CE - Auto interlocutorio 08001233100020250043801 de 2025

Demandante: Marlon Mora Montesinos

Demandado: Centro de Detención Transitorio

CDT La Estrella de Barranquilla Rad: 08001-23-31-000-2025-00438-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Villavicencio, diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: HABEAS CORPUS

Radicación No: 08001-23-31-000-2025-00438-01

Demandante: MARLON MORA MONTESINOS

Demandado: CENTRO DE DETENCIÓN TRANSITORIO CDT LA

ESTRELLA DE BARRANQUILLA

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede el Despacho a resolver, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, la impugnación formulada por el señor Marlon Mora Montesinos contra la providencia l de 14 de noviembre de 202 5, proferida por el magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo adscrito al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, a través de la cual se negó la solicitud de habeas corpus de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de habeas corpus

La parte actora solicita que se ordene al Centro de Detención Transitorio CDT La

la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de habeas corpus

La parte actora solicita que se ordene al Centro de Detención Transitorio CDT La Estrella de Barranquilla otorgar de forma inmediata su libertad, debido a que desde el 11 de noviembre de 2025 se encuentra privado de ella sin que, en su concepto, exista una orden judicial vigente.

Para el efecto, indicó que el 14 de abril del presente año fue capturado por orden judicial 007 -2025 y el 15 de abril siguiente fue presentado ante el Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, para que se legalizara el procedimiento respectivo.

Lo anterior, dentro de la investigación que se adelanta en su contra (junto a otros ciudadanos) por los presuntos punibles de fraude procesal, peculado por apropiación e invasión de tierras bajo el radicado 11001-60-00-101-2024-10043.

Resaltó que en la audiencia se advirtieron irregularidades en la orden de captura, por lo que el despacho decretó la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, ordenó su libertad inmediata, la cual recobró el 16 de abril de 2025 en horas de la madrugada.

Mencionó que el 2 de mayo del presente año se realizó la audiencia deDemandante: Marlon Mora Montesinos

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 formulación de imputación, esta vez ante el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, en la cual no aceptó ninguno de los cargos.

Informó que el 27 de mayo siguiente, el juzgado impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión, la cual fue objeto de apelación por parte de su defensor.

Destacó que, de manera voluntaria, se presentó al día siguiente en las instalaciones de la UCJ La Cordialidad para cumplir con dicha medida.

Expresó que el recurso de apelación fue asignado al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, despacho que a través de auto del 11 de novi embre de 2025 declaró la nulidad parcial de lo resuelto por el a quo, al considerar que no se valoraron los elementos materiales probatorios aportados por la defensa, ni se realizó el test de proporcionalidad respecto de los fines de la medida de aseguramiento.

Aclaró que allí se dispuso que la decisión solo cobijaba a quienes interpusieron recursos, como era su caso, pues frente a los demás imputados se mantuvo la medida de aseguramiento intramural.

Precisó que, con base en lo anterior, solicitó al juez Octavo Penal del Circuito de Barranquilla que dispusiera su libertad inmediata, frente a lo cual el despacho no se pronunció pues simplemente se limitó a manifestar que , si tenía alguna duda sobre la orden, debía consultar a su abogado defensor.

Barranquilla que dispusiera su libertad inmediata, frente a lo cual el despacho no se pronunció pues simplemente se limitó a manifestar que , si tenía alguna duda sobre la orden, debía consultar a su abogado defensor.

Por tal motivo, el actor considera que la privación de su libertad carece de sustento jurídico, ya que la decisión con la que se le impuso la medida fue anulada, así que prolongar su detención desconoce sus garantías fundamentales.

1.2. Normas violadas

Invocó la trasgresión de los artículos 28, 29, 30 y 85 de la Constitución Política, así como los artículos 6 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

1.3. Actuación procesal

Por auto de l 13 de junio de 2025, el magistrado sustanciador de la acción de la referencia admitió la solicitud de habeas corpus y ordenó su notificación al Centro de Detención Transitorio CDT La Estrella de Barranquilla, a los Juzgados 101 y 102 Penales Municipales con Función de Control de Garantías de Barranquilla y al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla.

1.4. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:Demandante: Marlon Mora Montesinos

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 1.4.1. Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla

Relató que el 15 de abril de 2025 le correspondió por reparto la s audiencias de legalización de allanamiento, registro y elementos incautados, legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento , dentro del radicado C.U.I. 11001 -60-00-101-2024-10043, en el que obra como procesado el señor Mora Montesinos junto a otros ciudadanos.

Manifestó que las audiencias respectivas culminaron el 16 de abril siguiente, en las cuales se decretó la legalidad de las órdenes de registro y allanamiento expedidas por la delegada de la fiscalía, así como del procedimiento de captura de 16 de los 17 p rocesados, exceptuando justamente la del aquí accionante , a quien se le otorgó su libertad inmediata.

Explicó que, con posterioridad, el conocimiento del asunto fue asumido por el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, así que en lo que tiene que ver con las actuaciones adelantadas por su despacho, no se avizoraba vulneración alguna de las garantías del actor.

1.4.2. Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla

Destacó que conoció de las audiencias de formulación de imputación y de medida de aseguramiento dentro del radicado antes mencionado, únicamente contra el señor Marlon Mora Montesinos.

Barranquilla

Destacó que conoció de las audiencias de formulación de imputación y de medida de aseguramiento dentro del radicado antes mencionado, únicamente contra el señor Marlon Mora Montesinos.

Expuso que allí se le impuso la medida de detención intramural, frente a la cual la defensa interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla.

Aclaró que, hasta ese momento, no se le había notificado algún tipo de decisión emitida en segunda instancia, por lo que una vez se proceda en tal sentido, fijará fecha para resolver lo pertinente conforme a la agenda del despacho.

Sostuvo que, por tal razón, no ha vulnerado los derechos invocados por el actor, puesto que sus garantías fueron respetadas durante las diligencias y no se ha prolongado ilegalmente la privación de su libertad.

En tal sentido, pidió negar la solicitud de habeas corpus de la referencia.

1.4.3. Fiscalía 52 delegada ante los jueces penales del circuito – Dirección Especializada contra la Corrupción

Señaló que, desde febrero de 2024, tiene a su cargo la indagación con radicado 11001-60-00-101-2024-10043, relacionada con hechos de corrupción y ocupación ilegal de bienes.Demandante: Marlon Mora Montesinos

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Expresó que, como producto de la indagación, el señor Mora Montesinos fue capturado por funcionarios de la policía judicial el 14 de abril de 2025, en cumplimiento de la Orden de Captura 007 de 2025, emitida el 10 de abril del presente año por el Juzgado Veintidós Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Afirmó que el 15 de abril siguiente se presentó al capturado ante el juez de control de garantías respectivo, quien declaró la ilegalidad de la orden y dispuso su libertad inmediata.

Recalcó que el 2 de mayo de 2025, el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla adelantó la audiencia de formulación de imputación respecto del señor Mora Montesinos junto a 16 imputados más.

Destacó que el despacho resolvió imponer medida de aseguramiento intramural en su contra por los siguientes delitos en calidad de coautor: peculado por apropiación en concurso, “prevaricato por apropiación” en concurso, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, falsead material en documento público y urbanización ilegal.

Adujo que esta decisión fue apelada y el Juzgado Octavo Penal del Circuito Barranquilla, en audiencia adelantada el 11 de noviembre de 2025, declaró la nulidad de la medida de aseguramiento únicamente respecto de los señores Francisco María Mejía de la Hoz e Iván Carlos Páez Redondo, y señaló que en

Barranquilla, en audiencia adelantada el 11 de noviembre de 2025, declaró la nulidad de la medida de aseguramiento únicamente respecto de los señores Francisco María Mejía de la Hoz e Iván Carlos Páez Redondo, y señaló que en relación con los demás imputados, quedaba incólume la decisión impugnada.

Por lo anterior, consideró que no había lugar a decretar la libertad del señor Mora Montesinos, precisamente porque la medida de aseguramiento no ha sido revocada y, en consecuencia, no existe fundamento jurídico alguno para proceder en tal sentido.

Además, informó que el actor ya había solicitado la revocatoria de la medida , la cual fue resuelta de manera negativa por el Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías en audiencia del 22 de octubre de 2025, ante la ausencia de elementos materiales probatorios nuevos que permitieran acceder a tal petición.

1.4.4. Centro de Detención Transitorio La Estrella de Barranquilla

Narró que el señor Mora Montesinos fue remitido a ese centro el 27 de mayo de 2025, proveniente de la UCJ La Cordialidad, por orden emanada del Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla.

Argumentó que se realizó su ingreso en cumplimiento de la decisión del referido despacho, la cual le había sido notificada en la audiencia respectiva.

Expuso que, desde entonces, el interno ha permanecido bajo custodia sin que se haya recibido orden judicial o administrativa que disponga su libertad o el cese deDemandante: Marlon Mora Montesinos

Demandado: Centro de Detención Transitorio

CDT La Estrella de Barranquilla

haya recibido orden judicial o administrativa que disponga su libertad o el cese deDemandante: Marlon Mora Montesinos

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 la medida de aseguramiento.

Añadió que, mientras no exista una orden escrita y expresa de libertad emitida por el juez que conoce del proceso o por una autoridad superior que lo sustituya, el centro de detención carece de competencia para disponer de la libertad del interno, ya que proceder en contrario implicaría el desacato a la autoridad judicial y conllevaría a una violación del principio de legalidad de las órdenes de detención.

1.4.5. Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla

Se limitó a enviar copia del acta de la audiencia del 11 de noviembre de 2025, así como del registro de audio y video correspondiente.

1.5. Decisión impugnada

Mediante providencia de l 14 de noviembre de 2025, el magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo, adscrito al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, negó la solicitud de habeas corpus con base en los siguientes argumentos:

Explicó que este tipo de acciones no pueden ser utilizadas para (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad , (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y

Explicó que este tipo de acciones no pueden ser utilizadas para (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad , (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos para garantizar el derecho a la libertad personal, (iii) desplazar al funcionario judicial competente y (iv) obtener una opinión diversa a manera de instancia adicional.

Señaló que, en este caso, el actor utilizó la solicitud de habeas corpus como un mecanismo alterno, ya que el juez ordinario era quien debía resolver sobre la solicitud de libertad del imputado.

Destacó que no es posible suplir funciones que son propias del juez natural del proceso, máxime cuando el accionante cuenta con las alternativas de defensa que la ley consagra para el proceso penal.

Agregó que, de las pruebas allegadas al expediente, se podía advertir que el Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla ya había negado una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, en audiencia del 22 de octubre del presente año, frente a la cual no se interpuso recurso alguno.

Aclaró que, contrario a lo manifestado por el actor, en la audiencia realizada el 11 de noviembre por parte del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, solo se dejó en libertad a los señores Francisco María Mejía de la Hoz e Iván Carlos Páez Redondo, dejando a disposición del juez de garantías a los demás imputados cobijados con medida intramural hasta tanto este profiera una nueva decisión que atienda aspectos de legalidad y juridicidad necesarios para adoptar la decisión correspondiente.Demandante: Marlon Mora Montesinos

imputados cobijados con medida intramural hasta tanto este profiera una nueva decisión que atienda aspectos de legalidad y juridicidad necesarios para adoptar la decisión correspondiente.Demandante: Marlon Mora Montesinos

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Por lo anterior, concluyó que la medida de aseguramiento del accionante seguía vigente, así que la privación de su libertad estaba soportada en una decisión legítima proferida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales , razón suficiente para negar la solicitud de habeas corpus.

1.6. La impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora la impugnó mediante escrito en el que recalcó que la decisión de nulidad emitida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla implicaba que la medida de aseguramiento impuesta en su contra había quedado sin efectos.

Recalcó que, en consecuencia, se debió ordenar su libertad porque no existe una medida vigente que justifique su reclusión.

Afirmó que, contrario a lo indicado en primera instancia, no cuenta con otro medio ordinario dentro del proceso penal para el restablecimiento de su libertad, pues ya existe una decisión por parte de la autoridad judicial en la que se dejó sin efectos la medida de aseguramiento.

Añadió que no puede solicitar la libertad ante el juez de conocimiento pues esto

existe una decisión por parte de la autoridad judicial en la que se dejó sin efectos la medida de aseguramiento.

Añadió que no puede solicitar la libertad ante el juez de conocimiento pues esto solo puede ocurrir con la terminación del proceso con ocasión de un fallo absolutorio; además, porque no se encuentra en alguna de las causales de los artículos 317 y 318 de la Ley 906 de 2004 para decretar su libertad por vencimiento de términos.

En ese orden de ideas, pidió que se revoque la decisión de primera instancia y se acceda a la solicitud de habeas corpus, ordenando su libertad inmediata.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Despacho es competente para resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia , mediante el cual se negó la solicitud de habeas corpus, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º, numeral 2º, de la Ley 1095 de 2006.

2.2. Problema jurídico

Corresponde al Despacho resolver si la decisión impugnada se encuentra o no ajustada a derecho y, por ende, si debe ser confirmada, modificada o revocada.

Para el efecto, habrá de determinarse, en primer término, si la solicitud resulta o no procedente.

En caso de que haya lugar a estudiar el fondo de la controversia, deberáDemandante: Marlon Mora Montesinos

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 establecerse si la privación de la libertad del actor se prolongó ilegalmente al no procederse a su liberación pese a la declaratoria de nulidad parcial de la decisión en la que se le impuso la medida de aseguramiento intramural.

2.3 El habeas corpus

El constituyente de 1991 instituyó el habeas corpus como derecho constitucional fundamental1, en los siguientes términos:

Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas.

Este artículo fue reglamentado por medio de la Ley 1095 de 2006, la cual en el artículo 1º le otorgó la doble connotación de derecho fundamental y de acción constitucional de amparo de la libertad personal , aspecto que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional2 en modo alguno le quita la naturaleza de derecho constitucional fundamental, el cual se materializa a través del ejercicio de la acción.

Así, el habeas corpus es un derecho fundamental constitucional y a la vez una acción constitucional que tutela la libertad cuando una persona es privada de ésta de manera ilegal. El habeas corpus puede ejercerse sólo por una vez, y para su

la acción.

Así, el habeas corpus es un derecho fundamental constitucional y a la vez una acción constitucional que tutela la libertad cuando una persona es privada de ésta de manera ilegal. El habeas corpus puede ejercerse sólo por una vez, y para su decisión debe aplicarse el principio pro homine.

De acuerdo con la ley 1095 de 2006, el habeas corpus tutela la libertad en dos casos:

1. Cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales.

2. Cuando la privación de la libertad se prolongue ilegalmente.

Por otro lado, respecto de la procedencia del amparo impetrado, se destaca que el habeas corpus no puede ser empleado, a voces de la Corte Suprema de Justicia 3, cuando exista un proceso penal en curso para las siguientes finalidades:

(i) Sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad;

(ii) Reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal;

1 Artículo 30 Constitución Política de Colombia. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-187 de 2006. 3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicación No. 52704, providencia de 11 de mayo de 2018.Demandante: Marlon Mora Montesinos

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mayo de 2018.Demandante: Marlon Mora Montesinos

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 (iii) Desplazar al funcionario judicial competente y,

(iv) Obtener una opinión diversa —a manera de instancia adicional— de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas4.

2.4. Caso concreto

Como se explicó en la primera parte de esta providencia, la presente solicitud de habeas corpus fue radicada con el fin de que se otorgara la libertad inmediata del señor Marlon Mora Montesinos , quien se encuentra recluido en el Centro de Detención Transitorio CDT La Estrella de Barranquilla, en virtud de la medida de aseguramiento decretada el 27 de mayo de 2025 por el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla.

En criterio del actor, no existe fundamento jurídico para encontrarse privado de la libertad, puesto que la medida en cuestión fue anulada por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla en audiencia realizada el 11 de noviembre del presente año.

En primera instancia, el magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo, adscrito al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C , negó la acción constitucional al considerar (i) que se había utilizado como un mecanismo alterno pese a que el

En primera instancia, el magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo, adscrito al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C , negó la acción constitucional al considerar (i) que se había utilizado como un mecanismo alterno pese a que el juez ordinario era el encargado de resolver sobre la solicitud de libertad, y (ii) porque la privación de la libertad del demandante no era ilegal.

Inconforme con esta decisión, el actor la impugnó mediante escrito en el que recalcó que no cuenta con otro medio dentro del proceso penal para el restablecimiento de su libertad y que, en todo caso, la decisión de nulidad decretada en segunda instancia implicaba que la medida de aseguramiento impuesta en su contra había quedado sin efectos, razones suficientes para ordenar su libertad inmediata.

En consecuencia , pidió revocar la decisión apelada y acceder a su solicitud de habeas corpus.

Revisados los argumentos de la petición , confrontado con el informe de las autoridades y la revisión del expediente , este despacho concluye que hay lugar a confirmar la providencia de primera instancia por las razones que se exponen a continuación:

Según se tiene , tal y como lo afirmó el señor Mora Montesinos y fue confirmado por los informes allegados al presente trámite constitucional, el 2 de mayo de 2025 se adelantó la audiencia de formulación de imputación por parte del Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla , en la que , además, se impuso medida de aseguramiento a varios de los imputados , entre ellos el aquí accionante.

Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla , en la que , además, se impuso medida de aseguramiento a varios de los imputados , entre ellos el aquí accionante.

4 CSJ, AHP 11 sep. 2013, Rad. 42220; AHP 4860-2014, Rad. 4860.Demandante: Marlon Mora Montesinos

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla, autoridad que en audiencia del 11 de noviembre de 2025 declaró la nulidad parcial de lo resuelto en primera instancia.

Según el actor, esta decisión implica que la medida de aseguramiento impuesta en su contra dejó de existir y, por lo tanto, debía ordenarse su libertad inmediata.

Por su parte, la Fiscalía 52 delegada ante los jueces penales del circuito aseguró que la determinación de la autoridad judicial solo afectaba a los señores Francisco María Mejía de la Hoz e Iván Carlos Páez Redondo, y no a los demás imputados, frente a quienes la medida se mantenía incólume.

En tal sentido, resulta pertinente revisar la argumentación efectuada por el juez Octavo Penal del Circuito de Barranquilla para establecer si, como lo afirma el actor, está cobijado por algún tipo de decisión de la que se pueda desprender su

En tal sentido, resulta pertinente revisar la argumentación efectuada por el juez Octavo Penal del Circuito de Barranquilla para establecer si, como lo afirma el actor, está cobijado por algún tipo de decisión de la que se pueda desprender su libertad o si, por el contrario, la nulidad decretada en esa instancia no cobija su situación particular y concreta.

De la revisión del expediente, se advierte que en el informe rendido por ese despacho judicial se aportó copia del acta de la diligencia del 11 de noviembre de 2025, así como del registro de audio y video de la audiencia, en la cual se estudiaron los recursos de apelación interpuesto s por varios de los imputados dentro del proceso penal, contra la decisión en las que se les impuso las medidas de aseguramiento intramural, domiciliaria e, incluso, no privativa s de la libertad, para algunos de ellos.

Así, del contenido del archivo multimedia, se despr ende que el juzgado declaró la nulidad parcial del auto del 2 de mayo de 2025, al considerar que el a quo incurrió en distintas irregularidades en cuanto a la determinación de los delitos objeto de investigación, la calidad de autoría o participación de los imputados, la justificación de las medidas de aseguramiento, el análisis de los argumentos de la defensa frente a la posibilidad de acceder a la detención domiciliaria, entre otros.

Al respecto, el juez resaltó:

La providencia impugnada consigna , entre otros, en la parte que se está aquí subrayando: “inferencia razonable que se construye con base en los elementos materiales probatorios aportados por el ente fiscal como los ya plasmados en los formatos de policía judicial, mediante interceptaciones telefónicas o de celulares ”.

subrayando: “inferencia razonable que se construye con base en los elementos materiales probatorios aportados por el ente fiscal como los ya plasmados en los formatos de policía judicial, mediante interceptaciones telefónicas o de celulares ”. En modo alguno hace referencia a posibles elementos materiales probatorios allegados por los defensores, y que al final de cuentas es posible que encuentre, según su sabiduría, a su juicio, que en todo caso no tienen la entidad suficiente para desvirtuar a lo que apuntan los elementos de la fiscalía, o cuales de ellos acoge y cuales no. Eso como para que se vaya teniendo en cuenta cuál es la sustentación, la motivación de esa decisión, cuáles son las consideraciones. (…) “Que la modalidad de la ejecución de los delitos hace imposible que cumplan la medida en su domicilio para proteger el bien constitucional que se pretende”, pero es que aquí no se está destacando, ni en otra parte, el porqué lo aportado por la defensa no, tira al piso todo esto que se está afirmando. Entonces como decía uno de losDemandante: Marlon Mora Montesinos

Demandado: Centro de Detención Transitorio

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 defensores: “aquí nos hemos pasado un tiempo considerable sustentando, argumentando, y al final no se nos toma en cuenta alguna parte esencial”. Entonces, lo de la obstrucción de la justicia, todo lo que tiene que ver con la posibilidad que

10 defensores: “aquí nos hemos pasado un tiempo considerable sustentando, argumentando, y al final no se nos toma en cuenta alguna parte esencial”. Entonces, lo de la obstrucción de la justicia, todo lo que tiene que ver con la posibilidad que tiene de no hacerse presente para cumplir una eventual condena, la sociedad, la víctima, su protección, ello merecía un desarrollo detenido donde se dijera el porqué sí o porqué no de lo de la fiscalía, el porque sí y el porqué no de los defensores, y de lo que afirmaran los intervinientes, trátese de Ministerio Público o apoderado de víctimas.

Es decir, desde el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal que comienza hablando de las diferencias de autoría y participación y artículos subsiguientes que tienen que ver con esto y los bienes constitucionales, no hubo un desarrollo satisfactorio en la providencia . Entonces aquí hay que buscarle una salida, un remedio. Volviendo a los elementos materiales probatorios y las conductas punibles, que en virtud de ello se enrostran a los imputados, por ejemplo la fiscalía en varias de las imputaciones, hablando del peculado por apropiación, fue específica en decir que se trataba del artículo 397, inciso segundo, el cual establece un número de salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales deben tenerse en cuenta para el momento de ocurrencia de los hechos y entonces decir, en tal año el salario mínimo equivalía a tanto, multiplicado por tanto, obsérvese que sí o no encuadra en este inciso, y ello determina el monto de la pena, el mínimo de pena para mirar de allí si era viable o no la imposición de la medida por el factor obje