CE - Auto interlocutorio 05001233300020240068901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Proceso ejecutivo Radicación: 05001-23-33-000-2024-00689-01 (1303-2025)

Demandante: Aura Ruth Vargas de Rendón

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Temas: Apelación de auto - medida cautelar de embargo y retención de dineros

RECURSO DE APELACIÓN AUTO ________________________________________________________________

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte ejecutada en contra del auto de 3 de abril de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por el cual se decretó la medida cautelar de embargo.

I. ANTECEDENTES1

1. La señora Aura Ruth Vargas de Rendón requirió el cumplimiento judicial de la sentencia proferida el 13 de marzo de 2018 , mediante la cual se le reconoció una pensión de sobrevivientes con efectividad a partir del 14 de mayo de 2009 por efectos de la prescripción y en cuantía del 45% del ingreso base de liquidación sobre el tiempo cotizado por el causante, y, si la prestación era inferior a 1 SMMLV, debía reconocerse la pensión mínima de que trata el inciso 3° del artículo 48 y el artículo 35 de la Ley 100 de 1993. Esta decisión fue confirmada parcialmente por el Consejo

reconocerse la pensión mínima de que trata el inciso 3° del artículo 48 y el artículo 35 de la Ley 100 de 1993. Esta decisión fue confirmada parcialmente por el Consejo de Estado mediante sentencia de 16 de abril de 2021.

2. En ese orden, solicitó se librara mandamiento de pago por la suma de $323.277.206 discriminada así: i) $154.137.040 por retroactivo e indexación de las mesadas pensionales desde el 17 de mayo de 2009 y hasta el 30 de julio de 2021 que adquirió ejecutoria la providencia objeto de ejecución; ii) $27.937.741 por retroactivo e indexación de las meadas pensionales por el período de 1° de agosto de 2021 a 30 de julio de 2023; iii) $ 138.151.510,53 por los intereses moratorios.

3. Además, requirió que se librara orden de pago por: i) los intereses de mora, sobre la suma total por concepto de indexación desde el 1° de agosto de 2021 y hasta que se realice el pago; ii) los intereses moratorios sobre el capital del retroactivo por la diferencia mensual adeudada por mesadas pensionales a partir del 14 de mayo de 2019 y hasta que se efectúe el pago. Por último, solicitó que se condenara en costas a la parte demandada.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.2

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00689-01 (1303-2025)

Demandante: Aura Ruth Vargas de Rendón

4. El Tribunal mediante auto del 5 de agosto de 2024 libró orden de pago a favor de

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00689-01 (1303-2025)

Demandante: Aura Ruth Vargas de Rendón

4. El Tribunal mediante auto del 5 de agosto de 2024 libró orden de pago a favor de la señora Aura Ruth Vargas de Rendón y en contra de la ejecutada. Luego, en providencia de 3 de marzo de 2025 ordenó continuar adelante con la ejecución en los mismos términos descritos en el mandamiento de pago.

II. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

5. Con posterioridad a la providencia de 3 de marzo de 2025 que ordenó seguir adelante con la ejecución, la ejecutante solicitó que se decretara la medida cautelar de embargo y retención de los dineros que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional, tuviera depositados en los establecimientos bancarios que a continuación se señalan: BBVA Colombia, Ban colombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Popular, Banco Agrario de Colombia, Banco

Caja Social, Scotiabank, Banco CorpBanca, Citibank y Banco GNB Sudameris.

III. EL AUTO APELADO

6. El a quo a través de auto de 3 de abril de 2025 accedió a la cautela solicitada, pero en los términos que a continuación se indican:

«PRIMERO: SE DECRETA EL EMBARGO del dinero la Nación -Ministerio de DefensaEjército Nacional con NIT 899.999.003 -1, que posea en las siguientes cuentas del Banco BBVA,

Cuenta Estado Clase Concepto 001303100100001714 Activo Corriente DTN - TRANSFERENCIAS

Ejército Nacional con NIT 899.999.003 -1, que posea en las siguientes cuentas del Banco BBVA,

Cuenta Estado Clase Concepto 001303100100001714 Activo Corriente DTN - TRANSFERENCIAS 001303100100003553 Activo Corriente DTN - SERVICIOSPERSONAL 001303100100024757 Activo Corriente DTN - TRANSFERENCIAS 001303100100051818 Activo Corriente DTN - GASTOSGENERALE 001303100100051891 Activo Corriente DTN - INVERSION 001303100100003280 Activo Corriente DTN - TRANSFERENCIAS 001303100100008818 Activo Corriente ACREEDORES VARIOS 001303100100004072 Activo Corriente CAJA MENOR 001303100100004189 Activo Corriente CAJA MENOR 001303100100001862 Activo Corriente CAJA MENOR 001301970100061997 Activo Corriente EMBARGABLE 001303100100003538 Activo Corriente EMBARGABLE 001303820100005460 Activo Corriente EMBARGABLE 001307210100052249 Activo Corriente EMBARGABLE 001307950100041078 Activo Corriente EMBARGABLE 001301420100071679 DTN Corriente EMBARGABLE 001301980100014458 DTN Corriente EMBARGABLE 001301980100100562 DTN Corriente EMBARGABLE 001301980100103194 DTN Corriente EMBARGABLE 001302060100005845 DTN Corriente EMBARGABLE 001302950100058978 Activo Corriente EMBARGABLE 001302990100045690 DTN Corriente EMBARGABLE 001303000100159563 DTN Corriente EMBARGABLE 001303020100085543 DTN Corriente EMBARGABLE 001303100100000492 DTN Corriente EMBARGABLE

001302990100045690 DTN Corriente EMBARGABLE 001303000100159563 DTN Corriente EMBARGABLE 001303020100085543 DTN Corriente EMBARGABLE 001303100100000492 DTN Corriente EMBARGABLE 001303100100001417 DTN Corriente EMBARGABLE 001303100100001698 DTN Corriente EMBARGABLE 001303100100050166 DTN Corriente EMBARGABLE 001303640100135475 DTN Corriente EMBARGABLE 001303670100001849 DTN Corriente EMBARGABLE 001303820100071603 DTN Corriente EMBARGABLE3

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00689-01 (1303-2025)

Demandante: Aura Ruth Vargas de Rendón

001303820100074060 DTN Corriente EMBARGABLE 001304000100017489 DTN Corriente EMBARGABLE 001304350100102355 Activo Corriente EMBARGABLE 001304350100112503 DTN Corriente EMBARGABLE 001304350100112537 DTN Corriente EMBARGABLE 001305060100119528 DTN Corriente EMBARGABLE 001305060100119692 DTN Corriente EMBARGABLE 001305060100119866 DTN Corriente EMBARGABLE 001305210100025882 DTN Corriente EMBARGABLE 001305210100026088 Activo Corriente EMBARGABLE 001305210100068635 DTN Corriente EMBARGABLE 001305210100076398 DTN Corriente EMBARGABLE 001305210100084319 DTN Corriente EMBARGABLE 001306360100012494 DTN Corriente EMBARGABLE 001306500100026388 Activo Corriente EMBARGABLE 001307260100033350 DTN Corriente EMBARGABLE

001305210100084319 DTN Corriente EMBARGABLE 001306360100012494 DTN Corriente EMBARGABLE 001306500100026388 Activo Corriente EMBARGABLE 001307260100033350 DTN Corriente EMBARGABLE 001307260100162258 DTN Corriente EMBARGABLE 001307290100056358 Activo Corriente EMBARGABLE 001307290100059766 Activo Corriente EMBARGABLE 001307290100061887 DTN Corriente EMBARGABLE 001307290100070151 Activo Corriente EMBARGABLE 001307290100077610 DTN Corriente EMBARGABLE 001307310100071981 DTN Corriente EMBARGABLE 001307350100008567 DTN Corriente EMBARGABLE 001307350100021743 DTN Corriente EMBARGABLE 001307420100062946 Activo Corriente EMBARGABLE 001307570100003991 DTN Corriente EMBARGABLE 001307570100008305 DTN Corriente EMBARGABLE 001307570100008982 DTN Corriente EMBARGABLE 001307570100059266 DTN Corriente EMBARGABLE 001307570100061221 DTN Corriente EMBARGABLE 001307570100061429 Activo Corriente EMBARGABLE 001307980100034542 DTN Corriente EMBARGABLE 001308390100066198 DTN Corriente EMBARGABLE 001309200100063088 Activo Corriente EMBARGABLE 001309200100070646 Activo Corriente EMBARGABLE 001309570100263965 DTN Corriente EMBARGABLE 001309810100001407 DTN Corriente EMBARGABLE 001309810100014715 DTN Corriente EMBARGABLE

001300510200901841 DTN Ahorro EMBARGABLE

001303100200159009 Activo Ahorro EMBARGABLE

001309810100001407 DTN Corriente EMBARGABLE 001309810100014715 DTN Corriente EMBARGABLE

001300510200901841 DTN Ahorro EMBARGABLE

001303100200159009 Activo Ahorro EMBARGABLE

001303320200314822 DTN Ahorro EMBARGABLE

001303320200314830 Activo Ahorro EMBARGABLE

001303820200130599 DTN Ahorro EMBARGABLE

001304350200130026 DTN Ahorro EMBARGABLE

001305140200413228 DTN Ahorro EMBARGABLE

001307310200128849 DTN Ahorro EMBARGABLE

Infórmesele al Banco BBVA, que el embargo se limita a la suma de cuatrocientos ochenta millones trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho pesos (480.3393438)

La entidad bancaria deberá constituir certificado de depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.

SEGUNDO: Se advierte al Banco BBVA, que el embargo no es procedente frente a recursos asignados para el pago de sentencias y conciliaciones, lo del Fondo de Contingencias, los depositados por la Nación en cuentas abiertas exclusivamente a favor de la Nación-Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Banco de la República o en cualquier otro establecimiento de crédito.

Así mismo se advierte que se abstengan de practicar la medida si en esas cuentas están despostados dineros que provengan del sistema general de participaciones o transferencias de la Nación recursos destinados al sistema de seguridad social, educación y de las rentas4

Así mismo se advierte que se abstengan de practicar la medida si en esas cuentas están despostados dineros que provengan del sistema general de participaciones o transferencias de la Nación recursos destinados al sistema de seguridad social, educación y de las rentas4

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00689-01 (1303-2025) Demandante: Aura Ruth Vargas de Rendón incorporadas al presupuesto general de la Nación, siempre que no correspondan al rubro de pago de sentencias y conciliaciones, al tenor de lo dispuesto en los artículos 593 y 594 del CGP y el artículo 91 de la ley 715 de 2005, reglamentado por el Decreto 1 101 de 2007, y el artículo 21 del Decreto 28 de 2008.

TERCERO: Deberá advertirse a la entidad bancaria que una vez registrado el embargo allegue

comunicados y respuestas al correo electrónico: memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co

CUARTO: Comuníquese esta decisión a la parte demandante personalmente a través del correo electrónico indicado para notificaciones.

Cúmplase […]».

7. Previo a tomar es a decisión, el a quo por auto de 27 de febrero de 2025 había ordenado oficiar a las entidades bancarias BBVA Colombia, Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Popular, Banco Agrario de Colombia, Banco Caja Social, Scotiabank, Banco CorpBanca, Citibank y Banco GNB Sudameris para que se verificara la embargabilidad o no de los dineros depositados en cuentas de propiedad del Ministerio de Defensa -Unidad de Gestión General.

8. Y con las respuestas dadas consideró procedente ordenar el embargo de las

embargabilidad o no de los dineros depositados en cuentas de propiedad del Ministerio de Defensa -Unidad de Gestión General.

8. Y con las respuestas dadas consideró procedente ordenar el embargo de las cuentas de la ejecutada, concretamente, del dinero que posea en el Banco BBVA , porque se está ejecutando una sentencia judicial.

9. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el numeral 10° del artículo 593 de la Ley 1564 de 2012, limitó la cautela a la suma de $480.339.438.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

10. La parte ejecutada, inconforme con la precitada providencia interpuso recurso de apelación, con fundamento a las siguientes razones:

11. La medida cautelar fue decretada por la Secretaría de la corporación mediante un auto de cúmplase que nunca se notificó a la autoridad administrativa , ahora, si bien los autos de cúmplase consisten en ordenar el cumplimiento de un trámite en el proceso judicial, se entendería que el auto que decretó la cautela iría dirigido a dar cumplimiento a la providencia de 3 de marzo de 2025 que ordenó seguir adelante con la ejecución, determinación en la que se no decretó medida alguna.

12. A pesar de que el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 estableció como apelable la decisión que decreta una medida cautelar, la autoridad administrativa tan sólo tuvo conocimiento del embargo a cuentas bancarias adscritas al Banco BBVA cuando la coordinación del grupo contencioso constitucional recibió un oficio en el que se informó sobre la aplicación de la medida cautelar. En consecuencia, no se tuvo la oportunidad de interponer recurso alguno, toda vez que, la cautela no se

cuando la coordinación del grupo contencioso constitucional recibió un oficio en el que se informó sobre la aplicación de la medida cautelar. En consecuencia, no se tuvo la oportunidad de interponer recurso alguno, toda vez que, la cautela no se notificó como auto interlocutorio sino de cúmplase, frente a lo cual se contó con el conocimiento después de practicada la medida cautelar.5

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00689-01 (1303-2025)

Demandante: Aura Ruth Vargas de Rendón

13. A su vez, la entidad generó un turno de pago a favor de la actora, de ahí que, se ha aceptado la existencia de la deuda y la intención de pago por parte del Ministerio de Defesa Nacional, no obstante, la entidad depende de los rubros girados por el Ministerio de Hacienda para el pago de los fallos.

14. Ahora bien, conforme al artículo 6° de la Ley 179 de 1994 no era posible ordenar el embargo de las cuentas bancarias que fueron objeto de la cautela, dado que, éstas hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

15. Las rentas y recursos independientemente de la denominación del rubro presupuestal o de la cuenta bancaria en que se encuentran, hacen parte del Presupuesto General de la Nación y gozan de la protección de inembargabilidad, por la tanto, la medida cautelar desconoció dicha prescripción legal.

16. Así mismo, se desconoció lo establecido en el artículo 40 de la Ley 1815 de 2016.

17. Por lo anterior, debe revocarse la decisión adoptada que decretó el embargo de las cuentas pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional.

V. CONSIDERACIONES

17. Por lo anterior, debe revocarse la decisión adoptada que decretó el embargo de las cuentas pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional.

V. CONSIDERACIONES

4.1. Cuestión previa

18. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional advirtió en el recurso de apelación que la decisión del juez de primera instancia del decreto de la medida cautelar fue de auto de cúmplase y no interlocutorio, en virtud de lo cual, no se surtió la notificación a la entidad y la Secretaría de la corporación se abrogó la competencia de decretar la medida cautelar.

19. Aclara la Sala que, aunque la decisión de la medida cautelar fue de “cúmplase”, ello no implicó que la hubiere tomado la Secretaría del Tribunal pues de su lectura es claro que fue proferida por el magistrado de conocimiento del proceso.

20. Lo que se advierte es que la cautela no se decretó como previa al proceso, evento en el cual era procedente adoptar la decisión de cúmplase sin notificación al deudor de la obligación reclamada, tal y como lo enseñan los artículos 298 y 299 del CGP.

21. En ese orden, al haberse dictado la providencia recurrida cuando ya la parte ejecutada estaba notificada del trámite del proceso y en etapa posterior a la orden de seguir adelante con la ejecución, es claro que la decisión debía ser interlocutoria de notifíquese como garantía del derecho al debido proceso y contradicción de las partes.

22. A pesar de esta irregularidad, ha quedado evidenciado que la ejecutada una vez tuvo conocimiento de esa decisión con la información dada al área correspondiente

de notifíquese como garantía del derecho al debido proceso y contradicción de las partes.

22. A pesar de esta irregularidad, ha quedado evidenciado que la ejecutada una vez tuvo conocimiento de esa decisión con la información dada al área correspondiente por parte de la entidad bancaria, interpuso el recurso de apelación en estudio, el cual se enti ende presentado en oportunidad en garantía del derecho de contradicción.6

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00689-01 (1303-2025)

Demandante: Aura Ruth Vargas de Rendón

23. En ese orden, como el auto que decreta una medida cautelar es apelable , procede la Sala a estudiar el fondo del asunto.

4.2. Competencia

24. Es competencia de esta Corporación conocer el recurso de apelación formulado en primera instancia contra el auto del 3 de abril de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, conforme el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso y 26 de la Ley 2080 de 2021 respectivamente.

25. De otra parte, la Sala de Decisión es competente para proferir el auto, de conformidad con los artículos 125 y 243 del CPACA.

4.3. Problema jurídico

26. Consiste en determinar si ¿es o no procedente la medida cautelar de embargo y retención de los dineros que la ejecutada posee en cuentas corrientes y/o de ahorros del Banco BBVA?

4.4. Las medidas cautelares en el proceso ejecutivo y el principio de inembargabilidad

27. La ejecución de las decisiones judiciales se constituye como uno de los rasgos

ahorros del Banco BBVA?

4.4. Las medidas cautelares en el proceso ejecutivo y el principio de inembargabilidad

27. La ejecución de las decisiones judiciales se constituye como uno de los rasgos de la tutela judicial de la tutela judicial efectiva2 y comporta una de las garantías del Estado Social de Derecho, dado que, implica la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución3, en ese sentido, el incumplimiento total o parcial de las sentencias afecta el orden jurídico, económica y social justo, desdibujando la misión judicial de posibilitar la convivencia soci al e integración de valores de coexistencia.

28. En concordancia con lo expuesto, el legislador contempló la prescripción de l embargo con el propósito de materializar el cumplimiento y ejecución del titulado objeto de recaudo, con fundamento a los parámetros y paut as con los que hubiere sido reconocido el derecho en el expediente declarativo4.

29. Lo anterior, corresponde a una medida cautelar cuya finalidad es la protección de la integridad de un derecho controvertido o que ya fue reconocido por el juez, en efecto, el órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional señaló que tienen como intención «garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se

2 En la Sentencia C-426/02 se precisó que el acceso a la administración de justicia comprende el derecho a que «el fallo adoptado se cumpla efectivamente , si hay lugar a ello; derechos cuya ejecución supone, entonces, la

2 En la Sentencia C-426/02 se precisó que el acceso a la administración de justicia comprende el derecho a que «el fallo adoptado se cumpla efectivamente , si hay lugar a ello; derechos cuya ejecución supone, entonces, la previa definición de las condiciones y requisitos de operatividad». En similar sentido puede consultarse la Sentencia T-329 de 1994. 3 Sentencia T-554/92. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. 4 Sentencia C-054/97. MP Eduardo Barrera Carbonell.7

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00689-01 (1303-2025) Demandante: Aura Ruth Vargas de Rendón adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual abogado»5.

30. El artículo 63 de la Constitución Política de 1991 estableció que los bienes de uso público y los demás que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Lo anterior busca garantizar el adecuado funcionamiento y distribución de los recursos de la Nación con los cuales, a su vez, se busca salvaguardar el interés general y el bien común; así como cumplir con las funciones asignadas a cada una de las autoridades.

31. El artículo 599 de la Ley 1564 de 2012 preceptuó múltiples situaciones, a saber: i) desde la presentación de la demanda, el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del ejecutado; ii) al decretar los embargos, el juez podrá limitarlos a lo necesario y, el valor de los bienes, no podrá exceder del doble del

secuestro de los bienes del ejecutado; ii) al decretar los embargos, el juez podrá limitarlos a lo necesario y, el valor de los bienes, no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad; iii) el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercero afectado con la medida cautelar, podrá solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el 10% del valor de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento.

32. El artículo 594 del Código General del proceso, estableció:

«Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

[…]

PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el

deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

5 Sentencia C-523/09. MP María Victoria Calle Correa.8

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00689-01 (1303-2025) Demandante: Aura Ruth Vargas de Rendón En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene»

o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene»

33. Por otra parte, el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, «por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto», contempló que son inembargables las rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman; no obstante, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en co ntra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas instancias.

34. La norma en comento fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-354/976 en la que se remitió al fallo C -546/927, en el que se explicó el criterio de la embargabilidad de los bienes y rentas incorporadas al presupuesto de la Nación cuando se pretende hacer efectiva una obligación de naturaleza labora l, «cuya satisfacción es necesaria para realizar el principio de la dignidad humana y hacer efectivo el ejercicio del derecho fundamental al trabajo en condiciones justas y dignas».

35. Posteriormente, con la Sentencia C -103/948, se analizó los artículos 158 y 272 del Decreto 2282 de 1989 que modificaron los artículos 336 y 513 del Código de

y dignas».

35. Posteriormente, con la Sentencia C -103/948, se analizó los artículos 158 y 272 del Decreto 2282 de 1989 que modificaron los artículos 336 y 513 del Código de Procedimiento Civil, y dio origen a una segunda excepción, consistente en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.

36. Luego, a través de la citada Sentencia C-354/979, la Corte Constitucional estudió el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, lo cual le permitió definir la tercera excepción, como lo es el pago de sentencias judiciales, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la materialización de los derechos en ella contenidos. Específicamente se analizó que si bien la regla general es la inembargabilidad, ella sufre excepciones cuando se trata de sentencias judiciales , así mismo, se señaló que los créditos a cargo del Estado que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos

(como actos administrativos, por ejemplo), deben ser pagados y, cuando sean exigibles, es posible adelantar la ejecución «con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos - y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos».

37. Ahora bien, el artículo 21 del Decreto Ley 028 de 2008 10 consagró que los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables y que, para

6 Sentencia C-354/97. MP Antonio Barrera Carbonell. 7 Sentencia C-354/97. MP Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero. 8 Sentencia C-103/94. MP Jorge Arango Mejía.

6 Sentencia C-354/97. MP Antonio Barrera Carbonell. 7 Sentencia C-354/97. MP Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero. 8 Sentencia C-103/94. MP Jorge Arango Mejía. 9 Sentencia C-354/97. MP Antonio Barrera Carbonell. 10 «Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos al Sistema General de Participaciones».9

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00689-01 (1303-2025) Demandante: Aura Ruth Vargas de Rendón «evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales relacionadas con obligaciones labo rales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial»; igualmente determino que para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el monto del recurso a comprometer y cance lará el respectivo crédito judicial en la siguiente vigencia fiscal.

38. El canon comentado se declaró condicionalmente exequible a través de la sentencia C -1154/0811, bajo el entendido de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia, debía efectuarse dentro de los 18 meses

[en razón a que estaba vigente el CCA] a partir de la ejecutoria y «de que si los recursos correspondientes a los ingr esos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica».

39. Así mismo, respecto a las excepciones puntualizó lo siguiente:

respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica».

39. Así mismo, respecto a las excepciones puntualizó lo siguiente:

«4.3.1.- La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Al respecto, en la Sentencia C -546 de 1992, la Corte declaró la constitucionalidad condicio nada del artículo 16 de la Ley 38 de 1989 (inembargabilidad de rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación), en el entendido de que “en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”.

[…]

Este criterio ha sido reiterado en diversas oportunidades, tanto en asuntos de tutela como de control abstracto de constitucionali