CE - Auto interlocutorio 11001030600020240061100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 23 de julio de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2024-00611-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Departamento de Antioquia, Secretaría de Educación de

Antioquia, Fiduciaria La Previsora S.A. y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Asunto: autoridad competente para resolver de fondo una solicitud de reconocimiento y pago de bono pensional por el tiempo laborado en una institución educativa pública.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 20111 respectivamente modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

De acuerdo con la información que reposa en el expediente se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al conflicto:

1. Mediante Resolución 0679 del 17 de marzo de 1987 expedida por la gobernación de Antioquia, la señora Diana Patricia Jiménez Espinosa fue nombrada como directora de la «Escuela Rural Integrada Unitaria la Concha» del municipio de Anorí (Antioquia).

2. La Secretaría de Educación de Antioquia , en calidad de entidad certificadora expidió la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL número

«Escuela Rural Integrada Unitaria la Concha» del municipio de Anorí (Antioquia).

2. La Secretaría de Educación de Antioquia , en calidad de entidad certificadora expidió la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL número 201910890900286900980082 del 29 de octubre de 2019, correspondiente a la señora Diana Patricia Jiménez Espinosa, en la que indicó que la mencionada ciudadana estuvo vinculada a la entidad territorial como profesora, durante los siguientes períodos:

1. Entre el 7 de abril de 1987 y el 31 de diciembre de 1989 , período durante el

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto 11001030600020250061100 que reposa en SAMAI.Conflicto 11001-03-06-000-2024-00611-00 Página 2 de 18

cual no se realizaron aportes por concepto de seguridad social a ningún fondo, por lo que la entidad responsable por dicho lapso e s el departamento de Antioquia. ii) Entre el 1° de enero de 1990 y el 18 de septiembre de 1992, tiempo durante el cual se efectuaron aportes por concepto de seguridad social al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por lo que la entidad responsable de dichas cotizaciones es la Secretaría de Educación de Antioquia.

cual se efectuaron aportes por concepto de seguridad social al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por lo que la entidad responsable de dichas cotizaciones es la Secretaría de Educación de Antioquia.

3. El 10 de junio de 2021, la Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir S .A (en adelante Porvenir S.A.) solicitó al departamento de Antioquia el reconocimiento y pago del bono pensional en favor de su afiliada, señora Diana Patricia Jiménez Espinosa, por los períodos laborados como docente en dicha entidad territorial.

4. El 16 de junio de 2021, la Oficina Prestaciones Sociales y Nómina del departamento de Antioquia, -a través del sistema de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, objetó el bono pensional solicitado, con fundamento en que dicha obligación corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

(en adelante FOMAG).

5. El 30 de junio de 2021, la Secretaría de Educación de Antioquia expidió nueva certificación CETIL correspondiente a la señora Diana Patricia Jiménez Espinosa, esta vez, bajo el número 202106890900286900910065, en la que precisó que la señora Jiménez Espinosa estuvo vinculada como profesora de dicha entidad territorial desde el 7 de abril de 1987 hasta el 18 de septiembre de 1992, habiéndose efectuado aportes por salud y pensión al FOMAG, por lo que manifiesta que la entidad responsable de las cotizaciones es la citada secretaría de educación.

6. El 2 3 de agosto de 2024, Porvenir S.A. solicitó a la Secretaría de Educación de

salud y pensión al FOMAG, por lo que manifiesta que la entidad responsable de las cotizaciones es la citada secretaría de educación.

6. El 2 3 de agosto de 2024, Porvenir S.A. solicitó a la Secretaría de Educación de Antioquia el reconocimiento y pago del bono pensional en favor de su afiliada, señora Jiménez Espinosa, por el período laborado como docente en dicha entidad territorial.

7. El 17 de septiembre de 2024, la Dirección de Nómina y Prestaciones Sociales de la Secretaría de Educación de Antioquia objetó el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado en favor de la señora Jiménez Espinosa , argumentando que, por haber sido docente en el nivel departamental, los pagos en su favor al momento de su desvinculación eran realizados con recursos propios del departamento.

8. En consecuencia, Porvenir S.A. solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencias administrativas suscitado entre la Secretaría de Educación de Antioquia, el departamento de Antioquia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin de determinar la autoridad competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional en favor de la señora Diana Patricia Jiménez Espinosa , por el período laborado como docente del departamento de Antioquia, esto es, entre el 7 de abril de 1987 y el 18 de septiembre de 1992.Conflicto 11001-03-06-000-2024-00611-00 Página 3 de 18

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó en la Secretaría de la Sala el edicto 590 del 2 de octubre de 2024 por el término de cinco días hábiles, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Consta en el informe secretarial del 3 de octubre de 2024, que la Secretaría de la Sala comunicó la presentación del conflicto de competencias administrativas de la referencia a Porvenir S.A., a la Secretaría de Educación de Antioquia, al departamento de Antioquia, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la señora Diana Patricia Jiménez Espinosa (solicitante del bono pensional) y, a la señora Laura Gisell Banoy Becerra (apoderada de Porvenir S.A.).

De acuerdo con el informe secretarial del 11 de octubre de 2024 , el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó consideraciones, mientras que las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

A través de l Auto de mejor proveer del 9 de diciembre de 2024, la consejera ponente solicitó a Porvenir S .A. información necesaria para resolver el asunto, y requirió al departamento de Antioquia y a la Secretaría de Educación de dicha entidad territorial, emitir sus consideraciones sobre el asunto objeto de estudio. Según consta en el informe secretarial del 19 de diciembre de 2024, las autoridades requeridas guardaron silencio.

departamento de Antioquia y a la Secretaría de Educación de dicha entidad territorial, emitir sus consideraciones sobre el asunto objeto de estudio. Según consta en el informe secretarial del 19 de diciembre de 2024, las autoridades requeridas guardaron silencio.

Mediante informe secretarial del 14 de enero de 2025 se informó al despacho que Porvenir S .A. remitió documentos con destino al expediente. Revisada la información allegada, fue necesario emitir Auto de mejor proveer , lo cual se efectuó el 10 de marzo de 2025 , con el propósito de aclarar algunas consideraciones contradictorias en l as manifestaciones de las autoridades involucradas en el conflicto.

Según informes secretariales de fechas 18 de marzo y 9 de abril de 2025, la señora Diana Patricia Jiménez Espinosa (solicitante del bono pensional) y el departamento de Antioquia remitieron información al expediente del trámite en curso.

A partir del análisis de la información anterior, fue necesario emitir Auto de mejor proveer el 29 de mayo de 2025, en el cual se ordenó vincular al trámite del conflicto a la Fiduciaria La Previsora S .A., para que se pronunciara sobre el caso y remitiera información, toda vez que podría resultar comprometida en el asunto. En informe secretarial del 10 de junio de 2025, se informó al despacho que vencido el término concedido a la Fiduprevisora S.A. para que allegara sus consideraciones y respuestas, esta entidad guardó silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoConflicto 11001-03-06-000-2024-00611-00 Página 4 de 18

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoConflicto 11001-03-06-000-2024-00611-00 Página 4 de 18

Manifiesta no ser la autoridad competente para conocer la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Diana Patricia Jiménez Espinosa, en razón a que no existe sustento jurídico que permita atribuir responsabilidad a dicha cartera.

Afirma que, debe aplicarse el mismo procedimiento de las solicitudes de reconocimiento de pensiones de vejez por tiempos cotizados al FOMAG, procedimiento conforme el cual, la entidad competente para expedir el acto administrativo de reconocimiento del cupón principal del bono pensional, y por ende, de realizar el respectivo registro en el sistema interactivo de bonos pensionales de la O ficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, es la secretaria de educación de la entidad territorial en la que se haya prestado el servicio.

Por lo anterior, considera que en el presente caso, la Secretaría de Educación de Antioquia es la autoridad llamada a e xpedir el acto administrativo de reconocimiento y pago del bono pensional solicitado, y p osteriormente remitir su actuación a revisión y aprobación de la Fiduciaria la Previsora S.A. en su calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), creado por la Ley 91 de 1989, el cual, e n últimas , es el competente para efectuar el pago de los bonos pensionales o cuotas partes de bono pensional por los tiempos laborados en el sector educativo, durante los cuales se hayan realizado aportes pensionales a dicho Fondo.

2. Departamento de Antioquia

pensionales o cuotas partes de bono pensional por los tiempos laborados en el sector educativo, durante los cuales se hayan realizado aportes pensionales a dicho Fondo.

2. Departamento de Antioquia

No presentó consideraciones. Su postura se deriva de lo manifestado el 16 de junio de 2021 en la objeción que, a través del sistema de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizó frente a la solicitud del bono pensional, con fundamento en lo siguiente:

Según lo expresado en el artículo 4 de la Ley 91 de 1989 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la presente ley. El tiempo de 07/04/1987 al 31/12/1989 corresponde asumirlo al FOMAG.

3. Secretaría de Educación de Antioquia

No presentó consideraciones. S in embargo, en respuesta al Auto de mejor proveer emitido por el despacho ponente, el 8 de abril de 2025, manifestó que la gobernación de Antioquia es responsable de tramitar y pagar con recursos propios, las solicitudes de bonos pensionales de los servidores adscritos a la planta central.

Señaló que, por su parte, la Secretaría de Educación de Antioquia realiza el trámite de reconocimiento y orden de pago de bonos pensionales con cargo al F OMAG, que son pagados por la Fiduciaria la Previsora S.A. de conformidad con lo previsto en la Ley 91

reconocimiento y orden de pago de bonos pensionales con cargo al F OMAG, que son pagados por la Fiduciaria la Previsora S.A. de conformidad con lo previsto en la Ley 91 de 1989, y en el Decreto 1272 de 2018, el cual en su artículo 2.4.4.2.3.2.1. dispone:Conflicto 11001-03-06-000-2024-00611-00 Página 5 de 18

[…]. Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser presentadas, ante la última entidad territorial certificada en educación que haya ejercido como autoridad nominadora del afiliado, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. […]

Indicó que, por ello, frente a la solicitud formulada por Porvenir S.A. en representación de su afiliada, señora Diana Patricia Jiménez Espinosa, desde la Dirección de Prestaciones Sociales y Nómina de la Secretaría de Educación de Antioquia, -mediante comunicación 202403040005 del 17 de septiembre de 2024-, se objetó el bono pensional solicitado teniendo en cuenta que la Fiduciaria la Previsora S.A. manifestó que la señora Jiménez Espinosa no se encontró registrada en la base de datos de afiliados al F OMAG, por lo cual, dicho Fondo no puede hacerse cargo del bono en cuestión.

En consecuencia, considera que la autoridad responsable de atender la petición de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Diana Patricia Jiménez Espinosa

cual, dicho Fondo no puede hacerse cargo del bono en cuestión.

En consecuencia, considera que la autoridad responsable de atender la petición de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Diana Patricia Jiménez Espinosa por el tiempo comprendido entre el 7 de abril de 1987 y el 18 de septiembre de 1992, es la gobernación de Antioquia, a través de la Dirección de Compensación y Sistema Pensional, dado que la precitada servidora no figura como afiliada al FOMAG.

Finalmente, expresó que mediante el CETIL 202409890900286900080027 del 16 de septiembre del 2024 (allegado al expediente en el trámite del conflicto ), se eliminó la mención al FOMAG como responsable de las cotizaciones de seguridad social de la señora Jiménez Espinosa, y en su lugar, se incluyó al departamento de Antioquia.

IV. CONSIDERACIONES

1. La competencia de la Sala en el caso concreto

De conformidad con lo previsto en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asun to de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asun to de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos , toda vez que: i) dos de las autoridades en conflicto son del orden nacional, esto es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Fid uciaria la Previsora S.A.; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, consistente en la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional en favor de la señora Diana Patricia Jiménez Espinosa; y iii) dos de las autoridades involucradas en el asunto negaron sucesivamente competencia para adelantar o continuar la actuación particular y concreta.Conflicto 11001-03-06-000-2024-00611-00 Página 6 de 18

En consecuencia, corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conocer del presente asunto.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva.4

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos

se declarará en la parte resolutiva.4

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala definir la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Diana Patricia Jiménez Espinosa, por el período comprendido entre el 7 de abril de 1987 y el 18 de septiembre de 1992 , durante el cual laboró como docente en el departamento de Antioquia.

El conflicto surge porque el departamento de Antioquia considera no ser competente para atender la solicitud del bono pensional, y señala que tal asunto le corresponde al FOMAG, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 91 de 1989.

La Secretaría de Educación de Antioquia manifiesta que, si bien le corresponde efectuar el trámite de reconocimiento y orden de pago de los bonos pensionales con cargo al FOMAG para ser pagados por la Fiduciaria la Previsora S.A. de conformidad con lo

La Secretaría de Educación de Antioquia manifiesta que, si bien le corresponde efectuar el trámite de reconocimiento y orden de pago de los bonos pensionales con cargo al FOMAG para ser pagados por la Fiduciaria la Previsora S.A. de conformidad con lo previsto en la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1272 de 2018, ello no procede en el caso de la señora Jiménez Espinosa, teniendo en cuenta que , de acuerdo con la información suministrada por la Fiduprevisora S.A., ella no figura como afiliada al FOMAG , y en

4 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Conflicto 11001-03-06-000-2024-00611-00 Página 7 de 18

consecuencia, la gobernación de Antioquia es responsable de tramitar y pagar con recursos propios, la solicitud del bono pensional por tratarse de una servidora adscrita a la planta central.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirma que es la Secretaría de Educación de Antioquia, la autoridad llamada a expedir el acto administrativo de reconocimiento y pago del bono pensional solicitado, y posteriormente remitirlo para revisión y aprobación de la Fiduciaria la Previsora S.A. en su calidad de administradora del FOMAG, al cual corresponde el pago de los bonos pensionales o cuotas partes de bono pensional generados por los tiempos laborados en el sector educación, con aportes pensionales a dicho Fondo.

del FOMAG, al cual corresponde el pago de los bonos pensionales o cuotas partes de bono pensional generados por los tiempos laborados en el sector educación, con aportes pensionales a dicho Fondo.

Para resolver el problema jurídico planteado la Sala abordará los siguientes temas:

1. El régimen pensional de los docentes dispuesto en la Ley 91 de 1989. Reiteración. ii) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Reiteración. iii) Los bonos pensionales. Reiteración. iv) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. El régimen pensional de los docentes dispuesto en la Ley 91 de 1989. Reiteración5

La Ley 91 de 1989, «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», se expidió bajo el propósito de unificar los distintos regímenes pensionales que para entonces podían ser aplicables a los docentes, sin desconocer derechos adquiridos, tal como se expresó en la exposición de motivos y en los respectivos debates legislativos de dicha norma6.

Tal regulación también respondió al proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 1975.7 Conforme ello, el artículo 1° de la mencionada Ley 91 de 1989 establece tres categorías de docentes, así:

Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicaciones 11001-03-06-000-2020-00007-00 del

indicado a continuación de cada uno de ellos:

5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicaciones 11001-03-06-000-2020-00007-00 del 3 de marzo del 2020 y 1100103060002020121 del 9 de julio de 2020. 6 Así lo destacó la Sala en la Decisión del 7 de diciembre de 2015, radica ción 11001-03-06-000-201500062-00, que resolvió el conflicto negativo de competencias administrativas planteado entre la Administradora Temporal para el Sector Educativo del Chocó , Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fondo Territorial de Pensiones del Chocó. 7 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2024-00611-00 Página 8 de 18

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

PARÁGRAFO. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad. [Resalta la Sala]

10 de la Ley 43 de 1975.

PARÁGRAFO. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad. [Resalta la Sala]

Así, a partir de las categorías señaladas, la Ley 91, en su artículo 2 ° distribuye entre la Nación y las entidades territoriales, las competencias para el reconocimiento y pag o de prestaciones, de acuerdo con su fecha de causación -en armonía con el proceso de nacionalización ordenado por la Ley 43 de 1975-, de la siguiente forma:

1. Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, así como los reajustes y la sustitución de pensiones son de cargo de la Caja Nacional de Previsión Social y el Fondo Nacional del Ahorro y en consecuencia seguirán siendo pagadas por dichas entidades, o las que hicieren sus veces.

2. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado causadas hasta el 31 de diciembre de 1975, así como los reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal y, en consecuencia, seguirán siendo pagadas por dichas entidades.

3. Las prestaciones sociales del perso nal nacionalizado, causadas en el período correspondiente al proceso de nacionalización (1 de enero de 1976 a 31 de diciembre de 1980), así como los reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de la Nación o de las respectivas entidades territoriales o de las cajas de previsión, o de las entidades que hicieren sus veces. La Nación pagará, pero estas entidades contribuirán, por este

o de las respectivas entidades territoriales o de las cajas de previsión, o de las entidades que hicieren sus veces. La Nación pagará, pero estas entidades contribuirán, por este período, con los aportes de ley, para la cancelación de las prestaciones sociales en los mismos porcentajes definidos en el artículo 3 de la Ley 43 de 1975.

4. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas y no pagadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 1981 y la fecha de promulgación de la presente Ley, serán reconocidas y pagadas por las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales estaba vinculado dicho personal.

Pero para atender los respectivos pagos, la Nación tendrá que hacer los aportes correspondientes, tomando en consideración el valor total de la deuda que se liquide a su favor, con fundamento en los convenios que para el efecto haya suscrito o suscribaConflicto 11001-03-06-000-2024-00611-00 Página 9 de 18

ésta con las entidades territoriales y las cajas de previsión social o las entidades que hicieren sus veces.

5. Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.

Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.

PARÁGRAFO. Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal. [Resalta la Sala]

5.2. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Reiteración8

Como ya se vio, la Ley 91 de 1989 crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) como un instrumento para definir «las responsabilidades en materia salarial y prestacional, y replantear los mecanismos financieros y administrativos vigentes para el pago de las obligacion es presentes y futuras» del personal docente y administrativo oficial del país9.

Dicha ley crea el Fondo en los siguientes términos:

ARTÍCULO 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los

mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional.

El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad. [Resalta la Sala]

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil , radicación 11-001-03-06-000-2020-121 del 9 de julio de 2020. 9 Anales del Congreso. Gaceta No. 69 del 1º de septiembre de 1989, pág. 7.Conflicto 11001-03-06-000-2024-00611-00 Página 10 de 18

En este orden, el artículo 3º, inciso segundo de dicha ley prev é el funcionamiento descentralizado10 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En cumplimiento del artículo transcrito, en lo relativo a los manejos del Fondo, el 21 de junio de 1990, la Nación, representada por el presidente de la República y el ministro de Educación Nacional, celebró con la Fidu ciaria La Pr evisora S.A. contrato interadministrativo de fiducia mercantil para el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 91 de 1989, esto es, el manejo de los recursos del FOMAG. Este contrato consta en escritura pública número 0083 de la Notaría 44 del Círculo de Bogotá y ha tenido varias prórrogas, encontrándose vigente en la actualidad.

pública número 0083 de la Notaría 44 del