CE - Auto interlocutorio 11001030600020250004800 de 2025

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001030600020250004800 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Bogotá, D.C., nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001 03 06 000 2025 00048 00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y Oficina de Control Disciplinario Interno de la

Secretaría de Integración Social de Bogotá.

Asunto: autoridad competente para investigar disciplinariamente a una comisar ía de familia ante el ejercicio de funciones jurisdiccionales de manera transitoria u ocasional. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 19 de junio de 2024, la señora Ana María Díaz Rojas presentó una queja disciplinaria ante la Personería de Bogotá, en contra de la Comisaria de Familia Octava de Kennedy 1, por presuntos actos de irrespeto y parcialidad en los que se afirma que incurrió la mencionada profesional en contra de la quejosa, en las audiencias destinadas a la definición de la medida de protección núm. 554 de 20243.

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposi ciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Expediente Digital, SAMAI, Documento: Expediente digital, archivo : 3ED_0301PrimeraInstancia(.zip) NroActua 2 .

Ver: 03AnexosInforme202406948, pág. 9.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00048-00 Página 2 de 25

2. Por decisión del 13 de noviembre de 20244, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, a quien se le trasladó la queja, se abstuvo de conocer del asunto, por falta de competencia , y resolvió remitir las diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá . Lo anterior, en atención a que, con la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024 corresponde a esa Comisión la competencia para conocer de los procesos disciplinarios en contra de quienes ejer cen funciones jurisdiccionales , de manera excepcional , transitoria u ocasional, como ocurre con la Comisaria.

3. Por Auto del 21 de enero de 2025 5, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró también su falta de competencia para conocer de la queja disciplinaria descrita, porque afirma ser competente únicamente para investigar hechos ocurridos a

Bogotá declaró también su falta de competencia para conocer de la queja disciplinaria descrita, porque afirma ser competente únicamente para investigar hechos ocurridos a partir del 9 de octubre de 2024 y no anteriores; y porque estima que las presuntas faltas que la quejosa le atribuye a la comisaria, no corresponden en realidad a su función jurisdiccional, sino a la inobservancia de deberes propios de la función administrativa, por lo que estima que el conocimiento de la queja le corresponde a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría Distrital de Integración Social.

En ese orden, remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil, a efectos de dirimir el conflicto suscitado entre dicha autoridad y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 44 del 11 de febrero de 20256, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, es decir, desde el 14 de febrero al 20 de febrero del 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Según informe secretarial de 11 de febrero de 2025 7, consta que se informó sobre el presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de

presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Personería de Bogotá.

4 Expediente Digital, SAMAI, Documento: Expediente digital, archivo : 3ED_0301PrimeraInstancia(.zip) NroActua 2.

Ver: 03AnexosInforme202406948, pág. 35 5 Expediente Digital, SAMAI, Documento: Expediente digital, archivo: 3ED_0301PrimeraInstancia(.zip) NroActua 2.

Ver: 03AnexosInforme202406948, pág. 35 6 Expediente Digital, SAMAI, Documento: POR EDICTO 7 Expediente Digital, SAMAI, Documento: 8_EXPEDIENTEDIGI_09Informecomunicacio_7_20250211152422075%20(1).pdfRadicación: 11001-03-06-000-2025-00048-00 Página 3 de 25

Frente a la disciplinada, no le fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 8; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquellos.

El despacho sustanciador, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró auto de apertura de investigación ni la orden de vinculación de la Comisaria de Familia Octava de Kennedy 1 , que acreditaran su calidad de investigada9 en el proceso , así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo de finitivo de la investigación 10, etapas

investigada9 en el proceso , así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo de finitivo de la investigación 10, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva.

En consecuencia , con el propósito de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario» 11, el d espacho sustanciador determinó que la comunicación del presente asunto se realizará a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe rá adelantarse en contra de la comisaria de familia, en la etapa procesal disciplinaria que corresponda, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

Finalmente, obra constancia de la Secretaría de la Sala del 21 de febrero del 2025 en la que se indica que d entro del término de fijación del edicto , la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social presentó consideraciones en dos oportunidades. Las demás autoridades guardaron silencio.

II. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá no presentó alegatos dentro del término dispuesto para el efecto. No obstante, los argumentos que sustentan su posición y su negativa de asumir la competencia en el caso concreto pueden extraerse del Auto del 21 de enero de 2025, en el que además, la entidad puso en conocimiento de la Sala el presente conflicto de competencias.

y su negativa de asumir la competencia en el caso concreto pueden extraerse del Auto del 21 de enero de 2025, en el que además, la entidad puso en conocimiento de la Sala el presente conflicto de competencias.

8 Artículo 115 .Reseva de la Actuación Disciplinaria . En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición. 9 Artículo 111, Ley 1952 de 2019. 10 Artículo 115, Ley 1952 de 20191. 11 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00048-00 Página 4 de 25

En esa providencia , indicó que el artículo 58 de la Ley 2430 de 2024, que modificó el artículo 114 de la Ley 270 de 1996, asignó a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial la competencia para conocer de los procesos disciplinarios en contra de jueces, fiscales, empleados de la Rama Judicial, jueces de paz, abogados, y de quienes ejercen funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional.

La entidad precisó, sin embargo, que la competencia para conocer de los procesos disciplinarios que involucren a quienes ejercen tales funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional , solo surge para las comisiones, a partir de

La entidad precisó, sin embargo, que la competencia para conocer de los procesos disciplinarios que involucren a quienes ejercen tales funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional , solo surge para las comisiones, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024, esto es, el 9 de octubre de 2024. Por lo tanto, las comisiones seccionales son competentes para definir este tipo de procesos disciplinarios, -relacionados presuntamente con la actividad desarrollada por la Comisaria de Familia-, si se trata de hechos ocurridos a partir del 9 de octubre de 2024, pero no si cor responden a fechas anteriores , como ocurre en el caso de la referencia, que datan del 19 de junio de 2024.

Así mismo, sostuvo que la queja presentada por la señora Ana María Díaz Rojas se refiere a un presunto trato irrespetuoso de la comisaria, en el marco de una medida de protección; acciones que a su juicio, no implican realmente el ejercicio de una función jurisdiccional, sino la inobservancia de los deberes propios de la función administrativa, ligados con la debida atención al ciudadano , por lo que deben ser del conocimiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

En consecuencia, afirmó carecer de competencia para iniciar la investigación disciplinaria que corresponda, con ocasión de la queja presentada por la señora Díaz Rojas.

2. Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de

Bogotá.

La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de

Rojas.

2. Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de

Bogotá.

La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá presentó a la Sala sus alegatos, en los que destaca diversas razones por las que considera no ser competente para conocer del asunto disciplinario de la referencia.

Así las cosas, indicó que con la expedición de la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se reiteró la facultad dada a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales , de adelantar los procesos disciplinarios en contra de quienes ejercen funciones jurisdiccionales, tal y como se estableció en su momento en la Ley 270 de 1996. Dicha competencia, asignada por la Ley 2430 fue avalada adicionalmente por la Corte Constitucional, en la sentencia C-134 de 2023, al considerar que la inclu sión de dichas funciones en cabeza de la Comisión Nacional y sus seccionales, se encuentra dentro del amplio margen de configuración que tiene el Legislador.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00048-00 Página 5 de 25

Por otra parte, aunque es cierto que la norma entró a regir el 9 de octubre de 2024, considera necesario evaluar esa situación a la luz de lo dicho en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que fija las reglas de la aplicación de la ley en el tiempo. En ese orden, si bien podría pensarse que se trata de una situación anterior al 9 de octubre de 2024, lo

153 de 1887, que fija las reglas de la aplicación de la ley en el tiempo. En ese orden, si bien podría pensarse que se trata de una situación anterior al 9 de octubre de 2024, lo cierto es que ya en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) -norma vigente al momento de los hechos del caso concreto -, se encontraba a signada dicha competencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales, frente a autoridades que administran justicia de forma permanente o transitoria, por lo que aún bajo esa consideración, sigue siendo esa Comisión a la que le corresponde el conocimiento del caso.

En cuanto a la función jurisdiccional que desempeñan las comisarías de familia, indicó que el artículo 3.º de la Ley 2126 de 2021 establece su naturaleza jurídica refiriendo que son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital, con funciones administrativas y jurisdiccionales, de acuerdo con los términos establecidos en la ley mencionada. Más adelante , en su artículo 11 ibidem, se dice que los (las) comisarios (as) fungirán como «Jefe de despacho bajo los principios de autonomía e independencia, como autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales».

En el artículo 13 de la Ley 2126 de 2021 se señalan las funciones de los Comisarios (as) de Familia en donde se evidencian las que hacen parte de su rol como autoridad administrativa, y las que hacen parte del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, siendo estas últimas las relacionadas con los procesos de medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar. Por ello, cuando un (a) Comisario (a) de Familia actúa

administrativa, y las que hacen parte del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, siendo estas últimas las relacionadas con los procesos de medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar. Por ello, cuando un (a) Comisario (a) de Familia actúa en virtud de una medida de protección, está ejecutando una función jurisdiccional atribuída por la ley.

Concluye esa dependencia, por lo tanto , que el juez natural de los Comisarios (as) de Familia en materia disciplinaria en tales casos, es la Comisión Seccional y Nacional de Disciplina Judicial. De hecho, en muchas providencias que cita 12, proferidas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se ha señalado que en estos casos, el conocimiento de los asuntos disciplinarios de los Comisarios (as) de Familia en ejercicio de esa función, corresponde a las Comisiones Seccionales. De hecho, en un pronunciamiento reciente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial del 13 de febrero de 202513 esa corporación ratificó la competencia de la jurisdicción disciplinaria frente a los (las) Comisarios (as) de Familia en relación con conductas vinculadas al desarrollo o

12 Providencia del doctor Alfonso Cajiado Cabrera con radicado 11001080200020220101400, del 22 de junio de 2022, de la doctora Magda Victoria Acosta Walteros, con radicado 1100108200020230096300 y del doctor Juan Carlos Granados Becerra del 22 de agosto del 2024 con radicado 11001080200020240069700, entre otras. 13 M.P. Carlos Arturo Ramírez Vázquez con radicado 11001080200020250011200.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00048-00 Página 6 de 25

11001080200020240069700, entre otras. 13 M.P. Carlos Arturo Ramírez Vázquez con radicado 11001080200020250011200.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00048-00 Página 6 de 25

ejercicio de las medidas de protección, sean estas de carácter provisional o defini tivas, relacionadas con la prevención de actos de violencia intrafamiliar.

Aunado a lo anterior , como la queja presentada por la señora Ana María Diaz tuvo su origen en presuntas irregularidades en la atención prestada por la Comisaria de Familia, precisamente en la audiencia de medida de protección núm. 554 de 2024, en el marco de las funciones jurisdiccionales antes mencionadas, funciones que claramente se ostentan durante toda la actuación, bien sea en las audiencias o las diligencia s que se adelanten dentro de estos procesos, no es de recibo la consideración de la Comisión de que no se trata de actuaciones que correspondan a una función jurisdiccional.

Por lo anterior, solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil, que «asigne la competencia de la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales cuando se trata de investigar y juzgar a un Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan por una norma

1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone lo siguiente:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuan do ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

No obstante, e n el prese nte caso no aplica la citada disposición , debido a que las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, no tienen un superior común.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00048-00 Página 7 de 25

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial enunciada, lo pertinente es acudir, como sigue, a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general,

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial enunciada, lo pertinente es acudir, como sigue, a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento A dministrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2 La competencia del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3.º por el artículo 2.º de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada . La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades a dministrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…].

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, señala que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cua ndo no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. [...]

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuale s se analizan a continuación, en relación con el caso concreto, así: i) Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00048-00 Página 8 de 25

En esta oportunidad, tanto la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá como la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá niegan tener competencia para conocer de la queja disciplinaria presentada en contra de la Comisaria de Familia Octava de Kennedy 1, por presuntos actos de irrespeto y parcialidad de la mencionada profesional en contra de la quejosa, durante unas

Bogotá niegan tener competencia para conocer de la queja disciplinaria presentada en contra de la Comisaria de Familia Octava de Kennedy 1, por presuntos actos de irrespeto y parcialidad de la mencionada profesional en contra de la quejosa, durante unas audiencias de medida de protección solicitada.

Ambas entidades consideran, recíprocamente, que es la entidad contraria, la competente para iniciar el proceso disciplinario que corresponda.

  1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trat a de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

El presente conflicto de competencias se configura , efectivamente, entre una autoridad del orden nacional, como es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , autoridad territorialmente desconcentrada pero perteneciente a la Rama Judicial , y una autoridad del orden territorial , como es la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

  1. Que se trate de un asunto o actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El asunto en discusión es de naturaleza administrativa, particular y concreta, ya que consiste en determinar quién debe investigar disciplinariamente a la Comisaria de Familia Octava de Kennedy 1, por presuntos actos de irrespeto y parcialidad , durante unas audiencias de medida de protección.

Sobre la naturaleza del asunto, debe advertirse que el conflicto negativo de competencias en estudio involucra a una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de

Sobre la naturaleza del asunto, debe advertirse que el conflicto negativo de competencias en estudio involucra a una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá), mientras que la otra, ejercería una función administrativa (la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá).

Al respecto, de manera reiterada , esta Sala ha señalado que es comp etente para resolver los conflictos de competencia entre autoridades que cumplen, unas funciones administrativas y otra s jurisdiccionales, por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones, ni entre autoridades que ejerzan sólo la función jurisdi ccional; de modo que en virtud del imperativo constitucional y legal que le corresponde es deber de la Sala resolver el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3, 39 y 112 del CPACA.

2. Términos legalesRadicación: 11001-03-06-000-2025-00048-00 Página 9 de 25

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»14. En consecuencia, no corren los términos a que están sujetas las autoridades correspondientes, para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio

funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración Previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga n a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivament e las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde rá a la autoridad que sea declarada competente, si es del caso , verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de l que se trate, así como la s pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se

petición o del asunto de l que se trate, así como la s pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para iniciar la actuación disciplinaria en contra de la Comisaria de Familia Octava de Kennedy 1, por los presuntos

14 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que lo subrogó.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00048-00 Página 10 de 25

actos de irrespeto y parcialidad en los que se afirma que incurrió, en contra de la quejosa, en las audiencias de medida de protección núm. 554 de 2024.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá negó competencia para conocer del asunto, toda vez que, en su criterio, la facultad de la comisión para conocer procesos disciplinarios en contra de autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasio nal o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada por la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, y no es posible retrotraer los efectos de dicha ley a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia , el 9 de octubre de 2024 . Además, por considerar que los presuntos actos de irrespeto señalados no involucran funciones jurisdiccionales, sino

antes de su entrada en vigencia , el 9 de octubre de 2024 . Además, por considerar que los presuntos actos de irrespeto señalados no involucran funciones jurisdiccionales, sino que son de naturaleza administrativa.

La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá sostuvo, por su parte, que la competencia para adelantar procesos disciplinarios contra autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasional o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada originalmente por la Ley 1952 de 2019 y luego, con la expedición de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, se reiteró dicha facultad. Por lo tanto, solicitó a la Sala que «asigne la competencia de la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales cuando se trata de investigar y juzgar a un Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales », ya que las presuntas faltas disciplinarias a las que se alude durante el trámite de las audiencias relacionadas con la medida de protección son en su consideración, de naturaleza judicial.

Así, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala revisará los siguientes temas:

  1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración. ii) La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración. iii) Competencia de la extinta Sal

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