CE - Auto interlocutorio 11001030600020250001900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 18 de junio de 2025

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00019-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas del Centro Zonal Villavicencio 2 - regional Metadel Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Juzgado Primero de Familia del Circuito de

Villavicencio.

Asunto: autoridad competente para subsanar yerros y definir de fondo el proceso administrativo de restablecimiento de derechos cuando se ha declarado la nulidad. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1 modificados, respectivamente, por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

1. El 9 de mayo de 20 17, el Hospital Departamental de Villavicencio reportó ante la Defensoría de Familia Centro Zonal Villavicencio 2regional Meta un presunto caso de desnutrición de la menor de edad C.R.C. 4 perteneciente a una comunidad indígena.

2. El 1 2 de mayo de 2017, mediante Auto 25475899 , la Defensoría de Familia Centro Zonal Villavicencio 2 - regional Meta dio apertura al proceso de

indígena.

2. El 1 2 de mayo de 2017, mediante Auto 25475899 , la Defensoría de Familia Centro Zonal Villavicencio 2 - regional Meta dio apertura al proceso de restablecimiento de derechos (PARD) en favor de la niña C.R.C., y determinó como medida provisional de protección la ubicación en hogar sustituto.

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se anota en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 1100103060002025001900 en SAMAI. 4 Por tratarse de una menor de edad, con la finalidad de proteger sus derechos y salvaguardar su intimidad se omitirá su nombre y el de sus familiares, y sólo se utilizarán las iniciales de sus nombres.Radicación 11001-03-06-000-2025-00019-00 Página 2 de 30

3. El 1 1 de septiembre de 20 17, mediante la Resolución V -25475899, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villavicencio 2 - regional Meta declaró en situación de vulneración de derechos a la niña C.R.C., y confirmó la medida de ubicación en hogar sustituto . Posteriormente, el 3 de julio de 2018 , mediante Resolución 050, la Defensoría de Familia Centro Zonal Villavicencio 2 - regional Meta prorrogó el PARD de la niña C.R.C.

ubicación en hogar sustituto . Posteriormente, el 3 de julio de 2018 , mediante Resolución 050, la Defensoría de Familia Centro Zonal Villavicencio 2 - regional Meta prorrogó el PARD de la niña C.R.C.

4. El 28 de diciembre de 2018, mediante Resolución 095, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villavicencio 2regional Meta emitió decisión en la que decretó la adoptabilidad de la menor de edad C.R.C. Dicha decisión fue notificada por estado el 31 de diciembre de 2018 , y ejecutoriada el 8 de enero de 2019. Se dispuso que el período para presentar oposición a la declaratoria de adoptabilidad sería el comprendido entre el 9 de enero y 6 de febrero de 2019, sin que durante el mismo se haya presentado recurso de homologación alguno.

5. Mediante Resolución 0012218 del 30 de septiembre de 2021, el ICBF adoptó la estructura para la operatividad de las defensorías de familia de los Centro Zonales de la regional Meta, creándose la defensoría de familia especializada en asuntos indígenas, con ocasión de lo cual, el conocimiento del PARD de la niña C.R.C. le correspondió a la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal

Villavicencio 2regional Meta.

6. A través de auto del 3 de mayo de 2023 , la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2regional Meta ordenó la remisión del PARD de la niña C.R.C. al juez de familia, al considerar que se configuró causal de nulidad en el referido procedimiento, toda vez que el fallo de definición jurídica, a través del

de la niña C.R.C. al juez de familia, al considerar que se configuró causal de nulidad en el referido procedimiento, toda vez que el fallo de definición jurídica, a través del cual se declaró la adoptabilidad de la menor de edad, se emitió estando vencido el término legal previsto para ello, aunado a que, para tomar dicha decisión, no se tuvo en cuenta a la familia de la niña.

7. M ediante Auto del 25 de mayo de 2023, el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio avocó el conocimiento del PARD de la niña C.R.C.

8. Por Auto del 29 de febrero de 2024 , el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio decidió no decret ar ninguna nulidad, al considerar que «debe tenerse en cuenta que cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad, y no se violó el derecho de defensa, se considera saneada la nulidad, conforme a lo contemplado en el artículo 136 del Código General del Proceso »; y que, «sobrepasar un término por 2 días, no puede ser determinante dentro de un proceso como el que nos ocupa; máxime, si nos atenemos a lo contemplado en el artículo 6 de la Ley 1098 de 2006 para la aplicación de la norma más favorab le al interés superior del niño, niña o adolescente».

Agregó, además, que en el trámite del PARD sí fue tenida en cuenta la familia de la niña C.R.C., en tanto, frente a las actuaciones del procedimiento se surtieron varias

interés superior del niño, niña o adolescente».

Agregó, además, que en el trámite del PARD sí fue tenida en cuenta la familia de la niña C.R.C., en tanto, frente a las actuaciones del procedimiento se surtieron varias diligencias de notificación a los padres y a la familia extensa de la niña.Radicación 11001-03-06-000-2025-00019-00 Página 3 de 30

Bajo las anteriores consideraciones, el mencionado despacho judicial ordenó dejar en firme la Resolución 095 del 28 de diciembre de 2018, mediante la cual, se declaró la adoptabilidad de la niña C.R.C., y remitió el expediente al ICBF.

9. El 5 de marzo de 2024, la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2regional Meta presentó recurso de r eposición contra el auto que negó el decreto de nulidades en el PARD , recurso que fue rechazado por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, mediante Auto del 2 de mayo de 2024, por haberse presentado extemporáneamente.

10. El 20 de mayo de 2024, la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2regional Meta interpuso acción de tutela contra la providencia del 29 de febrero de 2024, emitida por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, por considerar que el fallo de la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villavicencio 2 - regional Meta -frente a la cual el juzgado afirmó la no existencia de nulidades -, vulneró a la menor de edad C.R.C. sus derechos fundamentales al debido proceso y a tener una familia.

Zonal Villavicencio 2 - regional Meta -frente a la cual el juzgado afirmó la no existencia de nulidades -, vulneró a la menor de edad C.R.C. sus derechos fundamentales al debido proceso y a tener una familia.

11. El 4 de junio de 2024, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de VillavicencioSala Segunda de Decisión Civil Familia tuteló el derecho al debido proceso de la niña C.R.C., y ordenó que el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio dejara sin efectos el Auto del 29 de febrero de 2024 , con fundamento en que «no se participó debidamente dentro del trámite administrativo a la progenitora de la niña, a quien por demás no se le buscó eficazmente, y no se indagó con suficiencia sobre la comunidad indígena a la que pertenecía […]», por lo cual, se omitió la articulación con la autoridad tradicional indígena de la comunidad a la que pertenece la niña.

12. En consecuencia, mediante Auto del 13 de junio de 2024, el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio declaró la nulidad del PARD de la menor de edad C.R.C. desde la notificación del auto de apertura, y ordenó la devolución de las diligencias al ICBF para la subsanación de los yerros existentes.

13. Mediante escrito radicado bajo el número 202450002000108171, allegado a la Sala de Consulta y Servicio Civil el 29 de enero de 2025, y al despacho ponente el 7 de febrero del mismo año, la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2 - regional Meta promovió conflicto de competencia

7 de febrero del mismo año, la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2 - regional Meta promovió conflicto de competencia administrativa con el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, con el fin de que se determine cuál de esas dos autoridades es la competente para subsanar yerros y definir de fondo el proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de la niña C.R.C.

II. ACTUACIÓN PROCESALRadicación 11001-03-06-000-2025-00019-00 Página 4 de 30

En cumplimiento del artículo 39 inciso 3° de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 31 de enero de 2024 la Secretaría de la Sala fijó el edicto 18 por el término de cinco días hábiles, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2regional Meta, al Juzgado Primero de Familia del Circuito Villavicencio, a la Organización de los Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco, a la Oficina de Asuntos Étnicos de Puerto Carreño, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio (Sala Segunda de Decisión Civil Familia), al Ministerio de Interior (Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa) y (Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM), a la Gobernación del Vichada (Secretaría de Asuntos Indígenas), a la Alcaldía de Cumaribo, Vichada (Secretaría

y (Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM), a la Gobernación del Vichada (Secretaría de Asuntos Indígenas), a la Alcaldía de Cumaribo, Vichada (Secretaría de Asuntos Indígenas), a la Coordinación de Autoridades Administrativas del ICBF, al gobernador del cabildo indígena resguardo Dagua y Murciélago y a las señoras E.R.C.5 (madre biológica de la niña C.R.C.) y F.L.G. (madre sustituta de la niña C.R.C.).

Según consta en informe secretarial del 7 de febrero de 2025, vencido el término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y los particulares interesados en el presente conflicto guardaron silencio.

Mediante auto de mejor proveer del 4 de abril de 2025, la consejera ponente requirió al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio allegar con destino al expediente: i) Manifestación precisa de la razón o razones por las que devolvió el PARD de la niña C.R.C. a la Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio 2regional Meta), luego de haber declarado la nulidad de todo lo actuado en dicho trámite; y ii) Manifestación o consideraciones expresas respecto de su competencia para tramitar el referido PARD.

Mediante informe del 21 de abril de 2025, la Secretaría de la Sala informó al despacho ponente que el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio remitió documentos en respuesta a las solicitudes realizadas.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

despacho ponente que el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio remitió documentos en respuesta a las solicitudes realizadas.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio

No presentó consideraciones. No obstante, se tiene que, por Auto del 4 de abril de 2025, el despacho ponente preguntó al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio la razón por la cual devolvió al ICBF el PARD de la menor de edad

5 Según consta en informe secretarial, la comunicación a la madre biológica no se pudo efectuar, por lo cual, se publicó el Oficio 016 en la página web del Consejo de Estado con el fin de dar a conocer el conflicto a la mencionada señora.Radicación 11001-03-06-000-2025-00019-00 Página 5 de 30 C.R.C., luego de decretar la nulidad de todo lo actuado en dicho procedimiento conforme se lo ordenó el Tribunal del Distrito Judicial de Villavicencio - Sala Segunda de Decisión Civil Familia, en sentencia de tutela de fecha 4 de junio de 2024.

En respuesta, el mencionado juzgado manifestó que, respecto de la competencia funcional para la corrección de los yerros procesales evidenciados después de la decisión del PARD, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria, en Sentencia T-4100122140002020-00054-01 indicó que «[…] puede ocurrir que el Defensor de Familia sin advertir anomalía, dentro del semestre comentado dicte la decisión correspondiente; en tal caso si el juez al hacer el control de legalidad

en Sentencia T-4100122140002020-00054-01 indicó que «[…] puede ocurrir que el Defensor de Familia sin advertir anomalía, dentro del semestre comentado dicte la decisión correspondiente; en tal caso si el juez al hacer el control de legalidad advierte alguna nulidad, la declarará, pero dispondrá que las diligencias retornen al Defensor para que conjure la irregularidad».

En su análisis, la hipótesis antes transcrita encaja en el caso objeto de estudio, a lo que agrega que la sentencia de tutela emitida el por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, solo ordenó a ese despacho declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de apertura del proceso de restablecimiento de derechos, de modo que, en su entender, corresponde a la autoridad administrativa en curso del PARD conjurar las irregularidades una vez le retornen las diligencias.

2. Defensoría de Familia de Asuntos Indígenas Centro Zonal Villavicencio

2regional Meta

No presentó consideraciones. Sus argumentos se toman del oficio del 18 de diciembre de 2024, mediante el cual promovió el conflicto negativo de competencias. En dicho documento, rechaza su competencia para subsanar los yerros procesales y definir de fondo el PARD de la niña C.R.C., en razón a lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia, modificado por el artículo 4° de la Ley 1878 de 2018, según el cual, si se advierten irregularidades con posibles consecuencias de nulidad antes del vencimiento del término de seis meses para fallar la actuación, es la autoridad administrativa la que debe pronunciarse, tomar las

4° de la Ley 1878 de 2018, según el cual, si se advierten irregularidades con posibles consecuencias de nulidad antes del vencimiento del término de seis meses para fallar la actuación, es la autoridad administrativa la que debe pronunciarse, tomar las medidas correctivas y resolver de manera definitiva la situación jurídica del niño, niña o adolescente.

Pero resalta que conforme la referida norma, si el yerro procesal se advierte con posterioridad al vencimiento del término para fallar el PARD, la autoridad administrativa no podrá subsanarlo y deberá remitir el expediente al juez de familia para que este se pronuncie sobre la posible nulidad y, en caso de decretarla, subsane los yerros y posteriormente resuelva de fondo la situación jurídica del menor de edad.

En consecuencia, considera que la devolución del PARD por parte del juez, en este caso, contraviene lo dispuesto en la norma arriba mencionada, por cuanto una vez decretada la nulidad, corresponde a la autoridad judicial subsanar y continuar el PARD.Radicación 11001-03-06-000-2025-00019-00 Página 6 de 30

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo

de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 6. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia7.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. As imismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

En el libro primero del citado código se regula un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado en su conjunto.

6 Sentencia T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 7 Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991).Radicación 11001-03-06-000-2025-00019-00 Página 7 de 30 A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

• La Ley 1878 de 2018 8 introduce modificaciones a la Ley 1098 de 2006

(Código de la Infancia y la Adolescencia) de las cuales se destacan las siguientes:

El artículo 1° modific a el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

Esta modificación prevé que la verificación de los derechos debe hacerse

niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

Esta modificación prevé que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, fija un plazo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

El artículo 3 ° de la Ley 1878 modific a el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adiciona el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6 ° modifica el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento a las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098 con sus modificaciones, y para establecer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

• La Ley 1955 de 2019 9 modifica el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6 ° de la Ley 1878 de 2018. De esta

norma, destaca la Sala:

El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

8 «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 9 «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019.Radicación 11001-03-06-000-2025-00019-00 Página 8 de 30 El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modifica las reglas de competencia

la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modifica las reglas de competencia establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

1. la verificación de los derechos (art ículo 52, modificado por el artículo 1º de Ley 1878); ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los artículos 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y iii) el seguimiento a esas medidas transitorias (art ículo 103, modificado por el artículo 6° de la Ley 1878 de 2018 y el artículo 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.

1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas

1.2.1 Competencia de la SalaRadicación 11001-03-06-000-2025-00019-00 Página 9 de 30

1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas

1.2.1 Competencia de la SalaRadicación 11001-03-06-000-2025-00019-00 Página 9 de 30 La Ley 1878 de 201810 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir de manera integral en todo el territorio nacional11.

Como antes se mencionó, el artículo 3º de la citada ley modifica el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adiciona el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia conocer del conflicto que le ha sido planteado y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a) La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;

b) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y

competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y

d) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas.

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 12 prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, lo siguiente:

10 «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 11 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.

fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición. 12 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sinRadicación 11001-03-06-000-2025-00019-00 Página 10 de 30

Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…]. [Resalta la Sala]

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada,

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo