CE - Auto interlocutorio 11001030600020250004600 de 2025

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001030600020250004600 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo del 2025.

Número único: 11001 03 06 000 2025 00046 00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretar ía de Integración Social de Bogotá.

Asunto: autoridad competente para investigar disciplinariamente a un comisario de familia en ejercicio de funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículo s 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la documentación recibida , se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 3 de septiembre de 20242, el señor Jhon Jairo Cruz Ramírez presentó, ante la Personería de Bogotá, queja disciplinaria en contra de la comisaria de familia II de la Campiña , Suba, por la s irregularidades en las que presuntamente incurrió la mencionada servidora pública en el marco de una audiencia de medida de protección por violencia intrafamiliar, que se llevó a cabo en esa misma fecha. En el

la Campiña , Suba, por la s irregularidades en las que presuntamente incurrió la mencionada servidora pública en el marco de una audiencia de medida de protección por violencia intrafamiliar, que se llevó a cabo en esa misma fecha. En el escrito el quejoso solicitó:

Se inicie investigación disciplinaria contra la comisaria de familia II de la Campiña Suba, por irregularidades en trámite a medida de protección porque el día de hoy fui citado a las 9 30 a.m. en diligencia y la comisaria escribió en el acta algo que yo no había dicho y me imponía multa o arresto porque me negué a firmar y me retiré inmediatamente y le indiqué que estaba cometiendo un acto de prevaricato por acción.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Carpeta 005ED_05110012502000202407.zip, ANEXOS04122024_145511.pdf. Folio 5.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00046 00 Página 2 de 21

2. El 11 de octubre de 2024 3, la Personería de Bogotá remitió la queja a la jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de

Bogotá.

3. El 13 de noviembre de 2024 4, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá resolvió remitir las diligencias a

Bogotá.

3. El 13 de noviembre de 2024 4, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá resolvió remitir las diligencias a la Comisión Seccional de Disci plina Judicial de Bogotá, por considerar que , al tratarse de una autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales de manera excepcional, ocasional o transitoria, es la competente para iniciar la actuación disciplinaria a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1.º de la Ley 2094 de 2021.

4. El 23 de enero de 20255, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer de la queja disciplinaria , por considerar que, aunque la queja es contra una autoridad en ejercicio de funciones jurisdiccionales de forma excepcional, ocasional o transitoria , se trata de hechos ocurridos antes del 9 de octubre de 2024 , fecha en la cual comenzó a regir la Ley 2430 de 2024.

Por lo anterior, remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil, a efectos de dirimir el conflicto suscitado entre esa autoridad y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 042 del 10 de febrero de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días,

modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 042 del 10 de febrero de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, es decir, desde el 14 hasta el 20 de febrero de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Según informe secretarial de 13 de febrero de 2025 6, consta que se informó sobre el presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial d e Bogotá, a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, a la Alcaldía Mayor de Bogotá y al señor Jhon Jairo Cruz Ramírez, a este último porque la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá le comunicó el auto mediante el cual ordenó remitir a la Sala para dirimir conflicto de competencias.

3 ANEXOS04122024_145511.pdf 4 004ED_0402Informe202407164.pdf. 5 003ED_0307AutoOrdenaRemiti.pdf. 6 008ED_09Informedecomunicac.pdf.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00046 00 Página 3 de 21

Frente a la disciplinada, no le fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 7; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquellos.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el

de 2019 7; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquellos.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró el auto de apertura de investigación ni la orden de vinculación de la comisaria de familia II de la Campiña, Suba, que acreditaran su calidad de investigada8, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación 9, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva de este.

Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»10, el despacho del consejero ponente determinó que la comunicación del presente asunto se realizara a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra la comisaria de familia en la etapa procesal disciplinaria que corresponda . Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala11 en el sentido de que, durante la fijación del edicto, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá presentó alegatos. Las demás autoridades guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá12

Aunque no presentó alegatos dentro del término concedido por la Sala, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el Auto del 23 de enero de 2025, mediante el cual declaró su falta de competencia.

Aunque no presentó alegatos dentro del término concedido por la Sala, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el Auto del 23 de enero de 2025, mediante el cual declaró su falta de competencia.

7 Artículo 115: RESEVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición. 8 Artículo 111, Ley 1952 de 2019. 9 Artículo 115, Ley 1952 de 20191. 10 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013. 11 013ALDESPACHOPOR_InformeSecretarialRa.pdf. 12 003ED_0307AutoOrdenaRemiti.pdf.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00046 00 Página 4 de 21

Señaló que el artículo 59 de la Ley 2430 de 2024, que modificó el artículo 114 de la Ley 270 de 1996 , asignó a las comisiones seccionales de disciplina judicial la competencia para conocer los procesos disciplinarios en contra de jueces, fiscales, empleados de la Rama Judicial, jueces de paz, abogados y quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional.

Agregó que la competencia de esa comisión para investigar a autoridades que ejercen de manera excepcional, transitoria u ocasional funciones jurisdiccionales es

funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional.

Agregó que la competencia de esa comisión para investigar a autoridades que ejercen de manera excepcional, transitoria u ocasional funciones jurisdiccionales es solo por hechos ocurridos a partir del 9 de octubre de 2024 , fecha de entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024. Sin embargo, en el presente caso, por tratarse de hechos que datan del 3 de septiembre de 2024, esa autoridad enfatizó en que carece de competencia para iniciar la investigación disciplinaria.

2. Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración

Social de Bogotá13

Mediante escrito del 11 de febrero de 2025, manifestó que el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019 en su redacción original le asignó a la comisión nacional y a sus comisiones seccionales la titularidad de la acción disciplinaria, en los casos de las autoridades que ejercen de forma temporal funciones jurisdiccionales.

Agregó que la Ley Estatutaria 2430 de 2024, por medio de la cual se modificó la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y que entró en vigencia el 9 de octubre de 2024, reiteró la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales para adelantar los procesos disciplinarios en contra de las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales , en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.º, 92 y 239 de la Ley 1952 de 2019 , disposiciones modificadas, respectivamente, por los artículos 1.º, 13 y 61 de la Ley 2094 de 2021.

artículos 2.º, 92 y 239 de la Ley 1952 de 2019 , disposiciones modificadas, respectivamente, por los artículos 1.º, 13 y 61 de la Ley 2094 de 2021.

Solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil que «asigne la competencia de la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales cuando se trata de investigar y juzgar a un Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».

Finalmente, hizo un recuento de diferentes pronunciamientos en los que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha reconocido su competencia para investigar y juzgar autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales de forma excepcional, transitoria u ocasional.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

13 10_110010306000202500046002MemorialWeb202521818421.pdf.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00046 00 Página 5 de 21

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021.

La Sala en decisión de fecha 30 de abril de 2024, con radicación núm. 11001-0306-000-2024-00873-00 (entre otras reiteraciones14) analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva15.

de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva15.

14Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 24 de abril de 2024, radicación 2024-00098; del 15 de octubre de 2024, radicación 2024 -00518; del 18 de septiembre de 2024, radicación 2024-470; del 18 de septiembre de 2024, radicación 2024 -470; del 10 de julio de 2024, radicación 2024-168. 15 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00046 00 Página 6 de 21

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del caso

autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del caso

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para iniciar la actuación disciplinaria correspondiente en contra de la comisaria de familia II de la Campiña, Suba, por las irregularidades en las que presuntamente incurrió la mencionada servidora pública en el marco de una audiencia de medida de protección por violencia intrafamiliar.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá negó competencia para conocer del asunto , toda vez qu e, en su criterio, la facultad de la comisión para conocer procesos disciplinarios en contra de autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasional o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada por la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, y no es posible retrotraer los efectos de dicha ley a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

Por su parte, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá señaló que la competencia para adelantar procesos disciplinarios contra autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasional o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada originalmente por la Ley 1952 de 2019 y con la expedición de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, por medio de la cual se modificó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, se reiteró dicha facultad. Por lo anterior, solicitó a la Sala que «asigne la competencia de la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales

se modificó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, se reiteró dicha facultad. Por lo anterior, solicitó a la Sala que «asigne la competencia de la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales cuando se trata de investigar y juzgar a un Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas: i) Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración; ii) La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de autoridades queRadicación: 11001 03 06 000 2025 00046 00 Página 7 de 21

transitoria u ocasionalmente administran justicia ; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria . Reiteración ; v) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y vi) el caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisar ías de familia. Reiteración16

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas encuentra fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política, en el cual se establece lo siguiente:

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas encuentra fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política, en el cual se establece lo siguiente:

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Las comisarías de familia en Colombia fueron creadas por el entonces Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) en su artículo 295, con la función de brindar protección a los menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto familiar. A partir de la expedición de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), las funciones de las comisarías fueron establecidas en el artículo 83 de dicha norma, e incorporadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar que tiene como propósito la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos de todos los miembros del grupo familiar. Más adelante, la Ley 2126 de 202117 derogó el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006, y en su artículo 3° defin ió la naturaleza jurídica de las comisarías de familia, manteniendo las funciones jurisdiccionales de estas, funciones que se activan tratándose de asuntos de violencia intrafamiliar, en el marco de lo previsto en el artículo 17 de la misma norma, así: Artículo 3. Naturaleza jurídica. Las Comisarías de Familia son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital, con funciones administrativas y jurisdiccionales, conforme a los términos establecidos en la presente ley. [negrilla de la Sala]

entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital, con funciones administrativas y jurisdiccionales, conforme a los términos establecidos en la presente ley. [negrilla de la Sala]

En su artículo 12, esta ley establece las funciones de las comisarías, entre las cuales se encuentra la de garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos

16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 24 de febrero de 2023, rad. núm. 11001-03-06-000-2024-00282-00. 17 Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00046 00 Página 8 de 21

de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar.

El artículo 1718 de la norma en cita establece las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, las cuales se derivan del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las comisarías de familia:

Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar . Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. [subraya la Sala].

En relación con la naturaleza de las comisarías de familia que en su momento previó

objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. [subraya la Sala].

En relación con la naturaleza de las comisarías de familia que en su momento previó la Ley 1098 de 2006, y que se mantiene en la Ley 2126 de 2021, la Corte Constitucional19 reconoció que, si bien son autoridades de carácter administrativo, en los casos de violencia intrafamiliar actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales:

2.5.1. Así las cosas, es preciso señalar que las Comisarías de Familia, son autoridades administrativas que, en casos de violencia intrafamiliar, actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo cual tienen competencia para imponer medidas de protección a favor de las víctimas de actos de violencia intrafamiliar20.

2.5.2. Pues bien, la ley 294 de 1996, que fue modificada por la ley 575 de 2000, y sus decretos reglamentarios 652 de 2001 y 4799 de 2011, indican el procedimiento que deben observar las autoridades competentes en los casos de violencia intrafamiliar. En ese sentido, el inciso 2 del artículo 18 de la Ley 294 de 1996, que fue modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, establece que la decisión final del comisario o del juez, según el caso, que imponga una medida de protección definitiva, será recurrible ante el juez de familia, mediante el recurso de apelación, el cual se otorgará en el efecto devolutivo.

5.2. La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración21

definitiva, será recurrible ante el juez de familia, mediante el recurso de apelación, el cual se otorgará en el efecto devolutivo.

5.2. La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración21

18 Modificatorio del artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2° de la Ley 575 de 2000, antes modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008. 19 Sentencias T-642 de 2013, T-306 de 2020 y T-219 de 2023. 20 Las funciones jurisdiccionales de las Comisarías de Familia se fundamentan en la Ley 575 de 2000, que está en concordancia con el artículo 116 de la Constitución, que al respecto dispone: Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil decisión del 5 de marzo de 2025, rad. núm. 11001-03-06-000-2024-00709-00; decisión del 29 de junio de 202 2, rad núm. 11001-03-06-0002022-00070-00.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00046 00 Página 9 de 21

Por control interno disciplinario debe entenderse la oficina o dependencia de una entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019 , modificado por el artículo 1°

entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019 , modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de sus dependencias.

El artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, establece lo siguiente sobre el control disciplinario interno:

Artículo 93. Control Disciplinario Interno. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u oficina del m ás alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con sus competencias.

En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel con sus respectivas competencias.

La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el evento en que no se pueda garantizar en la entidad. En los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo sus competencias.

El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la sanción.

conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo sus competencias.

El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la sanción.

PARÁGRAFO 1. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno deberá ser abogado y pertenecerá al nivel directivo de la entidad.

PARÁGRAFO 2. Las decisiones sancionatorias de las Oficinas de Control Interno y de las Personerías serán susceptibles de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, seguirá conociendo de los procesos disciplinariosRadicación: 11001 03 06 000 2025 00046 00 Página 10 de 21

cuyos hechos tuvieron ocurrencia hasta antes del 13 de enero de 2021 hasta su finalización, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002.

La norma en cita ordenó a todos los organismos y entidades estatales organizar una unidad u oficina del más alto nivel, con la función de conocer y fallar, en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores públicos del respectivo organismo o entidad, siempre que también se garantice la segunda instancia. De no ser factible organizar la segunda instancia, tal competencia debe ser asumida, en forma excepcional, por la Procuraduría General de la Nación.

La hipótesis normativa sobre la imposibilidad de garantizar la segunda instancia

ser factible organizar la segunda instancia, tal competencia debe ser asumida, en forma excepcional, por la Procuraduría General de la Nación.

La hipótesis normativa sobre la imposibilidad de garantizar la segunda instancia dentro de la respectiva entidad, y su solución ̶ la competencia de la Procuraduría General de la Nación ̶ , guardan evidente relación con las estructuras internas de los organismos y entidades públicos, que son jerárquicas, así como con la categorización de los empleos públicos en niveles igualmente jerárquicos.

El Código Disciplinario Único adoptado por la Ley 200 de 1995 contemplaba expresamente que la competencia para adelantar el proceso disciplinario exigía que el investigador fuera «de igual o superior jerarquía a la del investigado». Ni el código homónimo, contenido en la Ley 734 de 2002, ni el Código General Disciplinario, expedido por la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 202, reprodujeron expresamente tal previsión, por lo que la jurisprudencia constitucional ha considerado que la Ley 734 varió la concepción del control disciplinario:

[…] A partir de lo expuesto, es posible concluir que la Ley 734 de 2002 ha modificado la manera tradicional como se desarrollaba el control disciplinario al interior de las distintas entidades del Estado. En efecto, con anterioridad a dicha Ley, el control interno suponía una relación jerárquica -funcional entre el sujeto disciplinable y el titular de la acción, es decir, el poder disciplinario era siempre ejercido por el superior inmediato del investigado.

Hoy en día, en respuesta a dicho sistema, el control disciplinario exige la presencia

disciplinable y el titular de la acción, es decir, el poder disciplinario era siempre ejercido por el superior inmediato del investigado.

Hoy en día, en respuesta a dicho sistema, el control disciplinario exige la presencia de una Oficina de Control Interno, constituida por funcionarios del más alto nivel, cuyo objeto se limita al ejercicio de funciones relacionadas con el control discipl

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