CE - Auto interlocutorio 11001030600020250004200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de 2025

Número único: 11001 03 06 000 2025 00042 00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y Comisión

Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

Asunto: Autoridad competente para investigar disciplinariamente a una comisaria de familia por el ejercicio de funciones jurisdiccionales de manera transitoria u ocasional. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, respectivamente modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

Con base en la documentación recibida , se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 4 de septiembre de 2024, el señor Jorge Gilberto Castellanos Capacho presentó queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, en contra de la señora Wendy Saballeth Cajigas, en su calidad de comisaria de familia del municipio de Sora, Boyacá, con ocasión del hecho consistente en que la referida funcionaria dispuso medida de

Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, en contra de la señora Wendy Saballeth Cajigas, en su calidad de comisaria de familia del municipio de Sora, Boyacá, con ocasión del hecho consistente en que la referida funcionaria dispuso medida de protección4, pese a tener amistad con una de las partes en el proceso, por lo que, a consideración del quejoso, «no se han respetado los derechos fundamentales; derecho a la administración de justicia, derecho a la defensa, derecho al debido proceso», dado que la comisaria debió manifestar impedimento para actuar en el referido procedimiento.

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020250004200 que reposa en SAMAI. 4 En los documentos allegados al expediente no se evidencia la identificación del proceso adelantado por la comisaria de familia de Sora (Boyacá).Radicación: 11001 03 06 000 2025 00042 00 Página 2 de 18

2. A través de correo electrónico del 5 de septiembre de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá remitió la queja a la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá, por considerar que esa es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria correspondiente.

de Disciplina Judicial de Boyacá remitió la queja a la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá, por considerar que esa es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria correspondiente.

3. El 15 de noviembre de 2024, la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá ordenó la remisión d el asunto disciplinario a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, lo anterior, al considerar que la disciplinada es una servidora del orden municipal.

4. A través de Auto del 18 de diciembre de 2024, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja declaró su falta de competencia, al considerar que la falta disciplinaria en la que pudo incurrir la señora Wendy Saballet Cajigas, en su calidad de Comisaria de Familia de Sora, Boyacá, se realizó en ejercicio de una función jurisdiccional de manera excepcional.

Por lo anterior, la mencionada Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja promovió ante la Sala de Consulta y Servicio Civil, conflicto negativo de competencias administrativas con la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a efectos de determinar la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria que corresponda , frente a la presunta falta cometida por la señora Wendy Saballet Cajigas, en su calidad de Comisaria de Familia de Sora, Boyacá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2. ° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm ero 038 del 10 de febrero de 2025 en la Secretaría de esta Sala , por el término de cinco

modificado por el artículo 2. ° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm ero 038 del 10 de febrero de 2025 en la Secretaría de esta Sala , por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Consta que se informó del presente conflicto a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y al señor Jorge Gilberto Castellanos Capacho5.

5 En su calidad de quejoso, el señor Jorge Gilberto Castellanos Capacho fue comunicado por parte de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, respecto de la remisión del asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil a efectos de la definición de l a autoridad disciplinaria competente para adelantar la respectiva actuación. La Secretaría de la Sala a su vez, comunicó al quejoso la existencia del conflicto de competencias planteado.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00042 00 Página 3 de 18

A la disciplinada no le fue comunicado el presente asunto en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 6; dejando en consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquella.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró auto de apertura de investigación ni orden de vinculación

dejando en consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquella.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró auto de apertura de investigación ni orden de vinculación de la comisaria de familia de Sora - Boyacá que acredit en su calidad de investigada7, así como tampoco citación a audiencia, ni pliego de cargos o providencia que orden e el archivo definitivo de la investigación 8, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva de este.

Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario» 9, se determinó que la comunicación del presente asunto se realizara a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra la comisaria de familia en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala en el sentido de que, durante la fijación del edicto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja presentó consideraciones, mientras que las demás autoridades y particulares interesados guardaron silencio.

A través de Auto para mejor proveer del 4 de abril de 2025, el despacho ponente ofició a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, para que se pronunciara frente al presente conflicto de competencias. Adicionalmente se requirió a las autoridades en conflicto remiti r copia del expediente disciplinario generado con ocasión de la queja disciplinaria contra la señora Wendy Saballet Cajigas.

pronunciara frente al presente conflicto de competencias. Adicionalmente se requirió a las autoridades en conflicto remiti r copia del expediente disciplinario generado con ocasión de la queja disciplinaria contra la señora Wendy Saballet Cajigas.

En informe secretarial del 21 de abril de 2025, consta que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá presentó memoriales y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja guardó silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

6 Artículo 115: RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición. 7 Artículo 111, Ley 1952 de 2019. 8 Artículo 115, Ley 1952 de 20191. 9 Corte Constitucional, Sentencia T-499 de 2013.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00042 00 Página 4 de 18

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

En respuesta al auto para mejor proveer emitido por el despacho ponente , manifiesta no haber iniciado proceso disciplinario contra la señora Wendy Saballet Cajigas pues, la queja disciplinaria fue redireccionada por competencia a la Procuraduría Regional de Boyacá.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

Cajigas pues, la queja disciplinaria fue redireccionada por competencia a la Procuraduría Regional de Boyacá.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

Manifiesta que las presuntas irregularidades en que pudo incurrir la comisaria de familia ocurrieron en ejercicio de la función jurisdiccional desarrollada por esa autoridad administrativa, razón por la cual, en los términos del artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá es la llamada a conocer de la queja disciplinaria.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio debido a que las partes involucradas, a saber, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no tienen un supe rior común, dado que son autoridades autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA, y en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA, y en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con lo previsto en los artículos 39 y 112 numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 . ° y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel terri torial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00042 00 Página 5 de 18

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos teniendo en cuenta que: i) ambas autoridades en conflicto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón a la queja disciplinaria interpuesta contra la comisaria de familia de Sora, Boyacá; y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar la actuación disciplinaria.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia

adelantar o continuar la actuación disciplinaria.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo 10, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3. º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos11.

2. Términos legales

10 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063; D ecisión del 16 de mayo de 2018 , radicación 2017 -00200; Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014-00168, entre otras. 11 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones

11 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [subrayas y resaltado de la Sala].Radicación: 11001 03 06 000 2025 00042 00 Página 6 de 18

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva12.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del caso

En el presente caso, la Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para conocer y adelantar la actuación disciplinaria a que haya lugar contra l a señora Wendy Saballeth Caji gas, comisaria de familia de Sora , Boyacá, por no haber manifestado impedimento en curso del trámite de medida de protección, vulnerando presuntamente «los derechos fundamentales; derecho a la administración de justicia, derecho a la defensa, derecho al debido proceso» del señor Jorge Gilberto Castellanos Capacho.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja señaló que la presunta conducta

presuntamente «los derechos fundamentales; derecho a la administración de justicia, derecho a la defensa, derecho al debido proceso» del señor Jorge Gilberto Castellanos Capacho.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja señaló que la presunta conducta irregular en la que pudo incurrir la señora Wendy Saballeth Cajigas, en su calidad de comisaria de Familia de Sora , Boyacá, se configuró en virtud de la función jurisdiccional que desarrollan los comisarios de familia, razón por la cual la competencia en este caso no recae sobre esa procuraduría.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá manifestó que, al analizar la queja disciplinaria presentada por parte del señor Jorge Gilberto Castellanos Capacho determinó que esta debía ser remitida a la procuraduría por ser dicho organismo el competente para conocer del asunto.

12 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00042 00 Página 7 de 18

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas: i) Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración; ii) Funciones de la Procuraduría General de la Nación. Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o

Reiteración; ii) Funciones de la Procuraduría General de la Nación. Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria. Reiteración; iv) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración y v) el caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración13

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas encuentra fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política, en el cual se establece lo siguiente:

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Las comisarías de familia en Colombia fueron creadas por el entonces Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) en su artículo 295, con la función de brindar protección a los menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto familiar. A partir de la expedición de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), las funciones de las comisarías fueron establecidas en el artículo 83 de dicha norma, e incorporadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar que tiene como propósito la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos de todos los miembros del grupo familiar.

Más adelante, la Ley 2126 de 202114 derogó el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006,

como propósito la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos de todos los miembros del grupo familiar.

Más adelante, la Ley 2126 de 202114 derogó el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006, y en su artículo 3° definió la naturaleza jurídica de las comisarías de familia, manteniendo las funciones jurisdiccionales de estas, funciones que se activan tratándose de asuntos de violencia intrafamiliar, en el marco de lo previsto en el artículo 17 de la misma norma, así:

Artículo 3. Naturaleza jurídica. Las Comisarías de Familia son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital, con funciones administrativas y jurisdiccionales, conforme a los términos establecidos en la presente ley. [Resalta la Sala]

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 24 de febrero de 2023, radicación 11001-03-06-000-2024-00282-00. 14 «Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00042 00 Página 8 de 18

En su artículo 12, esta ley establece las funciones de las comisarías, entre las cuales se encuentra la de garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar.

El artículo 1715 de la norma en cita establece las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, las cuales se derivan del ejercicio de las funciones

quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar.

El artículo 1715 de la norma en cita establece las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, las cuales se derivan del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las comisarías de familia:

Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar . Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. [Resalta la Sala].

En relación con la naturaleza de las comisarías de familia que en su momento previó la Ley 1098 de 2006, y que se mantiene en la Ley 2126 de 2021, la Corte Constitucional16 reconoció que, si bien son autoridades de carácter administrativo, en los casos de violencia intrafamiliar actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales:

2.5.1. Así las cosas, es preciso señalar que las Comisarías de Familia, son autoridades administrativas que, en casos de violencia intrafamiliar, actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo cual tienen competencia para imponer medidas de protección a favor de las víctimas de actos de violencia intrafamiliar17.

2.5.2. Pues bien, la ley 294 de 1996, que fue modificada por la ley 575 de 2000, y sus decretos reglamentarios 652 de 2001 y 4799 de 2011, indican el procedimiento que deben observar las autoridades competentes en los casos de violencia

sus decretos reglamentarios 652 de 2001 y 4799 de 2011, indican el procedimiento que deben observar las autoridades competentes en los casos de violencia intrafamiliar. En ese sentido, el inciso 2 del artículo 18 de la Ley 294 de 1996, que fue modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, establece que la decisión final del comisario o del juez, según el caso, que imponga una medida de protección definitiva, será recurrible ante el juez de familia, mediante el recurso de apelación, el cual se otorgará en el efecto devolutivo.

5.2. Funciones de la Procuraduría General de la Nación. Reiteración.

15 Modificatorio del artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2° de la Ley 575 de 2000, antes modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008. 16 Sentencias T-642 de 2013, T-306 de 2020 y T-219 de 2023. 17 Las funciones jurisdiccionales de las Comisarías de Familia se fundamentan en la Ley 575 de 2000, que está en concordancia con el artículo 116 de la Constitución, que al respecto dispone: «Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00042 00 Página 9 de 18

A partir del 13 de enero de 2021, la Procuraduría General de la Nación, con sujeción a la regla general contemplada en el artículo 277 numeral 6, de la Constitución

A partir del 13 de enero de 2021, la Procuraduría General de la Nación, con sujeción a la regla general contemplada en el artículo 277 numeral 6, de la Constitución Política tiene competencia para « Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas , inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley». [Resalta la Sala].

Dicha norma constitucional, fue desarrollada, en un principio, por la Ley 734 de 2002, al disponer en sus artículos 53 y 75, lo siguiente:

Artículo 53. Sujetos Disciplinables . El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales; que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas; presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política, administren recursos de este, salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen privado.

Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva. [Resalta la Sala]

Artículo 75. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. […] El particular disciplinable conforme a este código lo será exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación, salvo lo dispuesto en el artículo 59 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. […]. [Resalta la Sala].

por la Procuraduría General de la Nación, salvo lo dispuesto en el artículo 59 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. […]. [Resalta la Sala]. Igualmente, con la Ley 1952 de 2019 18, modificada por la Ley 2094 de 2021 19, la Procuraduría General de la Nación mantuvo dicha competencia y reguló de manera especial el régimen disciplinario de los particulares.

En ese sentido, el artículo 69 de la Ley 1952 de 2019 prevé lo siguiente:

Artículo 69. Normas aplicables. El régimen disciplinario para los particulares comprende la determinación de los sujetos disciplinables, las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, y el catálogo especial de faltas imputables a los mismos [Resalta la Sala].

Por su parte, el artículo 70 dispone:

18 «Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario ». 19 «Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00042 00 Página 10 de 18

Artículo 70 . Sujetos disciplinables. El presente régimen se aplica a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria; que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de la justicia.

[…].

particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria; que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de la justicia.

[…].

Puntualmente, el artículo 92 de la citada ley, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, establece que la competencia para investigar y sancionar a particulares disciplinables es de la Procuraduría General de la Nación y las personerías:

Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asig nada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.

[…].

El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia para los primeros.

[…]. [Resalta la Sala].

servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de l