CE - Auto interlocutorio 11001030600020250009300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de 2025

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00093-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Cúcuta, Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, y Policía

Nacional – Inspección Delegada Región No. 5 de Instrucción de Cúcuta.

Asunto: autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria en contra de un capitán de la Policía Nacional de Colombia por un presunto caso de acoso sexual en modalidad de acoso laboral.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la documentación recibida se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. Mediante comunicación del 17 de octubre del 2024 2, la Subintendente Mildred Belén Rojas Jiménez, Promotora de Cultura y Educación Ciudadana – Departamento de Policía de Norte de Santander (DENOR) instauró queja ante la

1. Mediante comunicación del 17 de octubre del 2024 2, la Subintendente Mildred Belén Rojas Jiménez, Promotora de Cultura y Educación Ciudadana – Departamento de Policía de Norte de Santander (DENOR) instauró queja ante la Policía Nacional - Inspección Delegada Región 5 de Cúcuta, por parte de, por «presuntos actos de acoso sexual, […] ocurridos al parecer el 29 de septiembre y 12 de octubre [del 2024], […] por parte del señor capitán Cartagena Ortiz Juan Sebastián, comandante de estación policía Durania», en contra de las servidoras públicas, patrullera. Angie Natalia Osorio Tarazona y auxiliar Liseth Valentina

Cárdenas Mora.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Expediente digital, 20_RECIBEMEMORIAL_Pronunciamientogegat_4_20250407120755327.pdf.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00093 00 Página 2 de 21

2. La Inspección Delegada de Instrucción Región Cinco de la Policía Nacional emitió Auto núm. EE-REGI52024-101 del 8 de noviembre 2024 3, mediante el cual se dio apertura de indagación previa en contra del señor Juan Sebastián Cartagena Ortiz, capitán de la estación de policía Durania (Norte de Santander). Posteriormente, mediante Auto del 22 de enero de 20254, abrió investigación disciplinaria en contra del señor Cartagena Ortiz.

capitán de la estación de policía Durania (Norte de Santander). Posteriormente, mediante Auto del 22 de enero de 20254, abrió investigación disciplinaria en contra del señor Cartagena Ortiz.

4. El 5 de febrero del 2025 5, el señor Daniel Geovany Neira Ríos, en calidad de apoderado del señor Cartagena Ortiz, solicitó a la Policía Nacional que se promueva el conflicto negativo de competencias administrativas en lo atinente al proceso disciplinario en contra del señor Cartagena Ortiz. En la misma fecha, se allegó el escrito de conflicto de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y

Servicio Civil.

5. El 14 de febrero del 2025 6, el Mayor Jaime Antonio González Hernández, Inspector Delegado Región Cinco de Instrucción de la Policía Nacional, dispuso remitir a la Procuraduría Regional de Instrucción Norte de Santander, el proceso disciplinario núm. SIE2D No. EE-REGI5-2024-101.

En el referido auto, la autoridad hizo alusión a que la remisión se realiza sobre la base de lo establecido en la Ley 1010 de 2006, pues considera que las conductas descritas se encuentran enmarcadas en el artículo 2 de dicha ley sobre la definición y modalidades de acoso laboral.

6. El 17 de febrero del 2025 7, el señor Daniel Geovany Neira Ríos, en calidad de apoderado del señor Cartagena Ortiz, presentó petición a la Policía Nacional, en la que argumentó que la referida autoridad estaba incurriendo en exceso de ritual manifiesto dentro del proceso disciplinario. En el mismo escrito manifestó que, al no existir suficientes garantías en el proceso, insiste en el conflicto de competencias

que argumentó que la referida autoridad estaba incurriendo en exceso de ritual manifiesto dentro del proceso disciplinario. En el mismo escrito manifestó que, al no existir suficientes garantías en el proceso, insiste en el conflicto de competencias administrativas.

II. ACTUACIÓN PROCESAL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 3 de marzo del 2025 se fijó el edicto núm. 086, en la secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, es decir, del 7 al 13 de marzo de 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto8.

3 Expediente digital, 20_RECIBEMEMORIAL_Pronunciamientogegat_4_20250407120755327.pdf. 4 Expediente digital, 20_RECIBEMEMORIAL_Pronunciamientogegat_4_20250407120755327.pdf. 5 Expediente digital, 4_EXPEDIENTEDIGI_04Quejaporexcesoritu_3_20250303164517573.pdf. 6 Expediente digital, 13_110010306000202500093002MemorialWeb202531314013.pdf 7 Expediente digital, 4_EXPEDIENTEDIGI_04Quejaporexcesoritu_3_20250303164517573.pdf. 8 Expediente digital, 12_POREDICTO_08Edifcto_0_20250303165255569.pdfRadicación: 11001 03 06 000 2025 00093 00 Página 3 de 21

Consta que la secretaría comunicó la existencia del presente conflicto a la Policía Nacional – Inspección Delegada Región Cinco de Instrucción; a la Procuraduría General de la Nación; a la Procuraduría Provincial de Cúcuta; a la Oficina Control Interno Disciplinario de Instrucción de la Policía Nacional; al abogado Daniel Geovany Neira Ríos y al Capitán Juan Sebastián Cartagena Ortiz9. En informe secretarial del 14 de marzo de 202510 se precisó que, dentro del término de fijación del edicto, la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander y el Inspector delegado Región de Policía número 5 de Instrucción presentaron consideraciones, las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Policía Nacional – Inspección Delegada de Instrucción Región No. 511

En documento del 7 de marzo del 2025, la Inspección Delegada de Instrucción Región Núm. 5 remitió el auto de fecha 14 de febrero del 2025, por lo que, los argumentos que sustentan su rechazo de competencia en el presente asunto se pueden encontrar en dicho proveído.

Explicó que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006, las conductas presuntamente realizadas por el Capitán Juan Sebastián Cartagena Ortiz se enmarcan en las modalidades de acoso laboral. Por ende, considera que la competencia para conocer del proceso disciplinario le corresponde a la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander.

2. Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander12

competencia para conocer del proceso disciplinario le corresponde a la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander.

2. Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander12

La autoridad presentó manifestación el 6 de marzo de 2025, en la cual señaló que, de conformidad con el expediente disciplinario, las conductas en las que presuntamente incurrió el capitán disciplinado pueden enmarcarse dentro de la modalidad de acoso sexual. Al respecto, señaló que, en el documento Ruta de Atención Integral para Víctimas de Acoso Sexual, tal conducta en el ámbito laboral es considerada como una forma de acoso laboral, susceptible de ser investigada disciplinariamente, con fundamento en la Ley 1010 de 2006; y además, es un delito que atenta contra la liberad, integridad y formación sexual. Por ende, manifestó que «asumirá el conocimiento del asunto».

9 Expediente digital, 9_EXPEDIENTEDIGI_10Informecomunicacio_8_20250303164517729.pdf 10 Expediente digital, 16_ALDESPACHOPOR_InformeSecreatialra_0_20241122121508650.pdf 11Expediente digital, 13_110010306000202500093002MemorialWeb2025313140013.pdf 12Expediente digital, 21_RECIBEMEMORIAL_Pronunciamientonegat_5_20250407120755406.pdf.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00093 00 Página 4 de 21

Posteriormente, allegó al expediente que cursa en la Sala, el auto del 31 de marzo del 202513, en el cual adujo que, en el proceso disciplinario no hay lugar a estructurar la conducta de acoso sexual en el ámbito laboral, por cuanto, para ello se requiere:

del 202513, en el cual adujo que, en el proceso disciplinario no hay lugar a estructurar la conducta de acoso sexual en el ámbito laboral, por cuanto, para ello se requiere: «(i) Conducta persistente y demostrable, (ii) Un sujeto activo cualificado de la conducta. (iii) El fin o propósito perseguido: infundir miedo, intimidación, terror y angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo». En ese orden, para la procuraduría regional, de conformidad con lo declarado por las víctimas, se «refleja claramente que la intención de la conducta presuntamente realizada por el investigado tendría como propósito perseguido, fines sexuales en beneficio suyo».

Por lo anterior, la Procuraduría determinó «[N]o avocar el conocimiento del proceso disciplinario No. SIE2D-EE-REGI5-2024-101» y por ende, remitió «el expediente a la Inspección Delegada de Instrucción No. 5 de la Policía en Norte de Santander».

IV. CONSIDERACIONES

1. La competencia general del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en los conflictos de competencia administrativas La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

generales» están contenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…].

13 Expediente digital, 21_RECIBEMEMORIAL_Pronunciamientonegat_5_20250407120755406.pdf.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00093 00 Página 5 de 21

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, señala que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. [...]

Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. [...]

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que se trate de un asunto o actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El asunto discutido es particular y concreto porque se trata de la actuación originada en la queja interpuesta por la Subintendente Mildred Belén Rojas Jiménez, Promotora de Cultura y Educación Ciudadana -Departamento de Policía de Norte de Santander (DENOR), por presuntos actos de acoso sexual ocurridos el 29 de septiembre y el 12 de octubre del 2024, al parecer, por el señor capitán Juan Sebastián Cartagena Ortiz en contra de las funcionarias, Patrullera Angie Natalia Osorio Tarazona y Auxiliar Liseth Valentina Cárdenas Mora.

En el presente caso se tiene que el asunto es de naturaleza administrativa en tanto que la Inspección Delegada Región Cinco de Instrucción – Policía Nacional y la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, ejercen funciones administrativas.

Al respecto, es importante precisar que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-23 declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en

de 2019, la Procuraduría ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-23 declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

Tanto la Inspección Delegada Región Cinco de Instrucción – Policía Nacional y la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander negaron tener la competencia para conocer del proceso disciplinario de acoso sexual en la modalidad de acoso laboral, que cursa contra el señor capitán Juan Sebastián Cartagena Ortiz.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00093 00 Página 6 de 21

El presente caso involucra a dos autoridades de orden nacional: La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, y la Policía Nacional – Inspección Delgada Región Cinco de Instrucción.

Por lo anterior, se concluye que la Sala es competente para conocer del presente conflicto negativo de competencias administrativas.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Instrucción.

Por lo anterior, se concluye que la Sala es competente para conocer del presente conflicto negativo de competencias administrativas.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»14.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite

de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por lo tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada

14 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1° de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00093 00 Página 7 de 21

competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

En el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para continuar con el proceso disciplinario originado en la queja contra el servidor público, capitán Juan Sebastián Cartagena Ortiz, adscrito a la estación de policía de Durania (Norte de Santander), por conductas presuntamente constitutivas de acoso laboral dentro del modalidad de acoso sexual, siendo

el servidor público, capitán Juan Sebastián Cartagena Ortiz, adscrito a la estación de policía de Durania (Norte de Santander), por conductas presuntamente constitutivas de acoso laboral dentro del modalidad de acoso sexual, siendo víctimas las servidoras judiciales, Patrullera Angie Natalia Osorio Tarazona y la Auxiliar Liseth Valentina Cárdenas Mora, también adscritas a la estación de policía de Durania (Norte de Santander).

La Policía Nacional – Inspección Delegada Región Cinco de Instrucción remitió el asunto por competencia a la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, por considerar que las conductas sobre las que versa el proceso disciplinario corresponden a las descritas en el artículo 2 de la ley 1010 de 2006, sobre acoso laboral.

Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, si bien, en escrito del 6 de marzo del 2025, en una revisión preliminar, manifestó a la Sala que, al tratarse de un presunto caso de acoso sexual como una modalidad de acoso laboral, «asumirá el conocimiento del asunto». Posteriormente, en auto del 31 de marzo del 2025, concluyó que las conductas no reúnen los requisitos para enmarcarse en un caso de acoso sexual en el ámbito laboral y en esa razón, dispuso: «no avocar el conocimiento del proceso disciplinario No. SIE2D -EEREGI5-2024-101 el cual se encuentra en apertura de investigación disciplinaria del 22 de enero de 2025 tramitado por la Inspección Delegada de Instrucción Región Cinco de la Policía Nacional […]». En adición, dispuso: «REMITIR el expediente a

22 de enero de 2025 tramitado por la Inspección Delegada de Instrucción Región Cinco de la Policía Nacional […]». En adición, dispuso: «REMITIR el expediente a la Inspección Delegada de Instrucción Región No. 5 de la Policía en Norte de Santander conforme a la competencia asignada a esa dependencia […]».

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

(i) La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. (ii) El acoso sexual en el lugar de trabajo. Reiteración. (iii) Regla de competencia de la Ley 1010 de 2006 en el marco de un proceso disciplinario por acoso laboral. Reiteración. (iv) El concepto de servidor público en la Constitución y la ley. ReiteraciónRadicación: 11001 03 06 000 2025 00093 00 Página 8 de 21

(v) Los factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. Reiteración; (vi) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo 5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración15

El ius puniendi del Estado está en cabeza de la Administración e implica ejercer la actividad sancionadora, para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas. El poder punitivo que se reconoce al Estado se fundamenta en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley16. Esta potestad disciplinaria está justificada por la necesidad de garantizar que los servidores públicos, en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones, cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad,

Esta potestad disciplinaria está justificada por la necesidad de garantizar que los servidores públicos, en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones, cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, eficacia y eficiencia. Asimismo, para que se respeten las prohibiciones, y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución y en las leyes17. Cuando los servidores públicos quebrantan estos principios, o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función: Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro18.

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 22 de febrero de 2023, radicación 11001-03-06-000-2022-00283-00.

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 22 de febrero de 2023, radicación 11001-03-06-000-2022-00283-00. 16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación núm. 11001-03-06-000-2021-00049-00(C). 17 Ley 734 de 2002, artículo 22. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Decisión del 23 de septiembre de 2015. Radicación núm. 11001-03-25-000-2010-00162-00.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00093 00 Página 9 de 21

Entonces, el ejercicio de la facultad disciplinaria busca propender por el adecuado cumplimiento de la función pública, en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de la población, en general19. La Corte Constitucional, sobre el objetivo de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]20.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado, en cuanto tiene como finalidad primordial

[…]20.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado, en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destacó que la regulación disciplinaria permite proteger la organización de la Administración y sus recursos, y hacer un seguimiento del cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

Sobre la titularidad de la potestad disciplinaria, es preciso indicar que el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019 21 modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, estableció:

ARTÍCULO 1º. Modificase el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:

Artículo 2º. Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones de la Procuraduría General de la Nación e independencia de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley.

Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones que se le reconocen a la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso -administrativo, en los términos establecidos en esta Ley.

Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial.

en los términos establecidos en esta Ley.

Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial.

19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046. 20 Corte Constitucional, Sentencia C-028 del 26 de enero 2006. 21 Ley 1952 de 2019 «Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00093 00 Página 10 de 21

Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente. La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular y de sus propios servidores, salvo los que, tengan, fuero especial y el régimen ético

La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular y de sus propios servidores, salvo los que, tengan, fuero especial y el régimen ético disciplinario en el ejercicio de la función de conformidad con el artículo 185 de la Constitución Política.

La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta. De esta manera, se reitera22 que la potestad disciplinaria está en cabeza del Estado y se ejerce de la siguiente manera: i) Por parte de las oficinas, grupos o unidades de control disciplinario de las ramas, entidades, órganos y organismos del Estado, respecto de los servidores públicos de cada entidad.

1. En cabeza de la Procuraduría General de la Nación, bien sea para el ejercicio del poder disciplinario preferente, o para conocer de los asuntos sobre los cuales se le otorgó competencia privativa (funcionarios de elección popular y sus propios servidores, entre otros, con las excepciones que trae la Constitución y la ley) y todas aquellas ejercidas en virtud de la cláusula general de competencia en materia disciplinaria, contenidas en el artículo 118, 275, 277 y 278 de la Constitución Política. iii) Por parte de las personerías municipales y distritales, a las que la ley otorga, igualmente, un poder disciplinario preferente, para investigar a los servidores públicos de los respectivos municipios y distritos.

1. Por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, sobre los asuntos disciplinarios de los funcionarios y empleados judiciales, en el ejercicio de su profesión.

públicos de los respectivos municipios y distritos.

1. Por parte de la Comisió