CE - Auto interlocutorio 11001030600020250004300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., nueve (09) de abril del 2025.

Número único: 11001-03-06-000-2025-00043-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y

Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá-Oficina de Control Disciplinario Interno Asunto: autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de unos comisarios de familia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consej o de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

Con base en la documentación recibida , se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 10 de abril de 20243, mediante correo electrónico, la comisaria sexta de familia de Tunjuelito remit ió a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social conocimiento de la directriz del fallo del 22 de enero

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Distrital de Integración Social conocimiento de la directriz del fallo del 22 de enero

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La inform ación que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020250004300 que reposa en SAMAI. 3 Carpeta 004ED_04110012502000202407.zip, ANEXOS26112024-122827.pdf. Folio 3.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00043 00 Página 2 de 23

de 2024, en la que la señora Sindy Jhoana Torres Álvarez manifestó que no le dieron atención efectiva en la Comisaria de Familia de Teusaquillo al no dar trámite al incumplimiento de una medida de protección por violencia intrafamiliar el 18 de diciembre de 2023.

2. El 24 de julio de 2024 4, la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social, mediante auto, ordenó el inicio de una indagación previa contra personas por determinar por presuntas omisiones en el trámite de una medida de protección por violencia intrafamiliar el 18 de diciembre de 2023 que report ó la

señora Sindy Jhoana Torres Álvarez.

3. El día 13 de noviembre de 2024 5, la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social , mediante auto, ordenó remitir por competencia a la

señora Sindy Jhoana Torres Álvarez.

3. El día 13 de noviembre de 2024 5, la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social , mediante auto, ordenó remitir por competencia a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, con el fin de que en el marco de sus competencias adelante las acciones que en derecho correspondan.

4. El 23 de enero de 2025 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá emitió auto mediante el cual declaró su falta de competencia para conocer el informe presentado por la comisaria de familia sexta de Tunjuelito de Bogotá en contra comisarios de familia de Teusaquillo sin determinar y, en consecuencia, remitir de inmediato estas diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, conforme los artículos 39 y 112 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anterior, remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil a efectos de dirimir el conflicto suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 039 del 10 de febrero de 2025, en la secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, es decir, des de el 14 hasta el 20 de febrero de 2025, con el fin de que las

10 de febrero de 2025, en la secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, es decir, des de el 14 hasta el 20 de febrero de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

4 Carpeta 004ED_04110012502000202407.zip, ANEXOS26112024-122827.pdf. Folios 5-10. 5 Carpeta 004ED_04110012502000202407.zip, ANEXOS26112024-122827.pdf. Folios 41-57.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00043 00 Página 3 de 23

Según informe secretarial de 10 de febrero de 20256, consta que se informó sobre el presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría de Integración Social de Bogotá y a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Considerando que la actuación disci plinaria que origina el presente conflicto se encuentra en etapa de indagación previa y se surte contra personas por determinar, y en concordancia con lo estipulado en el artículo 111 del Código General Disciplinario, según el cual «la calidad de disciplinado se adquiere a partir del momento del auto de apertura de investigación o la orden de vinculación», no le fue comunicado el presente asunto a los eventuales implicados que fueron mencionados en el escrito de solicitud de resolución del conflicto , en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la norma antes citada7.

comunicado el presente asunto a los eventuales implicados que fueron mencionados en el escrito de solicitud de resolución del conflicto , en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la norma antes citada7.

Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario» 8, el despacho del consejero ponente determinó que la comunicación del presente asunto se realizara a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra los disciplinados que se lleguen a determinar en la etapa procesal disciplinaria que corresponda . Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala9, en el sentido de que durante la fijación del edicto, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá presentó alegatos. Las demás autoridades guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá10

6 007ED_08Informedecomunicac.pdf 7 Artículo 115: RESEVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.

cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición. 8 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013. 9 012ALDESPACHOPOR_InformeSecretarialRa.pdf. 10 C01CarpetaPrincipal06AutoOrdenaporCompetencia.pdf(PROTEGIDO)Radicación: 11001 03 06 000 2025 00043 00 Página 4 de 23

Aunque no presentó alegatos dentro del término concedido por la Sala, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el Auto del 23 de enero de 2025, mediante el cual declaró su falta de competencia.

Manifestó que, e xaminado el proceso disciplinario identificado con radicado núm. 0195-2024, se tiene que dicho proceso se originó por un informe de la comisaria de familia sexta de Tunjuelito, enviado el 10 de abril de 2024 a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social, en razón a lo dispuesto en audiencia de trámite dentro del primer incumplimiento a la acción de protección núm. 693-2019 del 22 de enero de 2024 , quien solicitó investigar a los Comisarios de Familia de Teusaquillo por presuntas omisiones al no dar trámit e al incumplimiento de la medida del 18 de diciembre de 2023.

Expuso que p ara determinar la competencia es importante señalar que el artículo 114 de la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, asigna a las

incumplimiento de la medida del 18 de diciembre de 2023.

Expuso que p ara determinar la competencia es importante señalar que el artículo 114 de la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, asigna a las comisiones seccionales de disciplina judicial la facultad de conocer, en primera instancia, los procesos disciplinarios relacionados con jueces, fiscales, empleados de la Rama Judicial, jueces de paz, abogados, y quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional.

Adujo que e sta ley está vigente desde el 9 de octubre de 2024 , no tiene efectos retroactivos. Esto garantiza que la competencia disciplinaria se limite al marco normativo vigente al momento de los hechos, respetando así el principio de irretroactividad, que asegura la seguridad jurídica y el debido proceso, conforme a lo señalado en distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre ellos, la Sentencia SU-309/19.

En consecuencia, concluyó que esa Comisión solo es competente pa ra investigar hechos ocurridos a partir de la fecha de promulgación de dicha norma. De este modo y teniendo en consideración que e n el presente caso los hechos que originaron la queja datan del 18 de diciembre de 2023, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024 , entonces la competencia para examinar la conducta de los comisarios de familia de Teusaquillo -sin determinar-por hechos ocurridos antes del 9 de octubre de 2024 le corresponde a la Oficina de Control Interno Disciplinario, Secretaría Distrital de Integración Social.

2. Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretar ía de Integración

ocurridos antes del 9 de octubre de 2024 le corresponde a la Oficina de Control Interno Disciplinario, Secretaría Distrital de Integración Social.

2. Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretar ía de Integración

Social de Bogotá11

11 009_MemorialWebAlegatos-S2025025810.pdfRadicación: 11001 03 06 000 2025 00043 00 Página 5 de 23

En escrito de consideraciones presentado dentro del término establecido para tal efecto, expuso como argumentos que sustentan su rechazo de competencia, los siguientes:

Manifestó que la competencia para conocer de un proceso disciplinario contra un comisario(a) de familia, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, corresponde a las comisiones seccionales de disciplina judicial y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sin importar la fecha de ocurrencia de los hechos.

Después de exponer los antecedentes normativos y jurisprudenciales en relación con la regla de competencia aplicable a los funcionarios administrativos en ejercicio de funciones jurisdiccionales , adujo que los funcionarios administrativos que cumplen funciones jurisdiccionales d eben estar sujetos a un régimen disciplinario acorde con su rol. Así se reafirmó por la Corte Constitucional que deben contar con garantías similares a las de los jueces, especialmente en materia disciplinaria para evitar vulneraciones a su independencia y autonomía. La jurisprudencia ha sostenido que cuando un funcionario administrativo cumple funciones jurisdiccionales, su régimen disciplinario debe estar bajo el mismo control de quienes ejercen funciones judiciales.

Precisó que t ampoco debe dejarse de lado que el Código General Disciplinario

sostenido que cuando un funcionario administrativo cumple funciones jurisdiccionales, su régimen disciplinario debe estar bajo el mismo control de quienes ejercen funciones judiciales.

Precisó que t ampoco debe dejarse de lado que el Código General Disciplinario prevé que quienes ejercen funciones jurisdiccionales deben ser disciplinados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales. Dado que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial está facultada por la Ley 1952 de 2019 para investigar a quienes ejercen funciones jurisdiccionales, la norma no contradice directamente la Constitución. Por lo tanto, no habría lugar a la excepción de inconstitucionalidad ya que la norma respeta el principio de independenc ia judicial y garantiza un régimen disciplinario adecuado para quienes administran justicia.

Concluyó que desde antes de que se expidiera la Ley Estatutaria 2430 de 2024 la Comisión de Disciplina Judicial y sus seccionales reconocieron ser competentes para ejercer la acción disciplinaria respecto de las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales. Por lo mismo, no es coherente que a la fecha sostengan que no lo son exclusivamente respecto de los comisarios(as) de familia por irretroactividad de la ley referida y por una excepción de inconstitucionalidad, a su juicio, inaplicable. Por lo tanto, corresponde conocer de la actuación disciplinaria a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D.C.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00043 00 Página 6 de 23

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

1. Competencia.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00043 00 Página 6 de 23

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secreta ría de Integración Social de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

En virtud del artículo 39 y el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuales son: (i) Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; (ii) Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; y iii) Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

Estos requisitos se encuentran cumplidos en el presente caso, debido a que: (i) está en curso una actu ación administrativa, particular y concreta, cual es la actuación

para conocer de la actuación administrativa particular.

Estos requisitos se encuentran cumplidos en el presente caso, debido a que: (i) está en curso una actu ación administrativa, particular y concreta, cual es la actuación disciplinaria iniciada contra comisarios de familia de Teusaquillo -sin determinar-por presuntas omisiones al no dar trámite al incumplimiento de una medida de protección el 18 de diciembre de 2023 en el marco de un proceso por violencia intrafamiliar; (ii) las dos autoridades en conflicto son una del orden nacional y otra del orden territorial ; y (iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación disciplinaria.

Resalta la Sala que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce funciones de carácter jurisdiccional, como está inmersa en el conflicto por lo menos una autoridad de carácter administrativo 12, la Sala mantiene su competencia para resolver la controversia. Por consiguiente, con sujeción al debido proceso, que exige en estos casos definir una autoridad competente para que inicie o continue el proceso correspondiente por la autoridad que esté facultada para el efecto por el ordenamiento jurídico, la Sala debe emitir un pronunciamiento de fondo. La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que se buscan tutelar con el proceso, y en general, los derechos de cualquier sujeto

12 Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018

que se buscan tutelar con el proceso, y en general, los derechos de cualquier sujeto

12 Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00043 00 Página 7 de 23

sometido al jus puniendi estatal y contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]». Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos13.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva14.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

13 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para re solver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribun al administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el

la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [énfasis añadido]. 14 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00043 00 Página 8 de 23

4. Problema jurídico y síntesis del caso

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para conocer de la actuación disciplinaria iniciada contra comisarios de familia de Teusaquillo -sin determinarpor presuntas omisiones al no dar trámite al incumplimiento de una medida de protección por violencia intrafamiliar, el 18 de diciembre de 2023.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá negó competencia para conocer del asunto , toda vez qu e, en su criterio, la facultad de la comisión para conocer procesos disciplinarios en contra de autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasional o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada por la

conocer del asunto , toda vez qu e, en su criterio, la facultad de la comisión para conocer procesos disciplinarios en contra de autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasional o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada por la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, y no es posible retrotraer los efectos de dicha ley a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

Por su parte, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá señaló que la competencia para adelantar procesos disciplinarios cont ra autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasional o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada originalmente por la Ley 1952 de 2019 y con la expedición de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, por medio de la cual se modificó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, se reiteró dicha facultad. Por lo anterior, solicitó a la Sala que «asigne la competencia de la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales cuando se trata de investigar y juzgar a un Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas: i) Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de fami lia. Reiteración; ii) La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de autoridades que

Reiteración; ii) La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de autoridades que transitoria u ocasionalmente administran justicia ; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria . Reiteración; v) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y vi) el caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisar ías de familia. Reiteración15

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 24 de febrero de 2023, rad. núm. 11001-03-06-000-2024-00282-00.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00043 00 Página 9 de 23

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas encuentra fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política, en el cual se establece lo siguiente:

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Las comisarías de familia en Colombia fueron creadas por el entonces Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) en su artículo 295, con la función de brindar protección a los menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto

Las comisarías de familia en Colombia fueron creadas por el entonces Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) en su artículo 295, con la función de brindar protección a los menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto familiar. A partir de la expedición de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), las funciones de las comisarías fueron establecidas en el artículo 83 de dicha norma, e incorporadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar que tiene como propósito la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos de todos los miembros del grupo familiar. Más adelante, la Ley 2126 de 202116 derogó el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006, y en su artículo 3° defin ió la naturaleza jurídica de las comisarías de familia, manteniendo las funciones jurisdiccionales de estas, funciones q ue se activan tratándose de asuntos de violencia intrafamiliar, en el marco de lo previsto en el artículo 17 de la misma norma, así: Artículo 3. Naturaleza jurídica. Las Comisarías de Familia son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital, con funciones administrativas y jurisdiccionales, conforme a los términos establecidos en la presente ley. [negrilla de la Sala]

En su artículo 12, esta ley establece las funciones de las comisarías, entre las cuales se encuentra la de garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar.

El artículo 1717 de la norma en cita establece las medidas de protección en casos

cuales se encuentra la de garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar.

El artículo 1717 de la norma en cita establece las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, las cuales se derivan del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las comisarías de familia:

Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar . Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta

16 Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones. 17 Modificatorio del artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2° de la Ley 575 de 2000, antes modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00043 00 Página 10 de 23

objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. [subraya la Sala].

En relación con la naturaleza de las comisarías de familia que en su momento previó la Ley 1098 de 2006, y que se mantiene en la Ley 2126 de 2021, la Corte Constitucional18 reconoció que, si bien son autoridades de carácter administrativo, en los casos de violencia intrafamiliar actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales:

Constitucional18 reconoció que, si bien son autoridades de carácter administrativo, en los casos de violencia intrafamiliar actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales:

2.5.1. Así las cosas, es preciso señalar que las Comisarías de Familia, son autoridades administrativas que, en casos de violencia intrafamiliar, actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo cual tienen competencia para imponer medidas de protección a favor de las víctimas de actos de violencia intrafamiliar19.

2.5.2. Pues bien, la ley 294 de 1996, que fue modificada por la ley 575 de 2000, y sus decretos reglamentarios 652 de 2001 y 4799 de 2011, indican el procedimiento que deben observar las autoridades competentes en los casos de violencia intrafamiliar. En ese sentido, el inciso 2 del artículo 18 de la Ley 294 de 1996, que fue modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, establece que la decisión final del comisario o del juez, según el caso, que imponga una medida de protección definitiva, será recurrible ante el juez de familia, mediante el recurso de apelación, el cual se otorgará en el efecto devolutivo.

5.2. La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración20

Por control interno disciplinario debe entenderse la oficina o dependencia de una entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019 , modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y

función disciplinaria.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019 , modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potest