CE - Auto interlocutorio 11001030600020250008000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00080-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá Asunto: autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de una comisaria de familia. Reiteración

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 20212, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 2 de febrero de 2023, la Comisaría Once de Familia de Suba ordenó mantener una medida de protección en favor de la menor de edad L.E.C.Q.3 y en contra de su progenitora D.M.Q.C., por hechos de violencia intrafamiliar4.

2. El 19 de diciembre de 2023, el Juzgado Treinta de Familia de Bogotá resolvió la impugnación presentada por la señora D.M.Q.C. y confirmó la decisión del 2 de febrero de 2023. De igual forma, la adicionó para imponer una medida de protección en contra

impugnación presentada por la señora D.M.Q.C. y confirmó la decisión del 2 de febrero de 2023. De igual forma, la adicionó para imponer una medida de protección en contra del padre de la niña en mención, señor J.F.C.L., en la que se solicitó abstenerse de efectuar todo acto de violencia física, verbal o sicológica sobre la menor de edad5.

3. El 10 de septiembre de 2024, mediante correo electrónico, la señora D.M.Q.C. presentó queja disciplinaria ante la Subdireción de Familia de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, contra la comisaria primera de familia de Usaquén

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Por tratarse de un caso de violencia contra un menor de edad, la Sala se reserva su nombre y el de sus familiares. 4 Samai. Índice 2. 01Primerainstancia.C01Carpeta principal. 03Anexos. EXP. 0588-2024. Fls. 69-73. 5 Ibidem.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00080-00 Página 2 de 24

1, señora Ketty Mejía Orozco, por irregularidades presentadas en el trámite de una medida de protección por violencia intrafamiliar6.

En el escrito la quejosa solicitó:

[…] ordenar custodia compartida y levantamiento medida de protección No. 1438-2022

medida de protección por violencia intrafamiliar6.

En el escrito la quejosa solicitó:

[…] ordenar custodia compartida y levantamiento medida de protección No. 1438-2022 R.U.G. No. 1580-2022 que se encuentra en mi contra, y a favor de mi hija menor […], se realice evaluación psicológica con todos los protocolos establecidos, lo más importante por un perito imparcial, con cámara Gesell , mediante pruebas proyectivas y demás ritualidades a que haya lugar (…) por parte de la Comisaria, se examine minuciosamente el proceso y se reconozca la situación que vivimos mis hijos y yo; así mismo se verifique y se haga restablecimiento de derechos. Si es posible, se realice concepto psicológico y/o psiquiátrico de las condiciones emociales y psicológicas, pautas de crianza de mi hija [L.E.C.Q.], se analice este caso con perspectiva de género y se visualice la manipulación, alineación parental, violencia intrafamiliar y vicaria, que estamos siendo víctimas.

Aunado a lo anterior, puso de presente su inconformidad por las actuaciones adelantadas por la comisaria dentro del procedimiento de adopción de una medida de protección, en los siguientes términos:

[…] Una medida a todas luces desproporcionada, humillante y degradante, situación de la que no es ajena la comisaria, por las irregularidades presentadas en este proceso y de lo cual cursa investigación disciplinaria No. de expediente 0266/2023, por demora s injustificadas y maniobras en el proceso […].

La queja fue remitida a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

injustificadas y maniobras en el proceso […].

La queja fue remitida a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

4. El 22 de octubre de 2024, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá comunicó a la señora D.M.Q.C. que la queja presentada había sido repartida entre los funcionarios de dicha dependencia con el número de expediente 0588-20247.

5. El 22 de noviembre de 2024, mediante el Auto núm. 1360, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá remitió por competencia la queja presentada por la señora D.M.Q.C. a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en aplicación de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que atribuía a esta autoridad la facultad para adelantar los procesos disciplinarios en contra de las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, como

6 Samai. Índice 2. 01Primerainstancia.C01Carpeta principal. 03Anexos. EXP. 0588-2024. Fls. 5-14. 7 Samai. Índice 2. 01Primerainstancia.C01Carpeta principal. 03Anexos. EXP. 0588-2024. Fls. 175-176.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00080-00 Página 3 de 24

es el caso de las comisarías de familia. Con fundamento en ello, propuso el conflicto negativo de competencias8.

es el caso de las comisarías de familia. Con fundamento en ello, propuso el conflicto negativo de competencias8.

6. El 14 de enero de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá hizo constar que la queja presentada por la señora D.M.Q.C., para investigar a la comisaria primera de familia de Usaquén 1, señora Ketty Mejía Orozco, estuvo originada en la vulneración del debido proceso y derecho a la defensa en el trámite del proceso de la Medida de Protección No. 438-2022 - R.U.G No. 1580-2022.

La comisión dio cuenta, además que, una vez efectuada la consulta en el Sistema de Gestión Siglo XXI, no encontró otro proceso adelantado por los mismos hechos que dieron lugar a la queja presentada por la señora D.M.Q.C.9.

7. El 4 de febrero de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer de la queja presentada por la señora D.M.Q.C., por cuanto los hechos que la motivaron tuvieron origen en la queja presentada el 10 de septiembre de 2024.

Por último, ordenó remitir las diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil, a efectos de dirimir el conflicto entre esa autoridad y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá10.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 074 del 25 de febrero de

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 074 del 25 de febrero de 2025 en la Secretaría de esta Sala por el término de 5 días, entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto11.

Consta que la Secretaría comunicó el presente asunto a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la señora D.M.Q.C., a esta última porque la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá le comunicó el auto mediante el cual ordenó remitir a la Sala las diligencias adelantadas para dirimir el presunto conflicto de competencias12.

8 Samai. Índice 2. 01Primerainstancia.C01Carpeta principal. 03Anexos. EXP. 0588-2024. Fls. 189-208 y archivo 02Informe2024-07342. 9 Samai. Índice 2. Archivo 05Constancia2024-07342. 10 Samai. Índice 2. Archivo 07Autoordenaremitirexpediente2024-07342. 11 SAMAI, expediente digital, índice 3. 12 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 8

10 Samai. Índice 2. Archivo 07Autoordenaremitirexpediente2024-07342. 11 SAMAI, expediente digital, índice 3. 12 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 8 EXPEDIENTEDIGI09Informedecomunicac_7_20250225105420257.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00080-00 Página 4 de 24

En relación con la parte disciplinada, la Secretaría de la Sala no comunicó el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952 de 201913 y, por tanto, dejó a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquellos14.

El despacho sustanciador, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró auto de apertura de investigación ni la orden de vinculación de la comisaria primera de familia de Usaquén 1, señora Ketty Mejía Orozco, que acreditaran su calidad de investigada15 en el proceso, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación16, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva.

En consecuencia, con el propósito de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»17, el despacho sustanciador determinó que la comunicación del presente asunto se realizará a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que deberá adelantarse en contra de la comisaria de familia, en la etapa procesal disciplinaria que corresponda, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que deberá adelantarse en contra de la comisaria de familia, en la etapa procesal disciplinaria que corresponda, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

Por otro lado, de acuerdo con el informe secretarial que obra en el expediente18, durante la fijación del edicto la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá presentó sus consideraciones. Las demás autoridades y particulares involucrados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de

la Alcaldía de Bogotá19

Mediante escrito del 27 de marzo de 2025, esta autoridad presentó sus consideraciones. Señaló que el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, en su redacción original, asignó a la Comisión Nacional y a sus comisiones

13 Artículo 115: RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la

Constitución o la ley tengan dicha condición. 14 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 1, 9EXPEDIENTEDIGI_820250225105420304.pdf. 15 Artículo 111, Ley 1952 de 2019. 16 Artículo 115, Ley 1952 de 20191. 17 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013. 18Samai, índice 5. 19SAMAI, expediente digital, índice 5.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00080-00 Página 5 de 24

seccionales la titularidad de la acción disciplinaria, en los casos de las autoridades que ejercen de forma temporal funciones jurisdiccionales.

Agregó que la Ley Estatutaria 2430 de 2024, por medio de la cual se modificó la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y que entró en vigencia el 9 de octubre de 2024, reiteró la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales para adelantar los procesos disciplinarios en contra de las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.º, 92 y 239 de la Ley 1952 de 2019, disposiciones modificadas, respectivamente, por los artículos 1.º, 13 y 61 de la Ley 2094 de 2021.

Solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil que «asigne la competencia de la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales cuando se trata de investigar y juzgar a un Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».

También hizo un recuento de diferentes pronunciamientos en los que la Comisión

trata de investigar y juzgar a un Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».

También hizo un recuento de diferentes pronunciamientos en los que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha reconocido su competencia para investigar y juzgar autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales de forma excepcional, transitoria u ocasional.

A lo anterior se agregan los argumentos expuestos en el Auto núm. 1360 del 22 de noviembre de 2024, en el cual la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá remitió por competencia la queja presentada por la señora D.M.Q.C. a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en aplicación de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que atribuía a esta autoridad la facultad para adelantar los procesos disciplinarios en contra de las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, como es el caso de las comisarías de familia. Con fundamento en ello, propuso el conflicto negativo de competencias20.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá21

Aunque esta autoridad no presentó alegatos dentro del término concedido por la Sala, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el Auto del 4 de febrero de 2025, mediante el cual declaró su falta de competencia.

Señaló que el artículo 59 de la Ley 2430 de 2024, que modificó el artículo 114 de la Ley 270 de 1996, asignó a las comisiones seccionales de disciplina judicial la competencia para conocer los procesos disciplinarios en contra de jueces, fiscales, empleados de la

270 de 1996, asignó a las comisiones seccionales de disciplina judicial la competencia para conocer los procesos disciplinarios en contra de jueces, fiscales, empleados de la Rama Judicial, jueces de paz, abogados y quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional.

20 Samai. Índice 2. Archivo 02Informe202407342. 21 003ED_0307AutoOrdenaRemiti.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00080-00 Página 6 de 24

Agregó que la competencia de esa comisión para investigar a autoridades que ejercen de manera excepcional, transitoria u ocasional funciones jurisdiccionales es solo por hechos ocurridos a partir del 9 de octubre de 2024, fecha de entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024. Sin embargo, en el presente caso, por tratarse de hechos que datan del 10 de septiembre de 2024, esa autoridad enfatizó en que carece de competencia para iniciar la investigación disciplinaria.

Señaló que la Ley Estatutaria 2430 de 2024 entró a regir el 9 de octubre de 2024, a través de la cual se asigna a las comisiones seccionales de disciplina judicial la facultad de conocer, en primera instancia, los procesos disciplinarios relacionados con jueces, fiscales, empleados de la Rama Judicial, jueces de paz, abogados, y quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional. Por tanto, la comisión consideró que la competencia para examinar la conducta de los comisarios de familia, por hechos ocurridos antes del 9 de octubre de 2024, y no son el ejercicio de una

comisión consideró que la competencia para examinar la conducta de los comisarios de familia, por hechos ocurridos antes del 9 de octubre de 2024, y no son el ejercicio de una función jurisdiccional, corresponde a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias, suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria.

Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, no tienen un superior común.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia y, en caso de que sí, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se

modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de unRadicación: 11001-03-06-000-2025-00080-00 Página 7 de 24

solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) el presente conflicto de competencias se configura, efectivamente, entre una autoridad del orden nacional, como es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, autoridad territorialmente desconcentrada pero perteneciente a la Rama Judicial, y una autoridad del orden territorial, como es la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, ya que consiste en determinar quién debe investigar disciplinariamente a la comisaria Primera de Familia de Usaquén 1, señora Ketty Mejía Orozco; y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación disciplinaria.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo22, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos23.

22 Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otras. 23 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. «Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 202116, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y

una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, unaRadicación: 11001-03-06-000-2025-00080-00 Página 8 de 24

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»24. En consecuencia, no corren los términos a que están sujetas las autoridades correspondientes, para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los

a que están sujetas las autoridades correspondientes, para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponderá a la autoridad que sea declarada competente, si es del caso, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto del que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se

petición o del asunto del que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas ». [subrayas y resaltado de la Sala]. 24 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que lo subrogó.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00080-00 Página 9 de 24

4. Problema jurídico y síntesis del caso

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para conocer y adelantar la actuación disciplinaria contra la comisaria primera de familia de Usaquén 1, señora Ketty Mejía Orozco, por irregularidades en las que presuntamente incurrió en el trámite de una medida de protección por violencia intrafamiliar.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá negó competencia para conocer del asunto, toda vez que, en su criterio, la facultad de la comisión para conocer procesos disciplinarios en contra de autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasional o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada por la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, y no es posible retrotraer los efectos de dicha ley a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada por la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, y no es posible retrotraer los efectos de dicha ley a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

Por su parte, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá señaló que la competencia para adelantar procesos disciplinarios contra autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasional o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada originalmente por la Ley 1952 de 2019 y con la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, por medio de la cual se modificó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, se reiteró dicha faculta d. Por lo anterior, solicitó a la Sala que «asigne la competencia de la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales cuando se trata de investigar y juzgar a un Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».

Así, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas25:

1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración. ii) La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración. iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de autoridades que transitoria u ocasionalmente administran justicia. Reiteración iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria. Reiteración.

transitoria u ocasionalmente administran justicia. Reiteración iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria. Reiteración. v) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y vi) El caso concreto.

25 Cabe anotar que la Sala recientemente se pronunció sobre la competencia para adelantar actuaciones disciplinarias elevadas contra comisarios de familia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, mediante la decisión del 18 de marzo de 2025, Radicado CCA 2025-00046, M.P. Juan Manuel Laverde Álvarez, cuyo marco teórico se acoge en el presente asunto.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00080-00 Página 10 de 24

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración26

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas encuentra fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política, en el cual se establece lo siguiente:

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Las comisarías de familia en Colombia fueron creadas por el entonces Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) en su artículo 295, con la función de brindar protección a los menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto familiar. A partir de la

Las comisarías de familia en Colombia fueron creadas por el entonces Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) en su artículo 295, con la función de brindar protección a los menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto familiar. A partir de la expedición de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), las funciones de las comisarías fueron establecidas en el artículo 83 de dicha norma, e incorporadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar que tiene como propósito la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos de todos