CE - Auto interlocutorio 11001030600020250000500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá D.C., 30 de abril de 2025

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00005-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda Asunto: autoridad competente para conocer de una actuación disciplinaria contra un profesional del derecho vinculado a un municipio mediante contrato de prestación de servicios.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, los antecedentes del conflicto de competencia son los siguientes:

1. El 31 de diciembre de 20191, el señor Javier Antonio Ocampo López, en calidad de alcalde del municipio de La Virginia, expidió la Resolución núm. 426 del 31 de diciembre de 2019, por medio de la cual adjudicó la licitación pública AM-LP-0132019 al «CONSORCIO ECUARU, representada legalmente por RUBEN DARIO

AGUDELO MACHADO».

diciembre de 2019, por medio de la cual adjudicó la licitación pública AM-LP-0132019 al «CONSORCIO ECUARU, representada legalmente por RUBEN DARIO

AGUDELO MACHADO».

2. El 3 de enero de 20202, el señor Sergio Iván Fernández Arbeláez solicitó al municipio de La Virginia la corrección del «ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACION” y “RESOLUCION N° 426» toda vez que el nombre del adjudicatario y del 1 Expediente digital, archivo «027RECIBEMEMORIAL_D20222731103ESCANEAD.pdf», folios 49 a 50. 2 Expediente digital, archivo «027RECIBEMEMORIAL_D20222731103ESCANEAD.pdf», folio 57.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00005-00 Página 2 de 21

representante de la entidad quedó registrado de manera errónea, pues los datos correctos corresponden a «CONSORCIO ECOARU, el cual es representado legalmente por el señor Sergio Iván Fernández Arbeláez».

3. El 28 de abril de 2020, la señora Jackeline Varón Cardona, en calidad de directora de Infraestructura y Gestión del Riesgo del municipio de La Virginia y, el señor Jhon Jairo Zapata, en calidad de asesor jurídico externo del mismo municipio, dieron respuesta a la petición presentada por el señor Sergio Iván Fernández Arbeláez, de la siguiente manera: «ante la voluntad de la actual Administración, de solicitar ante un Juez de la República, revocar el acta de adjudicación 426 del 31 de diciembre, no resulta conveniente ni lógico modificar un acto administrativo que se pretende anular».

un Juez de la República, revocar el acta de adjudicación 426 del 31 de diciembre, no resulta conveniente ni lógico modificar un acto administrativo que se pretende anular».

4. El 15 de octubre de 20213, el señor Sergio Iván Fernández Arbeláez solicitó nuevamente al municipio de La Virginia «corregir la información incluida en el acto de Resolución 426 del 31 de diciembre de 2019 […] y proceder de inmediato a suscribir el contrato con el CONSORCIO ECOARU […]».

5. El 26 de noviembre de 20214, el señor Sergio Iván Fernández Arbeláez presentó ante la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira una queja disciplinaria por considerar que la petición radicada «en fecha 15 de octubre del 2020» ante el municipio de La Virginia (Risaralda) no había sido resuelta.

6. El 15 de diciembre de 20215, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira

(Risaralda), con fundamento en el artículo 2 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 4 del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, remitió por competencia a la Personería Municipal de La Virginia la queja formulada por el señor Sergio Iván Fernández Arbeláez.

7. El 10 de febrero de 20226, la Personería Municipal de La Virginia Risaralda ordenó iniciar indagación preliminar núm. PMV 003-2022 en contra «de funcionarios por establecer vinculados a la Alcaldía Municipal de La Virginia Risaralda para la época de los hechos, por presuntas irregularidades en la ejecución presupuestal para la vigencia 2020».

establecer vinculados a la Alcaldía Municipal de La Virginia Risaralda para la época de los hechos, por presuntas irregularidades en la ejecución presupuestal para la vigencia 2020».

8. El 11 de noviembre de 20227, la Personería Municipal de La Virginia Risaralda remitió el expediente PMV 003-2022 a la Procuraduría Provincial de Pereira 3 Expediente digital, archivo «027RECIBEMEMORIAL_D20222731103ESCANEAD.pdf», folios 51 a 56. 4 Expediente digital, archivo «027RECIBEMEMORIAL_D20222731103ESCANEAD.pdf», folio 48. 5 Expediente digital, archivo «027RECIBEMEMORIAL_D20222731103ESCANEAD.pdf», folios 43 a 45 6 Expediente digital, archivo «027RECIBEMEMORIAL_D20222731103ESCANEAD.pdf», folios 31 a 34. 7 Expediente digital, archivo «027RECIBEMEMORIAL_D20222731103ESCANEAD.pdf», folios 97 a 102.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00005-00 Página 3 de 21

(Risaralda), manifestando «que la Personería no cuenta con competencia para investigar al señor José Villada Marín, en su condición de Alcalde Municipal de la Virginia Risaralda, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021».

9. El 23 de diciembre de 20228, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira dispuso iniciar investigación disciplinaria9 en contra de los señores José Villada Marín y Jackeline Varón Cardona, «en su condición de Alcalde Municipal y Directora

9. El 23 de diciembre de 20228, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira dispuso iniciar investigación disciplinaria9 en contra de los señores José Villada Marín y Jackeline Varón Cardona, «en su condición de Alcalde Municipal y Directora de Infraestructura y Gestión del Riesgo del municipio de la Virginia Risaralda, así como del abogado» Jhon Jairo Zapata en su condición de asesor jurídico externo del municipio.

10. El 17 de septiembre de 202410, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira (Risaralda) dispuso formular pliego de cargos al señor José Villada Marín y a la señora Jackeline Varón Cardona. No obstante, respecto del señor Jhon Jairo Zapata ordenó expedir copias con la finalidad de ser remitidas a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, pues consideró que su actuar fue en «ejercicio de su profesión de abogado, asesoró y presentó (sic) al municipio de la

Virginia Risaralda […] Asesor Jurídico Externo de la Alcaldía […]».

11. El 9 de octubre de 202411, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda declaró su falta de competencia para conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra del señor Jhon Jairo Zapata y devolvió el expediente a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira considerando que «el asunto tiene más relación con las presuntas irregularidades cometidas por el denunciado en el cumplimiento de un contrato que lo ata a la entidad publica (sic)» pero no con el ejercicio de la profesión y su correlación con el incumplimiento de deberes a las

más relación con las presuntas irregularidades cometidas por el denunciado en el cumplimiento de un contrato que lo ata a la entidad publica (sic)» pero no con el ejercicio de la profesión y su correlación con el incumplimiento de deberes a las voces de la Ley 1123 de 2007 (artículos 19 y 4°).

12. El 6 de diciembre de 202412, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira

(Risaralda) reiteró su falta de competencia argumentando que «el municipio de la Virginia Risaralda requirió los servicios del señor JHON JAIRO ZAPATA para ejercer mediante contrato de prestación de servicios su profesión de abogado, a través de (asesorías entre otras actividades)».

13. El 16 de diciembre de 202413, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira (Risaralda) solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que resolviera el conflicto negativo de competencias administrativas 8 Expediente digital, archivo «027RECIBEMEMORIAL_D20222731103ESCANEAD.pdf», folios 104 al 112. 9 Investigación disciplinaria nro. IUS-E-2022-689348; IUC-D-2022-2731103. 10 Expediente digital, archivo «027RECIBEMEMORIAL_D20222731103ESCANEAD.pdf», folios 185 a 248. 11 Expediente digital, archivo «003ED_03Presuntoconflictop.pdf», folios 13 a 19. 12 «003ED_03Presuntoconflictop.pdf», folios 3 a 5. 13 Expediente digital, archivo «003ED_03Presuntoconflictop.pdf», folio 1.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00005-00 Página 4 de 21

13 Expediente digital, archivo «003ED_03Presuntoconflictop.pdf», folio 1.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00005-00 Página 4 de 21

suscitado entre esa autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 004 del 21 de enero de 202514, por el término de 5 días hábiles (desde el 24 hasta el 30 de enero de 2025), en la secretaría de la Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

En el expediente consta, según informe secretarial del 23 de enero de 202515, que se comunicó la presentación del conflicto a la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda.

De acuerdo con el informe secretarial del 21 de marzo de 202516, dentro del término de fijación del edicto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira presentó consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto del 6 de febrero de 202517, el consejero ponente le solicitó a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira que allegara copia íntegra del

guardaron silencio.

Mediante Auto del 6 de febrero de 202517, el consejero ponente le solicitó a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira que allegara copia íntegra del expediente disciplinario núm. E2022-689348 D-2022-2731103 y, dispuso que la secretaría de la Sala de Consulta le comunicara el presente asunto al municipio de La Virginia, para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del auto, presentara sus alegatos o consideraciones respecto a su posición en torno al presunto conflicto.

Según informe secretarial del 14 de febrero de 202518, dentro del término concedido en el auto mencionado, el municipio de La Virginia allegó documentación. No obstante, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira guardó silencio.

Mediante Auto del 24 de febrero de 202519, el consejero ponente requirió a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira para que allegara la documentación solicitada en el auto de fecha 6 de febrero de 2025, esto es, copia íntegra del expediente disciplinario núm. E2022-689348 D-2022-2731103.

14 Expediente digital, archivo «008POREDICTO_05edictopdf.pdf», folio 1. 15 Expediente digital, archivo «007ED_08Informedecomunicac.pdf», folio 1. 16 Expediente digital, archivo «010ALDESPACHOPOR_InformeSecretarialRa.pdf», folio 1. 17 Expediente digital, archivo «011Autoparamejor_Autopara_MicrosoftWordAUTOCON.pdf». 18 Expediente digital, archivo «023INFORMESECRETA_2025000005INFORMESEC.doc», folio 1.

17 Expediente digital, archivo «011Autoparamejor_Autopara_MicrosoftWordAUTOCON.pdf». 18 Expediente digital, archivo «023INFORMESECRETA_2025000005INFORMESEC.doc», folio 1. 19 Expediente digital, archivo «024Autoparamejor_Autopara_Autoreiteracionconfl.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00005-00 Página 5 de 21

Consta en informe secretarial del 5 de marzo 202520, que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira allegó la documentación solicitada.

Mediante Auto del 14 de marzo de 202521, el consejero ponente al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente y, de conformidad con los artículos 1091 y 110 de la Ley 1952 de 2019; el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, consideró necesario comunicar el presente asunto al señor Jhon Jairo Zapata, en su condición de sujeto procesalinvestigadodentro del proceso disciplinario núm. E-2022-689348 D-2022-2731103, para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del auto, presentara sus alegatos o consideraciones.

Según informe secretarial del 26 de marzo de 202522, dentro del término concedido en el auto mencionado, el señor Jhon Jairo Zapata guardó silencio.

Posteriormente, la Secretaría de la Sala en informe secretarial del mismo día, 26 de marzo de 202523, indicó que el señor Jhon Jairo Zapata presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

Posteriormente, la Secretaría de la Sala en informe secretarial del mismo día, 26 de marzo de 202523, indicó que el señor Jhon Jairo Zapata presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira (Risaralda)24

Mediante escrito del 30 de enero de 2025, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira indicó que al «verificar el objeto contractual que el señor JHON JAIRO ZAPATA, debía cumplir en los contratos suscritos con el municipio de la Virginia» se establece que aquel fue contratado para «PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LA DEFENSA JUDICIAL QUE TIENE EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA», y ello «permite concluir que el municipio de la Virginia Risaralda requirió los servicios del señor JHON JAIRO ZAPATA para ejercer mediante contrato de prestación de servicios su profesión de abogado, a través de (asesorías entre otras actividades)».

Para fundamentar lo anterior, trajo a colación la Sentencia C-899 de 2011 de la Corte Constitucional y transcribió lo siguiente:

[…] Para la Sala es claro que independientemente de la relación que una persona pueda tener con el Estado, bien como servidor público bien como particular en ejercicio de función administrativa y las responsabilidades que por esa especial sujeción puedan surgir, aquella debe responder por la forma como ejerce su actividad 20 Expediente digital, archivo «029INFORMESECRETA_2025000005INFORMESEC.doc», Folio 1.

ejercicio de función administrativa y las responsabilidades que por esa especial sujeción puedan surgir, aquella debe responder por la forma como ejerce su actividad 20 Expediente digital, archivo «029INFORMESECRETA_2025000005INFORMESEC.doc», Folio 1. 21 Expediente digital, archivo «030Autoparamejor_Autovinculainvestiga.pdf». 22 Expediente digital, archivo «032INFORMESECRETA_2025000005INFORMESEC.doc». 23 Expediente digital, archivo «036INFORMESECRETA_Informesecretarial20.pdf». 24 Expediente digital, archivo «008_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSCONFLICTOD.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00005-00 Página 6 de 21

profesional si esta es la razón de su vínculo con el ente estatal, no entenderlo así, sería entronizar un trato discriminatorio entre los individuos que ejercen una determinada profesión u oficio, en desmedro del derecho a la igualdad que consagra el artículo 13 constitucional, por cuanto algunos individuos por razón de su relación con el Estado y pese a estar desplegando o desarrollando su profesión, quedarían excluidos de ser investigados y sancionados por su incorrecto ejercicio […].

En ese sentido, manifestó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para determinar si el señor Jhon Jairo Zapata incurrió en alguna falta disciplinaria en ejercicio de su profesión de abogado.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda25.

Esta autoridad no presentó alegatos ni consideraciones en el trámite adelantado por esta Sala. No obstante, su posición en torno a su competencia se encuentra en el

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda25.

Esta autoridad no presentó alegatos ni consideraciones en el trámite adelantado por esta Sala. No obstante, su posición en torno a su competencia se encuentra en el Auto del 9 de octubre de 2024, en el cual indicó que «el asunto tiene más relación con las presuntas irregularidades cometidas por el denunciado en el cumplimiento de un contrato que lo ata a la entidad publica (sic)» pero no con el ejercicio de la profesión y su correlación con el incumplimiento de deberes a las voces de la Ley 1123 de 2007 (artículos 19 y 4°).

De manera que consideró que la competencia para conocer la investigación disciplinaria mencionada recae en la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021.

La Sala en decisión de fecha 28 de septiembre de 2022, con radicado núm. 1100103-06-000-2022-00115-00 analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia

en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia. 25 Expediente digital, archivo «003ED_03Presuntoconflictop.pdf», folios 13 a 19.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00005-00 Página 7 de 21

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva26.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho

reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria radicada bajo el núm. IUS-E-2022-689348; IUC-D-20222731103 adelantada en contra del señor Jhon Jairo Zapata vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia para prestar el servicio de «asistencia jurídica».

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira señaló que la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, pues el municipio de La Virginia requirió los servicios del señor Zapata para ejercer mediante contrato de prestación de servicios su profesión de abogado.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda manifestó que la competencia recae en la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira debido a que el actuar del señor Zapata se relaciona con el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios más no con el ejercicio de la profesión. 26 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia

contrato de prestación de servicios más no con el ejercicio de la profesión. 26 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00005-00 Página 8 de 21

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar a particulares que ejercen funciones públicas. Reiteración; ii) Contratos de prestación de servicios y ejercicio de funciones públicas27; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a los abogados en ejercicio; iv) El principio de non bis in ídem. Reiteración. Y v) Análisis del caso concreto.

5. Análisis normativo y consideraciones jurídicas

5.1. Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar a particulares que ejercen funciones públicas. Reiteración28

Los artículos 69 y 70 de Ley 1952 de 2019 «[p]or medio de la cual se expide el Código General Disciplinario […]» señalan el ámbito de aplicación del régimen disciplinario de los particulares, así:

ARTÍCULO 69. NORMAS APLICABLES. El régimen disciplinario para los particulares comprende la determinación de los sujetos disciplinables, las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, y el catálogo especial de faltas imputables a los mismos.

particulares comprende la determinación de los sujetos disciplinables, las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, y el catálogo especial de faltas imputables a los mismos.

ARTÍCULO 70. SUJETOS DISCIPLINABLES. El presente régimen se aplica a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria; que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de la justicia.

Los auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme a este Código, sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho intervengan.

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, desarrolle o realice prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado. No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias.

27 Adaptado de varias decisiones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que se señalaran más adelante. 28 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 22 de abril de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00042-00Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00005-00 Página 9 de 21

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos.

Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible tanto al representante legal como a los miembros de la Junta Directiva, según el caso. [Se destaca]

De acuerdo con las disposiciones transcritas, es dable concluir que son sujetos disciplinables por el régimen contenido en el Código General Disciplinario, los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria.

Ahora, los artículos 91 y 92 ibidem señalan los factores que determinan la competencia en el régimen disciplinario para los particulares, así:

ARTÍCULO 91. FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.

En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último.

ARTÍCULO 92. COMPETENCIA POR LA CALIDAD DEL SUJETO DISCIPLINABLE.

Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento

que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores.

El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia para los primeros.

Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con todas las garantías del proceso disciplinario, para lo cual deberán contar con la infraestructura necesaria para su observancia.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00005-00 Página 10 de 21

En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable. [Se destaca].

Es decir, de conformidad con el Código General Disciplinario, la competencia para investigar y sancionar a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria recae en la Procuraduría General de la Nación.

Es decir, de conformidad con el Código General Disciplinario, la competencia para investigar y sancionar a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria recae en la Procuraduría General de la Nación.

5.2 Contratos de prestación de servicios y ejercicio de funciones públicas29.

El contrato de prestación de servicios es uno de los contratos estatales que define la Ley 80 de 199330 en el artículo 32, numeral 3º, así: ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: […] 3o. Contrato de Prestación de Servicios. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas ac tividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. De acuerdo con la norma transcrita, estos contratos pueden celebrarse con personas naturales solo si i) no es suficiente el personal de planta o ii) se trata de conocimientos especializados.

Ambas exigencias suponen que la contratación de este tipo de servicios busca complementar y apoyar la actividad de una dependencia y de los servidores públicos

personas naturales solo si i) no es suficiente el personal de planta o ii) se trata de conocimientos especializados.

Ambas exigencias suponen que la contratación de este tipo de servicios busca complementar y apoyar la actividad de una dependencia y de los servidores públicos a ella adscritos, en aras de la realización de los fines estatales y los principios que rigen la función pública.

29 Este acápite se adapta a lo expuesto en las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil: Decisión del 22 de abril de 2024, radicado núm. 11001-03-06-000-202400042-00; Decisión del 22 de marzo de 2017, radicado núm. 11001 -03-06-000-2016-00191-00; Concepto 2198 del 19 de noviembre de 2015, radicado núm. 11001-03-06-000-2014-00011-00. 30 Ley 80 de 1993 (octubre 28) “Por la cu