CE - Auto interlocutorio 05001233300020240160601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Número interno: 72713

Radicación: 05001-23-33-000-2024-01606-01

Actor Pedro Nel Quinchía Quinchía y otros Demandado: Municipio de Marinilla Medio de control: Controversias contractuales

Referencia: Rechazo demanda

APELACIÓN DE AUTOS EN CPACA -El Consejo de Estado conoce en segunda in stancia del auto que rechaza la demanda. CONTRATO ESTATAL-Régimen aplicable a las entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. CONTRATO DE PERMUTA –Ejecución i nstantánea. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES -Contabilización del término para solicitar la nulidad absoluta del contrato.

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 11 de diciembre de 2024 , proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Séptima de Decisión , a través del cual se rechazó la demanda por caducidad del término para formular el medio de control y porque no se cumplió con el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.

I. ANTECEDENTES

Demanda

El 27 de noviembre de 2024 1, los señores Pedro Nel Quinchía Quinchía, Martha

control y porque no se cumplió con el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.

I. ANTECEDENTES

Demanda

El 27 de noviembre de 2024 1, los señores Pedro Nel Quinchía Quinchía, Martha Esperanza Quintero Cifuentes, Mary Luz Soto García, Julia Margarita Soto Aristizábal, Liliana Marcela Álzate Ortega, Sandra Janeth Ramírez Arias, Bertha Ligia Soto Gómez, Flor Aydée Á lzate Henao, Sebastián Álzate Ramírez, Félix Hernán Giraldo Serna, Ramón Antonio Sánchez Marín, Jhon Jairo Álzate Ortega y Oswaldo Antonio Colorado Molina, actuando a través de apoderado judicial, presentaron demanda de controversias contractuales. Pidieron la nulidad absoluta del contrato de permuta No. 1992 –perfeccionado el 9 de septiembre de 2021 – celebrado entre el señor Francisco Javier Giraldo Quintero, como representante legal de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y el alcalde del Municipio de Marinilla.

1 Cfr. SAMAI, índice 2 de primera instancia.2

Expediente N° 72.713 Apelación de auto – Rechazo demanda

Auto objeto de impugnación

El 11 de diciembre de 20242, el Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Séptima de Decisión rechazó la demanda de controversias contractuales. Estimó que el contrato cuya nulidad absoluta se pretende se celebró el 9 de septiembre de 2021, por ello, a partir de ese momento la parte demandante estaba habilitada para

de Decisión rechazó la demanda de controversias contractuales. Estimó que el contrato cuya nulidad absoluta se pretende se celebró el 9 de septiembre de 2021, por ello, a partir de ese momento la parte demandante estaba habilitada para interponer la demanda, de conformidad con e l literal j del artículo 164 de CPACA, que establece que el término para pedir la nulidad absoluta d el contrato «será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente».

Explicó que el perfeccionamiento de los contratos es tatales se regula por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y , en ese sentido, se ent ienden en esa condición cuando: «se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito».

Indicó que como las partes contractuales (municipio y p arroquia) llegaron a un acuerdo el 9 de septiembre de 2021, el término límite que tenía la parte demandante para formular el medio de control era el 9 de septiembre de 2023 y como el escrito se radicó el 27 de noviembre de 2024, había operado el fenómeno procesal de la caducidad para presentar el medio de control.

Asimismo, sostuvo que la expresión: «En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente », prevista en el literal j del artículo 164 de CP ACA, no a plicaba a l contrato de permuta c uestionado, porque este era de ejecución in stantánea y no requería liquidación . E n ese

absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente », prevista en el literal j del artículo 164 de CP ACA, no a plicaba a l contrato de permuta c uestionado, porque este era de ejecución in stantánea y no requería liquidación . E n ese sentido, el plazo de los dos años para interponer la demanda era exigible, como lo había señalado el Consejo de Estado mediante providenc ia del 10 de junio 2022, Radicación 05001-23-31-000-2010-02332-03 (67030) con ponencia del Magistrado Martín Bermúdez Muñoz.

Agregó como motivo para el rechazo de la demanda, que la parte demandante no había presentado la solicitud de conciliaci ón prejud icial, requisito previo para demandar como lo señala el artículo 161-1 del CPACA.

2Cfr. SAMAI, índice 5 de primera instancia.3

Expediente N° 72.713 Apelación de auto – Rechazo demanda

Argumentos de impugnación

El 16 de diciembre de 2024 3, la parte demandante interpuso recurso de apelación . Arguyó que el Tribunal incurrió en exceso ritual manifiesto, al exigir el agotamiento del requisito de procedibilidad, a pesar de que había solicitado medidas cautelares y, por ello, de conformidad con el artículo 161 de CPACA , la conciliación no era exigible.

Afirmó que no era del caso el agotamiento de ese requisi to, porque, conforme a la «jurisprudencia del Consejo de Estado »: «La acción de nulidad absoluta de un contrato estatal no está dirigida a resolver conflictos patrimoniales entre las partes,

Afirmó que no era del caso el agotamiento de ese requisi to, porque, conforme a la «jurisprudencia del Consejo de Estado »: «La acción de nulidad absoluta de un contrato estatal no está dirigida a resolver conflictos patrimoniales entre las partes, sino a declarar la invalidez del acto jurídico por razones que af ectan el orden público, lo cual no requiere conciliación previa»4.

Adujo que para el rechazo de la demanda se había aplicado una interpretación jurisprudencial de una norma que no se encontraba vigente, esto es, el artículo 136 de CCA, citado en la providencia del 10 de junio 2022, Radicación 05001 -2331-000-2010-02332-03 (67030) , referido al término de caducidad de l medio de control de controversias contractuales, circunstancia que vulnera los postulados de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima.

Resaltó que el CPACA no distin gue entre contratos de ejecución sucesiva o instantánea, razón por la cual estos últimos podían ser impugnados por nulidad absoluta, mientras no fueran liquidados o extinguidos. Y comoquiera que, en el caso en concreto, el contrato estatal que se p ide anular aún se enc uentra vigente al momento de la presentación de la demanda, es o portuna la petición de anulación, conforme al artículo 164 del CPACA.

Indicó que el Tribunal interpret ó erróneamente la esencia, naturaleza jurídica y las disposiciones del Código Civil respecto al contrato de permuta, pues este no es de ejecución instantánea o inmediata, como s í lo es la compraventa cuyas

Indicó que el Tribunal interpret ó erróneamente la esencia, naturaleza jurídica y las disposiciones del Código Civil respecto al contrato de permuta, pues este no es de ejecución instantánea o inmediata, como s í lo es la compraventa cuyas prestaciones se cumplen en un único acto. La permuta , por el contrario , implica obligaciones y efectos patrimoniales que pueden extenderse en el tiempo , por lo que se debía en tender como un contrato de t racto sucesivo , lo que habilita la nulidad absoluta durante su vigencia la cual se entiende hasta que dichos efectos patrimoniales perduren.

3 Cfr. SAMAI, índice 8 de primera instancia. 4 Sección Tercera, Sentencia del 22 de abril de 2021 (Rad. 25000-23-26-000-2013-00020-01).4

Expediente N° 72.713 Apelación de auto – Rechazo demanda

Alegó que el Tribunal desconoció el artículo 1750 del Código Civil , que establece un término de prescripción de 10 años para la acción de nulidad de contratos civiles de derecho privado . Y que dejó de lado el análisis del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 , c onforme al cual las normas del derecho común son aplicables a aspectos esenciales como la capacidad, el objeto , causa, la acción resolutoria, la caducidad y prescripción; criterio a su vez referido por la Corte Constitucional en la sentencia C-148 de 2011, así: «la Ley 80 de 1993 establece un régimen mixto, en el cual se conjugan disposiciones de carácter público y privado, y permite acudir al

sentencia C-148 de 2011, así: «la Ley 80 de 1993 establece un régimen mixto, en el cual se conjugan disposiciones de carácter público y privado, y permite acudir al derecho común para llenar los vacíos normativos en aspectos esenciales de los contratos estatales».

Concluyó que e l auto recurrido, al declarar configurada la caducidad del término para formular el medio de control de controversias contractuales, ignoró el artículo 137 CPACA, así como el artículo 1742 del Código Civil , en la medida en que la finalidad de la anulación de los actos jurídicos es la protección del interés público y del orden jurídico general.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

1. El Consejo de Estado es competente , en segunda instancia , para estudiar el presente asunto de conformidad con el artículo 150 de l CPACA5, según el cual , conoce de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos6.

De conformidad con el numeral 1 del artículo 243 del CPACA 7, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de apelación procede contra el auto que rechace la demanda y según lo dispuesto en el literal g, numeral 2 del artículo

5 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJ O DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en

transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá de l recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. 6 Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, ya que ésta se determina por el valor del contrato cuya nul idad absoluta se pretende, la cual asciende a la suma de $1.332’718.038, valor que supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152. 4 del CPACA, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021, esto es, $650’000.000. 7 ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: // 1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que nie gue tot al o pa rcialmente el mandamiento ejecutivo.5

Expediente N° 72.713 Apelación de auto – Rechazo demanda

125 del CPACA 8, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021 , este recurso será decidido en Sala.

Oportunidad del recurso

2. El numeral 3 del artículo 244 del CPACA establece que el recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación por estado.

Oportunidad del recurso

2. El numeral 3 del artículo 244 del CPACA establece que el recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación por estado.

En esa medida se tiene que l a providencia recurri da fue notificada por estado electrónico el 11 de diciembre de 2024 9. Y el 16 de diciembre de 2024 10, la parte accionante interpuso recurso de apelación, por lo que se concluye que el recurso fue presentado oportunamente.

Caso concreto

3. En los términos del recurso de apelación, la Sala decidirá si le asistió razón o no al Tribunal al rechazar la demanda de controversias contractuales respecto del contrato de permuta No. 1992 del 9 de septiembre de 2021 , por considerar que había fenecido el término de cad ucidad, toda vez que fue radicada pasados los dos años siguientes, contados desde su perfeccionamiento . Además, porque no se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.

4. Para resolver el recurso de alzada, la Sala abordar á los siguientes temas , dados los argumentos esgrimidos por el recurrente, así: (i) la ley aplicable para interponer la demanda de control de controversias contractuales; (ii) el régimen jurídico del contrato y lo s efectos de la regulación de la liquidación sobr e la vigencia de los negocios jurídicos; (iii) la vigencia del contrato de permuta pactado por las partes y (iv) la contabilización del término para demandar la nulidad absoluta.

En ese orden de ideas, y solo en el evento en que se concluya que la decisió n

por las partes y (iv) la contabilización del término para demandar la nulidad absoluta.

En ese orden de ideas, y solo en el evento en que se concluya que la decisió n adoptada por el Tribunal respecto de la configuración del fenómeno procesal de la caducidad debe ser revocada , la Sala procederá a realizar el análisis correspondiente a la exigencia del requisito de procedibilidad de la conciliación.

8 ARTÍCULO 125. DE LA EXPEDICIÓN DE PROVIDENCIAS. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (…) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…) g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas. 9 Cfr. SAMAI, índice 06 de primera instancia. 10 Cfr. SAMAI, índice 07-08 de primera instancia.6

Expediente N° 72.713 Apelación de auto – Rechazo demanda

La ley aplicable para interponer la demanda de control de controversias contractuales

5. Respecto al régimen jurídico aplicable a la presentación oportuna del medio de control, se encuentra que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA, estableció que dicha normativa entraría a regir a partir del 2 de julio de 2012 y sus disposiciones serían aplicables a las demandas y procesos que se instaur an con

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA, estableció que dicha normativa entraría a regir a partir del 2 de julio de 2012 y sus disposiciones serían aplicables a las demandas y procesos que se instaur an con posterioridad de su entrada en vigor.

En el cas o en estudio, la Sala encuentra que la demanda fue radicada el 27 de noviembre de 2024 11 , en consecuencia, el régimen procesal aplicable es el establecido en la norma referida y para el asunto de la caducidad del medio de control de controversias contractua les, lo dispuesto en el literal j del numeral segundo del artículo 164 CPACA.

Régimen aplicable al contrato cuestionado y los efectos de la liquidación sobre su vigencia

6. A efectos de resolver lo enunci ado, es necesario abordar el concepto y la configuración del contrato de permuta, toda vez que en la demanda se solicitó la nulidad absoluta del contrato No. 1992 de 2021; así como lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en cuanto el recurrente manifestó que el Tribunal, al analizar el térmi no de caducidad , no había tenido en cuenta dicha disposición, aun cuando el negocio jurídico referido era un contrato estatal, toda vez que fue suscrito por el alcalde del Municipio de Marinilla, en representación del ente territorial.

Sea lo primero advertir que el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 [Estatuto General de Contratación de la Administración Pública] prevé que, para los efectos de dicha ley, se denominan entidades estatales, entre otras, a los municipios. El 9 de septiembre de 2021 el Municipio d e Marinilla y los demandantes celebraron el

Contratación de la Administración Pública] prevé que, para los efectos de dicha ley, se denominan entidades estatales, entre otras, a los municipios. El 9 de septiembre de 2021 el Municipio d e Marinilla y los demandantes celebraron el contrato de permuta de varios bienes inmuebles, el cual fue elevado a escritura pública en esa fecha , de manera que a este contrato se aplican las normas del derecho privado (artículo 13 de la Ley 80 de 1993) y l a regulación especial que sobre ciertos aspectos contiene el mencionado estatuto, como pasa a explicarse.

11 Cfr. SAMAI, índice 2 de primera instancia.7

Expediente N° 72.713 Apelación de auto – Rechazo demanda

El Estatuto General de Contratación Pública prescribió, como regla general, que los contratos de las entidades públicas, a las que se refiere el artículo 2, se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes ( artículo 13 de la Ley 80 de 1993). Frente a esa regla general , ese mismo artículo estableció algunas excepciones referidas a determinados asuntos que el legislador reguló específicamente. Uno de esos aspectos fue, precisamente, el atinente a la liquidación del contrato.

Sobre el particular, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 prescribió que los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución se prolonga en el tiemp o y los de más que lo requieran, serían objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes12. Además, el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, al adicionar un

que lo requieran, serían objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes12. Además, el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, al adicionar un último inciso a esa norma, dispuso que la liquidación no sería obligatoria en los contratos d e prestación de servicios profesionales y de apoyo a Ia gestión. Conforme con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, el referido artículo 60 de la Ley 80 de 1993, con sus modificaciones era la vigente al momento de la celebración del contrato (9 de septiembre de 2021).

La regulación que hizo la Ley 80 de 1993 sobre la liquidación tiene incidencia en la determinación de la vigencia del contrato . En efecto, dada la exigencia del procedimiento liquidatorio, surgen diferencias entre el plazo de ejecución y la vigencia del contrato . El primero, el plazo de ejecución está ligado al objeto del contrato y su cumplimiento. El segundo , la liquidación, es un acto jurídico destinado a evaluar el estado de la ejecución de las obligaciones correspondientes, que implica un corte de cuentas con el propósito de determinar la existencia de obligaciones pendientes y de analizar los saldos a favor de las partes.

Esta diferencia trae como consecuencia que el vínculo contractual se mantiene vigente en espera de la liquidación, aun cuando el plazo pactado para cumplir el objeto del contrato ocurra, con el fin que en ese corte de cuentas se analice el estado de ejecución de las obligaciones . Sobre el particular la jurisprudencia ha sostenido lo siguiente:

12 La redacción original del mencionado artículo 60 disponía los plazos en los cuales correspondía real izarse

estado de ejecución de las obligaciones . Sobre el particular la jurisprudencia ha sostenido lo siguiente:

12 La redacción original del mencionado artículo 60 disponía los plazos en los cuales correspondía real izarse la liquidación, regulación que fue suprimida por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, reforma que en el artículo 11 dispuso: «La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.».8

Expediente N° 72.713 Apelación de auto – Rechazo demanda

«…Pero si bien es cierto en la mayoría de los casos el plazo del contrato coincide con el de ejecución de la obra, con la entrega del suministro, con la prestación del servicio, también lo es, que este plazo no constituye propiamente hablando el periodo de ejecución del contrato porque al finalizar el plazo que se ha destinado para el cumplimiento de la obligación principal por parte del contratista las partes no quedan liberadas de pleno derecho mientras no se extingan todas las obligaciones adquiridas, lo cual se cumpl e necesariamente en la etapa de liquidación del contrato en la cual es donde la administración puede valorar el cumplimiento total de las obligaciones a cargo del contratista y es la que le pone término a la vinculación de las partes»13.

En tal sentido, en los contratos a los que se aplica la regulación especial de la Ley

valorar el cumplimiento total de las obligaciones a cargo del contratista y es la que le pone término a la vinculación de las partes»13.

En tal sentido, en los contratos a los que se aplica la regulación especial de la Ley 80 de 1993, el negocio jurídico se mantiene vigente si requiere liquidación, período en el cual corresponde hacer el corte de cuentas del contrato . Este aspecto tiene importantes consecuencias jurídicas, una de ellas , la determinación del momento para presentar la demanda de nulidad absoluta del contrato.

Por ello, en los contratos sometidos al derecho privado y a la regulación de la Ley 80 de 1993, para establecer el momento en que el contrato deja de estar vigente con el fin de demandar su nulidad absoluta, el juez debe analizar lo siguiente: (i) si las partes pactaron, en virtud de la autonomía de la voluntad, un trámite de liquidación; (ii) en defecto de un acuerdo de las partes, deberá analizar si se trata de un contrato de tracto sucesivo o de aquellos cuya ejecución se prolonga en el tiempo y (iii) si por la naturaleza del contrato resultaba necesario determinar el corte de cuentas respectivo. Si se da una de estas hipótesis la vigencia del contrato se extenderá por el término de liquidación.

La vigencia del contrato de permuta pactado por las partes

7. La Sala procede , entonces, a estudiar el contrato entre las partes con el fin de determinar su vigencia y, con ello, el momento a partir del cual empezó a correr el término para presentar la demanda, aspecto que es el centro del debate conforme con lo decidido por el a quo y el recurso interpuesto. En efecto, precisamente sobre este tema, la vigencia del contrato de permuta , recae la inconformi dad del

término para presentar la demanda, aspecto que es el centro del debate conforme con lo decidido por el a quo y el recurso interpuesto. En efecto, precisamente sobre este tema, la vigencia del contrato de permuta , recae la inconformi dad del recurrente, al considerar que, contrario a lo señalado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al momento de presentar la demanda el contrato de permuta se encontraba vigente, en tanto no había sido resuelto por las partes o extinguido por decisión judicial , de modo que este continúa produciendo efectos patrimoniale s, aún después de su perfeccionamiento.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 1999, rad. nº. 10264. Consultar otras sentencias en igual sentido: Sentencia de 25 de agost o de 20 11, rad . nº. 16435; Subsección A, sentencia de 19 de febrero de 2024, rad. nº. 62023.9

Expediente N° 72.713 Apelación de auto – Rechazo demanda

7.1. E l contrato de permuta, cuya nulidad se pretende, se perfeccionó el 9 de septiembre de 2021, a través de la Escritura Pública No. 1992 d e la Notaría Única de Marinilla, en los siguientes términos: (i) el Municipio de Marinilla adquiri ría seis bienes inmuebles por un valor total de $1.359.921.828 que eran de propiedad de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y (ii) la Parroquia de N uestra Señora de la Asunción adquiri ría dos lotes de propiedad del referido municipio por

la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y (ii) la Parroquia de N uestra Señora de la Asunción adquiri ría dos lotes de propiedad del referido municipio por valor de $1.332.178.038 , según se pactó en la cláusula sexta del contrato. En tal sentido las obligaciones de dar, que surgieron de ese contrato , se cumplieron una vez perfeccionado el contrato de permuta.

7.2. Frente a la entrega ma terial, en la Escritura Pública No. 1992, a través de la cual se perfeccionó el contrato de permuta , se indicó: «la entrega real y material de los inmuebles permutados se efectuará el día en que se firme la presente Escritura Pública».

7.3. Conforme a la cláusula sexta del contrato, a favor de la Parroquia quedaba un saldo de $27.203.790, los cuales fueron pagados mediante un cruce de cuentas con cargo a la liquidación de la plusvalía señ alada en las Resoluciones Nos. 009 de 2009 y 3982 de 2021 expedidas por el Municipio de Marinilla. Acuerdo que quedó debidamente protocolizado en la señalada escritura.

Para la interpretación del contrato, el juez debe seguir ante todo el criterio sentad o por el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Esta regla tiene plena aplicación cuando conste, de manera inequívoca, que la intención de las partes es distinta de lo que expresaron los términos del contrato y supone que, aun siendo claro en el sentido lingüístico y literal, ante una

palabras. Esta regla tiene plena aplicación cuando conste, de manera inequívoca, que la intención de las partes es distinta de lo que expresaron los términos del contrato y supone que, aun siendo claro en el sentido lingüístico y literal, ante una divergencia el juez debe precisar e indagar la recíproca intención de las partes, según las circunstancias del negocio jurídico14.

Conforme a la voluntad de las partes, contenida de manera expresa y clara en el contrato, estas consintieron en obligarse de manera recíproca a dar -mediante intercambiovarios bienes identificados como cuerpos ciertos , es decir, se obligaron mediante un contrato de permuta 15. Este acuerdo se perfeccionó en el momento en que su consentimiento quedó plasmado en la escritura pública 16, de

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de noviembre de 2020, Rad. 11001 -3103-019-2011-00361-01 [Fundamento Jurídico C.1]. 15 El artículo 19 55 del Código civil define la permuta como un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. 16 El artículo 1956 del Código Civil prescribe que El cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, excepto qu e una d e las cosas que se cambian o ambas sean bienes raíces o derechos de sucesión hereditaria, en cuyo caso, para la perfección del contrato ante la ley, será necesaria escritura pública.10

Expediente N° 72.713 Apelación de auto – Rechazo demanda

manera que a partir de allí produjo los efectos de esa tipología de negocio jurídico17.

Expediente N° 72.713 Apelación de auto – Rechazo demanda

manera que a partir de allí produjo los efectos de esa tipología de negocio jurídico17.

8. Ahora bien, respecto de su vigencia, la Sala observa lo siguiente:

8.1. Las partes no pactaron un plazo de liquidación posterior a su ejecución. Tampoco acordaron obligaciones adicionales o diferente s a las que se derivaban del contrato de permuta , que tuvieran que cumplirse durante un plazo posterior al momento de su perfeccionamiento . Además, allí mismo , su voluntad fue da r por pagado el saldo a favor de la demandante mediante lo que denominaron «el cruce de cuentas con cargo a la liquidación de la plusvalía » que ya le había sido notificada a través de la Resolución No. 009 de 2007.

8.2. Una vez perfeccionado el contrato, las obligaciones se ejecutaron en un solo momento, puesto que las partes no las sometieron a un plazo o supeditaron su nacimiento a una con dición. En el momento del perfeccionamiento se produjeron las obligaciones d e dar que se cumplieron con la suscripción de la escritura pública y en esa misma fecha se acordó la entrega material de los bienes.

Sobre los contratos de ejecución instantánea la doctrina ha sostenido:

«según la oportunidad y la manera en que han de efectuarse en el tiempo las prestaciones que emanan del acto de autonomía, esto es, si se pueden realizar en forma unitaria de un solo golpe, así se fracciona en varios contados o c uotas o necesariamente sean de proyectar en el tiempo dividiéndose o renován dose periódicamente los negocios, se clasifican en de ejecución instantánea que

en forma unitaria de un solo golpe, así se fracciona en varios contados o c uotas o necesariamente sean de proyectar en el tiempo dividiéndose o renován dose periódicamente los negocios, se clasifican en de ejecución instantánea que puede ser diferida y de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo. La doctrina advierte que esta clasi ficación es ajena a los códigos. Se apreciará mejor la distinción entre las dos categorías al cotejar por ejemplo contrato de obra y contrato de trabajo, depósito y arrendamiento, venta o renta vitalicia y observar cómo en tanto que en unos las prestacione s se pagan inmediatamente o en corto tiempo en uno o en varios contados, la naturaleza de los otros indica una proyección hacia el futuro con renovación continua un tracto sucesivo y no porque así lo dispongan las partes y no porque la esencia misma la fig ura lo im