CE - Auto interlocutorio 08001233300020130062104 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Cuatro (04) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 08001-23-33-000-2013-00621-04 (1640-2025)

Demandante : José de Jesús Mercado Herrera

Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gesti ón Pensional y

Contribuciones Parafiscales de La Protección Social (UGPP) Medio de control : Ejecutivo Tema : Apelación auto que modifica liquidación crédito Decisión : Confirma Providencia - Indexación de valor adeudado exclusivamente por conce pto de interese s moratorios no pagados junto con el capital

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecu tada c ontra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A, el 19 de mayo de 2025, por el cual, se rechazó la objeción presentada por la UGPP y se modificó la liquidación del crédito aportada por la parte ejecutante, aprobando en su lugar la realizada por el Despacho.

I. ANTECEDENTES

1.2 Solicitud de ejecución1

El 05 de abril de 2021, a través de apoderado judicial, la parte ejecutante, presenta solicitud de ejecución de la sentencia del 07 de noviembre de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

1 Ver índice samai 2, Expediente digitalizado, proceso ordinario, archivo «01. SolicitudMandamientoPago»Numero interno: 1640-2025

Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

1 Ver índice samai 2, Expediente digitalizado, proceso ordinario, archivo «01. SolicitudMandamientoPago»Numero interno: 1640-2025

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP

2 La petición plantea librar mandamiento de pago en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las sumas reconocidas en la sentencia, los intereses moratorios y las costas.

1.2 Aspectos cronológicos y procesales

Se concreta que, i) La sentencia quedó ejecutoriada el 2 5 de noviembre de 2019; ii) en aplicación del inciso 2 del artículo 192 del CPACA, es ejecutable (10) meses después de la ejecutoria (25 de septiembre 2020); iii) conforme el numeral segundo, literal k) del artículo 164 del CPACA, el termino de caducidad, (5) años para la acción ejecutiva vence el 25 de septiembre de 2025; iv) la solicitud de ejecución se presentó en oportunidad el 09 de diciembre de 2019.

1.3 Título base de ejecución2

Lo constituye el fallo de segunda instancia del 07 de noviembre de 2019, proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-33-000-2013-00621-01 (0127-2015), el cual resolvió:

«1. Revocase la sentencia de veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014) proferida por el

el cual resolvió:

«1. Revocase la sentencia de veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014) proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor José de Jesús Mercado Herrera contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a lo consignado en la parte motiva; en su lugar:

1.1 Declárase la nulidad de las Resoluciones 4702 del 14 de septiembre de 2006 y 4185 del 7 de febrero de 2008, por las cuales la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación al actor, de conformidad con la motivación.

1.2 Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordenase a la UGPP reconocer y pagar la pensión de jubilación al señor José de Jesús Mercado Herrera, de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985, a partir del 22 de abril de 2005 (con la correspondiente mesada 14), pero con efectos fiscales desde el 12 de junio de 2010, con el 75% del promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios (21 de abril de 1995 a 21 de abril de 2005), conforme lo establece el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. En el IBL pensional se deberán incluir los factores sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes, además de los previstos en los Decretos 691 y 1158 de

el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. En el IBL pensional se deberán incluir los factores sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes, además de los previstos en los Decretos 691 y 1158 de

2 Ver índice samai 2, Expediente digitalizado, proceso ordinario, archivo «039. FalloSegudaInstancia»Numero interno: 1640-2025

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP 3 1994 como ingreso base de cotización (IBC), como quedó indicado con la parte motiva.

1.3 La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (numeral final) del CPACA, en concordancia con los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = R.H. Indicé Final índice Inicial 1.4 La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA.

1.5 Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas a la parte demandada en ambas instancias.

[…]»

Las ordenes contenidas en el título ejecutivo emanado de la sentencia, deben integrarse, con la regla de interpretación complementaria, desarrollada en su parte motiva, según la cual, p or tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, la fórmula utilizada pata la actualización de la condena, debe aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial vigente al momento de la causación de cada uno de ella.

1.4 Mandamiento de pago3

actualización de la condena, debe aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial vigente al momento de la causación de cada uno de ella.

1.4 Mandamiento de pago3

En proveído del 18 de abril de 2022, se libró mandamiento de pago por vía ejecutiva y en consecuencia, se ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, a pagar a favor del ejecutante José Mercado Herrera, en los términos o rdenados en la sentencia que constituye título ejecutivo, la suma total de $1.024.371.902,32, por los siguientes conceptos:

3 Ver índice samai 2, Expediente digitalizado, archivo «09. AutoLibraMandamientoDePago»Numero interno: 1640-2025

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP 4 1.5 Sentencia de primera instancia – Proceso ejecutivo4

Proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 28 de mayo de 2024, se resalta el siguiente punto, dentro de su parte motiva, así:

«[…]

Ahora bien, la parte ejecutante manifiesta que el pasado 26 de agosto de 2022, esto es, luego de haberse iniciado el cobro de forma coercitiva ante esta jurisdicción, “recibió parcialmente de la UGPP la suma parcial del mandamiento de pago por $ 776.020.917 a su cuenta de ahorros pensional de banco DAVIVIENDA.”, aportando para el efecto la constancia de pago respectiva, así:

Del anterior documento aportado por el ejecutante, puede establecerse que la entidad hizo un pago en punto a lograr el cumplimiento de la obligación impuesta, especificándose en este que corresponde

Del anterior documento aportado por el ejecutante, puede establecerse que la entidad hizo un pago en punto a lograr el cumplimiento de la obligación impuesta, especificándose en este que corresponde a la pensión de jubilación del actor José Mercado Herrera, el retroactivo que se generó y los aportes a la EPS Sanitas, para un total neto a pagar de $ 776.020.917, pago que, a juicio de la Sala, resulta insuficiente para tener por satisfecha totalmente la obligación, teniendo en cuenta la liquidación elaborada por la contadora adscrita al tribunal, que sirvió de base para librar el mandamiento de pago en este asunto, en la cual se totalizó las mesadas pensionales indexadas e interés de mora adeudados al 20 de noviembre de 2021, por valor total de $ 1.024.371.902.oo.

Así las cosas, con apoyo en la liquidación referida y su cotejo con el documento que se arribó al proceso, puede concluirse por la Sala que el pago efectuado por la UGPP, por la suma de $ 776.020.917, resulta insuficiente para acreditar el pago de la obligación, respecto del capital indexado, el correspondiente retroactivo y los intereses debidos.

4 Ver índice samai 2, Expediente digitalizado, archivo «88. Sentencia de Excepciones)»Numero interno: 1640-2025

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP

5

Conforme lo anterior, concluye la Sala que si bien la parte ejecutante ha reconocido que la ejecutada expidió el acto de reconocimiento pensional e hizo un pago, el mismo se acredita como un pago parcial de la obligación contenida en la sentencia proferida por el H. Consejo de Estado, máxime si

expidió el acto de reconocimiento pensional e hizo un pago, el mismo se acredita como un pago parcial de la obligación contenida en la sentencia proferida por el H. Consejo de Estado, máxime si se identificó que en la resolución aportada no se evidenció el cálculo ni se liquidaron los respectivos intereses a los que hay lugar en razón del mandato legal previsto en el artículo 192 y 195 del CPACA.»

[…]

Su parte resolutiva establece:

PRIMERO. - DECLÁRASE no probada la excepción de cumplimiento de la obligación y/o pago total propuesta por la parte ejecutada UGPP, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. - DECLÁRASE probada, de oficio, la excepción de pago parcial, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - ORDENASE seguir adelante la ejecución contra la UGPP respecto del saldo que se encuentra insoluto en razón de la condena impuesta en la sentencia de 7 de noviembre de 2019 por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, de acuerdo a lo señalado en la parte motiva de este proveído.

CUARTO. - ADVIÉRTASE a las partes que una vez ejecutoriada esta providencia y dentro de los diez días siguientes podrán presentar la liquidación del crédito, especificando el capital y los intereses de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios, en los términos previstos en el numeral 1º del artículo 446 del Código General del Proceso.

1.6 Providencia recurrida5

La conforma el auto de l 19 de mayo de 2025 , emanado del Tribunal Administrativo del

del Proceso.

1.6 Providencia recurrida5

La conforma el auto de l 19 de mayo de 2025 , emanado del Tribunal Administrativo del Atlántico. Se resaltan los siguientes aspectos contenidos en su parte motiva:

«En punto a la liquidación allegada por la parte ejecutante, que siguió los parámetros del mandamiento ejecutivo, que a la vez se atuvo a las reglas del artículo 1653 del Código Civil, se rectificará esa posición, para alinearla con el citado pronunciamiento vinculante de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado.

Lo anterior, en tanto el asunto examinado se trata de un proceso ejecutivo que se deriva de una sentencia que reconoce un derecho pensional y en esa medida los pagos por concepto de mesadas e interés deben dirigirse exclusivamente a satisfacer el capital acumulado de la obligación, por la naturaleza de los recursos.

5 Ver índice samai 2, Expediente digitalizado, archivo «133. LiquidaciónDelCrédito»Numero interno: 1640-2025

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP

6 En ese orden, se procede a modificar la liquidación del crédito allegada por la ejecutante, en punto a alinearla con las pautas jurisprudenciales descritas, […]»

Al abordar el ejercicio de liquidación, se expresa que, teniendo en cuenta que, la mesada liquidada en el informe de fecha 3 de diciembre de 2021 por valor de $2.772.534,21, difiere a una cuantía de 6.100 conforme a la mesada reconocida en Resolución 3962 de 12 de febrero de 2020 ($2.766,434), efectiva a partir del 23 de abril de 2005, con efectos fiscales

a una cuantía de 6.100 conforme a la mesada reconocida en Resolución 3962 de 12 de febrero de 2020 ($2.766,434), efectiva a partir del 23 de abril de 2005, con efectos fiscales a partir del 12 de junio de 2010, se realizará el cálculo del retroactivo teniendo en cuenta la Resolución 3962 de 12 de febrero de 2020 ($2.766,434), la cual de acuerdo a las pruebas que reposan en el expediente no fue objetada, a fin de practicar los pagos realizados por la entidad aseguradora de la prestación.

Con base en lo anterior se proyecta la mesada con los respectivos incrementos anuales desde el 2002 hasta el 2022, arrojando el valor de $5.504.882,15.

Seguidamente se determinan la línea en la que, se procederá para llegar al resultado de la operación:

• Se indexará el retroactivo solo y hasta la fecha de ejecutoria de sentencia con fundamento al Artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

• Se aplicarán los pagos realizados por la entidad de fecha 30 de agosto de 2022 y 20 de diciembre de 2022.

• Se actualizarán los intereses a fecha 11 de abril de 2025, fecha de liquidación.

• A efectos de liquidar los intereses y aplicar los pagos se imputará el valor del pago realizado en fundamento al artículo 1653 del Código Civil, primeramente, el pago se aplicará a los intereses por pauta general y, por excepción, al saldo del capital acumulado a la fecha del pago.

En tal sentido se obtienen los siguientes valores acoplando los respectivos cálculos:

Diferencia Mesadas indexada a la ejecutoria de la sentencia: Desde el 12 de junio de

acumulado a la fecha del pago.

En tal sentido se obtienen los siguientes valores acoplando los respectivos cálculos:

Diferencia Mesadas indexada a la ejecutoria de la sentencia: Desde el 12 de junio de 2010 (efectos fiscales por prescripción trienal), a 7 de noviembre de 2019 (fecha de ejecutoria), se obtiene el valor de $ 589.245.800Numero interno: 1640-2025

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP

7 Diferencia Mesadas Indexada Posterior a la Ejecutoria: entre el 08 de noviembre de 2019 y el 30 de julio de 2022, arroja un valor de $181.926.540

Valor capital: RESUMEN CAPITAL DE CRÉDITO CONCEPTO MONTO Diferencias correspondientes al retroactivo pensional desde el 12 de junio de 2010 a 7 de noviembre de 2019 $ 546.929.027,00

Aporte a la salud periodo comprendido entre el 12 de junio de 2010 a 7 de noviembre de 2019 $ 56.274.829,00 Indexación de diferencias pensionales desde el 12 de junio de 2010 a 7 de noviembre de 2019 $ 98.591.602,00 Total, retroactivo pensional indexado de sde el 12 de junio de 2010 a 7 de noviembre de 2019 $ 589.245.800,00 Diferencias sin indexación correspondientes al retroactivo pensional desde el 8 de noviembre de 2019 a 31 de julio de 2022 $ 202.489.813,00 Aporte a la salud periodo comprendido entre 8 de noviembre de 2019 a 31 de julio de 2022- $ 20.563.274,00

de noviembre de 2019 a 31 de julio de 2022 $ 202.489.813,00 Aporte a la salud periodo comprendido entre 8 de noviembre de 2019 a 31 de julio de 2022- $ 20.563.274,00 Total, retroactivo pensional sin indexar periodo 8 de noviembre de 2019 a 31 de julio de 2022 $ 181.926.540,00 Total capital desde el 12 de junio de 2010 a 31 de julio de 2022 $ 771.172.340,00

Cálculo de Intereses - DTF: Se presenta un total de $20.268.004.

Cálculo de Intereses - Tasa Comercial: Liquidados por valor de $340.959.758.

Total, intereses con corte al 30 de agosto de 2022: $361.227.762.

Deducción abono al valor del capital consolidado: Capital Acumulado $ 771.172.340,00 Deducción abono $ 859.245.736,00 Saldo capital menos deducción - Saldo a favor de la entidad -$ 88.073.396,00

Saldo total por concepto de intereses al 30 de agosto de 2022:

Valor intereses acumulados - El capital fue saldado al 30 de agosto de 2022 $ 361.227.762,00 Saldo a favor de la entidad -$ 88.073.396,00 Saldo intereses $ 273.154.366,00 Deducción abono 20 de diciembre de 2022 $ 7.328.117,00 Total, deuda por concepto de intereses $ 265.826.246,00

Finalmente se indexa el valor de los intereses desde el 30 de agosto de 2022 al 30 de abril de 2025, resolviendo:

Total, deuda por concepto de intereses $ 265.826.246,00

Finalmente se indexa el valor de los intereses desde el 30 de agosto de 2022 al 30 de abril de 2025, resolviendo:

«PRIMERO: RECHAZAR las objeciones formuladas por la ejecutada Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, acorde con las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutada señor José deNumero interno: 1640-2025

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP

8 Jesús Mercado Herrera, de conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 446 del C.G. del P., para lo cual se fija como saldo insoluto de la obligación, a corte 30 de abril de 2025, la suma total de TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 326.895.334), que comprende lo siguiente:

[…]»

1.7 Del recurso de apelación6

Presentado por la UGPP, el 23 de mayo de 2025, se realiza el recuento de la situación pensional del ejecutante, expresando especialmente que, el valor por IBL se obtiene con base en el certificado de factores salariales , para concretar que se dio estricto cumplimiento al fallo judicial ejecutado e informando como queda distribuida la cu ota parte pensional.

Informa que, no se causaron intereses después de febrero de 2020 , porque la fecha de solicitud es posterior y que el pago realizado se ajustó a derecho.

parte pensional.

Informa que, no se causaron intereses después de febrero de 2020 , porque la fecha de solicitud es posterior y que el pago realizado se ajustó a derecho.

Presenta liquidación con capital base por valor de $659 .720.886,73, al cual se aplican intereses DTF y moratorios entre el 25 de noviembre de 2019 y el 30 de noviembre de

6 Ver índice samai 140, expediente 08001233300020130062100, Tribunal Administrativo del Atlántico, recuso de apelaciónNumero interno: 1640-2025

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP 9 2021, arrojando la cifra de $202.450.117,34 suma a la que se debe restar el valor de intereses ya pagados $7.328.117.34, arrojando la cifra de $195.122.852,79.

Dice que , s e toma como capital la diferencia entre lo pagado y lo pretendido ($812.039.303,05 vs $809.994.710,18) = $2.044.592,87, y se calcula desde ejecutoria y hasta el 30 de noviembre de 2021 sin tiempos muertos , y a dicho valor resultante aplica nuevamente intereses desde 25 de noviembre de 2019 y el 31 de mayo de 2021.

Manifiesta que, la liquidación efectuada por el Despacho indica valor de capital distinto al determinado por la Unidad conforme los cálculos ex puestos; realizó actualización de intereses moratorios y que, «de conformidad con Sentencia del 22 de octubre de 1999, Radicado no. 949/99 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y Consejo

intereses moratorios y que, «de conformidad con Sentencia del 22 de octubre de 1999, Radicado no. 949/99 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de l 1° de abril de 2004, Expediente. 1998 -0159, se infiere que el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la indexación significa someter a la entidad a un doble pago por la misma causa.»

Prosigue diciendo que, l a actualización y/o indexación del pago de los intereses moratorios no es procedente, ya que las sumas reconocidas, se encuentran actualizadas y debidamente canceladas con el pago del capital, y se descarta la posibilidad de que, estos deban ser nuevamente actualizados para no caer en anatocismo.

Advertirte el memorialista que, los intereses moratorios de que trata el artículo 177 del CCA, se genera por el tardío cumplimiento de las condenas judiciales, y se originan únicamente respecto de las cantidades líquidas causadas hasta la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia, lo que significa, que la fecha de ejecutoria de la decisión judicial marca el límite de conformación del capital sobre el cual se calculan los intereses moratorios en comento.

Concluye que, las sumas liquidas reconocidas en una sentencia devengan intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, por lo cual, se reitera, que es sobre el capital indexado generado hasta dicha fecha el que debe ser tenido en cuenta para calcular intereses moratorios, sin que sea viable que el mismo contenga mesadas que se causaron con posterioridad a dicha ejecutoria y/o que dicho capital se incremente

capital indexado generado hasta dicha fecha el que debe ser tenido en cuenta para calcular intereses moratorios, sin que sea viable que el mismo contenga mesadas que se causaron con posterioridad a dicha ejecutoria y/o que dicho capital se incremente periódicamente con los intereses que va devengado mes a mes, pues tal figura, seNumero interno: 1640-2025

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP 10 convertiría en anatocismo al permitir que los intereses devenguen más intereses figura que por demás se encuentra prohibida en nuestro ordenamiento jurídico.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 125 numeral 3, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021; 298; 299 y 306 del CPACA, en concordancia con el artículo 320 y numeral 3 del artículo 446 de la Ley 1564 de 2012 (CGP), el despacho es competente para resolver el recurso de apelación contra la providencia recurrida , únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante.

2.2 Procedencia y oportunidad del recurso

Según lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 243 del CPACA, en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan , siendo pertinente la aplicación del numeral 3 del artículo 446 del CGP, según el cual, es apelable el auto que aprueba o modifica la liquidación del crédito cuando resuelve una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva.

2.3 Trámite del recurso

el auto que aprueba o modifica la liquidación del crédito cuando resuelve una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva.

2.3 Trámite del recurso

Acto procesal Fecha - Observación Notificación providencia recurrida 20/05/2025 - Estado7 Presentación recurso apelación 23/05/2025 - UGPP8 Traslado recurso El despacho omitió el traslado, por cuanto, el recurrente remitió el memorial al canal digital autorizado por la contraparte para recibir notificaciones, acorde con el artículo 201 A del

CAPCA9

Término traslado 26 al 28 de mayo de 2025 - Vence en silencio Auto concede apelación 04/06/2025 – Efecto diferido

7 Ver índice samai 137 Y 139, expediente 08001233300020130062100, Tribunal Administrativo del Atlántico, soporte notificación 8 Ver índice samai 140, expediente 08001233300020130062100, Tribunal Administrativo del Atlántico, remisión recurso UGPP 9 IbidemNumero interno: 1640-2025

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP

11 Reparto 09/06/202510

2.4 Problema jurídico

El Despacho , s e centrará en definir si el auto que dispuso, rechazar las objeciones formuladas por la UGPP y modificar la liquidación presentada por el ejecutante y, en su lugar, aprobar la realizada por el Despacho, atendió la normativid ad legal y los parámetros establecidos en el título base de ejecución conformado por la sentencia del 07 de noviembre de 2019. Hecho lo anterior, se definirá, si efectivamente, existió cesación

parámetros establecidos en el título base de ejecución conformado por la sentencia del 07 de noviembre de 2019. Hecho lo anterior, se definirá, si efectivamente, existió cesación de la causación de intereses por la presentación inoportuna de la solicitud de ejecución y finalmente, se debe concretar, si efectuado el pago del capital, y resultando saldo por valor de intereses es procedente actualizar dicha suma.

2.5 Antecedentes del proceso ejecutivo en la jurisdicción contenciosa administrativa.

En este punto es relevante traer apartes de la decisión adoptada por la Sección Segunda, Subsección “B”, Sala Unitaria, Auto del 18 de mayo de 2017 11, en la que se estudian: i) antecedentes del proceso ejecutivo contencioso; ii) proceso ejecutivo adelantado en vigencia de la ley 1437 de 2011; iii) orden de seguir adelante la ejecución y iv) liquidación del crédito.

En principio , l a Jurisdicción Contencioso - Administrativa no adelantaba procesos de ejecución por obligaciones de dar, hacer, no hacer o por el pago de sumas de dinero, las que se tramitaban ante la Jurisdicción Ordinaria.

Su participación en esa materia se limitaba a la ejecución para el cobro de deudas fiscales por medio del control funcional que ejercía sobre los cobros por Jurisdicción Coactiva, en relación con algunas actuaciones que se surtían durante su trámite (apelación del mandamiento de pago, resolución de excepciones, entre otros), conforme lo regulado en los artículos 561 a 568 del Código de Procedimiento Civil y 129 y 133 del Decreto 01 de 1984.

10 Ver índice samai 2, acta reparto

los artículos 561 a 568 del Código de Procedimiento Civil y 129 y 133 del Decreto 01 de 1984.

10 Ver índice samai 2, acta reparto

11 Sección Segunda, Subsección “B”, Sala Unitaria, Auto del 18 de mayo de 2017, Expediente 0577-17, C.P. Sandra Lisset Ibarra VélezNumero interno: 1640-2025

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP

12 Sin embargo, a partir del año 1993, con motivo de la expedición de la Ley 8012 o Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el Legislador asignó a la Jurisdicción Contencioso Administrativa los procesos de ejecución de las obligaciones que tuvieren origen en un contrato estatal, entonces, es con ocasión de la expedición de la precitada ley que le fue asignada por primera vez a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la competencia judicial para conocer de ejecuciones en contra de entidades públicas.

El artículo 75 del Estatuto General de Contratación Estatal, dispuso que sería el juez administrativo, el encargado de conocer de todas las controversias contractuales, incluyendo, aquellas derivadas de la ejecución de las obligaciones.

Por cuenta del contenido del citado artículo 75 de la ley 80 de 1993, la Sala Plena del Consejo de Estado13, se ocupó de estudiar esta nueva atribución para esta jurisdicción y al respecto, así reflexionó:

“(...) Estima la corporación que de la norma transcrita claramente se infiere que la Ley 80 le adscribió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer de las controversias contractuales derivadas de

“(...) Estima la corporación que de la norma transcrita claramente se infiere que la Ley 80 le adscribió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer de las controversias contractuales derivadas de todos los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento, entendiéndose que se trata en este último caso, de procesos de ejecución respecto de obligaciones ya definidas por voluntad de las partes o por decisión judicial (...).

(...) Para la Sala la norma que se interpreta es clara en cuanto a que el término proceso de ejecución o cumplimientó significa juicio; de suerte que la Ley 80 de 1993 en su artículo 75, usó una terminología procesal diáfana en lo que a las controversias contractuales se refiere, ya que estas pueden ser las controversias previas o coetáneas a la celebración o desarrollo de un contrato y las que se deriven de la ejecución tardía o defectuosa de la obligación que surge del negocio jurídico. Si bien el artículo 75 de la norma citada, cuando habló de los procesos de ejecución o cumplim iento, no dijo nada sobre el trámite, por la forma de interpretación integral de las diferentes legislaciones y habida cuenta de la existencia de normas que remiten a él, como el artículo

12 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 13 Auto de 29 de noviembre de 1994, Expediente S-414, C.P. Guillermo Chahín Lizcano.Numero interno: 1640-2025

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP 13 267 del CCA, es necesario concluir que se aplica el CPC (...)”.

No hay duda entonces qué con esta nueva competencia ejecutiva, se introdujo una

Demandante: José de Jesús Mercado Herrera

Demandada: UGPP 13 267 del CCA, es necesario concluir que se aplica el CPC (...)”.

No hay duda entonces qué con esta nueva competencia ejecutiva, se introdujo una variación sustancial e importante al esquema clásico del derecho procesal administrativo colombiano, marcado históricamente por el conocimiento de las acciones contenciosas propias en el marco de pretensiones declarativas y no de aquellas de origen ejecutivo, siendo éstas últimas tradicionalmente del conocimiento de la jurisdicción ordinaria – civil o laboral-.

El conocimiento de los procesos ejecutivos administrativos por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, se convirtió en un gran desafío para el Consejo de Estado, a quien le correspondió, por vía jurisprudencial, suplir los vacíos del legislad or en esta particular y novedosa materia, para lo cual, cumplió con una loable labor interpretativa, articuladora y sistemática de las normas procesales con el propósito de fijar reglas para la tramitación de estos nuevos procesos especiales.

Los anter iores avances jurisprudenciales del Consejo de Estado, respecto de los procesos ejecutivos, tuvieron eco en la propuesta legislativa, que más tarde se convirtió en la Ley 446 de 1998 14. Esta nueva normatividad de descongestión, creó normas procesales especi ales para los procesos ejecutivos administrativos y en tal sentido, esclareció puntos relativos a: (a) la competencia en primera instancia, por razón de la cuantía