CE - Auto interlocutorio 11001030600020240070200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá, D.C., 18 de marzo de 2025

Radicación: 11001-03-06-000-2024-00702-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico y Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Santo TomásAtlántico Asunto: autoridad competente para investigar disciplinariamente un inspector de policía por el ejercicio de funciones jurisdiccionales de manera transitoria u ocasional

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 9 de octubre de 2023, el señor Leónidas José Díaz Durán presentó ante la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla queja disciplinaria en contra de l «SEÑOR INSPECTOR DE POLICIA DE SANTO TOMAS ATLANTICO ALIAN BOSSIO GONZÁLEZ, Y OTROS FUNCIONARIOS PÚBLICOS» por las presuntas irregularidades en las que incurrieron, al extralimitarse en sus funciones en el trámite de una «ACCIÓN

GONZÁLEZ, Y OTROS FUNCIONARIOS PÚBLICOS» por las presuntas irregularidades en las que incurrieron, al extralimitarse en sus funciones en el trámite de una «ACCIÓN POLICIVA POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS AL DERECHO DE POSESIÓN Y TENENCIA DE BIENES INMUEBLES»3. [Mayúsculas en el texto original].

2. El 21 de febrero de 2024, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla remitió el asunto a la Procuraduría General de la Nación - Dirección Nacional de investigaciones Especiales, para que continuara con el trámite.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 2 La información del presente acápite se toma de los documentos que reposan en el expediente digital del conflicto número 110010306000202470200 que reposa en SAMAI. 3 Según información que reposa en el expediente digital, el señor Alian Bossio González inspector de policía de Santo Tomás- (Atlántico) en decisión del 5 de octubre de 2023, resolvió ordenar la restitución del bien inmueble objeto de perturbación a la posesión, sin tener en cuenta, que sobre ese mismo bien inmueble existía un proceso de pertenencia en curso, identificado con el radicado núm. 2022 -00385-00, en el Juzgado Promiscuo Municipal de Sabanagrande.Radicación: 11001 03 06 000 2024 0070200 Página 2 de 26

Juzgado Promiscuo Municipal de Sabanagrande.Radicación: 11001 03 06 000 2024 0070200 Página 2 de 26

3. El 14 de agosto de 2024, la Procuraduría General de la Nación - Dirección Nacional de investigaciones Especiales declaró su falta de competencia para tramitar la referida queja, y la remitió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico debido a que, según lo establecido por el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021, le corresponde a «la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente».

4. El 21 de octubre de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico declaró su falta de competencia para iniciar la actuación disciplinaria, al considerar que a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales le corresponde ejercer la potestad disciplinaria solo contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, más no para conocer de procesos contra inspectores de policía y demás funcionarios de la inspección.

5. Por lo anterior, e l 27 de noviembre de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencia suscitado entre esa autoridad y la Procuraduría General de la NaciónDirección Nacional de investigaciones Especiales.

Judicial de Atlántico solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencia suscitado entre esa autoridad y la Procuraduría General de la NaciónDirección Nacional de investigaciones Especiales.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 679, por el término de cinco días hábiles, desde el 6 de diciembre hasta el 12 de diciembre de 2024, para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Según informe secretarial del 5 de diciembre de 2024 , se dejó constancia de la comunicación remitida sobre el inicio de este trámite a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico, a la Procuraduría General de la Nación - Dirección Nacional de investigaciones Especiales y al señor Leónidas José Díaz Durán.

Según informe de la Secretaría de la S ala del 13 de diciembre de 2024 , las autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto de mejor proveer del 30 de enero de 2025, la consejera ponente solicitó a la Secretaría de la Sala vincular a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás - Atlántico al presente conflicto y, además, le requirió

la Secretaría de la Sala vincular a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás - Atlántico al presente conflicto y, además, le requirió información pertinente y relevante para resolver el asunto.Radicación: 11001 03 06 000 2024 0070200 Página 3 de 26

Según el informe secretarial del 10 de febrero de 2025, la Secretaría de la Sala informó al despacho que, vencido el término concedido para remitir la información solicitada en auto de mejor proveer, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Santo TomásAtlántico no presentó consideraciones.

Frente al disciplinado, no le fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 4, dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquellos. Al revisar los documentos que integran el expediente, el despacho ponente no encontró auto de apertura de investigación, ni orden de vinculación del señor Alian Bossio González que acrediten su calidad de investigado, así como tampoco citación a audiencia, ni pliego de cargos, etapas del procedimi ento disciplinario en las que, entre otras, se levanta la reserva del mismo.

Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario», la Sala determinará que la comunicación del presente asunto al señor Alian Bossio González, en su calidad de inspector de policía de Santo Tomás (Atlántico), se realice por parte de la autoridad que se declarará competente para

de ejercer el control disciplinario», la Sala determinará que la comunicación del presente asunto al señor Alian Bossio González, en su calidad de inspector de policía de Santo Tomás (Atlántico), se realice por parte de la autoridad que se declarará competente para adelantar el proceso di sciplinario en contra de aquel , en la etapa procesal que corresponda, atendiendo las disposiciones sobre la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico

Esta autoridad no presentó alegatos o consideraciones, por lo tanto, se tendrán en cuenta las consideraciones emanadas del Auto del 21 de octubre de 2024, en el cual manifiesta que carece de competencia para conocer el asunto.

Sostiene que, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, la autoridad a la que corresponde investigar disciplinariamente al señor Alian Bossio González, en su calidad de inspector de policía , y a los demás funcionarios indeterminados de la inspección de policía del municipio de Santo TomásAtlántico «precisamente, en virtud de la calidad de los sujetos

4 Artículo 115: RESEVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la

o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.Radicación: 11001 03 06 000 2024 0070200 Página 4 de 26

disciplinados» es la Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de investigaciones Especiales.

Lo anterior, debido a que, en atención a lo establecido en e l artículo 257A de la Constitución, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales solamente les corresponde ejercer la función disciplinaria respecto de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, y de los abogados en el ejercicio de la profesión , pero no respecto de inspectores de policía y demás funcionarios indeterminados de la inspección.

2. Dirección Nacional de investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación

No presentó consideraciones. Se tienen en cuenta los argumentos planteados en Auto del 14 de agosto de 2024 , mediante el cual declaró su falta de competencia, al señalar que, según lo establecido por el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021, le corresponde a «la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente».

empleados judiciales incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente».

Señaló que el investigado , en su condición de inspector de policía, ejerció funciones de naturaleza jurisdiccional y , en consecuencia, corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico conocer la actuación disciplinaria. Así lo resolvió:

PRIMERO. REMITIR POR COMPETENCIA, la presente investigación radicada con el registro lUS E -2023-639091 lUC D -2023-3254637, adelantada contra servidores públicos en averiguación de la inspección de Policía De Santo Tomas -Atlántico

[…]

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado el artículo 19 de la Ley 2080 de 20215.

5 La Sala en decisiones precedentes, de fecha 13 de marzo de 2024, con radicación núm. 11001-03-06000-2024-00007-00; 20 de marzo de 2024, con radicación núm. 11001-03-06-000-2024-00036-00; y 3 de julio de 2024, con radicación núm. 11001-03-06-000-2024-00179-00 (entre otras reiteraciones) analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de lasRadicación: 11001 03 06 000 2024 0070200 Página 5 de 26

presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de lasRadicación: 11001 03 06 000 2024 0070200 Página 5 de 26

Se resalta que uno de los criterios que habilita a la Sala para conocer de un conflicto de competencias es que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. En este caso a pesar de que la queja se presentó contra el inspector de policía de Santo TomásAtlántico y otros funcionarios indeterminados, en el expediente no obra información relacionada con dichos sujetos. Por otro lado , las partes involucradas se pronunciaron sobre su falta de competencia frente a uno y otro . Se concluye entonces, que el conflicto solo se suscita con relación al inspector de policía. Para el análisis d el presente caso es importante precisar que, l os conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria en cualquiera de sus instancias y que tengan un superior común, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD).6 Sin embargo, en el presente asunto no aplica la citada disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de investigaciones Especiales y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico, no tienen un superior común.

Como no resulta aplicable el artículo 99 de la Ley 1952 de 201 9, la Sala de Consulta y Servicio Civil es competente para conocer del asunto, porque se encuentran cumplidos los presupuestos legales, en la medida que: i) se trata de una actuación administrativa,

Servicio Civil es competente para conocer del asunto, porque se encuentran cumplidos los presupuestos legales, en la medida que: i) se trata de una actuación administrativa, particular y concreta, con respecto al señor Alian Bossio González; ii) Las dos autoridades involucradas en el conflicto son del orden nacional; y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación disciplinaria.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva.

3. Aclaración previa

autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia. 6 Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposició n legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso

en el menor tiempo posible, a quien por disposició n legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. E l mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.Radicación: 11001 03 06 000 2024 0070200 Página 6 de 26

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y Síntesis del conflicto

El presente conflicto se circunscribe a determinar la autoridad que debe investigar al inspector de policía de Santo Tomás ( Atlántico), el señor Alian Bossio González , por, presuntamente, extralimitarse en sus funciones en el trámite de una «ACCIÓN POLICIVA

POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS AL DERECHO DE POSESIÓN Y

presuntamente, extralimitarse en sus funciones en el trámite de una «ACCIÓN POLICIVA POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS AL DERECHO DE POSESIÓN Y TENENCIA DE BIENES INMUEBLES», en ejercicio de una función jurisdiccional. Al respecto, se reitera que la presente decisión no involucra ni se extiende a otros sujetos que, eventualmente, se llegaren a determinar como presuntos autores de la conducta a la que se refiere la queja del señor Leonidas José Díaz Durán, en el curso de la actuación que se adelante , porque en el caso objeto de estudio no se tiene ninguna información allegada al expediente y, por lo tanto, frente a estos no se configura un conflicto particular y concreto sobre el cual se pueda pronunciar la Sala. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico niega competencia porque, según lo establecido en el artículo 257A de la Constitución Política, su función disciplinaria recae exclusivamente sobre los servidores judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, y los abogados en ejercicio de la profesión.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de investigaciones Especiales indica que, según lo establecido por el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021, le corresponde a «la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal (sic) permanente».

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal (sic) permanente».

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración

1. La función de las oficinas de control interno disciplinario. Reiteración;Radicación: 11001 03 06 000 2024 0070200 Página 7 de 26

1. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de autoridades que transitoria u ocasionalmente administran justicia.

1. Funciones jurisdiccionales asignadas a los inspectores de policía en el ejercicio de la acción policiva para la protección a la posesión, tenencia y servidumbre. Reiteración;

1. Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a los inspectores de policía. Reiteración;

1. Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable

1. Análisis del caso concreto

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración7

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley. En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que

públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley. En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, h onradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, es tablecidos en la Constitución Política y en las leyes. Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función: Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado,

7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 7 de febrero de 2023, radicación 1100103-06-000-2022-00270-00; Decisión del 7 de octubre de 2024, radicación 11001 -03-06-000-2024-0049400; decisión del 5 de marzo del 2025, rad. núm. 11001-03-06-000-2024-00709-00; entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2024 0070200 Página 8 de 26

la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro8.

Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de los administrados. La Corte Constitucional, sobre el objetivo del ejercicio de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]9.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado en cuanto tiene como finalidad primordial la

los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]9.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destacó, que la regulación disciplinaria permite proteger la organización de la administración y sus recursos, y hacer un seguimiento del cumplimiento de los deberes públicos. 5.2. La función de las oficinas de control interno disciplinario. Reiteración10

Por control interno disciplinario debe entenderse la oficina, dependencia o entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

De acuerdo con el citado artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de sus dependencias.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, decisión del 13 de febrero de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2011-00698-00(2670-11). 9 Sentencia C-028 del 26 de enero de 2006. 10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil decisión del 29 de junio de 2022, radicación núm.

11001-03-06-000-2022-00070-00; decisión del 5 de marzo del 2025, rad. núm. 11001 -03-06-000-202400709-00; entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2024 0070200 Página 9 de 26

El artículo 93 del Código General Disciplinario , modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, establece lo siguiente sobre el control disciplinario interno:

Artículo 93. Control Disciplinario Interno. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con sus competencias.

En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel con sus respectivas competencias.

La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el evento en que no se pueda garantizar en la entidad. En los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría General de la Naci ón, atendiendo sus competencias.

El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la sanción.

PARÁGRAFO 1. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. El jefe de la Oficina de Control

El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la sanción.

PARÁGRAFO 1. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno deberá ser abogado y pertenecerá al nivel directivo de la entidad.

PARÁGRAFO 2. Las decisiones sancionatorias de las Oficinas de Control Interno y de las Personerías serán susceptibles de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, seguirá conociendo de los procesos disciplinarios cuyos hechos tuvieron ocurrencia hasta antes del 13 de enero de 2021 hasta su finalización, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002.

La norma en cita ordenó a todos los organismos y entidades estatales organizar una unidad u oficina del más alto nivel, con la función de conocer y fallar, en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores públicos del respectivo orga nismo o entidad, siempre que también se garantice la segunda instancia dentro del mismo organismo o entidad. De no ser factible organizar la segunda instancia, tal competencia debe ser asumida, en forma excepcional, por la Procuraduría General de la Nación.

La hipótesis normativa sobre la imposibilidad de garantizar la segunda instancia dentro de la respectiva entidad, y su solución ̶ la competencia de la Procuraduría General ̶ , guardan evidente relación con las estructuras internas de los organismos y entid ades públicos, que son jerárquicas, así como con la categorización de los empleos públicos en

guardan evidente relación con las estructuras internas de los organismos y entid ades públicos, que son jerárquicas, así como con la categorización de los empleos públicos en niveles igualmente jerárquicos.Radicación: 11001 03 06 000 2024 0070200 Página 10 de 26

El Código Disciplinario Único adoptado por la Ley 200 de 1995 contemplaba expresamente que la competencia para adelantar el proceso disciplinario exigía que el investigador fuera «de igual o superior jerarquía a la del investigado». Ni el código homónimo, contenido en la Ley 734 de 2002, ni el Código General Disciplinario, expedido por la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, reprodujeron expresamente tal previsión, por lo que la jurisprudencia constitucional ha considerado que la Ley 734 varió la concepción del control disciplinario:

[…] A partir de lo expuesto, es posible concluir que la Ley 734 de 2002 ha modificado la manera tradicional como se desarrollaba el control disciplinario al interior de las distintas entidades del Estado. En efecto, con anterioridad a dicha Ley, el control interno suponía una relación jerárquica-funcional entre el sujeto disciplinable y el titular de la acción, es decir, el poder disciplinario era siempre ejercido por el superior inmediato del investigado.

Hoy en día, en respuesta