CE - Auto interlocutorio 11001030600020250006300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00063-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y el

Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín Asunto: competencia para conocer un proceso disciplinario en contra de un secretario del Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10°, de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

1. Mediante Oficio núm. 064 del 22 de julio de 2024 , el Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín remitió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia informe sobre una situación presuntamente irregular en que pudo incurrir el señor Luis Fernando Arango Restrepo, secretario de dicho juzgado, por no dar cumplimiento a la sentencia condenatoria proferida el 12 de febrero de 2020, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín 4, que a su vez

por no dar cumplimiento a la sentencia condenatoria proferida el 12 de febrero de 2020, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín 4, que a su vez revocó la sentencia absolutoria emitida por dicho Juzgado el 27 de junio de 2019.

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 La información que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 11001 -03-06000-2025-00063-00 expediente digital SAMAI. 4 Decisión que, a su vez, fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 29 de noviembre de 2019.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00063-00 Página 2 de 21

El juez veintidós penal del circuito con funciones de conocimiento de Medellín consideró que la autoridad competente para investigar disciplinariamente al señor Luis Fernando Arango Restrepo, en su calidad de empleado judicial, era la mencionada comisión.

2. Por medio de Auto del 17 de enero de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia declaró su falta de competencia para conocer del asunto, teniendo en cuenta que los hechos constitutivos de la presunta falta «fueron anteriores al 13 de enero de 2021, fecha en que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional se transformó

en cuenta que los hechos constitutivos de la presunta falta «fueron anteriores al 13 de enero de 2021, fecha en que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional se transformó por disposición constitucional en Comisión Seccional de Disciplina Judicial, toda vez que la orden que debía cumplirse surgió con ocasión a la providencia proferida el 12 de febrero de 2020 », razón por la cual devolvió el asunto al Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín.

3. El 29 de enero de 2025, e l Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín reiteró su falta de competencia y remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil a efectos de que defina la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 57, por el término de cinco días hábiles, desde el 21 hasta el 27 de febrero de 2025, para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Según informe secretarial del 19 de febrero de 2025 , consta que se comunicó la existencia del conflicto a la Comisión Seccional de Dis ciplina Judicial de Antioquia, al Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín , al

existencia del conflicto a la Comisión Seccional de Dis ciplina Judicial de Antioquia, al Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín , al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y a la Corte Suprema de JusticiaSala Penal.

Frente al disciplinado, no le fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 5 dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquellos.

5 Artículo 115: RESEVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo , sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00063-00 Página 3 de 21

Al revisar los documentos que integran el expediente, el despacho ponente no encontró auto de apertura de investigación, ni orden de vinculación del señor Luis Fernando Arango Restrepo que acrediten su calidad de investigado6, así como tampoco citación a audiencia, ni pliego de cargos, etapas del procedimiento disciplinario en las que, entre otras, se levanta la reserva del mismo. Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»7, la Sala determinará que la comunicación

otras, se levanta la reserva del mismo. Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»7, la Sala determinará que la comunicación del presente asunto al señor Arango Restrepo, en su calidad de secretario del Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín , se realice por parte de la autoridad que se declarará competente para adelantar el proceso disciplinario en contra de aquella, en la etapa procesal que corresponda, atendiendo las disposiciones sobre la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

Según informe de la Secretaría de la S ala del 28 de febrero de 2025 , las autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de

Medellín

No presentó consideraciones. Se tienen en cuenta los argumentos planteados en Auto del 29 de enero de 2025, mediante el cual declaró su falta de competencia para conocer del asunto disciplinario, al señalar que, para la época de la consumación de la conducta, «la potestad disciplinaria frente a empleados de la Rama Judicial NO recae en sus nominadores o superiores jerárquicos inmediatos, conforme al artículo 115 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia».

Adicionalmente precisó que,

[l]os hechos objeto de investigación se consumaron con posterioridad al 13 de enero de 2021, toda vez que si bien es cierto la sentencia emitida por este despacho data del 27

Adicionalmente precisó que,

[l]os hechos objeto de investigación se consumaron con posterioridad al 13 de enero de 2021, toda vez que si bien es cierto la sentencia emitida por este despacho data del 27 de junio de 2019, también lo es que el expediente se envió al Tribunal Superior de Medellín a surtir el recurso de apelación y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia, para agotar el recurso extraordinario de casación, y solo regresó a este despacho el 30 de enero de 2024, es en esta fecha que inició la conducta omisiva del enton ces Secretario en dar cumplimiento a lo ordenado por el alto tribunal,

6 Artículo 111, Ley 1952 de 2019. 7 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00063-00 Página 4 de 21

omisión que permaneció en el tiempo hasta el 12 de junio de 2024 cuando Luis Fernando Arango Restrepo renunció al cargo de Secretario. […]

Según su criterio, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia es entonces la autoridad competente para investigar disciplinariamente al señor Luis Fernando Arango Restrepo, secretario del Juzgado Veintidós Penal del Circuito de Medell ín, para la época de los hechos.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia

Esta autoridad no presentó alegatos. Sin embargo, en el Auto del 17 de enero de 2025, por medio del cual rechaza su competencia, señala que «atendiendo a que los hechos objeto del presente pronunciamiento, (sic) son anteriores al 13 de enero de 2021, fecha

por medio del cual rechaza su competencia, señala que «atendiendo a que los hechos objeto del presente pronunciamiento, (sic) son anteriores al 13 de enero de 2021, fecha en que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional se transformó por disposición constitucional en Comisión Seccional de Disciplina Judicial, y toda vez que la orden que debía cumplirse surgió con ocasión a la providencia proferida el 12 de febrero de 2020», es el Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, quien debe conocer el asunto.

Todo lo descrito , para concluir su falta de competencia para conocer la actuación disciplinaria en contra del señor Luis Fernando Arango Restrepo , en su condición de secretario del Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, el Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativaRadicación: 11001-03-06-000-2025-00063-00 Página 5 de 21

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativaRadicación: 11001-03-06-000-2025-00063-00 Página 5 de 21

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021. La Sala en decisión de fecha 25 de septiembre de 2024, con radicación núm. 11001-0306-000-2024-00367-00 (entre otras reiteraciones8) analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva.

3. Aclaración previa

actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para iniciar la actuación disciplinaria que corresponda, en contra del señor Luis Fernando Arango Restrepo, en su condición de secretario del Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, por la presunta falta en la que pudo incurrir por no dar cumplimiento a una

8Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 24 de abril de 2024, radicación 202400098; del 30 de abril de 2024, radicación 2024-00873-00; del 15 de octubre de 2024, radicación 202400518; del 18 de septiembre de 2024, radicación 2024 -470; del 18 de septiembre de 2024, radicación 2024-470; del 10 de julio de 2024, radicación 2024-168.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00063-00 Página 6 de 21

sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 12 de febrero de 2020.

El Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín señaló que, en su c riterio, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia es la competente para continuar con la investigación disciplinaria por tratarse de una conducta omisiva que se prolongó en el tiempo desde el 30 de enero de 2024, fecha en que regresó el expediente al despacho, hasta el 12 de junio de 2024 del mismo año, cuando el señor Arango Restrepo renunció al cargo.

En contraste, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia considera que los hechos objeto de investigación tuvieron ocurrencia antes del 13 de enero de 2021, toda vez que la orden que debía cumplirse surgió con ocasión a la providencia proferida el 12 de febrero de 2020 , razón por la cual no es esa entidad la competente para conocer la actuación disciplinaria.

Para resolver este problema jurídico la Sala hará referencia a los siguientes temas:

1. La acción disciplinaria y las finalidades que persigue en un Estado Social de Derecho.

En este capítulo se referirá: a) la potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; b) factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o

1. La acción disciplinaria y las finalidades que persigue en un Estado Social de Derecho.

En este capítulo se referirá: a) la potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; b) factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal. Reiteración; c) los servidores de la Rama Judicial: Distinción entre funcionario y empleado judicial.

Seguidamente, se aludirá a ii) la autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración ; iii) Faltas disciplinarias que se prolongan en el tiempo. Aplicación de la ley procesal en el tiempo. Reiteración y vi) caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La acción disciplinaria y las finalidades que persigue en un Estado Social de Derecho. Reiteración9

Según lo visto supra10, el ejercicio de la potestad disciplinaria está regulado, para el caso que ocupa la atención de la Sala, en el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, norma que prevé en su artículo 2. ° modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021, que el Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

Así, la norma establece, en su artículo 5°, que la sanción disciplinaria tendrá una finalidad preventiva y correctiva, pues con ella se busca la garantía de la efectividad de los

9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado núm. 11001 -03-06-000-2024-000704-00 del 5 de marzo de 2025.

9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado núm. 11001 -03-06-000-2024-000704-00 del 5 de marzo de 2025. 10 Ver capítulo 4.1.1.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00063-00 Página 7 de 21

principios y fines consagrados en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Esto, por supuesto, sin dejar de lado las finalidades como la prevalencia de la justicia, el debido proceso de los intervinientes, la búsqueda de la verdad material y la efectividad del derecho sustantivo (artículo 11 de la Ley 1952 de 2019).

El artículo 25 de la norma señala que «[s]on destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos 11 aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en esta ley».

Por su parte, el artículo 26 12 prevé que constituye falta disciplinaria la incursión en cualquier conducta13 que conlleve al incumplimiento de deberes o la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones y la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés. A la vez, según el artículo 2714, esta puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de derechos propios del cargo o función, o con ocasión de ellos.

Bajo esas premisas, el derecho disciplinario es entendido como el instrumento mediante el cual el Estado busca, de un lado, el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, y del otro, la garantía efectiva de los derechos y deberes consagrados en la Constitución.

a) La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración15

ejercicio de la función pública, y del otro, la garantía efectiva de los derechos y deberes consagrados en la Constitución.

a) La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración15

De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios d e igualdad,

11 En la Sentencia C -721 de 2015, sostuvo que «[…] el régimen disciplinario cobija a la totalidad de los servidores públicos a quienes corresponde estar al servicio del Estado y de la comunidad (C.P. art.123), dado que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad (C.P. art. 209)» [Énfasis añadido]. 12 «Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercic io de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley ». 13 En la Sentencia C -244 de 1996, la Corte Constitucional sostuvo que la acción disciplinaria «[…] se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión

produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o la extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violac ión de régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo […]». 14 «La falta disciplinaria puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones ». 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00120-00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado núm. 11001-03-06-000-2024-000704-00 del 5 de marzo de 2025.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00063-00 Página 8 de 21

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa16.

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico destinado para proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública 17, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades18.

La Ley 1952 de 2019 , modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria19. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha

La Ley 1952 de 2019 , modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria19. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de sus seccionales20.

b) Factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal. Reiteración21.

En materia disciplinaria, la competencia, esto es, la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto, se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los siguientes factores o criterios: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial),

16 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancio nándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado,

función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancio nándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-0002006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública». 17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046). 19 Ley 1952 de 2019, artículo 2°. 20 Ley 1952 de 2019, artículo 2, modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021: «El Estado es el titular de la potestad disciplinaria» . // [...]. // «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ra mas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias».

disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ra mas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias». 21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado núm. 11001-03-06-000-2024-000704-00 del 5 de marzo de 2025.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00063-00 Página 9 de 21

la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (factor funcional) y el factor de conexidad.

En relación con el primero, el inciso 6 .° del artículo 2 .° de la citada Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, prevé que «[a] la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así com o contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justi cia de manera temporal o permanente».

Por su parte, el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, dispone lo siguiente:

Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable . Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder prefer ente de la Procuraduría General de la Nación.

territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder prefer ente de la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores.

El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia para los primeros.

Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con todas las garantías del proceso disciplinario, para lo cual deberán contar con la infraestructura necesaria para su observancia.

En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable.

Como se aprecia, los criterios22 que tiene en cuenta el Código General Disciplinario para atribuir competencia, por el factor subjetivo, son: i) la calidad de servidor público o de

22 Ley 1952 de 2019, artículo 91. Factores que determinan la competencia. La competencia se determinará

atribuir competencia, por el factor subjetivo, son: i) la calidad de servidor público o de

22 Ley 1952 de 2019, artículo 91. Factores que determinan la competencia. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad. En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00063-00 Página 10 de 21

particular en ejercicio de funciones públicas que tenga el presunto infractor; ii) el cargo que ocupa u ocupó el servidor público o el particular investido de funciones públicas y iii) la rama, el órgano, la entidad o el organismo para la cual trabaja o trabajó el servidor o el particular23.

c) Los servidores de la Rama Judicial. Distinción entre funcionario y empleado judicial. Reiteración24

Conforme lo establecido en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 «[t]ienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrati vas de la Rama Judicial».

Sobre este punto, la Corte Constitucional25 ha dicho que existe una clara diferencia entre funcionarios y empleados judiciales, pues los primeros tienen la tarea principal de administrar justicia (jueces, magistrados y fiscales), mientras que los segundos trabajan para la Rama Judicial, en apoyo al cumplimiento de su misión, pero no administran directamente justicia.

administrar justicia (jueces, magistrados y fiscales), mientras que los segundos trabajan para la Rama Judicial, en apoyo al cumplimiento de su misión, pero no administran directamente justicia.

Decantada la diferencia