CE - Auto interlocutorio 11001030600020250007200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00072-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá Asunto: autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de funcionarios sin determinar de una comisaría de familia.

Reiteración

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 25 de septiembre de 2024, el señor Josué Luis Merchán Cárdenas presentó «derecho de petición» ante la Comisaría Octava de Familia de Kennedy, mediante el cual puso de presente su inconformidad con una llamada telefónica que recibió el 19 del mismo mes y año por parte de un abogado de familia de dicha comisaría. Sostuvo que en la conversación se le «recriminó por no haber asistido a una diligencia programada para esa fecha». Así mismo, afirmó que había sido acusado «sin pruebas», durante el trámite de una medida de protección por violencia intrafamiliar3.

en la conversación se le «recriminó por no haber asistido a una diligencia programada para esa fecha». Así mismo, afirmó que había sido acusado «sin pruebas», durante el trámite de una medida de protección por violencia intrafamiliar3.

El quejoso cuestionó que las actuaciones adelantadas en las comisarías no debían tramitarse sin pruebas, las cuales se fundamentaron en «artimañas o calumnias infundadas», en claro desconocimiento del debido proceso de los involucrados.

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Samai. Carpeta principal. 08Anexosinforme0545-2024. Folio31CD. MJDOFI240043344. Anexo 1.1 y Anexo 2.1.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00072-00 Página 2 de 23

La queja fue radicada el 28 de septiembre de 2024, a través de la ventanilla única virtual4.

2. El 3 de octubre de 2024, el coordinador del Grupo de Comisarías de Familia de Bogotá informó al señor Josué Luis Merchán Cárdenas que la queja sería remitida a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, con el fin que se determinara si existía mérito para iniciar una investigación disciplinaria5.

de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, con el fin que se determinara si existía mérito para iniciar una investigación disciplinaria5.

3. El 7 de octubre de 2024, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá comunicó al señor Merchán Cárdenas que la queja presentada había sido repartida entre los funcionarios de dicha dependencia con el número de expediente 0545-2024. De igual forma, informó que se había dado traslado a la Comisaría de Familia Octava de Kennedy y a la Personería de Bogotá, para que hiciera el acompañamiento respectivo6.

4. El 25 de noviembre de 2024, mediante el Auto núm. 1373, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá remitió por competencia la queja presentada por el señor Josué Luis Merchán

Cárdenas a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá7.

5. El 16 de diciembre de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá hizo constar que, una vez efectuada la consulta en el Sistema de Gestión Siglo XXI, no encontró otro proceso adelantado por los mismos hechos que dieron lugar a la queja presentada por el señor Josué Luis Merchán Cárdenas contra la comisaria Octava de

Familia de Kennedy8.

6. El 29 de enero de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer de la queja presentada por el señor Merchán

Familia de Kennedy8.

6. El 29 de enero de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer de la queja presentada por el señor Merchán Cárdenas, por cuanto los hechos que dieron lugar a la misma ocurrieron el 25 de septiembre de 2024.

De igual forma, ordenó remitir las diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil, a efectos de que dirimiera el conflicto entre esa autoridad y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de de la Alcaldía de Bogotá9.

4 Radicados MJD-EXT24-0058164 y MJD -EXT24-0058165. Samai. Carpeta principal. 08Anexosinforme0545-2024. Folio31CD. MJDOFI240043344. Anexo 2. 5 Samai. Carpeta principal. 08Anexosinforme0545-2024. Folio31CD. MJDOFI240043344 y Folio 01 A 50. 6 Samai. Carpeta principal. 08Anexosinforme0545-2024. Folio31CD. Folio 01 A 50. 7 Samai. Carpeta principal. 08Anexosinforme0545-2024. Folio31CD. MJDOFI240043344 y Folio 01 A 50. 8 Samai. Carpeta principal. 08Anexosinforme0545-2024. Constancia2024-07226. 9 El expediente ingresó al despacho para resolver el 7 de marzo de 2025.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00072-00 Página 3 de 23

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 066 del 21 de febrero de 2025 por el término de 5 días, entre el 28 de febrero al 6 de marzo de 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto10.

Consta que la Secretaría comunicó el presente asunto a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, a la Alcaldía Mayor de Bogotá y al señor Josué Luis Elías Merchán Cárdenas.

Cabe anotar que la comunicación a este último se realizó porque la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá le comunicó el auto mediante el cual se ordenó remitir a la Sala el conflicto de competencias administrativas11.

Frente a la disciplinada, no le fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952 de 201912; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquellos.

El despacho sustanciador, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró auto de apertura de investigación ni orden de vinculación13 en el proceso, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la

El despacho sustanciador, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró auto de apertura de investigación ni orden de vinculación13 en el proceso, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación 14, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva.

En consecuencia, con el propósito de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»15, el despacho sustanciador determinó que la comunicación del presente asunto se realizará a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe

10 SAMAI, expediente digital, índice 3. 11 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 3 EXPEDIENTEDIGI09Informedecomunicac_7_20250221092925577.pdf. 12 Artículo 115: Reserva de la Actuación Disciplinaria. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición. 13 Artículo 111, Ley 1952 de 2019. 14 Artículo 115, Ley 1952 de 20191. 15 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00072-00 Página 4 de 23

adelantarse contra los disciplinados que se lleguen a determinar, en la etapa procesal disciplinaria que corresponda, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

Por otro lado, de acuerdo con el informe secretarial que obra en el expediente16, durante la fijación del edicto la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá presentó sus consideraciones. Las demás autoridades y particulares involucrados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de

la Alcaldía de Bogotá17

Mediante escrito del 28 de febrero de 2025, esta autoridad presentó sus consideraciones. Señaló que el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, en su redacción original, asignó a la Comisión Nacional y a sus comisiones seccionales la titularidad de la acción disciplinaria, en los casos de las autoridades que ejercen de forma temporal funciones jurisdiccionales.

Agregó que la Ley Estatutaria 2430 de 2024, por medio de la cual se modificó la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y que entró en vigencia el 9 de octubre de 2024, reiteró la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus seccionales para adelantar los procesos disciplinarios en contra de las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.º, 92 y 239 de la Ley 1952 de 2019, disposiciones modificadas, respectivamente, por los

ejercen funciones jurisdiccionales, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.º, 92 y 239 de la Ley 1952 de 2019, disposiciones modificadas, respectivamente, por los artículos 1.º, 13 y 61 de la Ley 2094 de 2021.

Solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil que «asigne la competencia de la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales cuando se trata de investigar y juzgar a un Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».

También hizo un recuento de diferentes pronunciamientos en los que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha reconocido su competencia para investigar y juzgar autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales de forma excepcional, transitoria u ocasional.

A lo anterior se agregan los argumentos expuestos en el Auto núm. 1373 del 25 de noviembre de 2024, mediante el cual la Oficina de Control Disciplinario Interno de la

16 013ALDESPACHOPOR_InformeSecretarialRa.pdf. 17 SAMAI, expediente digital, índice 4, archivo 10_110010306000202500072002MemorialWeb20253317533.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00072-00 Página 5 de 23

Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá remitió por competencia la queja presentada por el señor Josué Luis Merchán Cárdenas a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Ello, en aplicación de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que atribuía a esta autoridad la facultad para adelantar los procesos disciplinarios en

de Disciplina Judicial de Bogotá. Ello, en aplicación de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que atribuía a esta autoridad la facultad para adelantar los procesos disciplinarios en contra de las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, como es el caso de las comisarías de familia. Por tanto, propuso el conflicto negativo de competencias18.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá19

Aunque esta autoridad no presentó alegatos dentro del término concedido por la Sala, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el Auto del 29 de enero de 2025, mediante el cual declaró su falta de competencia.

Señaló que el artículo 59 de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que modificó el artículo 114 de la Ley 270 de 1996, asignó a las comisiones seccionales de disciplina judicial la competencia para conocer los procesos disciplinarios en contra de jueces, fiscales, empleados de la Rama Judicial, jueces de paz, abogados y quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional. Por tanto, la comisión consideró que la competencia para examinar la conducta de los «Comisarios de Familia Octava (sic) de Kennedy – sin determinar-», por hechos ocurridos antes del 9 de octubre de 2024, correspondía a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Agregó que la competencia de esa comisión para investigar a autoridades que ejercen de manera excepcional, transitoria u ocasional funciones jurisdiccionales es solo por hechos ocurridos a partir del 9 de octubre de 2024, fecha de entrada en vigencia de la

Agregó que la competencia de esa comisión para investigar a autoridades que ejercen de manera excepcional, transitoria u ocasional funciones jurisdiccionales es solo por hechos ocurridos a partir del 9 de octubre de 2024, fecha de entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024. Sin embargo, en el presente caso, por tratarse de hechos puestos de presente en una queja que data del 25 de septiembre de 2024, no tenía competencia para iniciar la investigación disciplinaria, razón por la cual correspondía a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia

18 Samai. Carpeta principal. 08Anexosinforme0545-2024. Folio31CD. MJDOFI240043344 y Folio 01 A 50. 19 003ED_0307AutoOrdenaRemiti.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00072-00 Página 6 de 23

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias, suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria.

Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, no tienen un superior común.

proceso, a saber, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, no tienen un superior común.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia y, en caso de que sí, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que : i) el presente conflicto de competencias se configura, efectivamente, entre una autoridad del orden nacional, como es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, autoridad territorialmente desconcentrada pero perteneciente a la Rama Judicial, y una autoridad del orden territorial, como es la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá ; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, ya que consiste en determinar quién debe investigar

autoridad del orden territorial, como es la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá ; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, ya que consiste en determinar quién debe investigar disciplinariamente a la Comisaría Octava de Familia de Kennedy -funcionarios por determinar-; y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación disciplinaria.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo20, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

20 Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otras.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00072-00 Página 7 de 23

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las

2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos21.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»22. En consecuencia, no corren los términos a que están sujetas las autoridades correspondientes, para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

21 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. «Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 202116, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo

Auto 1044 de 202116, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas ». [subrayas y resaltado de la Sala]. 22 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que lo subrogó.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00072-00 Página 8 de 23

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponderá a la autoridad que sea declarada competente, si es del caso, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto del que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para conocer y adelantar la actuación disciplinaria contra la Comisaría Octava de Familia de Kennedy -funcionarios sin determinarpor irregularidades en las que presuntamente se incurrió en el trámite de una medida de protección por violencia intrafamiliar.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá negó competencia para conocer del asunto, toda vez que, en su criterio, la facultad de la comisión para conocer procesos

una medida de protección por violencia intrafamiliar.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá negó competencia para conocer del asunto, toda vez que, en su criterio, la facultad de la comisión para conocer procesos disciplinarios en contra de autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasional o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada por la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, y no es posible retrotraer los efectos de dicha ley a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

Por su parte, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá señaló que la competencia para adelantar procesos disciplinarios contra autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasional o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada originalmente por la Ley 1952 de 2019 y con la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, por medio de la cual se modificó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, se reiteró dicha facultad. Por lo anterior, solicitó a la Sala que «asigne la competencia de la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales cuando se trata de investigar y juzgar a un Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00072-00 Página 9 de 23

Así, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas23:

1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración;

Así, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas23:

1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración; ii) La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de autoridades que transitoria u ocasionalmente administran justicia. Reiteración; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria. Reiteración; v) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y vi) el caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración24

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas encuentra fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política, en el cual se establece lo siguiente:

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Las comisarías de familia en Colombia fueron creadas por el entonces Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) en su artículo 295, con la función de brindar protección a los menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto familiar. A partir de la expedición de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), las

menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto familiar. A partir de la expedición de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), las funciones de las comisarías fueron establecidas en el artículo 83 de dicha norma, e incorporadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar que tiene como propósito la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos de todos los miembros del grupo familiar.

23 Cabe anotar que la Sala recientemente se pronunció sobre la competencia para adelantar actuaciones disciplinarias elevadas contra comisarios de familia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, mediante la decisión del 18 de marzo de 2025, Radicado CCA 2025-00046, M.P. Juan Manuel Laverde Álvarez, cuyo marco teórico se acoge en el presente asunto. 24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 24 de febrero de 2023, rad. núm. 11001-03-06-000-2024-00282-00.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00072-00 Página 10 de 23

Más adelante, la Ley 2126 de 202125 derogó el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006, y en su artículo 3° definió la naturaleza jurídica de las comisarías de familia, manteniendo las funciones jurisdiccionales de estas, funciones que se activan tratándose de asuntos de violencia intrafamiliar, en el marco de lo previsto en el artículo 17 de la misma norma, así:

Artículo 3. Naturaleza jurídica. Las Comisarías de Familia son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital,

así:

Artículo 3. Naturaleza jurídica. Las Comisarías de Familia son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital, con funciones administrativas y jurisdiccionales, conforme a los términos establecidos en la presente ley. [negrilla de la Sala]

En su artículo 12, esta ley establece las funciones de las comisarías, entre las cuales se encuentra la de garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar.

El artículo 1726 de la norma en cita establece las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, las cuales se derivan del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las comisarías de familia:

Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. [subraya la Sala].

En relación con la naturaleza de las comisarías de familia que en su momento previó la Ley 1098 de 2006, y que se mantiene en la Ley 2126 de 2021, la Corte Constitucional27 reconoció que, si bien son autoridades de carácter administrativo, en los casos de violencia intrafamiliar actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales:

2.5.1. Así las cosas, es preciso señalar que las Comisarías de Familia, son autoridades

violencia intrafamiliar actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales:

2.5.1. Así las cosas, es preciso señalar que las Comis