CE - Auto interlocutorio 11001030600020250002600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de 2025.

Número único: 11001-03-06-000-2025-00026-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de

Bogotá.

Asunto: autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), respectivamente modificados por los artículos 2 .° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 14 de junio de 20222, el Juez Segundo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá compulsó copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, con el propósito de que se adelantara una acción disciplinaria en contra del señor Julio Nelson Contreras Robles , por presuntas irregularidades, en calidad de auxiliar de la justicia (secuestre), en el marco del proceso ejecutivo núm. 2016-879, surtido ante dicho despacho judicial.

2. Mediante Auto del 29 de agosto de 20223, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial

justicia (secuestre), en el marco del proceso ejecutivo núm. 2016-879, surtido ante dicho despacho judicial.

2. Mediante Auto del 29 de agosto de 20223, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá resolvió remitir la queja anterior a la Procuraduría General de la Nación, por considerar que esa autoridad es la competente para conocer del asunto, en virtud de l artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 02, Documento: 3ED_002COMPULSA222022037. 3 Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 02, Documento: 6_EXPEDIENTEDIGI_005AUTOREMITECOMPETE_ 5_20250130154716649.pdf.Radicación 11001030600020250002600 Página 2 de 22

3. El 11 de junio de 2024 4, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá remitió el asunto a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que resolviera el conflicto de competencia.

4. El 20 de noviembre de 20245, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adujo que, como la Sala de Consulta y Servicio Civil ha manifestado ser competente para conocer solo de asuntos administrativos, y al tratarse de un conflicto de competencias entre una

4. El 20 de noviembre de 20245, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adujo que, como la Sala de Consulta y Servicio Civil ha manifestado ser competente para conocer solo de asuntos administrativos, y al tratarse de un conflicto de competencias entre una autoridad administrativa y una de naturaleza jurisdiccional, y ser el superior jerárquico de la Comisión Seccional , ella era la autoridad competente para resolver el conflicto plantado. En ese orden, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió:

PRIMERO: ASIGNAR la competencia para conocer de la presente actuación a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, a donde se remitirá inmediatamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

La referida decisión fue notificada a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial el 5 de diciembre de 20246.

5. El 13 de enero de 20257, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá reiteró su falta de competencia para conocer del proceso disciplinario, por considerar que el asunto debía ser resuelto por la Procuraduría General de la Nación; y en consecuencia, solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolver el conflicto suscitado entre esa autoridad y la Procuraduría General de la Nación.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3.° por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, el 30 de enero del 2025 se fijó

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3.° por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, el 30 de enero del 2025 se fijó el edicto número 258, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, es decir, desde el 31 de enero hasta el 6 de febrero de 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

4Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 0 5, Documento: ALEGATOSDECON_E2022491914IUCD20233(.pdf). 5Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 02, Carpeta:13_EXPEDIENTEDIGI_05OneDrive_1_622025 z_0_20250206152435858, Subcarpeta: 006Devolucion05001250200020240339500SVO, Documento: 002CompulsaCopias, Folios: 20-22. 6 Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 02, Carpeta:17ED_10007PRONUNCIAMIENTO(.rar), documento: “Correo_Secretaría Trámites Despacho 08 Comisión Seccional Disciplina Judicial -Bogota”. 7Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 02, Documento: 8_EXPEDIENTEDIGI_008AUTOREMITEDILIGEN_7_20250130154716914.pdf. 8Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 03, Documento: 18_POREDICTO_13Edictopdf.Radicación 11001030600020250002600 Página 3 de 22

8Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 03, Documento: 18_POREDICTO_13Edictopdf.Radicación 11001030600020250002600 Página 3 de 22

Según informe secretarial del 30 de enero de 202 59 consta que se libraron comunicaciones a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá – Despacho 8, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y al Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró el auto de apertura de investigación ni la orden de vinculación del señor Julio Nelson Contreras Robles, que acreditaran su calidad de investigado, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación10, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva de este.

Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario» 11, el despacho de la consejera ponente determinó que la comunicación del presente asunto se realizara a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra el señor Julio Nelson Contreras Robles, en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre), en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

De otro lado, en informe secretarial del 7 de febrero de 202512, consta que, dentro del

la justicia (secuestre), en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

De otro lado, en informe secretarial del 7 de febrero de 202512, consta que, dentro del término de fijación del edicto , la Procuradora Primera Distrital de Instrucción de Bogotá D.C., doctora Helga Lidby Díaz Acosta presentó alegatos, mientras que las demás autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá13

En escrito de alegatos del 6 de febrero de 202 5, esta autoridad manifestó que , de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1 .° de la Ley 2094 de 2021, compete a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ejercer la acción disciplinaria, entre otros, contra los particulares disciplinables. Pues, en su criterio, mediante el ejercicio de la función juri sdiccional disciplinaria, se tramita n y resuelven, entre otros, los procesos contra los particulares disciplinables conforme a la Ley disciplinaria.

9Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 02, Documento: 12ed_14informecomunicación.pdf. 10 Artículo 115, Ley 1952 de 2019. 11 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013. 12Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 0 6, Documento: 29ALDESPACHOPOR_InformeSecretarialRa(pdf).

11 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013. 12Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 0 6, Documento: 29ALDESPACHOPOR_InformeSecretarialRa(pdf). 13 Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 04, Documento: 18_110010306000202500026002MemorialWeb20252714618.pdf.Radicación 11001030600020250002600 Página 4 de 22

En adición, señaló que en comunicación del 11 de junio de 2024, solicitó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que resolviera el conflicto de competencia, teniendo en cuenta pronunciamientos de dicha Corporación en los que ha aceptado tener la facultad de resolver estos conflictos. Al respecto, precisó que, a la fecha de presentar el escrito ante la Sala, no había recibido respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá – Despacho 08

Esta Entidad no presentó consideraciones, por lo anterior, se tendrán en cuenta los argumentos exhibidos en el Auto del 13 de enero de 202514, mediante el cual manifestó su falta de competencia.

En el referido proveído sostuvo que, el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, confiere la titularidad de la acción disciplinaria del particular a la Procuraduría General de la Nación y las personerías; por lo anterior, considera que las seccionales carecen de competencia para atender la disciplina de los auxiliares de la justicia, desde la entrada en vigencia del Código General Disciplinario.

Adicionalmente, indicó que , en cuanto al pronunciamiento emitido por la Comisión

para atender la disciplina de los auxiliares de la justicia, desde la entrada en vigencia del Código General Disciplinario.

Adicionalmente, indicó que , en cuanto al pronunciamiento emitido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Bogotá, ni la Ley 270 de 1996, ni el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, por la cual se modifica el artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia , establecen que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tenga competencia para dirimir ese tipo de conflictos. Así que, precisó que , su competencia se ciñe exclusivamente a los conflictos que se presenten entre las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial , por lo que le compete a la Sala de Consulta y Servicio Civil resolver el conflicto.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado el artículo 19 de la Ley 2080 de 202115.

14 Expediente Electrónico, SAMAI, Actuación 02, Documento: 8ED_008AUTOREMITEDILIGEN(.pdf). 15 La Sala en decisiones precedentes, ( radicación 11001-03-06-000-2024-00007-00 del 13 de marzo de 2024), radicación 11001-03-06-000-2024-00036-00 del 20 de marzo de 2024), radicación 11001-03-06000-2024-00179-00 del 3 de julio de 2024) entre otras, analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de

000-2024-00179-00 del 3 de julio de 2024) entre otras, analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación deRadicación 11001030600020250002600 Página 5 de 22

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva16.

En el presente caso es importante precisar que, l os conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD)17.

Sin embargo, e n el asunto que ocupa la atención de la Sala no aplica la citada disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , no tienen un superior común.

En el caso de los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple funciones

Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , no tienen un superior común.

En el caso de los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple funciones administrativas y otra que cumple funciones jurisdiccionales, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha puesto de presente varias consideraciones importantes 18, que se expondrán a continuación.

La Sala en varias oportunidades19, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones, ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial; puesto que en tal caso sería la Corte Constitucional la autoridad competente para dirimir el asunto, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11 , de la Constitución Política 20, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia. 16 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones 17 Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto;

en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. 18 Decisión del 16 de mayo de 2018 radicación 017 -00200; Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 19 Decisión del 21 de junio de 2023 radicación 11001030600020230021200; Decisión del 21 de junio de 2023 radicación 11001030600020230021200. 20 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:Radicación 11001030600020250002600 Página 6 de 22

De otra parte, dado que una de las entidades cumple una función disciplinaria de naturaleza administrativa, la Sala de Consulta ha considerado que es un imperativo constitucional y legal resolver los conflictos de competencias planteados en tales circunstancias, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237, numeral 6, de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA 21, en ejercicio

circunstancias, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237, numeral 6, de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA 21, en ejercicio de la función legal que a ella le corresponde. En particular, porque el efecto de la indefinición respecto de la autoridad competente o la duda sobre la misma puede afectar el derecho al debido proceso de los involucrados22.

En efecto, este cuerpo colegiado ha considerado 23, en armonía con el debido proceso, que mantiene la competencia para dirimir la controversia, debido a que, primero, por disposición del artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades [deben buscar] que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evit arán decisiones inhibitorias […]»; y, en segundo lugar, porque para identificar la autoridad competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

En la hipótesis específica de los conflictos de competencia surgidos entre dos autoridades (cualquiera que sea su naturaleza), en los que la respectiva función pública es judicial, para una de ellas, y administrativa, para la otra, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha considerado 24 que esta colegiatura es la competente para resolverlos, bajo el entendido de que puede tratarse, igualmente, de conflictos en los cuales la autoridad competente sea aquella que ejerce función administrativa, conclusión a la que sólo se puede llegar, se insiste, una vez agotado el estudio de fondo que permita constatar esa situación.

Precisado lo anterior, con el fin de ratificar la competencia para resolver de fondo el presente asunto, la Sala expondrá las siguientes consideraciones en relación con el

puede llegar, se insiste, una vez agotado el estudio de fondo que permita constatar esa situación.

Precisado lo anterior, con el fin de ratificar la competencia para resolver de fondo el presente asunto, la Sala expondrá las siguientes consideraciones en relación con el artículo 139 del Código General del Proceso, en el contexto de la Providencia del 20 de noviembre de 2024 proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

[…]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala] 21 Ver, pronunciamiento del 9 de marzo de 2022. Conflicto entre la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario del Municipio de Soacha y la Procuraduría Provincial de Fusagasugá. 22 Ver otros pronunciamientos similares adoptados por la Sala: Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006-00059); Decisión del 18 de septiembre de 2014 (Radicación 2014 -00168) y Decisión del 6 de julio de 2022 (radicación 2022-000033). 23 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014

(radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones del 18 de septiembre de 2014, rad.

11001-03-06-000-2014-00168-00; 16 de mayo del 2018, rad. 11001 -03-06-000-2017-00200-00; 18 de junio de 2019, rad. 11001 -03-06-000-2019-00063-00; 20 de mayo del 2021, rad. 11001 -03-06-000-202100024-00.Radicación 11001030600020250002600 Página 7 de 22

Es importante mencionar que las reglas del inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso, no le son en principio aplicables a la situación objeto de análisis [conflictos entre una Comisión Seccional y la Procuraduría General de la Nación], por l as razones que a continuación, se explican:

(i) Una de las autoridades en conflicto, en este caso, es la Procuraduría General de la Nación, quien actualmente, no opera como una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales, en virtud de la sentencia C-030 de 2023, sino que se trata de una entidad que profiere decisiones eminentemente administrativas25.

En este sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso regula el trámite y la competencia para resolver, los conflictos negativos de competencia judicial que puedan presentarse, en relación con procesos de la misma naturaleza, entre un juez y una autoridad administrativa que cumpla funciones judiciales , o incluso entre dos autoridades administrativas que desempeñen tales funciones. Al respecto, la norma correspondiente reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el

correspondiente reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. [Se subraya].

25 Como la Corte Constitucional en la Sentencia C -030 de 2023 declaró la inexequibilidad de las expresiones «jurisdiccionales» y «jurisdiccional», de los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021,

que modificaron los artículos 2, 238A y 265 de la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría General de la Nación ya no es una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales, sino que se trata de una entidad que profiere decisiones administrativas.Radicación 11001030600020250002600 Página 8 de 22

Del texto de la norma, se evidencia que ésta va dirigida al juez o a quien haga sus veces y que se trata de una disposición que contribuye a dirimir conflictos de competencia, entre quienes ejercen funciones de esa naturaleza.

De hecho, al revisar la finalidad del artículo 139 CGP, debe tenerse en cuenta que el mismo, forma parte de la Ley 1564 de 2012, cuyo objeto es precisamente regular: «[…] la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares o autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes»26.

En ese sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso forma parte del Libro Segundo, Sección II, Título V del citado estatuto, que regula los conflictos de competencia (Capítulo V), los impedimentos y recusaciones, la acumulación de los procesos, el amparo de pobreza, la interrupción y la suspensión del proceso, refiriéndose en todos los casos, básicamente al proceso judicial.

De lo que se contrae, que el objetivo de la disposición enunciada es el de dirimir conflictos de naturaleza claramente judicial, -y no administrativa -, entre autoridades judiciales o con funciones judiciales, que tengan un superior común.

De lo que se contrae, que el objetivo de la disposición enunciada es el de dirimir conflictos de naturaleza claramente judicial, -y no administrativa -, entre autoridades judiciales o con funciones judiciales, que tengan un superior común.

Es menester entonces, afirmar que de la lectura detallada del artículo 139 del CGP se desprende a su vez, que éste no aplica en el conflicto de competencias de la referencia, puesto que, como se dijo previamente: a) la Procuraduría no es ya, una autoridad administrativa que desempeñe funciones jurisdiccionales, sino que sus atribuciones son administrativas, y b) no existe una autoridad judicial desplazada en el caso concreto, ya que la Procuraduría es una entidad que cumple funciones administrativas, por lo que no puede desplazar ni sustituir a ninguna autoridad judicial.

Estas consideraciones permiten concluir que la norma del artículo 139 CGP no aplica de manera directa a las circunstancias en conocimiento de la Sala.

(ii) Por otra parte, t eniendo en cuenta que el proceso disciplinario que ocupa a la Sala en esta oportunidad, se rige por la Ley 1952 de 2019 -CGD-, es pertinente mencionar la existencia de la regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, citado con anterioridad, norma especial que debe aplicarse con preferencia sobre otras disposiciones que regulan el procedimiento y la atribución para resolver conflictos de competencia en esta materia (disciplinaria), conforme al conocido principio de que la ley especial prevalece sobre la general (artículo 5, numeral 1.°, de la Ley 57 de 1887, y artículo 3 de la Ley 153 de 1887).

(disciplinaria), conforme al conocido principio de que la ley especial prevalece sobre la general (artículo 5, numeral 1.°, de la Ley 57 de 1887, y artículo 3 de la Ley 153 de 1887).

26 Artículo 1º de la Ley 1564 de 2012Radicación 11001030600020250002600 Página 9 de 22

Sin embargo, tal y como se mencionó de manera previa, al aplicar esta disposición en el caso concreto, resulta que la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá - y la Comisión Seccional de Disciplina Judicia l de Bogotá carecen de un superior común inmediato.

Estas razones, por lo tanto, dan cuenta de la imposibilidad de aplicar en este caso, tanto el artículo 139 del CGP (relacionado exclusivamente con funciones judiciales); como el artículo 99 del CGD (norma especial), circunstancia que impide concluir que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sea la autoridad habilitada para solucionar esta clase de disputas competenciales, ya que no existe disposición constitucional o legal alguna, que le otorgue tal atribución a dicha corporación.

Por todo lo anterior, ante la imposibilidad de aplicar normas especiales en este contexto que resuelvan este tipo de conflicto desde el punto de vista disciplinario, la Sala constata la falta de competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para dirimir estas situaciones que involucran funciones que no son de naturaleza judicial, y ratificar que la competencia en estos casos le corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil en atención a sus funciones constitucionales y legales en materia a dministrativa, junto con

situaciones que involucran funciones que no son de naturaleza judicial, y ratificar que la competencia en estos casos le corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil en atención a sus funciones constitucionales y legales en materia a dministrativa, junto con la jurisprudencia constitucional y la doctrina de la Sala que así lo han definido.

Resulta entonces necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, que faculta a la Sala de Consulta y Servicio Civil para dirimir los conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

En conclusión, la Sala destaca que la Providencia de 20 de noviembre de 2024 adoptado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no soslaya o desplaza la competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil para resolver el presente conflicto de compete ncias administrativas, en consideración a que: i) se trata de una actuación disciplinaria que, conforme a la sentencia C - 030 de 2023 de la Corte Constitucional, tiene naturaleza administrativa; ii) la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no tiene la facultad legal ni reglamentaria27 para dirimir conflictos de competencia entre una autoridad jurisdiccional y una administrativa; y iii) la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá reiteró su falta de competencia para conocer del asunto mediante Auto del 13 de enero de 2025, por tanto, el conflicto aún persiste y debe resolverse de fondo.

27 Acuerdo núm. 003 de 2021 que regula el Reglamento interno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial: ARTÍCULO 2. DE LAS FUNCIONES DE LA SALA EN PLENO. Corresponde a la Sala en Pleno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, desarrollar las siguientes funciones:

Judicial: ARTÍCULO 2. DE LAS FUNCIONES DE LA SALA EN PLENO. Corresponde a la Sala en Pleno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, desarrollar las siguientes funciones:

[…]

j. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. [Subraya la Sala de Consulta]Radicación 11001030600020250002600 Página 10 de 22

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones