CE - Auto interlocutorio 11001030600020250007500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00075-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: ESE Hos pital San J osé de Neira (Caldas), departamento de Caldas y Ministerio de Hacienda y Crédito

Público.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública .

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Según certificación laboral d e 1° de octubre de 2013, expedida por la ESE Hospital San José de Neira (Caldas) 3, la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal laboró en dicho hospital, en los períodos comprendidos entre el 1° de junio de 1984 y el 30 de septiembre de 1984, y entre el 16 de marzo de 1987 y el 31 de octubre de 1989.

2. A través de derecho de petición del 20 de agosto de 2019 4, Colfondos le solicitó

y el 30 de septiembre de 1984, y entre el 16 de marzo de 1987 y el 31 de octubre de 1989.

2. A través de derecho de petición del 20 de agosto de 2019 4, Colfondos le solicitó al departamento de Caldas gestionar el reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal, por el tiempo laborado en el Hospital San José de Neira (Caldas), adjuntando el documento C 24318637, con el que Colfondos solicitó en el Sistema de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la liquidación del bono pensional tipo A modalidad 2

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Expediente digital, archivo «014_MemorialWeb_Alegatos-Alegatosyconsidera.pdf», folio 281. 4 Expediente digital, archivo «014_MemorialWeb_Alegatos-Alegatosyconsidera.pdf», folio 245.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00075 00 Página 2 de 38

versión 1 a favor de la señora Vargas Aristizábal y a cargo del departamento de Caldas como emisor.

3. El 4 de septiembre de 20195, el departamento de Caldas objetó la liquidación del bono pensional, pues, en su criterio, al establecerse que la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal no era reconocida como beneficiaria del extinto Fondo del Pasivo

3. El 4 de septiembre de 20195, el departamento de Caldas objetó la liquidación del bono pensional, pues, en su criterio, al establecerse que la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal no era reconocida como beneficiaria del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud , el departamento no era responsable de dicha obligación pensional, y que, en consecuencia, dicha obligación debía ser asumida por el Hospital San José de Neira.

4. El 10 de agosto de 20226, el señor Carlos Augusto Arias, apoderado de la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal, solicitó a Colfondos «informar el estado y la razón de la demora en otorgar la pensión de vez de mi poderdante».

5. El 29 de septiembre de 2022 7, la señora Vargas Aristizábal instauró ac ción de tutela contra Colfondos por violación al derecho de petición, en conexión con el mínimo vital, vida digna, igualdad y seguridad social.

6. El 7 de octubre de 20228, el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con funciones de Control de Garantías de Manizales, en garantía del derecho de

petición ordenó:

7. El 28 de septiembre de 2023 9, el departamento de Caldas en respuesta a l

5 Expediente digital, archivo «003_DemandaWeb__PruebasMarthaVargas.pdf», folio 4. 6 Expediente digital, archivo «014_MemorialWeb_Alegatos-Alegatosyconsidera.pdf», folio 284. 7 Expediente digital, archivo «014_MemorialWeb_Alegatos-Alegatosyconsidera.pdf», folio 264. 8 Expediente digital, archivo «014_MemorialWeb_Alegatos -Alegatosyconsidera.pdf», folio s 298 a 320.

7 Expediente digital, archivo «014_MemorialWeb_Alegatos-Alegatosyconsidera.pdf», folio 264. 8 Expediente digital, archivo «014_MemorialWeb_Alegatos -Alegatosyconsidera.pdf», folio s 298 a 320. 9 Expediente digital, archivo «014_MemorialWeb_Alegatos-Alegatosyconsidera.pdf», folio s 323 a 324.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00075 00 Página 3 de 38

derecho de petición informó que la señora Vargas Aristizábal «no es beneficiaria de los recursos del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud » y que a esa entidad «no le asiste ningún tipo de responsabilidad en la nominación y posterior obligación endilgada.

8. El 10 de enero de 202510, Colfondos le solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicar si era competente para estudiar la definición del reconocimiento del bono pensional a favor de la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal, teniendo en cuenta que ni la ESE Hospital San José de Neira (Caldas), ni el departamento de Caldas asumieron dicha responsabilidad.

9. El 5 de febrero de 2025 11, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que la citada señora no se encontraba certificada como beneficiaria de los recursos del contrato de concurrencia, por lo que esos tiempos debían ser asumidos por el

Hospital San José de Neira.

10. A través de escrito radicado el 10 de febrero de 202512, Colfondos planteó ante la Sala de Consulta y Servicio Civil un conflicto negativo de competencias entre las autoridades de la referencia, con el fin de que se defina cuál debe resolver la

10. A través de escrito radicado el 10 de febrero de 202512, Colfondos planteó ante la Sala de Consulta y Servicio Civil un conflicto negativo de competencias entre las autoridades de la referencia, con el fin de que se defina cuál debe resolver la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional por el tiempo que la señora Vargas Aristizábal trabajó en el Hospital San José de Neira (Caldas). El expediente fue enviado el 10 de febrero de 2025, radicado y repartido el 23 de febrero de 2025.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 069 del 24 de febrero de 2025 en la secretaría de la Sala por el término de cinco (5) días hábiles , entre e l 28 de febrero y el 6 de marzo de 2025, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto13.

Consta que la secretaría de la Sala comunicó la presentación del presente conflicto de competencia s administrativas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público , al departamento de Caldas , al Hospital San José de Neira (Caldas), a la AFP Colfondos, a su apoderado el abogado Juan Fernando Granados Toro y a la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal.

10 Expediente digital, archivo «003_DemandaWeb__PruebasMarthaVargas.pdf», folio 3. 11 Expediente digital, archivo «003_DemandaWeb__PruebasMarthaVargas.pdf», folio 3.

Martha Lucero Vargas Aristizábal.

10 Expediente digital, archivo «003_DemandaWeb__PruebasMarthaVargas.pdf», folio 3. 11 Expediente digital, archivo «003_DemandaWeb__PruebasMarthaVargas.pdf», folio 3. 12 Expediente digital, archivo «001_DemandaWeb__conflictodecompetenc.pdf». 13 SAMAI, expediente digital, archivo 13.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00075 00 Página 4 de 38

En informe secretarial del 7 de marzo de 202514, se indicó que, dentro del término de fijación del edicto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Caldas presentaron sus consideraciones ; mientras que las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

En informe secretarial del 10 de marzo de 2025 15, se indicó que, la ESE Hospital San José del municipio de Neira – Caldas, presentó sus consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. ESE Hospital San José de Neira (Caldas)

Mediante oficio sin fecha16, esta entidad indicó que el hospital no es el llamado a responder por el reconocimiento y pago de los bonos o cuotas partes pensionales del personal que haya trabajado en el Hospital antes del 31 de diciembre de 1993 , e incluso aún de manera posterior hasta la ordenanza 596 del 23 de julio de 2008 , ya que para entonces, el Hospital San José de Neira no tenía vida jurídica y el personal que laboraba en este, dependía del departamento de Caldas por medio de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que era su real y único empleador y que

ya que para entonces, el Hospital San José de Neira no tenía vida jurídica y el personal que laboraba en este, dependía del departamento de Caldas por medio de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que era su real y único empleador y que además realizaba el descuento de sus aportes y los trasladaba al fondo y/o caja de previsión social del departamento o Caja Nacional de Previsión-Seccional Caldas.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

A través de oficio sin fecha 17, el Ministerio sostuvo que en atención a que la institución hospitalaria en la que laboró la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal, no la reportó como beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud , no quedó inscrita en la certificación de beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por el entonces Ministerio de Salud , y, al no ser beneficiaria de dicho Fondo, su pasivo prestacional no puede ser financiado a través de los convenios de concurrencia, por lo que su derecho pensional estará a cargo de la institución de salud empleadora, no de la Nación, ni del departamento, ni del municipio, ni de la Dirección Territorial de Salud.

Señaló que los pasivos prestacionales de las personas que no fueron certificadas como beneficiarias, se mantienen vigentes y gozan de pleno derecho frente a su empleador, y que, en esa medida, los pasivos prestacionales que, por omisión, por

14 SAMAI, expediente digital, archivo 16. 15 SAMAI, expediente digital, archivo 18. 16 SAMAI, expediente digital, Documento: 016_MemorialWeb_Respuesta-1RESPUESTACONFLIC 17 SAMAI, expediente digital, Documento: 01 3_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda15 SAMAI, expediente digital, archivo 18. 16 SAMAI, expediente digital, Documento: 016_MemorialWeb_Respuesta-1RESPUESTACONFLIC 17 SAMAI, expediente digital, Documento: 01 3_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaPronunciamientoacoRadicación: 11001 03 06 000 2025 00075 00 Página 5 de 38

error o por cualquier otra razón se hayan dejado de reportar, deben ser asumidos por el empleador.

Además, señaló que, aunque la Ley 60 de 1993 dispuso que la Nación y los entes territoriales deben concurrir en la financiación del pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993, esto solo opera con respecto a las personas certificadas como beneficiarias con cargo a los recursos de los convenios o contratos de concurrencia, para todos los demás casos, dicho pasivo debe ser asumido directamente por su empleador.

3. Departamento de Caldas

Mediante oficio radicado el 4 marzo de 202518, señaló que la obligación pensional derivada del tiempo en que laboró la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal en la ahora ESE Hospital San José de Neira , recae sobre dicha institución y no sobre el departamento de Caldas, toda vez que la responsabilidad de las entidades territoriales en el pasivo prestacional del sector salud se limita exclusivamente a aquellos funcionarios que fueron reconocidos como beneficiarios y cuyos pagos se realizan con cargo al contrato de concurrencia n.° 083 de 2001 , suscrito entre el Ministerio de Salud - Fondo Nacional del Pasivo Prestacional del Sector Salud , el departamento de Caldas, el municipio de Manizales y el Hospital Rafael Henao Toro.

Ministerio de Salud - Fondo Nacional del Pasivo Prestacional del Sector Salud , el departamento de Caldas, el municipio de Manizales y el Hospital Rafael Henao Toro.

Señaló que, en la medida en que el departamento de Caldas no ha suscrito nuevos contratos de concurrencia, la obligación sobre los pasivos pensionales frente a las personas no certificadas sigue siendo de las entidades hospitalarias , que aunque no están obligadas al pago de forma concurrente, sí deben cumplir con obligaciones procedimentales, presupuestales y de pago en su calidad de empleadores hasta que se efectúe el corte de cuentas para la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal en su calidad de retirad a para el año 1993 , que permita incluirla en un nuevo contrato de concurrencia o agregarla en el existente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993.

Concluyó señalando que el departamento de Caldas no es la entidad responsable de la emisión y pago del bono pensional al que tiene derecho la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal, y acorde con lo anterior son los hospitales los que deben seguir presupuestando y pagando las pensiones de quienes les prestaron sus servicios, hasta que se realice el corte de cuentas.

18 SAMAI, expediente digital, Documento: 014_MemorialWeb_AlegatosyconsideraRadicación: 11001 03 06 000 2025 00075 00 Página 6 de 38

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia general del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en los conflictos de competencia administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia general del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en los conflictos de competencia administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» están co ntenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada . La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autori dades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…].

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, señala que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden

el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, señala que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. [...]

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que se trate de un asunto o actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El presente asunto recae sobre una actuación administrativa, particular y concreta, toda vez que se refiere a la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional en favor de la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal , con ocasión al tiempoRadicación: 11001 03 06 000 2025 00075 00 Página 7 de 38

laborado en el Hospital San José de Neira (Caldas), hoy empresa social del Estado, en los períodos comprendidos entre el 1° de junio de 1984 y el 30 de septiembre de 1984, y entre el 16 de marzo de 1987 y el 31 de octubre de 1989.

1. Que simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

La ESE Hospital San José de Neira (Caldas), el d epartamento de Caldas y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , niegan tener competencia para resolver la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional solicitado por la señora Vargas Aristizábal.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público , niegan tener competencia para resolver la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional solicitado por la señora Vargas Aristizábal.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

El presente conflicto de competencias se ha configurado, efectivamente, entre una autoridad del orden nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y dos entidades del nivel territorial, el departamento de Caldas y la ESE Hospital San José de Neira (Caldas).

Conforme con lo anterior, se impone concluir que la Sala es competente para conocer del presente conflicto negativo de competencias administrativas.

2. Suspensión de términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»19.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), modificado en su inciso 3.° por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el

19 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1° de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00075 00 Página 8 de 38

ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, por lo tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios

o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Se precisa que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional correspondiente al tiempo que la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal laboró en el Hospital San José de Neira (Caldas), hoy empresa social del Estado, esto es, en los períodos comprendidos entre el 1° de junio de 1984 y el 30 de septiembre de 1984, y entre el 16 de marzo de 1987 y el 31 de octubre de 1989.

En suma, e l conflicto surge porque la ESE Hospital San José de Neira (Caldas) precisó que no es competencia de dicha entidad efectuar el reconocimiento y pago del bono pensional del personal que haya trabajado en el Hospital antes del 31 de diciembre de 1993, e incluso aún de manera posterior hasta la ordenanza 596 del

precisó que no es competencia de dicha entidad efectuar el reconocimiento y pago del bono pensional del personal que haya trabajado en el Hospital antes del 31 de diciembre de 1993, e incluso aún de manera posterior hasta la ordenanza 596 del 23 de julio de 2008, ya que para entonces, la ESE Hospital San José de Neira no tenía vida jurídica y el personal que laboraba en ella dependía del departamento deRadicación: 11001 03 06 000 2025 00075 00 Página 9 de 38

Caldas por medio de la Dirección Territorial de Salud de Caldas , que era su real y único empleador y además era el que descontaba sus aportes y los llevaba al fondo y/o caja de previsión social del departamento o Caja Nacional de Previsión Seccional Caldas.

Por su parte, el departamento de Caldas objetó el bono pensional solicitado por Colfondos, al considerar que la señora Vargas Aristizábal no se encontraba registrada como beneficiaria del Fondo del Pasivo Prestacional de Salud y estimó que la competencia e s de la ESE Hospital Departamental San J osé d e Neira (Caldas) debido a que esta institución hospitalaria, en calidad de empleador, es la llamada a certificar el bono pensional solicitado, toda vez que la responsabilidad de las entidades territoriales en el pasivo prestacional del sector salud se limita exclusivamente a aquellos funcionarios que fueron reconocidos como beneficiarios y cuyos pagos se realizan con cargo a los valores asignados por la concurrencia,

Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que en atención a que la institución hospitalaria en la que laboró la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal, no la reportó como beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud,

Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que en atención a que la institución hospitalaria en la que laboró la señora Martha Lucero Vargas Aristizábal, no la reportó como beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud, no quedó inscrita en la certificación de beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por el entonces Ministerio de Salud, y, al no ser beneficiaria de dicho Fondo, su pasivo prestacional no puede ser financiado a través de los convenios de concurrencia, por lo que su derecho pensional est ará a cargo de la institución de salud empleadora, esto es, de la ESE Hospital San José de Neira (Caldas).

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes temas:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración; ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración; iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración; iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración; v) Los bonos pensionales. Reiteración; y vi) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración20

20 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil . Decisiones del 18 de septiembre de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00503-00; del 22 de agosto de 2024 , con radicado 11001-0306-000-2024-00283-00; del 12 de abril de 2023, con radicado 11001-03-06-000-2022-00282-00; del 13 de diciembre de 2022, con radicado 11001-03-06-000-2022-00098-00; del 27 de agosto de 2019,Radicación: 11001 03 06 000 2025 00075 00 Página 10 de 38

Decreto Ley 2470 de 196821

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y local (artículo 2°).

Al definir los niveles del sistema 22, el legislador extraordinario dejó la dirección del sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

La Ley 9ª de 197323

La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:

1. adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;

concreto, dichas facultades se otorgaron para:

1. adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;

1. suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;

con radicado 11001-03-06-000-2019-00041-00 y del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06000-2019-00213-00. 21 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 22 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde e jecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 23 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades

que en el futuro se creen. A este nivel corresponde e jecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 23 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00075 00 Página 11 de 38

1. dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud;

1. determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de los departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y

1. elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los funcionarios que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197524

El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los

como finalidad especifica procurar la salud de la comuni