CE - Auto interlocutorio 11001030600020250003200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 9 de abril de 2025

Número único: 11001-03-06-000-2025-00032-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y Procuraduría

Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá.

Asunto: autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias que corresponda contra auxiliares de la justicia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), respectivamente modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 23 de octubre de 2023, el señor William Cañon Velandia presentó queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en contra de funcionarios y empleados de la Rama Judicial y particulares que han intervenido en el proceso ejecutivo 2010-01230, adelantado actualmente en el Juzgado 13 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, por las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido en el curso del referido proceso. Entre los denunciados se encuentran los señores Heraclio Pulido Pulido, en su condición de depositario y al mismo tiempo demandado en el

Sentencias de Bogotá, por las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido en el curso del referido proceso. Entre los denunciados se encuentran los señores Heraclio Pulido Pulido, en su condición de depositario y al mismo tiempo demandado en el proceso ejecutivo, y Diego Fabián Suárez Vanegas, en calidad de secuestre.

2. El 30 de octubre de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para adelantar el proceso disciplinario en contra de los señores Heraclio Pulido Pulido (como depositario) y Diego Fabián Suárez Vanegas

(como secuestre), en su calidad de auxiliares de la justicia en el proceso ejecutivo 201001230, adelantado actualmente en el Juzgado 13 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá; en consecuencia, remitió el asunto disciplinario a la Procuraduría General de la Nación.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 11001 -03-06000-2025-00032-00 expediente digital SAMAI.Radicación 11001030600020250003200 Página 2 de 25

3. El 18 de diciembre de 2023, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá manifestó su falta de competencia para adelantar la investigación disciplinaria contra los señores Heraclio Pulido Pulido y Diego Fabián Suárez Vanegas , como auxiliares de la

manifestó su falta de competencia para adelantar la investigación disciplinaria contra los señores Heraclio Pulido Pulido y Diego Fabián Suárez Vanegas , como auxiliares de la justicia en el referido proceso ejecutivo y promovió conflicto negativo de competencias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

4. El 23 de octubre de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dirimió el conflicto de competencias suscitado entre la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para investigar a los referidos auxiliares de la justicia y asignó competencia a la citada

comisión seccional en los siguientes términos:

PRIMERO: DIRIMIR el conflicto negativo de competencia surgido entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, asignando el conocimiento del presente asunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

5. El 12 de diciembre de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá reiteró su falta de competencia para conocer del proceso disciplinario en contra de los señores Heraclio Pulido Pulido y Diego Fabián Suárez Vanegas, por lo que propuso conflicto negativo de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que dirima el conflicto surgido entre esa autoridad y la

Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó edicto núm ero 30 por el término de cinco días (del 7 al 13

Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó edicto núm ero 30 por el término de cinco días (del 7 al 13 de febrero de 2025), para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Según constancia secretarial del 5 de febrero de 2025, se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y al Juzgado 13 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró el auto de apertura de investigación en contra de los señores Heraclio Pulido Pulido y Diego Fabián Suárez Vanegas que acreditaran su calidad de investigados3, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la

3 Artículo 111, Ley 1952 de 2019.Radicación 11001030600020250003200 Página 3 de 25

providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación 4, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva de este. Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario

providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación 4, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva de este. Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario» 5, el despacho de la consejera ponente determinó que la comunicación del presente asunto se realizara a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra el auxiliar de justicia en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario. Conforme consta en informe secretarial del 14 de febrero de 2025, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Esta autoridad no presentó consideraciones, razón por la cual se tendrán en cuenta los argumentos presentados en el Auto del 12 de diciembre de 2024, mediante el cual formuló el conflicto negativo de competencias ante la Sala.

Manifestó que a partir de la entrada en v igencia del artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, la competencia para conocer de la acción disciplinaria en contra de los particulares disciplinables corresponde a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías, cualquiera que sea su forma de vinculación.

Alegó que esa autoridad carece de competencia para conocer los procesos disciplinarios que comprometan a los auxiliares de la justicia; ya que, la acción disciplinaria contra

cualquiera que sea su forma de vinculación.

Alegó que esa autoridad carece de competencia para conocer los procesos disciplinarios que comprometan a los auxiliares de la justicia; ya que, la acción disciplinaria contra estos sujetos es de naturaleza administrativa y no jurisdiccional.

Finalmente indicó que, si bien la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asignó competencia a esa autoridad, el criterio de ese despacho no ha cambiado frente a la competencia para disciplinar a los auxiliares de la justicia. Finalmente procedió a promover conflicto negativo ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

2. Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá.

No presentó consideraciones, por lo anterior, se tendrán en cuenta los argumentos presentados en el Auto del 18 de diciembre de 2023, mediante el cual manifestó su falta

4 Artículo 115, Ley 1952 de 20191. 5 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013.Radicación 11001030600020250003200 Página 4 de 25

de competencia y propuso conflicto negativo de competencias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

En el referido proveído, esa autoridad manifestó que, si bien el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 incluye a los auxiliares de la justicia como sujetos disciplinables dentro del régimen de particulares, esto no de termina que la competencia para disciplinarlos sea de la Procuraduría General de la Nación. Indicó que, en virtud de los artículos 2 y 239 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, la Comisión Nacional de

de la Procuraduría General de la Nación. Indicó que, en virtud de los artículos 2 y 239 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales deben ejercer la acción disciplinaria contra los auxiliares de la justicia.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conf licto planteado, esto es, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá .y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021. La Sala en decisión de fecha 30 de abril de 2024, con radicación núm. 11001-03-06-0002024-00873-00 (entre otras reiteraciones6) analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en

2024-00873-00 (entre otras reiteraciones6) analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos

6Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 26 de marzo de 2025, con radicación núm. 2025 -00033; 19 de febrero de 2025, con radicación núm. 2024 -00714; del 24 de abril de 2024, radicación 2024-00098; del 15 de octubre de 2024, radicación 2024-00518; del 18 de septiembre de 2024, radicación 2024-470; del 10 de julio de 2024, radicación 2024-168.Radicación 11001030600020250003200 Página 5 de 25

dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia.

En el caso de los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple funciones administrativas y otra que cumple funciones jurisdiccionales, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha puesto de presente varias consideraciones importantes 7, que se expondrán a continuación.

La Sala en varias oportunidades8, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es

administrativas y otra que cumple funciones jurisdiccionales, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha puesto de presente varias consideraciones importantes 7, que se expondrán a continuación.

La Sala en varias oportunidades8, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones, ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial correspondientes a diferentes jurisdicciones; puesto que en tal caso sería la Corte Constitucional la autoridad competente para dirimir el asunto, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política9, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

De otra parte, desde el punto de vista funcional, estos conflictos son administrativos, toda vez que por los menos una de la s autoridades involucradas estaría llamada a asumir competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, lo cual solo se puede determinar una vez la Sala asuma competencia y defina el conflicto.

Así las cosas, la Sala de Consulta ha considerado que es un imperativo constitucional y legal resolver los conflictos de competencias planteados en tales circunstancias, en atención a los mandatos de los artículos 29, 236 y 237, numeral 6, de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA10. En particular, porque la indefinición respecto de la autoridad competente o la duda sobre la misma puede afectar el derecho al debido proceso de los involucrados11.

7 Decisión del 16 de mayo de 2018 , radicación 017-00200; Decisión del 25 de enero de 2023 radicación

al debido proceso de los involucrados11.

7 Decisión del 16 de mayo de 2018 , radicación 017-00200; Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 8 Decisión del 21 de junio de 2023, radicación 11001030600020230021200; Decisión del 21 de junio de 2023 radicación 11001030600020230021200. 9 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala] 10 Ver, pronunciamiento del 9 de marzo de 2022. Conflicto entre la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario del Municipio de Soacha y la Procuraduría Provincial de Fusagasugá. 11 Ver otros pronunciamientos similares adoptados por la Sala: Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006-00059); Decisión del 18 de septiembre de 2014 (Radicación 2014 -00168) y Decisión del 6 de julio de 2022 (radicación 2022-000033).Radicación 11001030600020250003200 Página 6 de 25

En efecto, este cuerpo colegiado ha considerado 12, en armonía con derecho al debido proceso, que la Sala tiene competencia para dirimir este tipo de conflictos, debido a que,

En efecto, este cuerpo colegiado ha considerado 12, en armonía con derecho al debido proceso, que la Sala tiene competencia para dirimir este tipo de conflictos, debido a que, por disposición del artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades [deben buscar] que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]»13.

De manera adicional , con el fin de ratificar la competencia para resolver de fondo el presente asunto, la Sala considera necesario exponer las siguientes consideraciones en relación con la improcedencia de aplicar la regla de competencia del inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso, en el caso examinado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial – en adelante CNDJen el Auto de 23 de octubre de 2024.

En efecto, es importante mencionar que las reglas del referido inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso no le son aplicables a la situación objeto de análisis [conflictos entre una Comisión Seccional y la Procuraduría General de la Nación], por las razones que a continuación, se explican:

(i) Una de las autoridades en conflicto, en este caso, es la Procuraduría General de la Nación, no opera como una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales. En efecto, en virtud de la sentencia C -030 de 2023 , las actuaciones disciplinarias de esta autoridad, así como sus decisiones son eminentemente administrativas14.

En este sentido , se debe tener en cuenta que el artículo 139 del Código General del Proceso regula el trámite y la competencia para resolver los conflictos negativos de competencia judicial que puedan presentarse en relación con procesos de la misma

En este sentido , se debe tener en cuenta que el artículo 139 del Código General del Proceso regula el trámite y la competencia para resolver los conflictos negativos de competencia judicial que puedan presentarse en relación con procesos de la misma naturaleza, entre un juez y una autoridad administrativa que cumpla funciones judiciales, o incluso entre dos autoridades administrativas que desempeñen tales funciones. Al respecto, la norma correspondiente reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

12 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones del 18 de septiembre de 2014, rad. 11001-03-06-000-2014-00168-00; 16 de mayo del 2018, rad. 11001 -03-06-000-2017-00200-00; 18 de

junio de 2019, rad. 11001 -03-06-000-2019-00063-00; 20 de mayo del 2021, rad. 11001-03-06-000-202100024-00. 14 Como la Corte Constitucional en la Sentencia C -030 de 2023 declaró la inexequibilidad de las expresiones «jurisdiccionales» y «jurisdiccional», de los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021, que modificaron los artículos 2, 238A y 265 de la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría General de la Nación ya no es una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales, sino que se trata de una entidad que profiere decisiones administrativas.Radicación 11001030600020250003200 Página 7 de 25

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. [Se subraya].

el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. [Se subraya].

Como se observa, el inciso quinto de esta norma está dirigida a establecer la autoridad competente para dirimir los conflictos entre dos autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales o entre un juez y una autoridad administrativa que desplace a un juez en sus funciones jurisdiccionales.

De hecho, al revisar la finalidad del artículo 139 CGP debe tenerse en cuenta que e ste forma parte de la Ley 1564 de 2012, cuyo objeto es precisamente regular: «[…] la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares o autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes»15.

En ese sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso forma parte del Libro Segundo, Sección II, Título V del citado estatuto, que regula los conflictos de competencia (Capítulo V), los impedimentos y recusaciones, la acumulación de los procesos, el amparo de pobreza, la interrupción y la suspensión del proceso, refiriéndose en todos los casos, básicamente, al proceso judicial.

De lo que se contrae, que el objetivo de la disposición enunciada es el de dirimir conflictos de naturaleza claramente judicial, -y no administrativa -, entre autoridades judiciales o con funciones judiciales, que además tengan un superior común.

Es menester entonces afirmar que la regla de competencia del artículo 139 del CGP no

de naturaleza claramente judicial, -y no administrativa -, entre autoridades judiciales o con funciones judiciales, que además tengan un superior común.

Es menester entonces afirmar que la regla de competencia del artículo 139 del CGP no aplica en el conflicto de competencias de la referencia, puesto que, como se dijo previamente: a) la Procuraduría no es actualmente una autoridad administrativa que desempeñe funciones jurisdiccionales, porque a partir de la Sentencia C -030 de 2023 ,

15 Artículo 1º de la Ley 1564 de 2012Radicación 11001030600020250003200 Página 8 de 25

sus atribuciones son exclusivamente administrativas, y b) en este caso no existe una autoridad judicial desplazada por una autoridad administrativa , ya que la Procuraduría es una entidad que cumple funciones administrativas, por lo que no puede desplazar ni sustituir a ninguna autoridad judicial.

Estas consideraciones permiten concluir que la norma del artículo 139 del CGP no aplica a las circunstancias frente a las cuales se pronunció la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y que ahora fueron puestas en conocimiento de la Sala.

(ii) Por otra parte, t eniendo en cuenta que el proceso disciplinario que ocupa a la Sala en esta oportunidad se rige por la Ley 1952 de 2019 del CGD, es pertinente citar la regla especial de competencia prevista para los procesos disciplinarios en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, citado con anterioridad . Esta norma debe aplicarse con preferencia sobre otras disposiciones que regulan el procedimiento y la facultad para resolver conflictos de competencia en esta materia (disciplinaria), conforme al conocido principio

Ley 1952 de 2019, citado con anterioridad . Esta norma debe aplicarse con preferencia sobre otras disposiciones que regulan el procedimiento y la facultad para resolver conflictos de competencia en esta materia (disciplinaria), conforme al conocido principio de que la ley especial prevalece sobre la general (artículo 5, numeral 1.°, de la Ley 57 de 1887, y artículo 3 de la Ley 153 de 1887).

Sin embargo, tal y como se mencionó de manera previa, esta regla no es aplicable a l caso concreto, porque la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá - y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá carecen de un superior común inmediato.

En definitiva, observa la Sala que en el caso objeto de estudio no es procedente aplicar las reglas del artículo 139 del CGP (relacionado exclusivamente con dos autoridades que ejercen funciones judiciales); ni el artículo 99 del CGD (norma especial que implica que las dos autoridades en conflicto tenga un superior jerárquico ), circunstancia que impide concluir que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sea la autoridad habilitada para solucionar esta clase de disputas competenciales, ya que no existe disposición constitucional o legal alguna que le otorgue tal atribución a dicha corporación.

Por todo lo anterior, la Sala ratifica que la competencia para dirimir conflictos de competencia como el que se analiza en estos casos es de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en atención a sus funciones legales de resolver conflictos de competencias administrativas y conforme lo establecido por la doctrina de la Sala, avalada y respaldada por la Corte Constitucional16.

Civil, en atención a sus funciones legales de resolver conflictos de competencias administrativas y conforme lo establecido por la doctrina de la Sala, avalada y respaldada por la Corte Constitucional16.

16 Teniendo en cuenta que mediante la Sentencia C – 030 de 2023 se declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la PGN y éstas volvieron a ser de naturaleza administrativa, la Corte Constitucional expidió una serie de Autos de Sala Plena (por ejemplo el Auto A1388 de 12 de julio de 2023) en los que se declaró no competente para conocer estos conflictos toda vez que no se constituían en conflictos entre jurisdicciones y ordenó remitirlos a la Sala de Consulta y Servicio Civil por considerarla competente para conocer y decidir estos asuntosRadicación 11001030600020250003200 Página 9 de 25

En este orden de ideas, la Sala destaca que el Auto de 23 de octubre de 2024 adoptado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en relación con este asunto no soslaya o desplaza la competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil para resolver el conflicto de competencias administrativas, en consideración a que: i) la competencia de la Procuraduría General de la Nación es de naturaleza administrativa; ii) l a Comisión Nacional de Disciplina Judicial no tiene la facultad legal ni reglamentaria 17 para dirimir conflictos de competencia entre una autoridad jurisdiccional y una administrativa; y iii) no obstante la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá reiteró su falta de competencia para conocer del asunto , mediante Auto del 12 de diciembre de 2024, por tanto, el conflicto aún persiste y debe resolverse de fondo.

Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá reiteró su falta de competencia para conocer del asunto , mediante Auto del 12 de diciembre de 2024, por tanto, el conflicto aún persiste y debe resolverse de fondo.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva18.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

17 Acuerdo núm. 003 de 2021 que regula el Reglamento interno de la Comisión Nacional de Disciplina

Judicial:

ARTÍCULO 2. DE LAS FUNCIONES DE LA SALA EN PLENO. Corresponde a la Sala en Pleno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, desarrollar las siguientes funciones:

[…]

Judicial:

ARTÍCULO 2. DE LAS FUNCIONES DE LA SALA EN PLENO. Corresponde a la Sala en Pleno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, desarrollar las siguientes funciones:

[…]

j. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. [Subraya la Sala de Consulta]

18 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación 11001030600020250003200 Página 10 de 25

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para conocer y adelantar la actuación disciplinaria que corresponda en contra de los señores Heraclio Pulido Pulido y Diego Fabián Suárez Vanegas , por sus actuaciones como auxiliares de la justicia, en el marco del proceso ejecutivo 2010-01230, adelantado ante el Juzgado 13 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá señaló que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, los particulares disciplinables, sin ninguna distinción, deben ser investigados por la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá negó ser competente para conocer del asunto y señaló que la competencia es de la Comisión

Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá negó ser competente para conocer del asunto y señaló que la competencia es de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, porque según lo que establece el artículo 2 de la Le