo Antioquia Asunto: Apelación de auto (CPACA - Ley 2080 de 2021) Resuelve apelación en contra de la denegatoria de pruebas en primera instancia El despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la decisión del 5 de agosto de 2025, adoptada en audiencia inicial, mediante la cual la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia negó el decreto de un dictamen pericial solicitado en el trámite de primera instancia.

|. ANTECEDENTES

1. El trámite procesal y las solicitudes probatorias negadas El 11 de marzo de 20241, la señora María Clara Salinas Álzate, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -en adelante Corantioquiay el municipio de San Jerónimo - Antioquia, con el objeto de que se les declarara administrativamente responsables por los

reparación directa en contra de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -en adelante Corantioquiay el municipio de San Jerónimo - Antioquia, con el objeto de que se les declarara administrativamente responsables por los supuestos daños ocásionados en los predios de propiedad de la demandante en el municipio referido, los cuales según el escrito inicial, surgieron como consecuencia de las omisiones en las funciones de control y vigilancia ambiental sobre la ocupación ilegal de terceros en el cauce de la “Quebrada la Grande” en la vereda El Rincón. ‘ Índice No. 2 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia.Radicado: 05001-23-33-000-2024-00467-00 (73404) Demandante: Maria Clara Salinas Alzate Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicitó condenar a las entidades demandadas a pagarle en la modalidad de perjuicios materiales la suma de $ 3.307'.991.219, discriminados de la siguiente manera: i) $1.215'.000.000 en la modalidad de lucro cesante, ii) $ 12'.000.000 por los gastos en que incurrió la demandante; iii) $1.304’.284.716 por el avalúo comercial del inmueble denominado “Aures” e identificado con matrícula inmobiliaria No. 029001795 y $ 776'.706.503 por el avalúo de los inmuebles denominados “Tote X y lote 69”. A su vez, la parte actora solicitó tener como pruebas, entre otras, las siguientes: “PERITOS EXPERTOS: ' Ruego al señor Juez citar y hacer comparecer a los peritos JAIME ISAZA JIMÉNEZ

A su vez, la parte actora solicitó tener como pruebas, entre otras, las siguientes: “PERITOS EXPERTOS: ' Ruego al señor Juez citar y hacer comparecer a los peritos JAIME ISAZA JIMÉNEZ identificado con c.c. 70.041.921 y portador de la tarjeta profesional No. 0570016965, quien realizó análisis del proyecto que posiblemente se pudo desarrollar en los predios de la demandante, y a su vez la determinación del lucro cesante que dejó de percibir porlos daños ambientales y perjuicios ocasionados al inmueble objeto de esta demanda. En igual sentido citese al señor JOSE ALEJANDRO PARRA SALAZAR identificado con C.C. 8.473.168 y con registro de avaluador No. AVA8473168, quien realizó avalúo actualizado del predio objeto de la demanda. Ruego citar en iguales condiciones a la INGENIERA GEOLOGA MARIA ISABEL MESA SANCHEZ portadora de la MP 0523314684, quien realizó análisis multitemporal de la Quebrada Grande demostrando el desvío del cauce en el tiempo. 1.1. El 31 de julio de 2024?, el municipio de San Jerónimo presentó contestación de la demanda: y formuló, entre otras, las siguientes excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) inoperancia de la solidaridad; iii) inexistencia de falla del servicio en cabeza de la entidad territorial. 1.2. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquiase opuso a las pretensiones de la demanda y presentó las excepciones que se relacionan a continuación: i) caducidad del medio de control; ii) hecho exclusivo de

1.2. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquiase opuso a las pretensiones de la demanda y presentó las excepciones que se relacionan a continuación: i) caducidad del medio de control; ii) hecho exclusivo de un tercero; iii) inexistencia de responsabilidad y ausencia de nexo causal. 2 Índice No. 11 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal a quo. 3 Índice No. 11 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal a quo.Radicado: 05001-23-33-000-2024-00467-00 (73404)

Demandante: Maria Clara Salinas Alzate

2. La decisión impugnada Surtido el trámite procesal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Antioquia en audiencia inicial celebrada el 5 de agosto de 2025, decidió, entre otras cosas”: i) decretar las pruebas documentales que la parte demandante aportó con el escrito inicial; ii) negar el testimonio pedido por la misma parte respecto del señor Carlos Mauricio Salinas Sánchez, en tanto no se precisó sobre cuáles hechos rendiría su declaración, conforme con el artículo 212 del CGP; iii) denegar la inspección judicial pedida por el extremo activo, al estimarse que obraban otros medios de prueba que evidencian las condiciones particulares de los predios objeto de la demanda; iv) negar el interrogatorio de parte del señor Jorge Armando Salinas Sánchez; v) decretar los dictámenes periciales de Jaime Isaza Jiménez en calidad de arquitecto, José Alejandro Parra Salazar como avaluador comercial y, vi) negar el dictamen pericial de la ingeniera geóloga María Isabel Mesa Sánchez.

Para sustentar su negativa frente al decreto del último dictamen pericial, el Tribunal

José Alejandro Parra Salazar como avaluador comercial y, vi) negar el dictamen pericial de la ingeniera geóloga María Isabel Mesa Sánchez. Para sustentar su negativa frente al decreto del último dictamen pericial, el Tribunal a quo manifestó que, si bien se informó que la señora María Isabel Mesa Sánchez es ingeniera geóloga, no se aportó ningún elemento de prueba que respaldara esta afirmación, razón por la cual se desconoció el numeral 3 del artículo 226 del CGP, el cual ordena la acreditación de la profesión u oficio de quien rinde la experticia. En ese sentido, concluyó que, como no se dio cuenta de los elementos mínimos de formación que autorizan a declarar sobre determinada especialidad, lo procedente era negar el dictamen pericial. En cuanto a los elementos de convicción solicitados por Corantioquia y el municipio de Jericó, se decretaron las pruebas documentales aportadas con la contestación de cada una de las entidades mencionadas.

3. El recurso de apelación presentado Inconforme con las anteriores decisionesf, la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación y, solicitó revocar las determinaciones, así:

4El acta de la diligencia y la grabación de la misma se encuentran en el índice No. 24 de la plataforma tecnológica Samai del Tribunal.a quo. $ Minutos 0:21:00 a 0:41:59 de la grabación de la audiencia inicial. ® La negativa de las pruebas solicitadas fue notificada en estrados, decisión frente a la cual se interpusieron los recursos en la misma diligencia.Radicado: 05001-23-33-000-2024-00467-00 (73404)

Demandante: María Clara Salinas Álzate

interpusieron los recursos en la misma diligencia.Radicado: 05001-23-33-000-2024-00467-00 (73404) Demandante: María Clara Salinas Álzate En relación con la negativa del testimonio del señor Carlos Mauricio Salinas Sánchez, sostuvo que si bien en la demanda no se indicó sobre cuáles hechos versaría su declaración, lo cierto es que se debía entender que eran todos aquellos consignados en la demanda, puesto que el señor Salinas Sánchez acompañó en todo este proceso a la demandante María Clara Salina Álzate. Por lo anterior, estimó que la declaración del testigo era conducente, pertinente y útil para evidenciar los daños que se derivaron de las omisiones de Corantioquia y el municipio de San Jerónimo en los predios de la actora. En cuanto a la denegatoria de la inspección judicial, solicitó al despacho de primera instancia reponer su decisión, al considerar que el propósito del mencionado elemento de convicción es evidenciar “si realmente los predios estaban o no destruidos en su totalidad” y con ello demostrar la responsabilidad de las entidades demandadas. En lo que respecta al interrogatorio de parte del señor Jorge Armando Salinas Sánchez, el actor expuso que este señor es el apoderado general de la demandante y “la persona interesada que ha agotado todo el proceso ante las entidades demandadas, es decir, es la persona más competente e idónea para conocer del proceso y de todos los hechos de la demanda, por lo que el despacho debe reconsiderar esta determinación y citarlo como testigo”. Por último, solicitó se admitiera el dictamen pericial de la señora María Isabel Mesa Sánchez, al considerar que en el mismo dictamen la ingeniera expresó que su

reconsiderar esta determinación y citarlo como testigo”. Por último, solicitó se admitiera el dictamen pericial de la señora María Isabel Mesa Sánchez, al considerar que en el mismo dictamen la ingeniera expresó que su tarjeta profesional correspondía al número 0523314684 de la Comisión Naciona! de Topografía, “documento que puede ser acreditado por la misma página” y, en esa medida, concluyó que cumple con la idoneidad de esta profesional, tal y como se desprende de la experticia aportada. 3.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó su decisión en cuanto a las pruebas negadas a la parte demandante. En concreto, frente al dictamen pericial aportado por la señora María Isabel Mesa Sánchez, enfatizó en que el hecho de que en la experticia se hiciera alusión a una tarjeta profesional, no da cuenta de que la mencionada señora efectivamente sea ingeniera geóloga, ni que pudiera ser acreditada como tal en el proceso, pues elloRadicado: 05001-23-33-000-2024-00467-00 (73404) Demandante: Maria Clara Salinas Alzate desconoce el deber de la parte de aportar los documentos que evidencien esa situación, razón por la cual confirmó su denegatoria de la incorporación de la experticia al proceso. 3.2. El apoderado de la parte demandante desistió del recurso de apelación” frente al testimonio de Carlos Mauricio Salinas Sánchez, el interrogatorio de parte de Jorge Armando Salinas Sánchez y, a su vez, respecto de la inspección judicial. Mantuvo su impugnación en cuanto a la denegatoria del dictamen pericial de la señora María Isabel Mesa Sánchez, para lo cual citó el artículo 54 de la Ley 2080 de 2021.

Mantuvo su impugnación en cuanto a la denegatoria del dictamen pericial de la señora María Isabel Mesa Sánchez, para lo cual citó el artículo 54 de la Ley 2080 de 2021. Indicó que la señora Mesa Sánchez es completamente idónea para dar cuenta de las circunstancias que provocaron el desvío del cauce de la “Quebrada la Grande en la vereda el Rincón” que ocasionó los daños que reclama la actora. Mencionó que el magistrado del Tribunal a quo no tuvo en cuenta el principio de igualdad de armas y de contradicción, razón por la cual era procedente que la perito sustentara su dictamen. Por último, indicó que la idoneidad podía verificarse por otros medios, como por ejemplo “en la consulta de la Escuela de Ingeniera de Topografía” o al momento de que la perito fuese escuchada en el proceso y, con ello, acreditara su calidad como profesional en el área mencionada. 3.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación -5 de agosto de 2025-, las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA -con las modificaciones 7 El desistimiento se realizó en audiencia. Al respecto se puede consultar desde los minutos 1:09:10.Radicado: 0500 1-23-33-000-2024-00467-00 (73404) Demandante: Marla Clara Salinas Álzate establecidas en la Ley 2080 de 20218., así como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306° del primero de los

Demandante: Marla Clara Salinas Álzate establecidas en la Ley 2080 de 20218., así como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306° del primero de los estatutos mencionados.

2. La competencia del Magistrado Ponente para resolver el recurso En los términos del artículo 1501% del CPACA, modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021, esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos, respecto de los cuales resulte procedente este medio de impugnación.

Asimismo, según lo señalado en el artículo 125-311 del CPACA, modificado por el “artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que al Magistrado ponente le asiste competencia para resolver la respectiva impugnación, toda vez que la providencia interlocutoria que decide el recurso de apelación en contra del auto que negó el decreto de una prueba no es de aquellas cuya adopción le corresponde a la Sala, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 125-21? del CPACA -con su respectiva modificación-. 3 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, la vigencia de las modificaciones introducidas al CPACA rigen desde el momento en que se publicó la aludida norma. Así pues, como el recurso de apelación objeto de análisis se presentó el 5 de agosto de 2025, es evidente que la reforma a la Ley 1437 de 2011 sí le resulta aplicable. La conclusión antecedente se apoya en los siguientes términos: “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La

es evidente que la reforma a la Ley 1437 de 2011 sí le resulta aplicable. La conclusión antecedente se apoya en los siguientes términos: “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley (Ley 2080 de 2021) rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley (...)" (aclaración añadida). 2 "Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil (actualmente Código General del Proceso) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” (aclaración añadida). 10 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación (modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021). E/ Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. (...)” (aclaración añadida). 11 “Artículo 125, De la expedición de providencias. (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias se sujetará a las siguientes reglas: (...) 3. Será

(aclaración añadida). 11 “Artículo 125, De la expedición de providencias. (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias se sujetará a las siguientes reglas: (...) 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve el recurso de queja” (énfasis y aclaración añadida). 12 “Artículo 125. De la expedición de providencias (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (...) 2. LasRadicado: 05001-23-33-000-2024-00467-00 (73404)

Demandante: Maria Clara Salinas Alzate

3. La procedencia y oportunidad del recurso de apelación Según lo dispuesto en el artículo 243-73 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de apelación es procedente, dado que se cuestionó el auto que negó el decreto de unas pruebas solicitadas por la parte demandante.

Asimismo, como el recurso objeto de análisis se formuló y sustentó una vez surtida la notificación en estrados -durante la audiencia inicial-, se concluye que su presentación fue oportuna, en virtud de lo señalado en el artículo 244-3 del CPACA", modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021.

4. El objeto del recurso de apelación interpuesto De conformidad con lo planteado en la impugnación, le corresponde al despacho determinar si era procedente o no decretar el dictamen pericial solicitado por la parte demandante.

5. Caso concreto

De conformidad con lo planteado en la impugnación, le corresponde al despacho determinar si era procedente o no decretar el dictamen pericial solicitado por la parte demandante.

5. Caso concreto Revisada la solicitud probatoria de la parte actora, la decisión impugnada y los cargos de apelación, el despacho considera que se debe revocar la decisión, de conformidad con las razones que se explican a continuación. salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código; b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; c) Las que resuelvan los recursos de súplica.

En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido; d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código; e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia; f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala; g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas; h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente (...)' (aclaración añadida). 13 "Artículo 243. Apelación (modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021). Son apelables

que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente (...)' (aclaración añadida). 13 "Artículo 243. Apelación (modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021). Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (...) 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas (...)' (Enfasis y aclaración añadida). 14 “Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos (modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021). (...) Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el juez o magistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación, resolverá si lo concede o no, de todo lo cual quedará constancia en el acta( ...).Radicado: 05001-23-33-000-2024-00467-00 (73404) Demandante: Maria Clara Salinas Alzate En virtud de lo prescrito en el artículo 168 del CGP?, a efectos de determinar la procedencia de los medios probatorios solicitados por las partes, le corresponde al juez analizar si estos cumplen los requisitos legales de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad, motivo por el cual, si los medios de convicción no satisfacen las características citadas deben ser rechazados. Al respecto, se precisa que la pertinencia se refiere a la relación que debe tener el medio de prueba con el objeto de litigio, de modo que los elementos de convicción

características citadas deben ser rechazados. Al respecto, se precisa que la pertinencia se refiere a la relación que debe tener el medio de prueba con el objeto de litigio, de modo que los elementos de convicción deben estar encaminados a probar hechos que conciernan al debate. Por su parte, la conducencia es la aptitud legal o jurídica de la prueba, por lo cual, su análisis se fundamenta en que el medio probatorio sea de aquellos permitidos por el legislador para probar un hecho. Por último, la utilidad radica en que la situación fáctica que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditada con otra que ya obre en el proceso’®. Tal y como se expuso en los antecedentes, el Tribunal a quo negó el decreto del dictamen pericial al considerar su presentación se hizo sin el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 226 del CGP. Al respecto, el despacho advierte que, si bien el inciso 3 de la mencionada disposición normativa establece que la experticia deberá contener, como mínimo, una serie de declaraciones e informaciones que versen sobre la profesión, la idoneidad y la experiencia del perito; se observa que el legislador no dispuso la invalidez, ineficacia o rechazo de la prueba por la ausencia de estas exigencias, motivo por el cual, las posibles deficiencias en el cumplimiento de la norma en cita, deberá tenerse en cuenta al momento de la valoración, sin que de entrada se deba rechazar el decreto del dictamen. En efecto, la ausencia de los requisitos del artículo 226 del CGP no desvanece la eficacia de la prueba y no es un problema propio de su introducción formal al proceso como lo entendió el Tribunal a quo, puesto que la información requerida en

En efecto, la ausencia de los requisitos del artículo 226 del CGP no desvanece la eficacia de la prueba y no es un problema propio de su introducción formal al proceso como lo entendió el Tribunal a quo, puesto que la información requerida en la ley -que se inobservó en este casoversa sobre la idoneidad, experiencia e 15”Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 22 de marzo de 2013, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, radicado interno No. 45.426.Radicado: 05001-23-33-000-2024-00467-00 (73404) . Demandante: Maria Clara Salinas Álzate imparcialidad del perito que rindió el informe y, en ese sentido, su constatación corresponde -a la valoración y apreciación del dictamen por parte del juez en la sentencia, según lo previsto en el artículo 232 del CGP, a cuyo tenor literal: “Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso” (énfasis añadido). En línea con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ha planteado lo siguiente: “De modo que el análisis acerca del cumplimiento o no de los requisitos enlistados en

(énfasis añadido). En línea con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ha planteado lo siguiente: “De modo que el análisis acerca del cumplimiento o no de los requisitos enlistados en el citado precepto 226 corresponde a una actividad propia del momento en que se dirime la controversia, razón por la cual la ausencia de los mismos no da lugar al rechazo automático de dicho medio de convicción. Esto es, a que se impida su ingreso al proceso, puesto que los únicos motivos que llevan a esa determinación son los referidos en el artículo 168 del CGP, huelga reiterar, respecto de «las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles». Y no existe disposición especial en materia de experticia que autorice excluir la prueba por esa razón. Como puede ser visto, en lo que respecta a uno de los aspectos trascendentales de la experticia, como lo es la imparcialidad de quien la elabore, el legislador es diáfano en mostrar que dicho aspecto, de un lado, podrá ser objeto del interrogatorio del perito (contradicción en audiencia) y, del otro, será «apreciado» en el fallo, al punto que, en el evento en el que encuentre circunstancias que afecten gravemente su credibilidad, podrá negarle efectos a la misma. Todo lo cual sucede luego de que se decrete la prueba y se permita su incorporación al plenario. (...) En definitiva, a pesar de que la credibilidad de la pericia depende de la solidez de sus conclusiones, de la imparcialidad e idoneidad del perito, el juez no está facultado para sacar automáticamente del acervo el informe arrimado con defectos en tales presupuestos porque las falencias o carencias del dictamen no son motivos

de sus conclusiones, de la imparcialidad e idoneidad del perito, el juez no está facultado para sacar automáticamente del acervo el informe arrimado con defectos en tales presupuestos porque las falencias o carencias del dictamen no son motivos suficientes para impedir su recaudo, pues ese análisis está reservado para la sentencia, donde deberá motivarse de qué manera esas omisiones disminuyeron la verosimilitud del informe”. Así las cosas, el argumento de la autoridad judicial de primera instancia de no tener en cuenta el dictamen pericial de la demandante, por no contar con los requisitos del artículo 226 del CGP debe revocarse, ya que la idoneidad y la imparcialidad del perito deberán analizarse en la valoración del dictamen para otorgarle mayor O menor credibilidad a la experticia. En mérito de lo expuesto, se 17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de tutela del 3 de marzo de 2021, radicado No. 05001-22-03-000-2020-00402-01.10

Radicado: 05001-23-33-000-2024-00467-00 (73404)

Demandante: Maria Clara Salinas Alzate RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la providencia del 5 de agosto de 2025, mediante la cual la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia te negó a la parte demandante el decreto dictamen pericial de la ingeniera geóloga María Isabel Mesa Sánchez y, en su lugar, DECRETAR el mencionado dictamen pericial aportado con el escrito de demanda.

SEGUNDO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este

el escrito de demanda.

SEGUNDO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de

Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

/ ICOLÁS YEPES CORR Magistrado E "ypediente dighal