CE - Auto interlocutorio 11001030600020250008100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá D.C., dos (2) de abril de 2025.

Número único: 11001 03 06 000 2025 00081 00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Secretaría de Integración Social de Bogotá Asunto: autoridad competente para investigar disciplinariamente a una comisaria de familia en ejercicio de funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional. Reiteración

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 20 80 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 11 de octubre de 2022, el señor Andrés Ahisamac Zamudio Pallares presentó queja disciplinaria en contra de la comisaria 18 de Familia de Rafael Uribe Uribe, Jimena Alonso Méndez, por la s irregularidades relacionadas con la falta de imparcialidad, trato inadecuado y vulneración del debido proceso al interior de la medida de protección núm. 674/2022 R.U.G. 809/2022.

2. Mediante Auto del 21 de diciembre de 2022 , la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá abrió investigación

2. Mediante Auto del 21 de diciembre de 2022 , la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá abrió investigación disciplinaria en contra de la señora Jimena Alonso Méndez, en su condición de comisaria 18 de Familia de Rafael Uribe Uribe.

3. El 30 de agosto de 2024, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá resolvió la terminación de la actuación y en consecuencia el archivo definitivo d el proceso disciplinario adelantado en contra de Jimena Alonso Méndez, en su condición de comisaria 18

de Familia de Rafael Uribe Uribe.

4. El 12 de septiembre de 2024, el señor Zamudio Pallares interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue concedido por la Oficina de Control

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00081 00 Página 2 de 21

Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá mediante Auto del día 18 de ese mismo mes y año.

5. Mediante Resolución núm. 2587 del 3 de diciembre de 2024, en el trámite de la segunda instancia, la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá resolvió remitir las dil igencias disciplinarias a la Comisión Seccional de

segunda instancia, la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá resolvió remitir las dil igencias disciplinarias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por considerar que , al tratarse de una autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales de manera excepcional, ocasional o transitoria, es la competente para conocer de dicha actuación disciplinaria.

6. El 31 de enero de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer de la actuación disciplinaria en contra de la comisaria de familia Jimena Alonso Méndez , por considerar que, aunque la queja es contra una autoridad en ejercicio de funciones jurisdiccionales de forma excepcional, ocasional o transitoria , se trata de hechos ocurridos antes del 9 de octubre de 2024, fecha en la cual comenzó a regir la Ley 2430 de 2024.

Por lo anterior, remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil, a efectos de dirimir el conflicto suscitado entre esa autoridad y la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 075 desde el 28 de febrero al 6 de marzo de 2025 , en la secretaría de esta Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Según consta en informe secretarial del 25 de febrero de 2025, se informó sobre el

que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Según consta en informe secretarial del 25 de febrero de 2025, se informó sobre el presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial d e Bogotá, a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, a la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría de Integración Social , a los señores Andrés Ahisamac Zamudio Pallares y Jimena Alonso Méndez.

Obra constancia de la secretaría de la Sala del 7 de marzo de 2025, mediante la cual se informa que, durante la fijación del edicto, la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá presentaron alegatos. Las demás autoridades y particulares interesados guardaron silencio.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00081 00 Página 3 de 21

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

El 25 de febrero de 2025, esta autoridad presentó escrito de alegatos e n el que manifestó que la Sala de Consulta y Servicio Civil es la autoridad competente para resolver el presente conflicto de competencias administrativas, por cuanto surge entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional.

Señaló que el artículo 59 de la Ley 2430 de 2024, que modificó el artículo 114 de la Ley 270 de 1996 , asignó a las comisiones seccionales de disciplina judicial , la

jurisdiccional.

Señaló que el artículo 59 de la Ley 2430 de 2024, que modificó el artículo 114 de la Ley 270 de 1996 , asignó a las comisiones seccionales de disciplina judicial , la competencia para conocer los procesos disciplinarios en contra de jueces, fiscales, empleados de la Rama Judicial, jueces de paz, abogados y quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional.

Sin embargo, considera que no es posible darle efectos retroactivos a dicha normativa y aplicarla a hechos ocurridos con anterioridad, como se pretende en este caso, los cuales eran investigados disciplinariamente mediante procesos de carácter administrativo adelantados por la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, la Personería Distrital y/o la Procuraduría General de la Nación.

Agregó lo siguiente:

La Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá sostiene que no tiene competencia para conocer de este asunto por la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024; sin embargo, no realiza ningún análisis respecto de (i) la fecha de ocurrencia de los hechos que en este caso resulta previa a la entrada en vigencia de dicha norma, (ii) ni al hecho de que dentro de este asunto ya se había dado inicio y finalización a la acción disciplinaria de carácter administrativa lo que aconteció el 21 de diciembre de 2022 y 30 de agosto de 2024, es decir, también con anterioridad a la vigencia de la Ley ya referenciada.

Circunstancias que se deben tener en cuenta para colegir que la competencia de este asunto se encuentra en cabeza de la Secretaría de Integración Social de la

con anterioridad a la vigencia de la Ley ya referenciada.

Circunstancias que se deben tener en cuenta para colegir que la competencia de este asunto se encuentra en cabeza de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá y no sería posible para esta jurisdicción avocar conocimiento respecto de hech os sobre los cuales no tenía competencia para la fecha de su ocurrencia ni tampoco mutar un trámite administrativo, que ya ha sido finalizado y que se encuentra pendiente de surtir un recurso de apelación, al trámite jurisdiccional que adelantaría esta Corporación.

Por lo expuesto, solicitó declarar competente a la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá para conocer del proceso disciplinario objeto de este conflicto de competencias administrativas.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00081 00 Página 4 de 21

2. Secretaría de Integración Social de Bogotá

El 7 de marzo de 2025, esta autoridad advirtió que el presente conflicto de competencias administrativas debe ser resuelto por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tal como lo realiz ó esa corporación en providencia del 13 de febrero de 2025 (Exp. 1001-08-02-000-2025-00112-00), entre otras.

Manifestó que el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019 en su redacción original le asignó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales la titularidad de la acción disciplinaria respecto de quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional, razón por la cual para la fecha de los hechos denunciados la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

de la acción disciplinaria respecto de quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional, razón por la cual para la fecha de los hechos denunciados la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá contaba con competencia para conocer la investigación disciplinaria.

Agregó que la Ley Estatutaria 2430 de 2024, por medio de la cual se modificó la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y que entró en vigencia el 9 de octubre de 2024, reiteró la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales para adelantar los procesos disciplinarios en contra de las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales , en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.º, 92 y 239 de la Ley 1952 de 2019 , disposiciones modificadas, respectivamente, por los artículos 1.º, 13 y 61 de la Ley 2094 de 2021.

Finalmente, hizo un recuento de diferentes pronunciamientos en los que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha reconocido su competencia para investigar y juzgar autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales de forma excepcional, transitoria u ocasional.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es,

un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Secretaría de Integración Social de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá no tienen un superior común.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00081 00 Página 5 de 21

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con el artículo 39 y el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021.

La Sala en decisión de fecha 30 de abril de 2024, con radicación núm. 11001-0306-000-2024-00873-00 (entre otras reiteraciones2) analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia.

2. Términos legales

actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva3.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

2Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 24 de abril de 2024, radicación 2024-00098; del 15 de octubre de 2024, radicación 2024 -00518; del 18 de septiembre de 2024,

radicación 2024-470; del 18 de septiembre de 2024, radicación 2024-00470; del 10 de julio de 2024, radicación 2024-168; del 18 de marzo de 2025, radicación 2025-00046. 3 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00081 00 Página 6 de 21

4. Problema jurídico y síntesis del caso

Previo a definir el problema jurídico, la Sala precisa que el presente conflicto gira en torno a la autoridad competente para conocer de la queja disciplinaria interpuesta en contra de la comisaria 18 de Familia de Rafael Uribe Uribe, Jimena Alonso Méndez, y no respecto de quien debe conocer de la actuación en segunda instancia.

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para continuar la investigación disciplinaria en contra de la comisaria 18 de Familia de Rafael Uribe Uribe, Jimena Alonso Méndez, por las presuntas irregularidades relacionadas con la falta de imparcialidad , trato inadecuado y vulneración del debido proceso al interior de la medida de protección núm. 674/2022 R.U.G. 809/2022.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá negó competencia para conocer del asunto, toda vez que, en su criterio, solo puede conocer de procesos disciplinarios en contra de autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales de

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá negó competencia para conocer del asunto, toda vez que, en su criterio, solo puede conocer de procesos disciplinarios en contra de autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales de forma excepcional, ocasional o transitoria desde la entrada en vigor de la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, y no es posible retrotraer sus efectos a hechos ocurridos con anterioridad.

Por su parte, la Secretaría de Integración Social de Bogotá señaló que la competencia para adelantar procesos disciplinarios contra autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales de forma excepcional, ocasional o transitoria fue otorgada originalmente por la Ley 1952 de 2019 y con la expedición de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, por medio de la cual se modificó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, se reiteró dicha facultad.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas: i) Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración; ii) La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de autoridades que transitoria u ocasionalmente administran justicia . Reiteración; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria. Reiteración; v) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable . Reiteración , y vi) el caso

Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria. Reiteración; v) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable . Reiteración , y vi) el caso concreto.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00081 00 Página 7 de 21

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisar ías de familia. Reiteración4

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas encuentra fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política, en el cual se establece lo siguiente:

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Las comisarías de familia en Colombia fueron creadas por el entonces Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) en su artículo 295, con la función de brindar protección a los menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto familiar. A partir de la expedición de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), las funciones de las comisarías fueron establecidas en el artículo 83 de dicha norma, e incorporadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar que tiene como propósito la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos de todos los miembros del grupo familiar. Más adelante, la Ley 2126 de 20215 derogó el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006,

como propósito la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos de todos los miembros del grupo familiar. Más adelante, la Ley 2126 de 20215 derogó el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006, y en su artículo 3° defin ió la naturaleza jurídica de las comisarías de familia, manteniendo las funciones jurisdiccionales de estas, funciones que se activan tratándose de asuntos de violencia intrafamiliar, en el marco de lo previsto en el artículo 17 de la misma norma, así: Artículo 3. Naturaleza jurídica. Las Comisarías de Familia son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital, con funciones administrativas y jurisdiccionales, conforme a los términos establecidos en la presente ley. [negrilla de la Sala]

En su artículo 12, esta ley establece las funciones de las comisarías, entre las cuales se encuentra la de garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar.

4 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 24 de febrero de 2023, rad. núm. 11001-03-06-000-2024-00282-00; decisión del 18 de marzo de 2025, expediente núm. 11001-03-06000-2025-00046-00; entre otras. 5 Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00081 00 Página 8 de 21

establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00081 00 Página 8 de 21

El artículo 176 de la norma en cita establece las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, las cuales se derivan del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las comisarías de familia:

Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar . Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. [subraya la Sala].

En relación con la naturaleza de las comisarías de familia que en su momento previó la Ley 1098 de 2006, y que se mantiene en la Ley 2126 de 2021, la Corte Constitucional7 reconoció que, si bien son autoridades de carácter administrativo, en los casos de violencia intrafamiliar actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales:

2.5.1. Así las cosas, es preciso señalar que las Comisarías de Familia, son autoridades administrativas que, en casos de violencia intrafamiliar, actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo cual tienen competencia para imponer medidas de protección a favor de las víctimas de actos de violencia intrafamiliar8.

2.5.2. Pues bien, la ley 294 de 1996, que fue modificada por la ley 575 de 2000, y

medidas de protección a favor de las víctimas de actos de violencia intrafamiliar8.

2.5.2. Pues bien, la ley 294 de 1996, que fue modificada por la ley 575 de 2000, y sus decretos reglamentarios 652 de 2001 y 4799 de 2011, indican el procedimiento que deben observar las autoridades competentes en los casos de violencia intrafamiliar. En ese sentido, el inciso 2 del artículo 18 de la Ley 294 de 1996, que fue modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, establece que la decisión final del comisario o del juez, según el caso, que imponga una medida de protección definitiva, será recurrible ante el juez de familia, mediante el recurso de apelación, el cual se otorgará en el efecto devolutivo.

6 Modificatorio del artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2° de la Ley 575 de 2000, antes modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008. 7 Sentencia T-642 de 2013. 8 Las funciones jurisdiccionales de las Comisarías de Familia se fundamentan en la Ley 575 de 2000, que está en concordancia con el artículo 116 de la Constitución, que al respecto dispone: Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitid o adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00081 00 Página 9 de 21

5.2. La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración9

sumarios ni juzgar delitos.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00081 00 Página 9 de 21

5.2. La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración9

Por control interno disciplinario debe entenderse la oficina o dependencia de una entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019 , modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de sus dependencias.

El artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, establece lo siguiente sobre el control disciplinario interno:

Artículo 93. Control Disciplinario Interno. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con sus competencias.

En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel con sus respectivas competencias.

de acuerdo con sus competencias.

En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel con sus respectivas competencias.

La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el evento en que no se pueda garantizar en la entidad. En los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo sus competencias.

El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la sanción.

PARÁGRAFO 1. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno deberá ser abogado y pertenecerá al nivel directivo de la entidad.

9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil decisión del 5 de marzo de 2025, rad. núm. 11001-03-06-000-2024-00709-00; decisión del 29 de junio de 202 2, rad núm. 11001-03-06-0002022-00070-00; decisión del 18 de marzo de 2025, expediente núm. 11001-03-06-000-2025-0004600; entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00081 00 Página 10 de 21

PARÁGRAFO 2. Las decisiones sancionatorias de las Oficinas de Control Interno y de las Personerías serán susceptibles de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la

y de las Personerías serán susceptibles de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, seguirá conociendo de los procesos disciplinarios cuyos hechos tuvieron ocurrencia hasta antes del 13 de enero de 2021 hasta su finalización, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002.

La norma en cita ordenó a todos los organismos y entidades estatales organizar una unidad u oficina del más alto nivel, con la función de conocer y fallar, en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores públicos del respectivo organismo o entidad, siempre que también se garantice la segunda instancia. De no ser factible organizar la segunda instancia, tal competencia debe ser asumida, en forma excepcional, por la Procuraduría General de la Nación.

La hipótesis normativa sobre la imposibilidad de garantizar la segunda instancia dentro de la respectiva entidad, y su solución -la competencia de la Procuraduría General de la Nación-, guardan evidente relación con las estructuras internas de los organismos y entidades públicos, que son jerárquicas, así como con la categorización de los empleos públicos en niveles igualmente jerárquicos.

El Código Disciplinario Único adoptado por la Ley 200 de 1995 contemplaba expresamente que la competencia para adelantar el proceso disciplinario exigía que el investigador fuera «de igual o superior jerarquía a la del investigado». Ni el código homónimo, contenido en la Ley 734 de 2002, ni el Código General Disciplinario, expedido por la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 202, reprodujeron

homónimo, contenido en la Ley 734 de 2002, ni el Código General Disciplinario, expedido por la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 202, reprodujeron expresamente tal previsión, por lo que la jurisprudencia constitucional ha considerado que la Ley 734 varió la concepción del control disciplinario:

[…] A partir de lo expuesto, es posible concluir que la Ley 734 de 2002 ha modificado la manera tradicional como se desarrollaba el control disciplinario al interior de las distintas entidades del Estado. En efecto, con anterioridad a dicha Ley, el control interno suponía una relación jerárquica -funcional entre el sujeto disciplinable y el titular de la acción, es decir, el poder disciplinario era siempre ejercido por el superior inmediato del investigado.

Hoy en día, en respuesta a dicho sistema, el control disciplinario exige la presencia de una Oficina de Control Interno, constituida por funcionarios del más alto nivel, cuyo objeto se limita al ejercicio de funciones relacionadas con el control disciplinario al interior de cada entidad del Estado […]10.

10 Corte Constitucional, Sentencia C-095 del 11 de febrero de 2003, expediente D-4172.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00081 00 Página 11 de 21

Esta interpretación ha sido acogida por la Sala de Consulta y Servicio Civil en ocasiones anteriores11, en las que ha explicado, a partir de lo que disponía el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, que el criterio jerárquico funcional que traían las legislaciones anteriores ha sido reemplazado por un criterio de especialidad y de autonomía, según el cual, una sola oficina debe tener a cargo el conocimiento

76 de la Ley 734 de 2002, que el criterio jerárquico funcional que traían las legislaciones anteriores ha sido reemplazado por un criterio de especialidad y de autonomía, según el cual, una sola oficina debe tener a cargo el conocimiento integral de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de las diferentes entidades del Estado. En ese sentido, tanto la investigación como la decisión están a cargo, en primera instan