CE - Auto interlocutorio 11001030600020250005700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 9 de abril de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00057-00

Partes ESE Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba), departamento de Córdoba, Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Regulación Económica.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de bono pensional. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPA CA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 20211, procede a resolver el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, los antecedentes del conflicto de competencia son los siguientes:

1. Según el certificado CETIL número 202308891079999000540011 del 18 de agosto de 2023 , diligenciado por la ESE Hospital San Jerónimo de Montería , la señora Cristina Agámez Hernández laboró como auxiliar en dicho hospital, entre el 20 de noviembre de 1986 y el 9 de abril de 1992 , período para el cual la entidad responsable de los aportes a pensión fue el departamento de Córdoba.

Cristina Agámez Hernández laboró como auxiliar en dicho hospital, entre el 20 de noviembre de 1986 y el 9 de abril de 1992 , período para el cual la entidad responsable de los aportes a pensión fue el departamento de Córdoba.

2. De acuerdo con la información reportada por la AFP Colfondos S.A., la señora Cristina Agámez Hernández está afiliada a esta entidad y se encuentra realizando el trámite de reconocimiento y pago de un bono pensional, el cual, será una de las fuentes de financiación para la definición de su situación pensional en el Régimen

de Ahorro Individual.

3. En el escrito de proposición del presente conflicto, la AFP Colfondos S.A. señala

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La i nformación que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente digital del conflicto número 2024-582, que reposa en SAMAI.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 057 00 Página 2 de 34

que, mediante el sistema CETIL que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el departamento de C órdoba objetó el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Agámez Hernández porque no quedó registrada como beneficiaria del convenio de concurrencia sector salud3.

4. El 12 de septiembre de 2024, la ESE Hospital San Jerónimo de Montería

(Córdoba) señaló que no le era posible realizar la corrección de la certificación

beneficiaria del convenio de concurrencia sector salud3.

4. El 12 de septiembre de 2024, la ESE Hospital San Jerónimo de Montería

(Córdoba) señaló que no le era posible realizar la corrección de la certificación laboral de la señora Agámez Hernández, toda vez que, para el periodo en el que la citada señora trabajó en dicha institución, ésta no contaba con personería jurídica y los aportes se realizaban a través de la extinta Caja de Previsión Social del departamento de Córdoba.

5. De acuerdo con lo descrito en la proposición del presente conflicto, la AFP Colfondos S.A. elevó consulta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la que solicitó información respecto de si la señora Agámez Hernández era beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud del departamento de Córdoba. Al respecto , dicha cartera ministerial, mediante proveído del 7 de febrero de 2025, manifestó que la citada señora no figuraba como beneficiaria al 31 de diciembre de 1993 , por lo cual, consideró que es la ESE Hospital San Jerónimo de Montería la llamada a atender el asunto.

6. La AFP Colfondos S.A. , planteó el presente conflicto de competencias administrativas entre la ESE Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba) , el departamento de Córdoba y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Regulación Económica, el cual fue radicado en la Sala de Consulta y Servicio Civil el 13 de febrero de 2025, allegado al despacho ponente el 21 de febrero.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

de Regulación Económica, el cual fue radicado en la Sala de Consulta y Servicio Civil el 13 de febrero de 2025, allegado al despacho ponente el 21 de febrero.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 052 del 13 de febrero de 2025 por el término de cinco (5) días hábiles, en la Secretaría de la Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

En el expediente figura, según constancia del 1 3 de febrero de 2025 , que se comunicó la presentación del presente conflicto de competencias administrativas a la Administradora del Fondo de Pensiones Colfondos S.A. , a la ESE Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba) , al departamento de C órdoba, al Ministerio de

3 En el escrito de proposición del conflicto se observa captura de pantalla en el sistema CETIL con la objeción del Departamento de Córdoba respecto del reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Agámez Hernández.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 057 00 Página 3 de 34

Hacienda y Crédito Público - Dirección de Regulación Económica y a la señora Cristina Agámez Hernández.

De acuerdo con informe secretarial del 21 de febrero de 2025, dentro del término de

Hacienda y Crédito Público - Dirección de Regulación Económica y a la señora Cristina Agámez Hernández.

De acuerdo con informe secretarial del 21 de febrero de 2025, dentro del término de fijación del edicto presentó consideraciones la ESE Hospital San Jerónimo d e Montería. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

A través de informe secretarial del 3 de marzo de 2025, se informó al Despacho ponente que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. ESE Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba)

En escrito de alegatos radicado en la Secretaría de la Sala el 21 de febrero de 2025, explica que es una entidad descentralizada, con autonomía y presupuesto independiente, tal y como se establece en la Ordenanza núm. 33 del 27 de noviembre de 1994. Señala que el Ministerio de Salud y el departamento de Córdoba suscribieron un convenio de concurrencia para el pago de la deuda prestacional de los funcionarios y exfuncionarios pertenecientes a la planta de personal del Departamento Administrativo de Salud de Córdoba – DASALUD, hoy Secretaría Departamental de Salud y los hospitales del departamento, entre ellos, el hospital San Jerónimo de Montería.

Señala que, mediante la Ordenanza núm. 17 de 1996, la Asamblea Departamental ordenó la liquidación de la Caja de Previsión Social del departamento de Córdoba , y en su lugar, cre ó una cuenta especial, sin personería jurídica, adscrita a la

ordenó la liquidación de la Caja de Previsión Social del departamento de Córdoba , y en su lugar, cre ó una cuenta especial, sin personería jurídica, adscrita a la Secretaría de Hacienda departamental (fondo territorial de pensiones), a través de la cual hace responsable al departamento del pasivo laboral y prestacional. Así como de las indemnizaciones que por todo concepto deje de pagar la entidad que se liquida.

En desarrollo de dicha ordenanza, se suscribió un convenio de concurrencia, entre el departamento de Córdoba - secretaría de Salud y las ESE del departamento, entre las que se cuenta la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, con el objetivo de pagar las deudas prestacionales correspondientes a los funcionarios y exfuncionarios pertenecientes a la planta de personal de la secretaría de salud departamental, y los hospitales del orden departamental, como la antes referida.

Aclara que el hospital San Jerónimo hizo el listado de los beneficiarios del pasivo prestacional, incluidos los de carácter pensional, el cual, si bien fue remitido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, « [f]ue recortado por el Ministerio o por la Gobernación, sin explicación alguna».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 057 00 Página 4 de 34

Finalmente, en consideración a que los fondos territoriales de pensiones se encuentran reglamentados por los Decretos 715 de 2001 y 306 de 2004 y visto lo señalado por la Ord enanza 17 de 1996, concluye que es el departamento de Córdoba el responsable del pasivo causado y acumulado a cargo de la caja departamental de previsión ; pasivo que la entidad ha dejado de pagar en razón a

señalado por la Ord enanza 17 de 1996, concluye que es el departamento de Córdoba el responsable del pasivo causado y acumulado a cargo de la caja departamental de previsión ; pasivo que la entidad ha dejado de pagar en razón a su liquidación.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

A través de oficio radicado 2-2025-013612 del 28 de febrero de 2025, señaló que la señora Agámez Hernández no fue reportada por la ESE Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba) para ser beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud por el tiempo laborado en dicha entidad hospitalaria. Por lo tanto, no quedó inscrita en la Certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud.

En este sentido, afirma que, el pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993 por la señora Cristina Ag ámez Hernández, por concepto de pensiones y cesantías, no puede ser financiado a través de los Convenios d e Concurrencia, en consecuencia, su derecho pensional estará 100% a cargo de la Institución de salud empleadora, no de la Nación, ni del departamento, ni del municipio, ni tampoco de la Dirección Territorial de Salud.

Añade que, los recursos que fueron girados al Patrimonio autónomo, con ocasión del Contrato de Concurrencia número 492 del 28 de diciembre de 1999, celebrado entre el Ministerio de Salud y el departamento de Córdoba, tienen una destinación específica, la cual es el pago de derechos pensionales de las personas que fueron

del Contrato de Concurrencia número 492 del 28 de diciembre de 1999, celebrado entre el Ministerio de Salud y el departamento de Córdoba, tienen una destinación específica, la cual es el pago de derechos pensionales de las personas que fueron certificados como beneficiarios activos y jubilados , hipótesis en las que no se encuentra la señora Agámez Hernández.

Concluye sus argumentos manifestando que, la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, no podría alegar a su favor, su propia culpa o desidia al NO reportar a su extrabajador en los formularios correspondientes y con ello pretender eximirse de la responsabilidad que le asiste, en cuanto a certificar, reconocer y pagar el bono pensional por el tiempo laborado, por haber sido la señora Cristina Agámez Hernández, trabajadora de dicha Institución.

3. Departamento de Córdoba

No presentó alegatos. Sin embargo, se observa que dicha entidad territorial objetó el reconocimiento y pago de l bono pensional, a través del sistema CETIL que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en que laRadicación: 11001 03 06 000 2025 00 057 00 Página 5 de 34

señora Agámez Hernández no quedó registrada como beneficiaria del convenio de concurrencia del sector salud.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto, en atención a los supuestos previstos en el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 20214.

2. Términos legales

conflicto, en atención a los supuestos previstos en el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 20214.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión. Así se declarará en la parte resolutiva5.

3. Aclaración previa La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los s upuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4 Tal como consta en decisiones precedentes, (13 de marzo de 2024, radicación 11001-03-06-0002024-00007-00), 20 de marzo de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00036-00 y 3 de julio de

2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00179-00, entre otras reiteraciones, la Sala ha analizado los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia, a saber: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieg uen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia. 5 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a que, el ejercicio de funciones administrativas por parte de autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 057 00 Página 6 de 34

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto , le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional correspondiente al tiempo que la señora Cristina Agámez Hernández laboró en el Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba), hoy empresa social del Estado, esto es, desde el 20 de noviembre de 1986 hasta el 9 de abril de 1992.

tiempo que la señora Cristina Agámez Hernández laboró en el Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba), hoy empresa social del Estado, esto es, desde el 20 de noviembre de 1986 hasta el 9 de abril de 1992.

El conflicto surge porque la ESE Hospital San J erónimo de Montería (Córdoba) considera no ser competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional reclamado, debido a que para la época en que la señora Agámez Hernández laboró en dicha institución hospitalaria (20 de noviembre de 1986 hasta el 9 de abril de 1992 ), esta era una dependencia del departamento de Córdoba, no tenía personería jurídica y los aportes se realizaban a través de la extinta Caja de Previsión Social del departamento de Córdoba.

Por su parte, el departamento de C órdoba estimó que no era la autoridad llamada a conocer y resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional porque la señora Agámez Hernández no quedó registrada como beneficiaria del convenio de concurrencia sector salud.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que no le corresponde responder por el pasivo prestacional de la peticionaria, dado que la obligación de la Nación solo comprende el financiamiento del pasivo causado hasta el 31 de diciembre de 1993 del personal certificado, por ello, manifestó que la competencia es de la ESE Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba).

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes temas:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes temas:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración6

6 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 12 de abril de 2023, radicación 11001-03-06-000-2022-00282-0; Decisión del 13 de diciembre de 2022 , radicación 11001-03-06-Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 057 00 Página 7 de 34

Decreto Ley 2470 de 19687

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y territorial (artículo 2°).

Al definir los niveles del sistema 8, el legislador extraordinario dejó la dirección del mismo, su organización y sus funciones administrativas en los niveles na cional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los

seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

Ley 9ª de 19739

Otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:

1. adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;

1. suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;

000-2022-00098-00; Decisión del 27 de agosto de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-0004100 y Decisión del 21 de abril de 2020, radicación 11001-03-06-000-2019-00213-00. 7 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 8 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b)

por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio.//Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 9 «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 057 00 Página 8 de 34

1. dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud;

1. determinar la organización y el régim en de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y

1. elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197510

El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema pa ra su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que pr estaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Igualmente, definió, para efectos del Sistema Nacional de Salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inve rsión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al Sistema Nacional de Salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

10 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 057 00 Página 9 de 34

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía a probar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de lo s organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

coordinar las actividades de lo s organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 350 de 197511

Mediante este decreto se definió la organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel de partamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud.

Decreto Ley 356 de 197512

Este decreto estableció el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud.

11 «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». 12 «Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el

12 «Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 057 00 Página 10 de 34

Estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al sistema nacional de salud, dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser integrados a los planes nacionales, seccionales y regionales de salud (artículo 3) y sus activi dades debían someterse a las disposiciones que regulaban los subsistemas nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del

De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Señaló que las entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sistema debían cumplir con una serie de obligaciones, entre otras: i) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del Sistema Nacional de Salud sus planes y programas de salud, ii) someter a la aprobación de los organismos del sistema los proyectos de inversión, dotación e investigación en salud, iii) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema el proyecto anual de presupuesto cuando la entidad reciba aportes del Estado, iv) vincular su personal de acuerdo con las normas técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12). En su junta directiva debía existir representación del Ministerio de Salud Pública y del Jefe del Servicio Seccional de Salud respectivo (artículo 13).

Estas instituciones de utilidad común y las demás sin ánimo de lucro que estuvieran vinculadas al sistema seguirían rigiéndose por sus propios estat utos, los cuales debían ser ajustados a las disposiciones que regulaban el funcionamiento del sistema (artículo 14).

Estableció las diferentes categorías de hospitales para la organización de los niveles de atención médica, así: hospital universitario, h ospital regional y hospital localRadicación: 110