CE - Auto interlocutorio 11001030600020240063900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de 2025

Radicación: 11001-03-06-000-2024-00639-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, Procuraduría General de la Nación - Provincial de Instrucción de Valledupar y Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Valledupar (Cesar) Asunto: determinar la entidad competente para conocer la investigación disciplinaria en contra de un Inspector

Urbano de Policía.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículo s 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

Con base en la documentación recibida se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. Mediante comunicación del 06 de noviembre de 20203, se instauró queja ante la Alcaldía de Valledupar por parte del señor Humberto Palmera Rodríguez en contra del señor Raúl Alberto Castro Peña, en su condición de inspector urbano de policía, por abuso de funciones al dar trámite a querella policiva por perturbación de la

Alcaldía de Valledupar por parte del señor Humberto Palmera Rodríguez en contra del señor Raúl Alberto Castro Peña, en su condición de inspector urbano de policía, por abuso de funciones al dar trámite a querella policiva por perturbación de la posesión en su contra, vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020240049400 que reposa en SAMAI. 3 Expediente digital, 01QuejaDisciplinaria.pdf, pp. 2-10Radicación: 11001 03 06 000 2024 00639 00 Página 2 de 30

2. A través de Auto del 17 de junio de 2021 4, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Valledupar resolvió abrir investigación disciplinaria en contra del señor Raúl Alberto Castro Peña, en calidad de inspector urbano de policía y ordenó pruebas de oficio.

3. Por Auto del 18 de marzo de 20225, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la alcaldía de Valledupar formuló pliego de cargos en contra del servidor público disciplinado, el señor Raúl Alberto Castro Peña.

4. En Auto del 16 de febrero de 20246, la Oficina de Control Interno Disciplinario de

la alcaldía de Valledupar formuló pliego de cargos en contra del servidor público disciplinado, el señor Raúl Alberto Castro Peña.

4. En Auto del 16 de febrero de 20246, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Valledupar ordenó remitir por competencia la actuación disciplinaria a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar.

5. Mediante Auto del 24 de mayo de 2024 7, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar declar ó su falta de competencia para conocer el proceso disciplinario en contra del señor Raúl Alberto Castro Peña, en calidad de inspector urbano de policía. Además, remiti ó el proceso a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar para que, de considerarlo procedente, inicie la actuación disciplinaria.

Así mismo, precisó que en caso de no ser aceptado, se remita a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 616, en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días , es decir, del 15 al 21 de noviembre de 2024 , para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto8.

Consta que la Secretaría comunicó la existencia del presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, a la Oficina de Control Interno

interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto8.

Consta que la Secretaría comunicó la existencia del presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Valledupar -Cesar, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar , a la Personería Municipal de Valledupar, al señor Raúl Alberto Castro Peña y al señor Humberto Palmera Rodríguez9.

4 Expediente digital, 01QuejaDisciplinaria.pdf, pp. 141-144 5 Expediente digital, 01QuejaDisciplinaria.pdf, pp. 167-182 6 Expediente digital, 01QuejaDisciplinaria.pdf, pp. 107-127 7 Expediente digital, 7_EXPEDIENTEDIGI_07AutoRemisionCompet_6_20241114131045569.pdf 8 Expediente digital, 15_POREDICTO_12Edicto_0:20241114131408369.pdf 9 Expediente digital, 15_EXPEDIENTEDIGI_10Informecomunicacio_0_20241202135406683.pdfRadicación: 11001 03 06 000 2024 00639 00 Página 3 de 30

En informe secretarial del 22 de noviembre de 2024 10 se precisó que, dentro del término de fijación del edicto , las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

El 27 de enero de 2025, la consejera ponente expidió auto de mejor proveer con el fin de oficiar a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar para que informara su posición respecto de la competencia para conocer el proceso

El 27 de enero de 2025, la consejera ponente expidió auto de mejor proveer con el fin de oficiar a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar para que informara su posición respecto de la competencia para conocer el proceso disciplinario en contra del señor Raúl Alberto Castro Peña, en calidad de inspector urbano de policía. Asimismo, se ordenó comunicar el presente conflicto a la Procuraduría General de la Nación, que podría tener algún interés en la resolución del mismo.

Según informe secretarial del 04 de febrero de 2025, vencido el término concedido mediante auto para mejor proveer, la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar guardaron silencio.

Posteriormente, según se reportó en informe secretarial del 6 de febrero de 2025 , la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar presentó información.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar11

No presentó consideraciones. Sin embargo, los argumentos que sustentan su rechazo de competencia en el presente asunto se pueden encontrar en el Auto del 24 de mayo de 2024, a través del cual propuso el conflicto de competencias, donde manifestó lo que a continuación se expone.

Explicó que, de acuerdo con el artículo 257A de la Constitución Política las actuaciones disciplinarias contra un servidor público vinculado a la Alcaldía de Valledupar como inspector urbano de policía y que se dirigen a establecer la legalidad de las conductas desplegadas por este, en ejercicio de funciones

actuaciones disciplinarias contra un servidor público vinculado a la Alcaldía de Valledupar como inspector urbano de policía y que se dirigen a establecer la legalidad de las conductas desplegadas por este, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, no serían de su competencia. Por ende, debe acudirse a la regla general de competencia establecida en el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, que atribuye a las oficinas de control interno disciplinario la competencia para disciplinar a los servidores públicos.

10 Expediente digital, 16_ALDESPACHOPOR_InformeSecreatialra_0_20241122121508650.pdf 11Expediente digital, 7_EXPEDIENTEDIGI_07AutoRemisionCompet_6_20241114131045569 (1).pdfRadicación: 11001 03 06 000 2024 00639 00 Página 4 de 30

2. Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Valledupar12

No presentó consideraciones. Sin embargo, s e tienen en cuenta los argumentos planteados en Auto del 16 de febrero de 2024, mediante el cual declaró su falta de competencia al señalar que, si bien las funciones atribuidas a los servidores públicos son de carácter administrativo, los inspectores de policía, de manera excepcional ejercen función jurisdiccional en virtud del artículo 116 de la Constitución Política.

En dicha providencia agregó que, conforme lo precisado por la Corte Constitucional en las Sentencias T-1104 de 2008, T-548 de 2013 y T-176 de 2019 las autoridades de policía cumplen funciones jurisdiccionales cuando se trata de diligencias

En dicha providencia agregó que, conforme lo precisado por la Corte Constitucional en las Sentencias T-1104 de 2008, T-548 de 2013 y T-176 de 2019 las autoridades de policía cumplen funciones jurisdiccionales cuando se trata de diligencias orientadas al amparo de la posesión, tenencia o servidumbre.

Por lo anterior, consideró que el investigado en su condición de inspector de policía ejerció funciones de naturaleza jurisdiccional y, en consecuencia, corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar continuar la actuación disciplinaria.

3. Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar

A través de escrito de consideraciones presentado el 6 de febrero de 2025, en respuesta a lo solicitado en Auto de mejor proveer del 27 de enero del año en curso, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar manifestó que el conocimiento de la conducta del señor Raúl Alberto Castro Peña corresponde a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Valledupar. Respecto del ejercicio de poder preferente señaló que se abstenía de ejercerlo, con fundamento en el artículo 2 del Código Ge neral Disciplinario, modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021 y el artículo 93 del Código General Disciplinario, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021.

Adicionalmente, citó la Decisión del 31 de julio de 2024, identificada con número de radicado 11001 03 06 000 2024 00281 00 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del

Adicionalmente, citó la Decisión del 31 de julio de 2024, identificada con número de radicado 11001 03 06 000 2024 00281 00 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la cual se pronunció sobre un conflicto de competencias originado en otra queja disciplinaria contra el mismo señor Castro Peña en la que resolvió declarar comp etente a la Oficina de Control Interno Disciplinario del Municipio de Valledupar para adelantar la investigación disciplinaria.

Por lo anterior, reiteró su rechazo de competencia para conocer el proceso disciplinario en contra del señor Raúl Alberto Castro Peña, en calidad de Inspector Urbano de Policía.

12 Expediente digital, 01QuejaDisciplinaria.pdf, pp. 107-127Radicación: 11001 03 06 000 2024 00639 00 Página 5 de 30

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía de Valledupar (Cesar), la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y la Procuraduría General de la Nación - Provincial de Instrucción de Valledupar no tienen un superior común.

Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y la Procuraduría General de la Nación - Provincial de Instrucción de Valledupar no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»13 están reguladas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el cual dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

13 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL.

Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001 03 06 000 2024 00639 00 Página 6 de 30

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer la actuación.

En el caso que se planeta ante la Sala, la Oficina de Control Interno Disciplinario del municipio de Valledupar, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de

En el caso que se planeta ante la Sala, la Oficina de Control Interno Disciplinario del municipio de Valledupar, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar han negado tener competencia para investigar disciplinariamente al señor Raúl Alberto Castro Peña, en su condición de inspector de policía de Valledupar.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, dos de las autoridades en conflicto son del orden nacional, a saber: la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar que es una autoridad territorialmente desconcentrada, pero del orden nacional 14 y perteneciente a la Rama Judicial y la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar . Por su parte, la Oficina de Control Interno Disciplinario del municipio de Valledupar es del orden territorial.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación disciplinaria particular y concreta, derivada de la queja que solicitó investigar al señor Raúl Alberto Castro Peña, en su condición de inspector de policía de Valledupar, por las presuntas faltas en las que habría incurrido en tal calidad.

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que e l conflicto negativo de competencias en estudio involucra una autoridad que, de ser declarada competente,

incurrido en tal calidad.

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que e l conflicto negativo de competencias en estudio involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar), y otras dos que , en el mismo evento, ejercería n función administrativa

14 La Administración de Justicia, según el artículo 228 de la Constitución, es una función pública que se presta en todo el territorio nacional, de manera desconcentrada y autónoma.Radicación: 11001 03 06 000 2024 00639 00 Página 7 de 30

(Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar o la Oficina de Control Interno Disciplinario del municipio de Valledupar).

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función jurisdiccional y otra que cumple función administrativa, la Sala ha manifestado las siguientes consideraciones15:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 , numeral 11, de la Constitución Política 16, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala17 que una de las garantías

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala17 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA , las dos últimas disposiciones modificadas, respectivamente, por los artículos 2.º y 19 de la Ley 2080 de 2021, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019 , modificados, respectivamente, por los artículos 1.º y 14 de la Ley 2094 de 2021 .

15 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras.

15 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 16 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala]

17Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2024 00639 00 Página 8 de 30

Visto lo anterior, la Sala ha considerado 18 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

2. Términos legales

es la autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»19.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el

18 Decisión del 18 de septiembre de 2014 radicación 2014-00168; Decisión del 16 de mayo de 2018 radicación 2017-00200; Decisión del 18 de junio de 2019 radicación 2019-00063, entre otras. 19 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 ° de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación: 11001 03 06 000 2024 00639 00 Página 9 de 30

fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, y adoptar la respectiva decisión de fondo.

Debe agregarse que la decisión de la Sala, sobre la asignación de competencia, se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para investigar disciplinariamente al señor Raúl Alberto Castro Peña, en su condición de inspector de policía de Valledupar , porque, presuntamente, no adelantó en debida forma y

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para investigar disciplinariamente al señor Raúl Alberto Castro Peña, en su condición de inspector de policía de Valledupar , porque, presuntamente, no adelantó en debida forma y con respeto de las garantías procesales que implica el derecho al debido proceso , una querella policiva por perturbación de la posesión.

La Oficina de Control Interno Disciplinario del municipio de Valledupar rechaza competencia aduciendo que en el presente asunto el inspector de policía desempeñó funciones de naturaleza jurisdiccional, por lo cual, la Comisión Seccional de Disciplina Judic ial del Cesar es la autoridad competente para investigar al señor Castro Peña.

En contraste, l a Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar niega competencia para adelantar la actuación, porque, a su juicio, la función disciplinaria que le atribuye el artículo 257A de la Constitución Política no abarca las actuaciones disciplinarias contra un servidor público vinculado a la Alcaldía de Valledupar como inspector urbano de policía y que se dirigen a establecer la legalidad de las conductas desplegadas por este, en ejercicio de funciones jurisdiccionales , y en consecuencia, considera que le corresponde conocer la actuación disciplinaria a la oficina de control interno disciplinario del municipio de Valledupar.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar manifestó que el conocimiento de la conducta del señor Raúl Alberto Castro Peña corresponde a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Valledupar. Respecto del ejercicio de poder preferente señaló que se abstenía de ejercerlo, con fundamento

el conocimiento de la conducta del señor Raúl Alberto Castro Peña corresponde a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Valledupar. Respecto del ejercicio de poder preferente señaló que se abstenía de ejercerlo, con fundamento en el artículo 2 del Código General Disciplinario, modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021 y el artículo 93 del Código General Disciplinario, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021.Radicación: 11001 03 06 000 2024 00639 00 Página 10 de 30

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

1. funciones jurisdiccionales asignadas a los inspectores de policía en el ejercicio de la acción policiva para la protección a la posesión, tenencia y servidumbre. Reiteración; ii) la función de las oficinas de control interno disciplinario. Reiteración; i ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de autoridades que transitoria u ocasionalmente administran justicia iv) funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a los inspectores de policía.

Reiteración; v) conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable y vi) el caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Funciones jurisdiccionales asignadas a los inspectores de policía en el ejercicio de la acción policiva para la protección de la posesión, tenencia y servidumbre. Reiteración20

5.1. Funciones jurisdiccionales asignadas a los inspectores de policía en el ejercicio de la acción policiva para la protección de la posesión, tenencia y servidumbre. Reiteración20

La Ley 1801 de 2016 «Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana», en su artículo 198, prevé:

Artículo 198. Autoridades de policía. Corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana.

Son autoridades de Policía:

1. El Presidente de la República.

2. Los gobernadores.

3. Los Alcaldes Distritales o Municipales.

4. Los inspectores de Policía y los corregidores.

5. Las autoridades especiales de Policía en salud, seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos.

6. Los comandantes de estación, subestación y de centro de atención inmediata de Policía y demás personal uniformado de la Policía Nacional [...]. [Resalta la Sala].

A la luz de la citada norma, los inspectores de policía y corregidores son autoridades de apoyo en el territorio nacional. Su función principal es promover las relaciones pacíficas y de armonía en la comunidad, y conciliar y resolver los asuntos que

20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 24 de febrero de 2023, radicación 11001-03-06-000-2022-00284-00.Radicación: 11001 03 06 000 2024 00639 00 Página 11 de 30

radicación 11001-03-06-000-2022-00284-00.Radicación: 11001 03 06 000 2024 00639 00 Página 11 de 30

surgen en el ejercicio de la convivencia ciudadana a través de las normas de policía21.

El artículo 206 de la misma Ley 1801 de 2016 establece las atribuciones de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores. El artículo 3° de la Ley