CE - Auto interlocutorio 11001030600020250004000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de 2025.

Número único: 11001-03-06-000-2025-00040-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá - y la Comisión

Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Asunto: Autoridad competente para conocer de proceso disciplinario contra un auxiliar de la justicia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la función que le confieren los artículos 39 y 112, numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por la Ley 2080 de 2021 1, procede a resolver el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 11 de abril de 2019 3, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá compulsó copias por presuntas irregularidades contra el señor Orlando Méndez, quien actuó como auxiliar de la justicia (secuestre), en el proceso ejecutivo radicado núm. 200300649 adelantado en ese juzgado4.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2017y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2017y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001-03-06-000-2025-00040-00 que reposa en SAMAI. 3 SAMAI, Expediente digital, 3ED_03110011102000201902(.zip), carpeta: cuaderno principal, 029CONSULTAPROCESO11201902977.pdf.pdf. 4 El proceso ejecutivo radicado núm. 2003 -00649 se ha surtido en distintos juzgados, entre ellos el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá y el Juzgado 11 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, como consta en el documento 029CONSULTAPROCESO11201902977.pdf. que se encuentra en Expediente digital, 3ED_03110011102000201902(.zip) dentro de la carpeta: cuaderno principal.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00040-00 Página 2 de 24

2. El 2 de julio de 20195, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de auto, asumió conocimiento y dispuso apertura de indagación preliminar contra el señor Orlando Méndez, en calidad de auxiliar de la justicia (secuestre), por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso núm. 2003 -00649 adelantado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá.

de auxiliar de la justicia (secuestre), por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso núm. 2003 -00649 adelantado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá.

3. El 15 de octubre de 2021 6, mediante auto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá dio apertura de la investigación disciplinaria en contra del señor Orlando Méndez por su actuación como auxiliar de la justicia-secuestre en el proceso núm. 2003 -00649 adelantado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá. En ese sentido señaló:

Conforme a las pruebas allegadas al expediente en la etapa de indagación preliminar, y habiéndose cumplido con los requisitos previstos en los artículos 152 y 153 de la Ley 734 de 2002, se dispone APERTURA DE INVESTIGACI ÓN DISCIPLINARIA en contra de ORLANDO MENDEZ, por su actuación como AUXILIAR DE LA JUSTICIA -SECUESTRE, designado por el Juzgado 11 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, en el trámite del proceso ejecutivo hipotecario bajo radicación No. 2003-649, demandante Banco Comercial Av Villas S.A., demandados Diana Cecilia Naranjo Sierra y William Henrique Hernández Rubiano.

4. El 31 de marzo de 20227, por medio de auto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró el cierre de la etapa de investigación del proceso disciplinario adelantado contra el señor Orlando Méndez, en calidad de auxiliar de la justicia (secuestre).

Judicial de Bogotá declaró el cierre de la etapa de investigación del proceso disciplinario adelantado contra el señor Orlando Méndez, en calidad de auxiliar de la justicia (secuestre).

5. El 18 de abril de 2022 8, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para continuar con el presente proceso disciplinario y ordenó la remisión a la Procuraduría General de la Nación. En ese

sentido señaló:

Se concluye así, que la Comisión de Disciplina Judicial, órgano jurisdiccional de administración de justicia, carece actualmente de competencia para continuar conociendo de los procesos disciplinarios que comprometan la conducta de un auxiliar de la justicia y, en virtud de lo previsto en el Código General Disciplinario, tratándose de particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria,

5 SAMAI, Expediente digital, 3ED_03110011102000201902(.zip), carpeta: cuaderno principal, 010EDICTO21201902977.pdf. 6 SAMAI, Expediente digital, 3ED_03110011102000201902(.zip), carpeta: cuaderno principal, 026AUTOAPERTURAINVESTIGACION11201902977.pdf. 7 SAMAI, Expediente digital, 4ED_04730012333000202400(.zip), carpeta: cuaderno principal, 032AUTOCIERREINVESTIGACIONYALEGATOSPRECALIFICATORIOS11201902977.pdf . 8 SAMAI, Expediente digital, 4ED_04730012333000202400(.zip), carpeta: cuaderno principal, 035AUTOREMITEPORCOMPETENCIAPGN11201902977.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00040-00 Página 3 de 24

035AUTOREMITEPORCOMPETENCIAPGN11201902977.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00040-00 Página 3 de 24

esta potestad sancionadora se trasladó a la Procuraduría General de la Nación y a las Personerías Distritales o Municipales.

6. El 2 de mayo de 20249, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá se declaró no competente para adelantar el proceso disciplinario en contra del señor Orlando Méndez. Lo anterior, a partir de su entendimiento de los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019 y del artículo 13 de la Ley 2094 de 2021. Por lo tanto, dio por trabado un conflicto negativo de competencias.

Asimismo, luego de revisar distintos antecedentes proferidos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respecto a su propia capacidad para dirimir conflictos de competencia entre la Procuraduría General de la Nación y las comisiones seccionales de Disciplina Judicial, concluyó que esa era la autoridad competente para dirimir el conflicto suscitado entre esa autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

7. El 4 de septiembre de 202410, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió el conflicto de competencias suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá,

de la siguiente manera:

PRIMERO: ASIGNAR la competencia para conocer de la presente actuación a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

de la siguiente manera:

PRIMERO: ASIGNAR la competencia para conocer de la presente actuación a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

8. El 12 de diciembre de 202411, mediante auto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá se pronunció sobre «la viabilidad jurídica del ejercicio de la acción disciplinaria en contra de ORLANDO MENDEZ, en su calidad de Auxiliar de la Justicia.». En dicho auto, esa Corporación concluyó que no era competente para adelantar el proceso disciplinario, pese a que así lo hubiere considerado la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el Auto del 4 de septiembre de 2024, actuación que la comisión seccional consideró que se profirió por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sin competencia para hacerlo.

En ese sentido, la Comisión Seccional, señaló:

Teniendo en cuenta que el criterio jurídico de este despacho frente a la competencia de los auxiliares de la justicia no ha variado y dista de la posición mayoritaria asumida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, autoridad

9 SAMAI, Expediente digital, 7ED_07RE_URGENTEsolicitu(.zip), carpeta: cuaderno principal, 02

555. Conflicto de competencia CNDJ.pdf. 10 SAMAI, Expediente digital, 4ED_04730012333000202400(.zip), carpeta: cuaderno principal, Providencia 2024-00806-00 con Salvamentos de Voto.pdf. 11 SAMAI, Expediente digital, 4ED_04730012333000202400(.zip), carpeta: cuaderno principal,

Providencia 2024-00806-00 con Salvamentos de Voto.pdf. 11 SAMAI, Expediente digital, 4ED_04730012333000202400(.zip), carpeta: cuaderno principal, 038AUTO201902977.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00040-00 Página 4 de 24

sobre la que además se considera no ostenta la facultad para dirimir conflictos de esta índole, se hace necesario remitir las diligencias a la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado, para que dirima la colisión negativa de competencia que emerge en el presente caso.

Conforme lo anterior, decidió elevar ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el conflicto negativo de competencias trabado entre esa corporación y la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 7 de febrero de 2025, se fijó edicto núm. 037 en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

En el expediente digital obra en informe secretarial del 14 de febrero de 2025 dónde

Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

En el expediente digital obra en informe secretarial del 14 de febrero de 2025 dónde se señala que , durante la fijación del edicto, el doctor Jorge Eliecer Gaitán Peña magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, D.C, presentó consideraciones, mientras que las demás autoridades guardaron silencio.

Posteriormente, mediante auto del 24 de febrero de 2025, el despacho ponente resolvió «COMUNICAR, mediante la Secretaría de la Sala, del presente conflicto negativo de competencias administrativas al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá y al señor Orlando Méndez. Se solicita que en el término de cinco (5) días hábiles allegue sus consideraciones respecto del asunto de la referencia».

La Secretaría de la Sala, mediante informe secretarial del 7 de marzo de 2025 , informó al despacho que «vencido el término concedido mediante auto para mejor proveer de fecha 24 de febrero de 2025, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá y el señor Orlando Méndez, guardaron silencio».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00040-00 Página 5 de 24

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Mediante Oficio núm. CSDJBTAD08-25-008 del 11 de febrero de 202 5, esa autoridad presentó consideraciones en los siguientes términos:

En primera medida, advirtió que la jurisdicción disciplinaria solo tiene competencia

Mediante Oficio núm. CSDJBTAD08-25-008 del 11 de febrero de 202 5, esa autoridad presentó consideraciones en los siguientes términos:

En primera medida, advirtió que la jurisdicción disciplinaria solo tiene competencia para examinar la conducta de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, servidores del Estado con atribuciones jurisdiccionales y particulares que administran justicia de manera transitoria. Afirm ó, que los auxiliares de justicia no son empleados ni funcionarios judiciales, ni tampoco tienen atribuciones jurisdiccionales, en realidad, son particulares que desempeñan un oficio publico ocasional.

Manifestó que la acción disciplinaria contra los auxiliares de justicia es de naturaleza administrativa y no jurisdiccional, por lo tanto, el juez natural en este caso es la Procuraduría General de la Nación. En ese sentido, señaló:

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, los auxiliares de la justicia se incluyeron en el régimen disciplinario de los particulares y, el mismo estatuto consagra en el inciso tercero del artículo 92, que la competencia para conocer de la acción disciplinaria, tratándose de particulares, corresponde de manera exclusiva a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

2. Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá

Esta autoridad no presentó alegatos, sin embargo, sus argumentos se extraerán del Oficio del 2 de mayo de 2024, en el que declaró su falta de competencia y promovió

2. Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá

Esta autoridad no presentó alegatos, sin embargo, sus argumentos se extraerán del Oficio del 2 de mayo de 2024, en el que declaró su falta de competencia y promovió el conflicto de competencias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá estableció que corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus comisiones seccionales ejercer la función disciplinaria contra los particulares que son disciplinables de acuerdo con lo estipulado en el artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021. En ese sentido señaló:

[E]n términos de los preceptuado en el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021, compete a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ejercer la acción disciplinaria, entre otros, contra los particulares disciplinables […].Radicación: 11001-03-06-000-2025-00040-00 Página 6 de 24

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado el artículo 19 de la Ley 2080 de 202112. El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de

de 2011, modificado el artículo 19 de la Ley 2080 de 202112. El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva13. En el presente caso es importante precisar que, l os conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD)14.

Sin embargo, e n el asunto que ocupa la atención de la Sala no aplica la citada disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, no tienen un superior común.

12 La Sala en decisiones precedentes, (radicación 11001-03-06-000-2025-00033-00 del 26 de marzo de 2025), radicación 11001-03-06-000-2024-00036-00 del 20 de marzo de 2024), radicación 1100103-06-000-2024-00179-00 del 3 de julio de 2024) entre otras, analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén

la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia. 13 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones 14 Artículo 99 . Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00040-00 Página 7 de 24

exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00040-00 Página 7 de 24

En el caso de los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple funciones administrativas y otra que cumple funciones jurisdiccionales, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha puesto de presente varias consideraciones importantes15, que se expondrán a continuación.

La Sala en varias oportunidades 16, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial; puesto que en tal caso sería la Corte Constitucional la autoridad competente para dirimir el asunto, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 17, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

De otra parte, dado que una de las entidades cumple una función disciplinaria de naturaleza administrativa, la Sala de Consulta ha considerado que es un imperativo constitucional y legal resolver los conflictos de competencias planteados en tales circunstancias, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237, numeral 6, de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA18, en ejercicio de la función legal que a ella le corresponde. En particular, porque el efecto de la indefinición respecto de la autoridad competente o la duda sobre la misma puede afectar el derecho al debido proceso de los involucrados19.

En efecto, este cuerpo colegiado ha considerado 20, en armonía con el debido

efecto de la indefinición respecto de la autoridad competente o la duda sobre la misma puede afectar el derecho al debido proceso de los involucrados19.

En efecto, este cuerpo colegiado ha considerado 20, en armonía con el debido proceso, que mantiene la competencia para dirimir la controversia, debido a que, primero, por disposición del artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades [deben buscar] que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]»; y, en segundo lugar, porque para identificar la autoridad competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

15 Decisión del 16 de mayo de 2018 radicación 017 -00200; Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 16 Decisión del 21 de junio de 2023 radicación 11001030600020230021200; Decisión del 21 de junio de 2023 radicación 11001030600020230021200. 17 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala] 18 Ver, pronunciamiento del 9 de marzo de 2022. Conflicto entre la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario del Municipio de Soacha y la Procuraduría Provincial de Fusagasugá.

[…] [Resalta la Sala] 18 Ver, pronunciamiento del 9 de marzo de 2022. Conflicto entre la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario del Municipio de Soacha y la Procuraduría Provincial de Fusagasugá. 19 Ver otros pronunciamientos similares adoptados por la Sala: Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); Decisión del 18 de septiembre de 2014 (Radicación 2014 -00168) y Decisión del 6 de julio de 2022 (radicación 2022-000033). 20 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006-00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00040-00 Página 8 de 24

En la hipótesis específica de los conflictos de competencia surgidos entre dos autoridades (cualquiera que sea su naturaleza), en los que la respectiva función pública es judicial, para una de ellas, y administrativa, para la otra, la Sala de Consulta y Se rvicio Civil ha considerado 21 que esta colegiatura es la competente para resolverlos, bajo el entendido de que puede tratarse, igualmente, de conflictos en los cuales la autoridad competente sea aquella que ejerce función administrativa, conclusión a la que sólo se puede llegar, se in siste, una vez agotado el estudio de fondo que permita constatar esa situación.

Precisado lo anterior, con el fin de ratificar la competencia para resolver de fondo el

conclusión a la que sólo se puede llegar, se in siste, una vez agotado el estudio de fondo que permita constatar esa situación.

Precisado lo anterior, con el fin de ratificar la competencia para resolver de fondo el presente asunto, la Sala expondrá las siguientes consideraciones en relación con el artículo 139 del Código General del Proceso, en el contexto de la Providencia del 4 de septiembre de 2024 proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial-en adelante CNDJ-.

Es importante mencionar que las reglas del inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso, no le son , en principio , aplicables a la situación objeto de análisis [conflictos entre una Comisión Seccional y la Procuraduría General de la Nación], por las razones que a continuación, se explican:

(i) Una de las autoridades en conflicto, en este caso, es la Procuraduría General de la Nación, quien actualmente, no opera como una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales, en virtud de la sentencia C-030 de 2023, sino que se trata de una entidad que profiere decisiones eminentemente administrativas22.

En este sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso regula el trámite y la competencia para resolver los conflictos negativos de competencia judicial que puedan presentarse, en relación con procesos de la misma naturaleza, entre un juez y una autoridad administrativa que cumpla funciones judiciales , o incluso entre dos autoridades administrativas que desempeñen tales funciones. Al respecto, la norma correspondiente reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba

norma correspondiente reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida

21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones del 18 de septiembre de 2014, rad. 11001-03-06-000-2014-00168-00; 16 de mayo del 2018, rad. 11001-03-06-000-2017-00200-00; 18 de junio de 2019, rad. 11001-03-06-000-2019-00063-00; 20 de mayo del 2021, rad. 11001-03-06000-2021-00024-00. 22 Como la Corte Constitucional en la Sentencia C -030 de 2023 declaró la inexequibilidad de las expresiones «jurisdiccionales» y «jurisdiccional», de los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021, que modificaron los artículos 2, 238A y 265 de la Ley 1 952 de 2019, la Procuraduría General de la Nación ya no es una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales, sino que se trata de una entidad que profiere decisiones administrativas.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00040-00 Página 9 de 24

por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos , al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso . Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales , o entre una de estas y un juez , deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. [Se subraya].

Del texto de la norma, se evidencia que ésta va dirigida al juez o a quien haga sus veces y que se trata de una disposición que contribuye a dirimir conflictos de competencia, entre quienes ejercen funciones de esa naturaleza.

De hecho, al revisar la finalidad del artículo 139 CGP, debe tenerse en cuenta que el mismo, forma parte de la Ley 1564 de 2012, cuyo objeto es precisamente regular: «[…] la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares o autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes»23.

En ese sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso forma parte del Libro

las actuaciones de particulares o autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes»23.

En ese sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso forma parte del Libro Segundo, Sección II, Título V del citado estatuto, que regula los conflictos de competencia (Capítulo V), los impedimentos y recusaciones, la acumulación de los procesos, el amparo de pobreza, la interrupción y la suspensión del proceso, refiriéndose en todos los casos, básicamente al proceso judicial.

De lo que se contrae, que el objetivo de la disposición enunciada es el de dirimir conflictos de naturaleza claramente judicial, -y no administrativa-, entre autoridades judiciales o con funciones judiciales, que tengan un superior común.

Es menester entonces, afirmar que de la lectura detallada del artículo 139 del CGP se desprende a su vez, que éste no aplica en el conflicto de competencias de la

23 Artículo 1º de la Ley 1564 de 2012.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00040-00 Página 10 de 24

referencia, puesto que, como se dijo previamente: a) la Procuraduría no es ya, una autoridad administrativa que desempeñe funciones jurisdiccionales, sino que sus atribuciones son administrativas, y b) no existe una autoridad judicial desplazada en el caso concreto, ya que la Procuraduría es una entidad q ue cumple funciones administrativas, por lo que no puede desplazar ni sustituir a ninguna autoridad judicial.

Estas consideraciones permiten concluir que la norma del artículo 139 CGP no

el caso concreto, ya que la Procuraduría es una entidad q ue cumple funciones administrativas, por lo que no puede desplazar ni sustituir a ninguna autoridad judicial.

Estas consideraciones permiten concluir que la norma del artículo 139 CGP no aplica de manera directa a las circunstancias en conocimiento de la Sala.

(ii) Por otra parte, teniendo en cuenta que el proceso disciplinario que ocupa a la Sala en esta oportunidad, se rige por la Ley 1952 de 2019 -CGD-, es pertinente mencionar la existencia de la regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 , citado con anterioridad, norma especial que debe aplicarse con preferencia sobre otras disposiciones que regulan el procedimiento y la atribución para resolver conflictos de competencia en esta materia (dis