CE - Auto interlocutorio 11001030600020250006200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00062-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Tribunal Superior de Quibdó y Comisión Seccional de

Disciplina Judicial de Chocó.

Asunto: autoridad competente para investigar disciplinariamente a un empleado judicial.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 20212, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

1. Mediante Auto del 16 de septiembre de 2021, el Tribunal Superior de Quibdó ordenó compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó, a efectos de investigar la presunta falta disciplinaria en que pudo incurrir la señora Yudy Yaneth Álvarez Copete, escribiente nominada del citado tribunal, con ocasión de la demora en el envío de siete (7) expedientes de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

2. El 8 de noviembre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó abrió indagación preliminar en contra de la señora Yudy Yaneth Álvarez Copete, por su

revisión.

2. El 8 de noviembre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó abrió indagación preliminar en contra de la señora Yudy Yaneth Álvarez Copete, por su presunta omisión frente a la remisión de los siguientes cuatro expedientes de tutela a la

Corte Constitucional:

• 27001310400220200000801. • 27001310500220200016701.

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto 11001-03-06-0002025-00062-00 expediente digital SAMAI.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00062-00 Página 2 de 21

• 27001220800020210001100. • 27001220800020210001400.

Frente a los tres expedientes restantes, esto es, los radicados bajo los números 27001310400120200001101;,27001220800020200004500;,y,270013110001202000114 01, la comisión señaló que, en razón a que correspondían a procesos cuyos hechos ocurrieron entre el 31 de julio y el 19 de noviembre de 2020, la competencia disciplinaria era del Tribunal Superior de Quibdó. La mencionada decisión fue comunicada al citado tribunal a través del Oficio núm. 2272 del 8 de noviembre de 2021.

era del Tribunal Superior de Quibdó. La mencionada decisión fue comunicada al citado tribunal a través del Oficio núm. 2272 del 8 de noviembre de 2021.

3. El 4 de agosto de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó inició investigación disciplinaria en contra de la señora Yudy Yaneth Álvarez Copete, respecto de los procesos frente a los cuales esa comisión avocó conocimiento.

4. A través de Auto del 23 de septiembre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó ordenó el cierre de la investigación y corrió traslado para la presentación de alegatos precalificatorios; y el 23 de noviembre de 2022, formuló pliego de cargos contra la señora Álvarez Copete.

5. El 13 de febrero de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó declaró la nulidad de lo actuado en el proceso disciplinario derivado del expediente de tutela

27001310400220200000801. Esto, por considerar que la presunta omisi ón de la empleada judicial, en ese caso, tuvo lugar antes de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales. En consecuencia, a través de Oficio 224 del 14 de febrero de 2023, remitió el asunto al Tribunal Superior de Quibdó a fin de que adelantara las actuaciones pertinentes.

6. Con ocasión de lo anterior, el 16 de febrero de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó modificó el pliego de cargos formulado contra la señora Yudy Yaneth Álvarez Copete, manteniendo aquellos referidos a la presunta omisión frente a

Disciplina Judicial de Chocó modificó el pliego de cargos formulado contra la señora Yudy Yaneth Álvarez Copete, manteniendo aquellos referidos a la presunta omisión frente a los expedientes de tutela 27001310500220200016701; 27001220800020210001100 y 27001220800020210001400.

7. El 23 de enero de 2025, el Tribunal Superior de Quibdó declaró su falta de competencia para conocer del asunto disciplinario contra la señora Yudy Yaneth Álvarez Copete respecto de las presuntas faltas en que pudo incurrir por la demora en el envío de los expedientes de tutela (expedientes 27001310400220200000801; 27001310400120200001101; 27001311000120200011401 y 27001220800020200004500) a la Corte Constitucional para su eventual revisión4. Lo anterior, por considerar que, tales conductas se prolongaron en el tiempo, hasta una fecha posterior a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales.

4 Todos remitidos por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00062-00 Página 3 de 21

En consecuencia, propuso conflicto negativo de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con la finalidad de que se determine la autoridad competente para disciplinar a la señora Yudy Yaneth Álvarez Copete, escribiente del Tribunal Superior de Quibdó por la presunta demora en el envío de los cuatro expedientes de tutela (expedientes 27001311000120200011401; 27001310400120200001101;.27001310400220200000801;.y.270012208000202000045

Tribunal Superior de Quibdó por la presunta demora en el envío de los cuatro expedientes de tutela (expedientes 27001311000120200011401; 27001310400120200001101;.27001310400220200000801;.y.270012208000202000045 00)) a la Corte Constitucional.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 056 del 21 de febrero hasta el 27 de febrero de 2025 en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus consideraciones o alegatos en el trámite del conflicto.

En informe secretarial del 17 de febrero de 2025, consta que se comunicó la existencia del conflicto al Tribunal Superior de Quibdó, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó, a la señora Yudy Yaneth Álvarez Copete, a su apoderada, señora Nilis Maribel Rentería Lemus, al señor Alejandro Figueroa Ojeda, Procurador 158 Judicial Penal 2 y a la señora Inés Damaris Ñuste Castro , Procuradora Judicial 157 Penal 2.

Según informe de la Secretaría de la Sala del 28 de febrero de 2025, se indica que dentro del término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Tribunal Superior de Quibdó5

del término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Tribunal Superior de Quibdó5

No presentó consideraciones. Se tienen en cuenta los argumentos planteados en Auto del 23 de enero de 2025, mediante el cual declaró su falta de competencia para conocer del asunto disciplinario6 y propuso el conflicto de competencias ante la Sala.

Manifestó que la conducta omisiva de la empleada judicial fue de carácter permanente y no de ejecución instantánea.

5 Documento «0082023-00011 conflicto comp. Disc.Yudy» Expediente digital 6 Respecto a los procesos 27001310400220200000801; 27001310400120200001101; 27001220800020200004500 y 27001311000120200011401Radicación: 11001-03-06-000-2025-00062-00 Página 4 de 21

Expresó no ser competente dado que, la presunta falta disciplinaria por omisión se prolongó en el tiempo, y cesó solo hasta el mes de septiembre de 2021, cuando fueron remitidos los expedientes de tutela a la Corte Constitucional. En esa línea, manifestó que la autoridad que debe avocar conocimiento del asunto es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó7

Tampoco presentó consideraciones. En el Auto del 8 de noviembre de 2021, por medio del cual rechazó su competencia frente a los asuntos que considera corresponden a hechos anteriores a su entrada en funcionamiento, señaló que desde la vigencia del Acto

Tampoco presentó consideraciones. En el Auto del 8 de noviembre de 2021, por medio del cual rechazó su competencia frente a los asuntos que considera corresponden a hechos anteriores a su entrada en funcionamiento, señaló que desde la vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, que adicionó el artículo 257A de la Constitución Política, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales conocen de investigaciones disciplinarias adelantadas contra empleados de la Rama Judicial, solo por hechos ocurridos a partir del 13 de enero de 2021, razón por la cual, no le es posible adelantar actuaciones generadas por hechos ocurridos antes de esa fecha.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento aplicable cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria , suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las entidades involucradas en el conflicto planteado, esto es, Tribunal Superior de Quibdó y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó, no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021.

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021.

La Sala en decisión de fecha 30 de abril de 2024, según radicación 11001-03-06-0002024-00873-00,entre otras reiteraciones,8 analizó los presupuestos legales que la

7 Documento «012AutoAbreIndagaciónEmpleadaTribunal-21-00-098-(08-11-21)-H» Expediente digital. 8Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 26 de marzo de 2025, radicación 2025-00033; del 19 de febrero de 2025, radicación 2024-00714; del 24 de abril de 2024, radicación 2024-Radicación: 11001-03-06-000-2025-00062-00 Página 5 de 21

habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el

dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva9.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria que corresponda en contra de la señora Yudy Yaneth Álvarez Copete, en su condición de escribiente del Tribunal Superior de Quibdó, por la presunta demora en el envío de cuatro expedientes de tutela (expedientes 27001311000120200011401; 27001310400120200001101;.27001310400220200000801;.y.270012208000202000045

envío de cuatro expedientes de tutela (expedientes 27001311000120200011401; 27001310400120200001101;.27001310400220200000801;.y.270012208000202000045

00098; del 15 de octubre de 2024, radicación 2024-00518; del 18 de septiembre de 2024, radicación 2024470; y del 10 de julio de 2024, radicación 2024-168. 9 Este mandato es armónico con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00062-00 Página 6 de 21

1. a la Corte Constitucional para su eventual revisión, frente a lo cual, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó rechaza competencia.

El Tribunal Superior de Quibdó ha señalado que, en su criterio, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó es la entidad competente para conocer las actuaciones disciplinarias en contra de la empleada judicial, por referirse estas a conductas omisivas prolongadas en el tiempo hasta una fecha posterior a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales.

En contraste, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó considera que los hechos materia de investigación, -esto es, la demora en el envío a la Corte Constitucional de cuatro expedientes de tutela ( expedientes 27001311000120200011401; 27001310400120200001101;.27001310400220200000801;.y.270012208000202000045

de cuatro expedientes de tutela ( expedientes 27001311000120200011401; 27001310400120200001101;.27001310400220200000801;.y.270012208000202000045 00), ocurrieron antes del 13 de enero de 2021, razón por la cual, no le es posible asumir la competencia frente a dichas actuaciones.

Para resolver este problema jurídico la Sala hará referencia a los siguientes temas:

1. La acción disciplinaria y sus finalidades en un Estado Social de Derecho.

Reiteración. ii) La autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración. iii) Faltas disciplinarias que se prolongan en el tiempo. Aplicación de la ley procesal en el tiempo. Reiteración. iv) Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La acción disciplinaria y sus finalidades en un Estado Social de Derecho. Reiteración10

El Código General Disciplinario, adoptado mediante la Ley 1952 de 2019, prevé en su artículo 2°. Modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, que el Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

La misma ley, en su artículo 5° establece que la sanción disciplinaria tiene una finalidad preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública.

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 5 de marzo de 2025, radicación 11001en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública.

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 5 de marzo de 2025, radicación 1100103-06-000-2024-000704-00.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00062-00 Página 7 de 21

En armonía con lo anterior, el artículo 11 del citado cuerpo normativo, consagra como fines del proceso disciplinario, la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

El artículo 25 de la norma dispone que son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos11 aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en esta ley.

En cuanto a las conductas reprochables, el artículo 26 del Código prevé que, constituye falta disciplinaria la incursión en cualquier conducta que conlleve el incumplimiento de deberes o la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, y la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés.

A su vez, según dispone el artículo 27, la falta puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de derechos propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de funciones.

Bajo tales premisas, entre otras, el derecho disciplinario es entendido como el instrumento mediante el cual el Estado busca de un lado, el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, y de otro, la garantía efectiva de los

Bajo tales premisas, entre otras, el derecho disciplinario es entendido como el instrumento mediante el cual el Estado busca de un lado, el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, y de otro, la garantía efectiva de los derechos y deberes consagrados en la ley y en la Constitución.

5.1.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración12

De manera reiterada, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha precisado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, actúen observando los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa13.

11 La Sentencia C-721 de 2015 precisa que «[…] el régimen disciplinario cobija a la totalidad de los servidores públicos a quienes corresponde estar al servicio del Estado y de la comunidad (C.P. art.123), dado que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad (C.P. art. 209)». 12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00120-00; Decisión del 5 de marzo de 2025, radicación 11001-03-06-000-2024000704-00, entre otras. 13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1787 del 27 de octubre de 2006. «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los

000704-00, entre otras. 13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1787 del 27 de octubre de 2006. «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00062-00 Página 8 de 21

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico destinado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública14, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades15.

Como antes se señaló, la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria,16 a través de la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

5.1.2. Factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal. Reiteración17.

de todas las ramas, órganos y entidades del Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

5.1.2. Factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal. Reiteración17.

En materia disciplinaria, la competencia, esto es, la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto, se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los siguientes factores o criterios: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial), la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (factor funcional) y el factor de conexidad.

En relación con el factor personal o subjetivo, el inciso 6° del artículo 2° de la citada Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, prevé que «a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente».

A su vez, el artículo 92 de la misma ley, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, dispone lo siguiente:

Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté

Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder prefer ente de la Procuraduría General de la Nación.

14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1787 del 27 de octubre de 2006. 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046 del 3 de marzo de 2011. 16 Artículo 2°. 17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 5 de marzo de 2025 radicación 1100103-06-000-2024-000704-00, entre otras.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00062-00 Página 9 de 21

La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores.

El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia para los primeros.

públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia para los primeros.

Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con todas las garantías del proceso disciplinario, para lo cual deberán contar con la infraestructura necesaria para su observancia.

En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable.

Como se observa, los criterios del Código General Disciplinario para atribuir competencia por el factor subjetivo, son: i) la calidad de servidor público o de particular en ejercicio de funciones públicas que tenga el presunto infractor; ii) el cargo que ocupa u ocupó el servidor público o el particular investido de funciones públicas, y iii) la rama, el órgano, la entidad o el organismo para la cual trabaja o trabajó el servidor o el particular18.

5.1.3. Los servidores de la Rama Judicial. Distinción entre funcionario y empleado judicial Reiteración19

Conforme lo establecido en el artículo 125 de la Ley 270 de 199620 «tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial».

Sobre este punto, la Corte Constitucional21 ha dicho que existe una clara diferencia entre funcionarios y empleados judiciales, pues los primeros tienen la tarea principal de

la Rama Judicial».

Sobre este punto, la Corte Constitucional21 ha dicho que existe una clara diferencia entre funcionarios y empleados judiciales, pues los primeros tienen la tarea principal de

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 14 de junio de 2022, radicación 1100103-06-000-2022-00022-00. 19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 7 de diciembre de 2022, radicación 11001 03 06 000 2022 00233 00; y Decisión del 5 de marzo de 2025, radicación 11001-03-06-000-2024000704-00, entre otras. 20 «Estatutaria de la Administración de Justicia». 21 Sentencia C-713 de 2008.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00062-00 Página 10 de 21

administrar justicia (jueces, magistrados y fiscales), mientras que los segundos trabajan para la Rama Judicial, en apoyo al cumplimiento de su misión, pero no administran directamente justicia.

Pasará la Sala a precisar cuál era, antes del 13 de enero de 2021 -fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial-, la autoridad que tenía la competencia para investigar a los empleados judiciales y, cuál, ostenta dicha función desde el inicio de funciones de dicha comisión.

5.2. Autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración22

El artículo 115 de la Ley 270 de 1996, derogado por el artículo 92 de la Ley 2430 de 202423, disponía lo siguiente:

de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración22

El artículo 115 de la Ley 270 de 1996, derogado por el artículo 92 de la Ley 2430 de 202423, disponía lo siguiente:

Artículo 115. Corresponde a las Corporaciones, funcionarios y empleados pertenecientes a la Rama Judicial, conocer de los procesos disciplinarios contra los empleados respecto de los cuales sean sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de la atribución que la Constitución Política confiere al Procurador General de l a Nación de ejercer preferentemente el poder disciplinario, conforme al procedimiento que se establezca en leyes especiales.

[…]

A su vez, el artículo 2º de la Ley 734 de 200224 establecía: «Corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias».

En armonía con lo anterior, el artículo 67 del mencionado código consagraba que «la acción disciplinaria se ejerce[ría[ por la Procuraduría General de la Nación, los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura […] las oficinas de control disciplinario interno […] y los nominadores y superiores jerárquicos inmediatos […]».

Al interpretar el mencionado artículo 115 de la Ley 270 de 1996, con lo dispuesto en las normas citadas del Código Disciplinario Único, la Sala concluyó en su momento, que, el

22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 27 de noviembre de 2024, radicación

normas citadas del Código Disciplinario Único, la Sala concluyó en su momento, que, el

22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 27 de noviembre de 2024, radicación 11001030600020240059200; Decisión del 5 de junio de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-0013100; Decisión del 5 de marzo de 2025, radicación 11001-03-06-000-2024-000704-00, entre otras. 23 «Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones».

24 «Por la cu