CE - Auto interlocutorio 11001030600020250008300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., (30) de abril del 2025

Número único: 11001 03 06 000 2025 00083 00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá.

Asunto: autoridad competente para investigar disciplinariamente a un comisario de familia en el ejercicio de funciones jurisdiccionales de manera transitoria u ocasional. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia conferida por el artículo 39 y de la función prevista en el artículo 112, numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES1

1. El 2 de agosto de 2023, la señora Leidy Angélica Moreno interpuso queja ante la Subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades de la Secretaría Distrital de la Mujer, en contra de la señora Consuelo Rangel Zuluaga, comisaria de familia de Usaquén Uno, porque presuntamente no brindó casa refugio a la señora Moreno, a su hija y a su mamá, adicionalmente, por no tener en cuenta la totalidad de las pruebas aportadas, relacionadas con el trámite de la medida de protección

Moreno, a su hija y a su mamá, adicionalmente, por no tener en cuenta la totalidad de las pruebas aportadas, relacionadas con el trámite de la medida de protección núm. 616-2023.

2. El 25 de agosto de 2023, la Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades de la Secretaría Distrital de la Mujer remitió por competencia a la Subdirección para la Familia de la Secretaría Distrital de Integración Social, queja en contra de la señora Consuelo Rangel Zuluaga, para lo de su competencia.

3. El 4 de septiembre de 2023, la Subdirección para la Familia de la Secretaría de Integración Social de Bogotá remitió el asunto a la Oficina de Control Disciplinario Interno de esa entidad para que adelantara las actuaciones correspondientes.

1 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020250008300 que reposa en SAMAI.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00083 00 Página 2 de 21

4. El 27 de septiembre de 2023, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de la señora Consuelo Rangel Zuluaga2, comisaria de familia de Usaquén uno.

5. El 29 de noviembre de 2024, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, declaró su falta de competencia para continuar el trámite disciplinario y remitió las diligencias a la Comisión Seccional de

5. El 29 de noviembre de 2024, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, declaró su falta de competencia para continuar el trámite disciplinario y remitió las diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por considerar que las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el trámite de la medida de protección 616 -2023, se realizaron en ejercicio de funciones jurisdiccionales atribuidas al comisario de familia.

6. El 31 de enero de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá decidió no avocar conocimiento del asunto y declaró su falta de competencia para continuar el trámite disciplinario, argumentando que los hechos que dieron lugar a la actuación ocurrieron antes del 9 de octubre de 2024, fecha en la cual comenzó a regir la Ley 2430 de 2024, que le otorgó la facultad de investigar a comisarios de familia.

Por lo anterior, el 5 de febrero de 2025, remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil, a efectos de dirimir el conflicto suscitado entre esa Comisión Seccional de Disciplina Judicial y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 077 del 25 de febrero de 2025 en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, contados

modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 077 del 25 de febrero de 2025 en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, contados del 28 de febrero al 6 de marzo de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus consideraciones o alegatos en el trámite del conflicto.

Se informó sobre el presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaria de Integración Social de Bogotá, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Personería de Bogotá, a la Secretaría Distrital de la Mujer.

2 Información que fue aclarada y corregida mediante auto del 25 de octubre de 2023, por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, en el que manifestó que el auto de apertura de investigación disciplinaria del 27 de septiembre de 2023 corresponde a la señora Consuelo Rangel Zuluaga quien es la disciplinada y no a la señora Consuelo Rangel Zarate como figura debido a un error involuntario. Samai, expediente digital3ED_03OneDrive_1_2522025(.zip) No Actua 2 – folio 117 al 121.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00083 00 Página 3 de 21

Obra constancia de la Secretaría de la Sala según la cual, durante el término de fijación del edicto, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de

Obra constancia de la Secretaría de la Sala según la cual, durante el término de fijación del edicto, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá no presentaron consideraciones.

Adicionalmente, por Auto del 31 de marzo de 2025, la Consejera ponente ordenó comunicar la existencia del presente conflicto a la señora Consuelo Rangel Zuluaga, en su calidad de disciplinada, ya que, al revisar los documentos que integran el expediente, el despacho ponente encontró que ya se había emitido auto de apertura de investigación en contra de la señora Rangel Zuluaga y, por lo tanto, ya era sujeto disciplinable en el proceso.

Según el informe secretarial del 8 de abril de 2025, la Secretaría de la Sala informó al despacho que, vencido el término concedido en auto de mejor proveer, la señora Consuelo Rangel Zuluaga, no presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

Aunque no presentó alegatos dentro del término concedido por la Sala, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el Auto del 31 de enero de 2025, mediante el cual declaró su falta de competencia.

Señaló que no es posible retrotraer los efectos de la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, «a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia, máxime en asuntos como el que nos ocupa, en el que ya se profirió auto de apertura de investigación el 27 de septiembre de 2023 , es decir, que ya se había iniciado la

en asuntos como el que nos ocupa, en el que ya se profirió auto de apertura de investigación el 27 de septiembre de 2023 , es decir, que ya se había iniciado la acción disciplinaria de conformidad con lo establecido por la Ley 1952 de 2019».

Manifestó que no le es posible avocar conocimiento de hechos sobre los cuales no tenía competencia para la fecha de su ocurrencia, ni tampoco modificar un trámite administrativo iniciado, para continuarlo en sede jurisdiccional. Por lo anterior, solicita a la Sala «se asigne la competencia de este proceso a la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá».

2. Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración

Social de Bogotá

A través de escrito del 27 de febrero de 2025, manifestó que el artículo 2º la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, en su redacción original «asignó la titularidad de la acción disciplinaria, en los eventos de las autoridades que administraran justicia de forma temporal o permanente, a laRadicación: 11001 03 06 000 2025 00083 00 Página 4 de 21

jurisdicción disciplinaria. Y a partir de la reforma introducida en la Ley 2094 de 2021, el inciso 5º del mismo artículo», establece: A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la nación (sic), así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente.

funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la nación (sic), así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente.

Señaló que tal facultad de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue reiterada en la Ley 2430 del 9 de octubre de 2024, «Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones», de modo que, dicha comisión y sus seccionales ostentan la competencia para adelantar los procesos disciplinarios en contra de las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales de forma excepcional, transitoria u ocasional, lo cual es coherente con lo dispuesto en los artículos 2º, 92 y 239 del Código General Disciplinario.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia 1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente

Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo de competencias, de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00083 00 Página 5 de 21

La Sala en decisión de fecha 25 de septiembre de 2024, con radicación núm. 1100103-06-000-2024-00367-00 (entre otras reiteraciones 3) analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas,

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva4.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del caso

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria en contra de la señora Consuelo Rangel Zuluaga, comisaria de familia de Usaquén Uno, porque presuntamente, no brindó casa refugio, a la señora

3Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 24 de abril de 2024, radicación 2024-00098; del 30 de abril de 2024, radicación 2024-00873-00; del 15 de octubre de 2024,

3Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 24 de abril de 2024, radicación 2024-00098; del 30 de abril de 2024, radicación 2024-00873-00; del 15 de octubre de 2024, radicación 2024-00518; del 18 de septiembre de 2024, radicación 2024-470; del 18 de septiembre de 2024, radicación 2024-470; del 10 de julio de 2024, radicación 2024-168. 4 Este mandato es armónico con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00083 00 Página 6 de 21

Moreno, a su hija y a su mamá, adicionalmente por no tener en cuenta la totalidad de las pruebas aportadas, relacionadas con el trámite de la medida de protección núm. 616-2023.

La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá ha señalado que la Ley 2430 de 2024 «Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones», reiteró la facultad de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales para adelantar los procesos disciplinarios en contra de autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales de forma temporal o permanente.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá ha negado

para adelantar los procesos disciplinarios en contra de autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales de forma temporal o permanente.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá ha negado competencia porque, a su juicio, no es posible retrotraer los efectos de la Ley 2430 de 2024, «a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia, máxime en asuntos […] en los que ya se profirió auto de indagación preliminar […], es decir, que ya se había iniciado la acción disciplinaria de conformidad con lo establecido por la Ley 1952 de 2019».

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia.

Reiteración ii) La función de las oficinas de control interno disciplinario. Reiteración. iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de autoridades que transitoria u ocasionalmente administran justicia. iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria. Reiteración. v) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración. vi) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración5

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas encuentra fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política, el cual establece lo siguiente:

Reiteración5

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas encuentra fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política, el cual establece lo siguiente:

5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 24 de febrero de 2023, radicación 11001-03-06-000-2024-00282-00.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00083 00 Página 7 de 21

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Las comisarías de familia en Colombia fueron creadas por el entonces Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) en su artículo 295, con la función de brindar protección a los menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto familiar. A partir de la expedición de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), las funciones de las comisarías fueron establecidas en el artículo 83 de dicha norma, e incorporadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar que tiene como propósito la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos de todos los miembros del grupo familiar. Más adelante, la Ley 2126 de 2021 6 derogó el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006, y en su artículo 3° definió la naturaleza jurídica de las comisarías de familia, manteniendo las funciones jurisdiccionales de estas, funciones que se activan tratándose de asuntos de violencia intrafamiliar, en el marco de lo previsto en el

y en su artículo 3° definió la naturaleza jurídica de las comisarías de familia, manteniendo las funciones jurisdiccionales de estas, funciones que se activan tratándose de asuntos de violencia intrafamiliar, en el marco de lo previsto en el artículo 17 de la misma norma, así: Artículo 3. Naturaleza jurídica. Las Comisarías de Familia son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital, con funciones administrativas y jurisdiccionales, conforme a los términos establecidos en la presente ley. [Resalta la Sala]

En su artículo 12, esta ley establece las funciones de las comisarías, entre las cuales, se encuentra la de garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar. El artículo 177 de la norma en cita dispone las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, las cuales se derivan del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las comisarías de familia: Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar . Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. [Resalta la Sala].

6 «Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones».

del núcleo familiar. [Resalta la Sala].

6 «Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones». 7 Modificatorio del artículo 5° de la Ley 294 de 1996, a su vez modificado por el artículo 2° de la Ley 575 de 2000, antes modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00083 00 Página 8 de 21

En relación con la naturaleza de las comisarías de familia que en su momento previó la Ley 1098 de 2006, y que se mantiene en la Ley 2126 de 2021, la Corte Constitucional8 reconoció que, si bien son autoridades de carácter administrativo, en los casos de violencia intrafamiliar actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales: 2.5.1. Así las cosas, es preciso señalar que las Comisarías de Familia, son autoridades administrativas que, en casos de violencia intrafamiliar, actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo cual tienen competencia para imponer medidas de protección a favor de las víctimas de actos de violencia intrafamiliar9.

2.5.2. Pues bien, la ley 294 de 1996, que fue modificada por la ley 575 de 2000, y sus decretos reglamentarios 652 de 2001 y 4799 de 2011, indican el procedimiento que deben observar las autoridades competentes en los casos de violencia intrafamiliar. En ese sentido, el inciso 2 del artículo 18 de la Ley 294 de 1996, que

que deben observar las autoridades competentes en los casos de violencia intrafamiliar. En ese sentido, el inciso 2 del artículo 18 de la Ley 294 de 1996, que fue modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, establece que la decisión final del comisario o del juez, según el caso, que imponga una medida de protección definitiva, será recurrible ante el juez de familia, mediante el recurso de apelación, el cual se otorgará en el efecto devolutivo.

5.2 La función de las oficinas de control interno disciplinario. Reiteración10

Por control interno disciplinario debe entenderse la gestión de la oficina o dependencia de una entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

De acuerdo con el citado artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de sus dependencias.

El artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, establece lo siguiente sobre el control disciplinario interno:

Artículo 93. Control Disciplinario Interno. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las

8 Sentencia T-642 de 2013. 9 Las funciones jurisdiccionales de las Comisarías de Familia se fundamentan en la Ley 575 de 2000,

excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las

8 Sentencia T-642 de 2013. 9 Las funciones jurisdiccionales de las Comisarías de Familia se fundamentan en la Ley 575 de 2000, que está en concordancia con el artículo 116 de la Constitución, que al respecto dispone: Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil Decisión del 5 de marzo de 2025, radicación 11001-03-06-000-2024-00709-00; Decisión del 18 de marzo de 2025, radicación 11001-03-06-0002025-00046-00.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00083 00 Página 9 de 21

Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con sus competencias.

En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel con sus respectivas competencias. La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el evento en que no se pueda garantizar en la entidad. En los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría General

competencias. La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el evento en que no se pueda garantizar en la entidad. En los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo sus competencias.

El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la sanción.

PARÁGRAFO 1. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno deberá ser abogado y pertenecerá al nivel directivo de la entidad.

PARÁGRAFO 2. Las decisiones sancionatorias de las Oficinas de Control Interno y de las Personerías serán susceptibles de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, seguirá conociendo de los procesos disciplinarios cuyos hechos tuvieron ocurrencia hasta antes del 13 de enero de 2021 hasta su finalización, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002.

La norma en cita ordenó a todos los organismos y entidades estatales organizar una unidad u oficina del más alto nivel, con la función de conocer y fallar, en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores públicos del respectivo organismo o entidad, siempre que también se garantice la segunda instancia dentro del mismo organismo o entidad. En adición dispone la norma que, de no ser factible organizar la segunda instancia, tal competencia debe ser asumida, en forma excepcional, por la Procuraduría General de la Nación.

del mismo organismo o entidad. En adición dispone la norma que, de no ser factible organizar la segunda instancia, tal competencia debe ser asumida, en forma excepcional, por la Procuraduría General de la Nación.

La hipótesis normativa sobre la imposibilidad de garantizar la segunda instancia dentro de la respectiva entidad, y su solución -la competencia de la Procuraduría General-, guardan evidente relación con las estructuras internas de los organismos y entidades públicos, que son jerárquicas, así como con la categorización de los empleos públicos en niveles igualmente jerárquicos.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00083 00 Página 10 de 21

El Código Disciplinario Único adoptado por la Ley 200 de 1995 contemplaba expresamente que la competencia para adelantar el proceso disciplinario exigía que el investigador fuera «de igual o superior jerarquía a la del investigado». Ni el código homónimo, contenido en la Ley 734 de 2002, ni el Código General Disciplinario, expedido mediante la Ley 1952 de 2019 y modificado por la Ley 2094 de 2021, reprodujeron tal previsión, por lo que la jurisprudencia constitucional ha considerado que la Ley 734 varió la concepción del control disciplinario: […] A partir de lo expuesto, es posible concluir que la Ley 734 de 2002 ha modificado la manera tradicional como se desarrollaba el control disciplinario al interior de las distintas entidades del Estado. En efecto, con anterioridad a dicha Ley, el control interno suponía una relación jerárquica -funcional entre el sujeto disciplinable y el titular de la acción, es decir, el poder disciplinario era siempre ejercido por el superior inmediato del investigado.

Ley, el control interno suponía una relación jerárquica -funcional entre el sujeto disciplinable y el titular de la acción, es decir, el poder disciplinario era siempre ejercido por el superior inmediato del investigado.

Hoy en día, en respuesta a dicho sistema, el control disciplinario exige la presencia de una Oficina de Control Interno, constituida por funcionarios del más alto nivel, cuyo objeto se limita al ejercicio de funciones relacionadas con el control disciplinario al interior de cada entidad del Estado […]11.

Esta interpretación ha sido acogida por la Sala de Consulta y Servicio Civil en decisiones precedentes 12, en las que ha explicado, a partir de lo que disponía el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, que el criterio jerárquico funcional contenido en las legislaciones anteriores ha sido reemplazado por un criterio de especialidad y de autonomía, según el cual, una sola oficina debe tener a cargo el conocimiento integral de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de las diferentes entidades del Estado. En ese sentido, tanto la investigación como la decisión están a cargo, en primera instancia, de las oficinas o grupos de control interno disciplinario13. Esta posición se vio reflejada, igualmente, en la Circular Conjunta DAFP - PGN núm. 001 del 2 de abril de 2002 14, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación, y en la cual se establece:

Competencias de la Unidad u Oficina de Control Disciplinario Interno. En cualquiera de las alternativas que se adopte para organizar o implementar la Unidad u Oficina de Control Disciplinario Interno, a la misma le compete adelantar

11 Corte Constitucional, Sentencia C-095 de 2003.

En cualquiera de las alternativas que se adopte para organizar o implementar la Unidad u Oficina de Control Disc