CE - Auto interlocutorio 11001030600020250000700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-0306-000-2025-00007-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio y Defensoría de Familia de Asuntos

Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2 - Regional Meta Asunto: autoridad competente para con tinuar y decidir de fondo el proceso administrativo de restablecimiento de derechos cuando se ha declarado la nulidad. PARD niño indígena en situación de discapacidad. Enfoque diferencial.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 25 de enero de 2016 , la Clínica Meta p uso en conocimiento del ICBF de Villavicencio el caso del niño I.A.R.D2., de 11 días de nacido , quien presenta «Síndrome de down y Ductus Arterioso amplio + HTP LEVE», hijo de M.A.D. y

I.J.R.L.

Villavicencio el caso del niño I.A.R.D2., de 11 días de nacido , quien presenta «Síndrome de down y Ductus Arterioso amplio + HTP LEVE», hijo de M.A.D. y

I.J.R.L.

2. El 29 de enero de 2016, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villavicencio N.° 2 del ICBF dio apertura al proceso administrativo de restablecimiento de derechos (en adelante PARD) y ordenó como medida provisional la ubicación del menor de edad en hogar sustituto.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Como medida de protección a la intimidad de los niños involucrados, se suprimen, en esta decisión, los datos que permitan su identificación y la de sus familiares. Se hará referencia a ellos con sus respectivas siglas.Radicación 11001-03-06-000-2025-00007-00 Página 2 de 32

3. El 27 de mayo de 2016, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villavicencio N.° 2 del ICBF declaró, a través de Resolución núm. 114, en vulneración de derechos al menor de edad I.A.R.D. y confirmó la medida de restablecimiento de derechos adoptada inicialmente. Providencia que fue notificada por estado el 31 de mayo de 2016 y quedó ejecutoriada el 3 de junio de 2016.

4. El 22 de marzo de 2018, m ediante Resolución núm. 030, la Defensoría de

de mayo de 2016 y quedó ejecutoriada el 3 de junio de 2016.

4. El 22 de marzo de 2018, m ediante Resolución núm. 030, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villavicencio N.° 2 del ICBF declaró en adoptabilidad al niño I.A.R.D. y dio por terminada la patria potestad a los señores M.A.D. y I.J.R.L.

Decisión ejecutoriada el 4 de mayo 2018.

5. El 27 de julio de 2019, a través de correo electrónico , la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villavicencio N.° 2 del ICBF le solicitó al Ministerio del Interior fijar fecha y hora para la realización de una consulta previa dentro del PARD del niño I.A.R.D.3

6. El 13 de septiembre de 2019, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villavicencio N.° 2 del ICBF adelantó reunión de consulta previa, en el marco del PARD del niño I.A.R.D., perteneciente al Cabildo Indígena Doce de Octubre4, a la cual asist ieron: representantes de la autoridad indígena, el ICBF, la Procuraduría General de la Nación , la Gobernación del Vaupés , a través del enlace de asuntos indígenas y el Ministerio del Interior. En dicha consulta, la capitana de la comunidad manifestó que la comunidad no cuenta con los servicios adecuados para asumir su cuidado , razón por la cual emit ió consentimiento para que entre en el proceso de adopción. El defensor del pueblo delegado para asuntos étnicos y el procurador regional del Vaupés reiteraron la

servicios adecuados para asumir su cuidado , razón por la cual emit ió consentimiento para que entre en el proceso de adopción. El defensor del pueblo delegado para asuntos étnicos y el procurador regional del Vaupés reiteraron la necesidad de darle atención especial al niño dada su condición de discapacidad cognitiva.

En ese sentido, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villavicencio N.° 2 del ICBF «[p]rotocoliza entre las partes el consentimiento del restablecimiento de derechos para continuar con el proceso de adopción del menor I.A.R.D. perteneciente al Cabildo Indígena Doce de Octubre […]».

7. El 22 de julio de 2021, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villavicencio N.° 2 del ICBF solicitó a la Notaría Segunda de Villavicencio la inclusión de la nota marginal en el registro civil de nacimiento del I.A.R.D., quien fue declarado

3 En la resolución 030 del 22 de marzo de 2018, la la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villavicencio N.° 2 del ICBF , sin mayor argumentación, dispuso, en el resuelve, numeral noveno, oficiar la Ministerio del Interior para que se convocara a una consulta previa en la cual el ICBF pudiera presentarle a la comunidad indígena la resolución de adoptabilidad y la procedencia de dicha medida. (Tomo II de la carpeta del expediente digital SAMAI). 4 El Cabildo Indígena Doce de Octubre se encuentra ubicado, según los documentos allegados por la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2 - Regional Meta, en el

(Tomo II de la carpeta del expediente digital SAMAI). 4 El Cabildo Indígena Doce de Octubre se encuentra ubicado, según los documentos allegados por la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2 - Regional Meta, en el municipio de MitúRadicación 11001-03-06-000-2025-00007-00 Página 3 de 32 en estado de adoptabilidad, a través de Resolución núm. 030 del 22 de marzo de 2018, y la terminación de la patria potestad a los progenitores.

8. El 30 de septiembre de 2021, mediante Resolución 0012218, la Dirección General del ICBF, se adoptó la estructura de la operatividad de las defensorías de familia de los Centro Zonales de la Regional Meta, por medio de la cual se creó la Defensoría de Familia Especializada en Asuntos Indígenas, correspondiéndole el PARD del niño I.A.R.D. a la Defensoría de Familia de

Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2.

9. El 11 de noviembre de 2021, mediante Auto núm. 308, la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2 - Regional Meta avoc ó conocimiento del PARD del menor I.A.R.D. y mantuvo la ubicación del niño I.A.R.D. en hogar sustituto.

10. El 27 de enero de 20245, la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2Regional Meta evidenció unas causales de nulidad, dado que el fallo que definió la situación jurídica del menor de edad I.A.R.D. se emitió

Zonal Villavicencio 2Regional Meta evidenció unas causales de nulidad, dado que el fallo que definió la situación jurídica del menor de edad I.A.R.D. se emitió el 27 de mayo de 2016, excediendo el término concedido para tal fin.

Asimismo, la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2 - Regional Meta observó que la decisión adoptada en la Resolución número 030 del 22 de marzo de 2018, por medio de la cual se declaró en adoptabilidad al menor de edad, se profirió sin tener en cuenta la composición de la familia biológica, pues según valoración antropológica existe concepto favorable para reintegro familiar.

Por lo anterior, la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2Regional Meta remitió el expediente al juez de familia para que estudiara las posibles nulidades advertidas.

11. El 11 de abril de 2024, el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio avocó conocimiento de las diligencias y ordenó poner en conocimiento de los familiares del menor I.A.R.D. el PARD.

12. El 9 de julio de 2024, el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio declaró la nulidad de todo el PARD adelantado en favor del menor de edad I.A.R.D., a partir de la notificación del auto de apertura del 29 de enero del 2016 y dispuso la devolución del expediente a la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2 - Regional Meta para que subsanara los yerros procesales.

y dispuso la devolución del expediente a la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2 - Regional Meta para que subsanara los yerros procesales.

5 Se evidencia del expediente del PARD que entre el 2021 al 2024, se realizaron seguimientos a la medida de protección.Radicación 11001-03-06-000-2025-00007-00 Página 4 de 32

13. El 15 de julio de 2024, la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2 - Regional Meta interpuso recurso de reposición contra el auto del 9 de julio de 2024 , pues consideró que al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio le corresponde subsanar los yerros y resolver la situación jurídica del niño I.A.R.D., tal y como lo dispone el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por la Ley 1878 de 2018.

14. El 24 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio confirmó el auto interlocutorio adiado el 9 de julio de 2024 y devolvió las diligencias a la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2 - Regional Meta , para que subsan ara los yerros procesales y definiera la situación jurídica de menor de edad.

15. El 17 de diciembre de 2024 , la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2Regional Meta planteó, ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado , conflicto administrativo negativo de competencias respecto al Juzgado Primero de Familia del Circuito de

Centro Zonal Villavicencio 2Regional Meta planteó, ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado , conflicto administrativo negativo de competencias respecto al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio para que se determine la autoridad que debe «definir la situación jurídica» del niño I.A.R.D.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39, inciso 3 °, de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 21 de enero de 2025, la Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 006, por el tér mino de cinco días hábiles, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones6.

Según el informe secretarial del 23 de enero de 2025, se comunicó la existencia del presente conflicto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ; a la doctora Karen Tatiana Betancourt Ramírez , defensora de familia de Asuntos Indígenas, Centro Zonal Villavicencio N.° 2, Regional Meta; al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, al capitán Luis Eduardo Rodríguez Carrasquilla de la Comunidad Indígena Consuelo del Paca de Mitú – Vaupés; capitana Libardo López de la Comunidad Doce de Octubre Zona Ozcimi ; a la Procuraduría General De La Nación; al departamento del Vaupés; al Ministerio del Interior; a la Oficina de Asuntos Étnicos Mitú- Vaupés; a la señora Doralita Casallas madre sustituta del

Nación; al departamento del Vaupés; al Ministerio del Interior; a la Oficina de Asuntos Étnicos Mitú- Vaupés; a la señora Doralita Casallas madre sustituta del menor de edad I.A.R.D. y a la señora F.R., abuela materna del menor de edad

I.A.R.D.7.

6 Carpeta de comunicaciones de SAMAI. Expediente digital. 7 Los padres del niño IARD fallecieron, tal y como consta en el registro civil de defunción que obra en el expediente digital SAMAI.Radicación 11001-03-06-000-2025-00007-00 Página 5 de 32 Mediante el informe secretarial del 31 de enero de 20258, se informó al despacho que, vencido el término de fijación del edicto , las autoridades y los particulares involucrados guardaron silencio9.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio

Aunque el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio no presentó consideraciones de los escritos del 9 de julio de 2024 y 24 de septiembre de 2024, es posible extraer los siguientes argumentos, mediante los cuales considera que no es competente para continuar con el PARD del niño I.A.R.D.

Consideró que, si bien la subsanación de los yerros procesales que se advierten después del término señalado por la ley para definir situación jurídica es de competencia de los jueces de familia, «esta situación sólo se da siempre y cuando no se dicte la decisión correspondiente dentro del proceso de restablecimiento de derechos en sede administrativa », por tanto, la entidad encargada de corregir las

competencia de los jueces de familia, «esta situación sólo se da siempre y cuando no se dicte la decisión correspondiente dentro del proceso de restablecimiento de derechos en sede administrativa », por tanto, la entidad encargada de corregir las irregularidades del presente asunto es la autoridad administrativa.

Señaló que, respecto a la competencia funcional, para la corrección de los yerros procesales evidenciados después de la decisión definitiva del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y Agraria , en sentencia T - 4100122140002020-00054-01, indicó que cuando el defensor decide «tempestivamente» el PARD se agota en dos fases, la administrativa y la judicial. En la última , el juez de familia revisa la resolución del citado funcionario; de modo que, si al examinar el expediente invalida total o parcialmente la causa, le señalará al defensor «la actuación que debe renovarse», por ser él quien la adelantó de acuerdo con el inciso final del artículo 138 del C. G. del P.

Por lo anterior, consideró que es la D efensoría de Familia de Asuntos Indígenas, Centro Zonal Villavicencio N.° 2 la que debe definir la situación jurídica del niño

I.A.R.D.

2. Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas, Centro Zonal Villavicencio

N.° 2

La referida entidad no presentó alegatos, pero del auto mediante el cual presentó recurso de reposición contra la decisión del juez que decretó la nulidad y le remitió el PARD, así como en el que planteó el conflicto negativo de competencias , se pueden extraer los siguientes argumentos para rechazar su competencia.

recurso de reposición contra la decisión del juez que decretó la nulidad y le remitió el PARD, así como en el que planteó el conflicto negativo de competencias , se pueden extraer los siguientes argumentos para rechazar su competencia.

8 SAMAI. Expediente digital. Carpeta de informe secretarial. 9 SAMAI. Expediente digital. Carpeta de informe secretarial.Radicación 11001-03-06-000-2025-00007-00 Página 6 de 32

Consideró que conforme con la motivación contenida en el Auto de 9 de julio de 2024 y al reconocerse que el fallo en vulneración de derechos se profirió por fuera de los términos procesales, no solo se configura la nulidad de la actuación, sino su pérdida de competencia. Por esta razón, le corresponde a la judicatura definir la situación jurídica del niño.

Como sustento de lo anterior, la Defensora de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio N.° 2 citó la sentencia 2020-00054-01 de mayo 07 de 2021, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que se estableció que cuando ha vencido el plazo para definir la situación jurídica del menor en sede administrativa, el defensor pierde competencia y no podrá invalidar lo actuado, y tendrá que remitir el caso al juez, quien, de considerarlo pertinente, invalidará el procedimiento, pero lo tendrá que reanudar hasta desatarlo, en única instancia, en el plazo de dos meses.

Por último, señaló que en el caso no se puede conjurar la irregularidad y definir de fondo la situación jurídica del niño I.A.R.D., por cuanto la apertura del proceso, que

el plazo de dos meses.

Por último, señaló que en el caso no se puede conjurar la irregularidad y definir de fondo la situación jurídica del niño I.A.R.D., por cuanto la apertura del proceso, que no fue nulitada, es del año 2016 y a la fecha la Defensoría de Familia de Asuntos Indígena, Centro Zonal Villavicencio N.° 2 no tiene la competencia para definir, por cuanto la finalidad de la Ley 1878 de 2018 es la celeridad en el PARD, asignando, incluso de manera excepcional, competencias al juez de familia para pronunciarse sobre yerros procesales ocurridos después del vencimiento del término del cual disponen las autoridades administrativas para ello.

Por todo lo anterior, reiteró que el competente es el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio para subsanar y definir la situación jurídica del niño I.A.R.D.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas. Reiteración10

La Ley 1878 de 201811 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional12.

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020210000007 del 9 de junio de 2021. 11 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».

11 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 12 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transiciónRadicación 11001-03-06-000-2025-00007-00 Página 7 de 32

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 al cual adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión previa de las normas legales pertinentes, con base en lo cual determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia dirimir el conflicto que le ha sido planteado, y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 13 prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, lo siguiente:

Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Se rvicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…]

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como

respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición. 13 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por le yes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación 11001-03-06-000-2025-00007-00 Página 8 de 32

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular;

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de entidades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que tramitan las actuaciones administrativas reguladas en el libro primero de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) son de conocimiento de la Sala Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Solo se exceptúan de la competencia de la Sala, los conflictos regulados por la norma especial incorporada en el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 1878 de 2018, que reguló el procedimiento de que tratan los artículos 99 y 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia14.

b. La posición de la Sala en relación con el artículo 21 numeral 16 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos:

14 El parágrafo 3º del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, adicionado por el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, asignó específicamente a los jueces de familia la función de dirimir los conflictos de

14 El parágrafo 3º del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, adicionado por el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, asignó específicamente a los jueces de familia la función de dirimir los conflictos de competencia suscitados entre autoridades administrativas (c omisarías de familia, defensorías de familia e inspecciones de policía), respecto de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos adelantados en favor de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en la etapa inicial, en vigencia de la nueva ley.Radicación 11001-03-06-000-2025-00007-00 Página 9 de 32

[…]

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía.

[…] [Subraya la Sala].

Al analizar esa disposición, la Sala ha concluido que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó, en forma expresa o tácita, ninguna de las disposiciones señaladas del CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esa competencia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativos en los artículos 39; 112, numeral 10, y 151, numeral 3º, del CPACA.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16, del CGP no implica la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias

151, numeral 3º, del CPACA.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16, del CGP no implica la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias administrativas en materia de familia, se concluye que la Sala y los jueces de familia tienen, en este campo, una competencia concurrente y a prevención.15

c. El alcance del artículo 3º (parágrafo 3º) de la Ley 1878 de 2018 frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia

La Ley 1878 de 2018 modificó el libro primero del Código de la Infancia y la Adolescencia. Para establecer la incidencia de tales modificaciones en la función de dirimir los conflictos de competencia administrativa asignada a la Sala de Consulta, es necesario analizar los siguientes dos elementos:

1. El trámite al que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006 (modificados por el artículo la Ley 1878 de 2018)

El artículo 3º de la Ley 1878 de 2018 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 para precisar aspectos atinentes al auto de apertura del PARD y a su contenido, adicionando tres parágrafos, de los cuales interesa el tercero, conforme el cual:

[…]

Parágrafo 3°. En caso de conflicto de competencia entre autoridades

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220023400 del 7 de diciembre de 2022, radicación 11001030600020220022200 del 22 de noviembre de 2022, entre

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220023400 del 7 de diciembre de 2022, radicación 11001030600020220022200 del 22 de noviembre de 2022, entre otras, entre otras.Radicación 11001-03-06-000-2025-00007-00 Página 10 de 32 administrativas, el proceso de restablecimiento de derechos deberá ser tramitado a prevención por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto , hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto.

[…] [Resalta la Sala]

Ha considerado la Sala16, que, en su tenor literal, el parágrafo transcrito parte de la existencia de un conflicto de competencias entre las autoridades administrativas que están llamadas a conocer de los procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos, a partir del momento en que tengan conocimiento de la presunta vulneración o amenaza de los derechos de un niño, niña o adolescente. Estas autoridades son los defensores de familia, los comisarios de familia y los inspectores de policía (artículo 21, numeral 16 del CGP, arriba analizado).

Es así como, respecto de los conflictos de competencia que se presenten entre tales autoridades en la etapa inicial del PARD 17, hay norma especial, 18 en virtud de lo cual, los jueces de familia que tengan jurisdicción desde el punto de vista territorial,19 son los competentes para resolverlos; en oposición, la misma Ley 1878 de 2018 no contempla una disposición especial en materia de conflictos de competencia en la etapa de seguimiento, es decir, en la fase de evaluación de las medidas de protección definitivas, en consecuencia de lo cual, frente a tales conf lictos, la Sala

contempla una disposición especial en materia de conflictos de competencia en la etapa de seguimiento, es decir, en la fase de evaluación de las medidas de protección definitivas, en consecuencia de lo cual, frente a tales conf lictos, la Sala de Consulta mantiene su competencia para dirimirlos, conforme lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, tal como se explicará en el numeral siguiente.

De otra parte, cuando la autoridad administrativa incumple los términos del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el Código de la Infancia y la Adolescencia20 dispone, como efecto, la pérdida de competencia y el deber de trasladar el proceso al juez de familia, para que éste, actuando en remplazo de la autoridad administrativa 21, avoque conocimiento y defina la situación jurídica del

16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220027800 del 7 de febrero de 2023. 17 El artículo 99 del Código de la Infancia