CE - Auto interlocutorio 11001030600020250004400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025

Número único: 11001-03-06-000-2025-00044-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría de Instrucción Provincial de Santa Rosa de Viterbo y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia. Reiteración

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 12 de junio de 2013 , el Juzgado Segundo Civil Municipal de Duitama (Boyacá) compulsó copias ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare en contra del señor Juan Benedicto Rincón Rincón, designado auxiliar de la justicia

(secuestre) dentro del proceso ejecutivo con núm. de radicado bajo 2008-00018, con el fin de que se investigara la presunta falta disciplinaria en que pudo incurrir al no rendir el dictamen pericial encomendado.

2. El 17 de agosto de 2016 , la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional

el fin de que se investigara la presunta falta disciplinaria en que pudo incurrir al no rendir el dictamen pericial encomendado.

2. El 17 de agosto de 2016 , la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare3 dispuso la apertura de la indagación preliminar en contra del señor Juan Benedicto Rincón Rincón , en su calidad de auxiliar de la justicia. Posteriormente, e l 15 de febrero de 2017, ordenó abrir la investigación disciplinaria.

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 11001 -0306-000-2025-00044-00 expediente digital SAMAI. 3 Mediante el Acuerdo PCSJA22-11970 del 30 de junio de 2022, articulo 3, el Consejo Superior de la Judicatura creó la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare, así: […] ARTICULO 3°. Creación de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare. A partir del cinco (5) de julio de 2022, crear la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare, estará integrada por dos (2) despachos de magistrado y una secretaría […]

partir del cinco (5) de julio de 2022, crear la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare, estará integrada por dos (2) despachos de magistrado y una secretaría […] Por lo que de ahora en adelante se hablará de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.Radicación 11001030600020250004400 Página 2 de 23

3. Mediante Auto del 15 de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá declaró su falta de competencia para tramitar el proceso disciplinario y remitió el expediente a la Procuraduría de Instrucción Provincial de Santa Rosa de

Viterbo.

4. Por Auto del 31 de octubre de 2022, la Procuraduría de Instrucción Provincial de Santa Rosa de Viterbo declaró no ser competente para asumir el conocimiento de la actuación disciplinaria en mención , por lo que propuso conflicto de jurisdicciones negativo ante la Corte Constitucional.

5. Mediante Auto 1958 del 23 de agosto de 2023, la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse sobre el conflicto y , en consecuencia, el 22 de septiembre de 2023 , remitió a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado por competencia4.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 14 de febrero de 2025, se fijó edicto núm. 040 en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, con el fin de que las

por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 14 de febrero de 2025, se fijó edicto núm. 040 en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, a la Corte Constitucional, al Juzgado 2 Civil Municipal de Duitama.

También, obra constancia en informe secretarial del 21 de febrero de 2025, que durante la fijación del edicto que las autoridades involucradas y particulares guardaron silencio.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente encontró el auto de apertura de investigación en contra del señor Juan Benedicto Rincón Rincón , que acreditó su calidad de investigado 5 por lo tanto, consideró necesario comunicarle el presente asunto mediante Auto para mejor proveer del 28 de febrero de 2025.

4 Consideró la Corte que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la competente para conocer los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, que no estén sometid as a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; y de aquellos asuntos de naturaleza administrativa y que versen sobre un caso particular y concreto. 5 Artículo 111, Ley 1952 de 2019.Radicación 11001030600020250004400 Página 3 de 23

administrativo; y de aquellos asuntos de naturaleza administrativa y que versen sobre un caso particular y concreto. 5 Artículo 111, Ley 1952 de 2019.Radicación 11001030600020250004400 Página 3 de 23

Frente a ello, consta en informe secretarial del 14 de marzo de 2025 que vencido el termino concedido, el señor Juan Benedicto Rincón Rincón guardó silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

Esta autoridad no presentó alegatos ; sin embargo, los argumentos en los cuales fundamentó su falta de competencia se encuentran expuestos en el Auto del 15 de julio de 2022.

Manifestó que, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, que atribuía competencia a las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura para examinar las conductas y sancionar las faltas de los auxiliares de justicia, a partir de la vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, resulta inaplicable, por excepción de inconstitucionalidad, en la medida que su contenido se contrapone al artículo 257A.

Así, según lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 734 de 2002, la competencia para adelantar las investigaciones contra los particulares que ejerzan funciones públicas, de manera transitoria o permanente , le corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Por ello, y en el entendido de que los auxiliares de justicia son particulares que cumplen funciones públicas de manera transitoria, la autoridad competente para asumir

manera transitoria o permanente , le corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Por ello, y en el entendido de que los auxiliares de justicia son particulares que cumplen funciones públicas de manera transitoria, la autoridad competente para asumir las investigaciones disciplinarias en su contra es la Procuraduría General de la Nación.

b. Procuraduría de Instrucción Provincial de Santa Rosa de Viterbo.

Esta autoridad no presentó alegatos; sin embargo , los argumentos para declarar su falta de competencia se encuentran contenidos en el Auto del 31 de octubre de 2022, mediante el cual, remitió por competencia el presente caso a la Corte Constitucional.

Indicó que, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ejercer la acción disciplinaria contra funcionarios y empleados judiciales, y también de los particulares disciplinables conforme a esa ley.

Refirió que, el Código General Disciplinario, al desarrollar el régimen aplicable a los particulares en el artículo 70, determinó que su aplicabilidad abarca a los particulares que ejercen funciones públicas de manera permanente o transitoria, que administ ren recursos públicos, que cumplan labores de interventoría y supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de justicia.Radicación 11001030600020250004400 Página 4 de 23

Por otro lado, consideró que, en atención a las funciones jurisdiccionales atribuidas a la Procuraduría General de la Nación, el asunto debía ser remitido a la Corte

Por otro lado, consideró que, en atención a las funciones jurisdiccionales atribuidas a la Procuraduría General de la Nación, el asunto debía ser remitido a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto, en concordancia con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado el artículo 19 de la Ley 2080 de 20216.

En el presente caso es importante precisar que, los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD)7. Sin embargo, e n el presente asunto no aplica la citada disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado , esto es, Procuraduría General de la Nación – Procuraduría de Instrucción Provincial de Santa Rosa de Viterbo y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, no tienen un superior común.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los

el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los

6 La Sala en decisiones precedentes, radicación 11001-03-06-000-2024-00698-00 del 18 de febrero de 2025 entre otras, analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia. 7 Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.Radicación 11001030600020250004400 Página 5 de 23

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.Radicación 11001030600020250004400 Página 5 de 23

cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva.

3. Aclaración Previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para continuar con la actuación disciplinaria correspondiente en contra del señor Juan Benedicto Rincón Rincón, designado como secuestre dentro del proceso radicado bajo el número 200800018 ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Duitama (Boyacá) , por presuntamente no rendir el dictamen pericial encomendado.

La Procuraduría de Instrucción Provincial de Santa Rosa de Viterbo negó ser competente y señaló que la entidad facultada para ejercer la acción disciplinaria en

presuntamente no rendir el dictamen pericial encomendado.

La Procuraduría de Instrucción Provincial de Santa Rosa de Viterbo negó ser competente y señaló que la entidad facultada para ejercer la acción disciplinaria en contra de los particulares disciplinables, en virtud de lo previsto en el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1. ° de la Ley 2094 de 2021, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá manifestó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, el particular disciplinable conforme al Código General Disciplinario será investigado y juzgado por la Procuraduría General de la Nación, cualquiera que sea la forma de vi nculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Para resolver el problema jurídico la Sala analizará los siguientes aspectos:

1. Potestad disciplinaria del Estado. Reiteración.

1. Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia. Reiteración.Radicación 11001030600020250004400 Página 6 de 23

1. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración.

1. Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constitucional. Reiteración.

1. Régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en

comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constitucional. Reiteración.

1. Régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración.

1. Conclusiones sobre régimen jurídico aplicable. Reiteración.

1. Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración8

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 6 de noviembre de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-0050900.Radicación 11001030600020250004400 Página 7 de 23

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro9.

Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de los administrados10.

La Corte Constitucional, sobre el objetivo del ejercicio de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores

indicado lo siguiente:

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la po testad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]11.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destacó, que la regulación disciplinaria permite proteger la organización de la administración y sus recursos, y hacer un seguimiento del cumplimiento de los deberes públicos.

5.2. Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia. Reiteración12

El ejercicio y la naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 201213, que prevé:

Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Decisión del 23 de septiembre de 2015, radicación 11001-03-25-000-2010-00162-001200-10. 10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046.

del 23 de septiembre de 2015, radicación 11001-03-25-000-2010-00162-001200-10. 10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046. 11 Corte Constitucional, Sentencia C-028 del 26 de enero 2006. 12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021, radicación 11001-03-06-000-2021-00025-00(C).Decisión del 1° de diciembre de 2023, radicación 11001-03-06-0002023-711-00(C). Decisión del 17 de enero de 2023, radicación 11001-03-06-000-2023-823-00(C), entre otras. 13 «Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones».Radicación 11001030600020250004400 Página 8 de 23

responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso. […] [Resalta la Sala].

La Corte Constitucional 14, ha señalado expresamente que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria: […] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado sino que son particulares que cumplen

desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Resalta la Sala].

De igual manera, la Sala ha precisado 15 que los auxiliares de la justicia prestan los servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

Cuando se trata de procesos disciplinarios contra personas jurídicas que han prestado funciones como auxiliares de la justicia, deben responder y/o concurrir al mismo el representante legal y los miembros de junta directiva.

5.3. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración16

El artículo 256 de la Constitución Política consagra como atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, las siguientes:

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

[…]

14 Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 15 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 11001-03-06-000-2019la ley.

[…]

14 Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 15 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 11001-03-06-000-201900063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 11001-03-06-000-2017-00200-00(C). 16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021, radicación 11001-03-06-000-2021-00025-00(C). Decisión del 1° de diciembre de 2023, radicación 11001 -03-06000-2023-711-00(C). Decisión del 17 de enero de 2023, radicación 11001 -03-06-000-2023-823-00(C), entre otras.Radicación 11001030600020250004400 Página 9 de 23

7. Las demás que señale la ley.

En armonía con el numeral 7° de la norma citada, el artículo 41 de l a Ley 1474 de 201117 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia18, así:

Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.

En vigencia de las anteriores normas, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de justicia, según lo indicado por el citado artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con el numeral 7° del artículo 256 de la Constitución Política, correspondían al Consejo Superior de la Judicatura o sus seccionales19.

Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones

17 «Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, derogado por el articulo 265 la Ley 1952 de 2019, «Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario». 18 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 11001 -03-06-000-2014-00168-00(C)) al evaluar si la asignación de competencias a la jurisdicción disciplinaria debía realizarse únicamente en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria

(radicación 11001 -03-06-000-2014-00168-00(C)) al evaluar si la asignación de competencias a la jurisdicción disciplinaria debía realizarse únicamente en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, o si era posible a través de una ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláu sula de reserva de ley estatutaria, porque la mencionada norma no afecta de ninguna manera la estructura general y esencial de la administración de justica. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también es clara en afirmar que cuando no se afecta el núcleo de la organización y funcionamiento de la administración de justicia la regulación está atada al trámite de una ley ordinaria y fue precisamente por medio de una ley ordinaria (Ley 1474 de 2011 artículo 41) que se asignó la competencia disciplinaria objeto de análisis». 19Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 11001-03-06-000-201900063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 11001-03-06-000-2017-00200-00(C). «En todo caso, es necesario mencionar que la Ley 1474 de 2011 (art. 41) adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para conocer de los procesos

todo caso, es necesario mencionar que la Ley 1474 de 2011 (art. 41) adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para conocer de los procesos disciplinarios contra los auxiliares de la justicia . Debe recordarse, que los denominados “auxiliares de la justicia” no ejercen la función jurisdiccional, sino que, como su nombre lo indica, prestan servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia». [Resalta la Sala].Radicación 11001030600020250004400 Página 10 de 23

seccionales, con lo cual además se adoptó un nuevo modelo de disciplina en la Rama Judicial.

Esta enmienda constitucional asignó funciones específicas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las seccionales, pero no incluyó la función de disciplinar a los auxiliares de justicia. Esto lleva a concluir que, una vez entró a regir el nuevo model o disciplinario, perdió vigencia el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, al desaparecer la autoridad que tenía competencia para conocer de los procesos disciplinarios en contra de dichos particulares.

Al respecto, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -373 de 2016, declaró exequible el artículo 19 del acto legislativo en mención, el cual quedó incorporado a la Constitución Política como artículo 257A. Frente a lo anterior, la Sala, en el Concepto 2415 del 20 de agosto de 2019, señaló:

[…] la Sentencia C-373-16 declaró exequible el artículo 19 del AL 02/15, el cual quedó

2415 del 20 de agosto de 2019, señaló:

[…] la Sentencia C-373-16 declaró exequible el artículo 19 del AL 02/15, el cual quedó incorporado como artículo 257A de la Constitución Política. De tal manera que, si bien operó la derogatoria tácita de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria como efecto del artículo 15 del AL 02/15, dicha sala debió continuar en ejercicio de la función disciplinaria hasta cuando, de acuerdo con el artículo 19 del mismo AL 02/15 -artículo 257A de la Constitución Políticasea int