CE - Auto interlocutorio 11001030600020250010400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá D.C., once (11) de junio del 2025.

Número único: 11001 03 06 000 2025 00104 00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño y Juzgado

Civil del Circuito de La Unión Vinculado: Procuraduría General de la Nación Asunto: autoridad competente para investigar disciplinariamente a un empleado judicial por hechos ocurridos antes de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cuando no se puede garantizar la separación de la s etapas de instrucción y juzgamiento.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 , numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Auto del 28 de agosto de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño , dentro del proceso disciplinario núm. 52001 -25-02-000-202200348-00, ordenó compulsar copias con el fin de que se investigara al señor Jaime Humberto Jácome Villa, en calidad de secretario del Juzgado Civil del Circuito de La Unión, por presuntamente no ha ber hecho entrega formal de su cargo , el cual

00348-00, ordenó compulsar copias con el fin de que se investigara al señor Jaime Humberto Jácome Villa, en calidad de secretario del Juzgado Civil del Circuito de La Unión, por presuntamente no ha ber hecho entrega formal de su cargo , el cual desempeñó hasta el 31 de agosto de 2020.

2. El 9 de octubre de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño – Despacho 3 abrió investigación disciplinaria en contra del señor Jácome Villa, y el 3 de mayo de 2024 le formuló pliego de cargos.

3. El 16 de agosto de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño declaró su falta de competencia para conocer del proceso disciplinario en contra del empleado judicial Jaime Humberto Jácome Villa, por cuanto los hechos presuntamente constitutiv os de falta disciplinaria tuvieron ocurrencia antes de la entrada en funcionamiento de esa Corporación.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00104 00 Página 2 de 18

Por lo anterior, remitió la actuación disciplinaria a l Juzgado Civil del Circuito de La Unión, al considerar que le correspondía «conocer de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los empleados respecto de los cuales es superior jerárquico».

4. El 26 de septiembre de 2024, el Juzgado Civil del Circuito de La Unión manifestó que carecía de competencia para asumir el conocimiento del proceso disciplinario,

jerárquico».

4. El 26 de septiembre de 2024, el Juzgado Civil del Circuito de La Unión manifestó que carecía de competencia para asumir el conocimiento del proceso disciplinario, dado que los jueces no fungen como superior administrativo de los empleados judiciales y, adicionalmente, «no está en la capacidad de garantizar […] el trámite de apelación y/o doble instancia frente a las decisiones de orden administrativo que se adopten en un proceso disciplinario, así como tampoco separar el ente investigador del juzgador».

En razón a lo anterior, promovió conflicto de competencias administrativas ante el Tribunal Administrativo de Nariño.

5. A través de Auto del 10 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió declarar su falta de competencia para conocer del asunto, en consecuencia, dispuso remitirlo a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a efectos de que dirimiera el conflicto de competencias administrativas suscitado entre el Juzgado Civil del Circuito de La Unión y la Comisión Seccional de Disciplina

Judicial de Nariño.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 092 desde el 7 al 13 de marzo de 2025 , en la secretaría de esta Sala , con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Según informe secretarial del 4 de marzo de 2025, consta que se informó sobre el

autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Según informe secretarial del 4 de marzo de 2025, consta que se informó sobre el presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial d e Nariño, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al Juzgado Civil del Circuito de la Unión y al Tribunal Administrativo de Nariño.

Obra constancia de la secretaría de la Sala del 14 de marzo de 2025, en el que se informa de que, durante la fijación del edicto, el Juzgado Civil del Circuito de la Unión presentó alegatos. Las demás autoridades guardaron silencio.

Mediante Auto del 20 de marzo de 2025, el consejero ponente ordenó comunicar la existencia de este conflicto al señor Jaime Humberto Jácome Villa, en calidad de sujeto disciplinable.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00104 00 Página 3 de 18

A través de Auto del 9 de abril de 2025, en virtud de lo previsto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, se comunicó el presente asunto a la Procuraduría General de la Nación, para que, si lo considera pertinente, presentara sus alegatos o consideraciones.

En constancia secretarial del 2 de mayo de 2025, se informó que, en el término concedido, la Procuraduría General de la Nación guardó silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño

concedido, la Procuraduría General de la Nación guardó silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño

Esta autoridad no presentó escrito de alegatos; sin embargo, sus argumentos se extraerán del oficio mediante el cual declaró su falta de competencia.

Destacó que el Acto Legislativo 02 de 2015 le atribuyó función jurisdiccional disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, a partir del 13 de enero de 2021.

Manifestó que no tiene competencia para conocer el proceso disciplinario iniciado en contra del señor Jaime Humberto Jácome Villa, en calidad de secretario del Juzgado Civil del Circuito de La Unión, toda vez que «los hechos presuntamente constitutivos de falta disciplinaria tuvieron ocurrencia desde el 31 de agosto de 2020, y hasta finales de septie mbre del mismo año», es decir, antes de la entrada en funcionamiento de la jurisdicción disciplinaria.

En razón a lo anterior, concluyó que le corresponde «al titular del Juzgado Civil del Circuito de La Unión Nariño […] conocer de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los empleados respecto de los cuales es superior jerárquico inmediato».

2. Juzgado Civil del Circuito de la Unión

El 6 de marzo de 2025, esta autoridad presentó escrito de consideraciones en el que refirió las distintas actuaciones impartidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño dentro del proceso disciplinario en contra del señor Jácome Villa, a partir del cual señaló que la actuación disciplinaria se reguló por las

que refirió las distintas actuaciones impartidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño dentro del proceso disciplinario en contra del señor Jácome Villa, a partir del cual señaló que la actuación disciplinaria se reguló por las normas establecidas en el Código General Disciplinario.

Precisó que dicha norma , en su artículo 263, indicó expresamente que la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales está ligada a la fecha de notificación del pliego de cargos , y no a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de investigación.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00104 00 Página 4 de 18

Indicó que, al haberse notificado el pliego de cargos con posterioridad a la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, no es el competente para asumir el conocimiento del proceso disciplinario, no solo porque así lo dispuso el legislador en el artículo 263 ibidem, sino, además, al presentarse los siguientes inconvenientes de índole procedimental:

1. Conforme establecía el artículo 115 de la ley 270 de 1996, el control disciplinario de los Jueces sobre los empleados de la Rama Judicial es una función administrativa.

2. En virtud del principio de autonomía de los jueces, no se cuenta administrativamente con superior jerárquico, únicamente existe control a nivel funcional en tratándose de las funciones jurisdiccionales.

3. El artículo 12 del Código General Disciplinario, establece como principio que hace parte del debido proceso disciplinario la separación del ente investigador y el de juzgamiento, luego, en punto a la garantía de separación entre el ente

3. El artículo 12 del Código General Disciplinario, establece como principio que hace parte del debido proceso disciplinario la separación del ente investigador y el de juzgamiento, luego, en punto a la garantía de separación entre el ente investigador y el de juzgamiento, así como el trámite de revisión de un eventual fallo sancionatorio, esta funcionaria judicial no está en la capacidad de garantizar tales principios, pues se reitera, no se cuenta con superior jerárquico a nivel administrativo, por tanto, no es viable surtir el trámite de apelación y/o doble instancia frente a las decisiones de orden administrativo que se adopten en un proceso disciplinario, así como tampoco separar el ente investigador del juzgador.

4. La nueva normatividad, resulta mucho más favorable para el disciplinado, en punto a la separación de la instrucción y el Juzgamiento, doble instancia, garantiza la independencia y el principio de imparcialidad, ampliando el debate probatorio y los argumentos valorados, lo que redunda en la defensa para los investigados.

Por lo expuesto, consideró que la autoridad competente es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es,

un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, el Juzgado Civil del Circuito de La Unión y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño no tienen un superior común.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00104 00 Página 5 de 18

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA, y en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón a que se trata de la

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón a que se trata de la actuación disciplinaria en contra del señor Jaime Humberto Jácome Villa ; y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación administrativa.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo 2, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos3.

2 Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otras.

2 Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otras. 3 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidadesRadicación: 11001 03 06 000 2025 00104 00 Página 6 de 18

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva4.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del caso

En este caso, le corresponde a l a Sala establecer cuál es la autoridad competente para conocer del proceso disciplinario iniciado en contra del señor Jaime Humberto Jácome Villa, en calidad de secretario del Juzgado Civil del Circuito de La Unión, por presuntamente no haber hecho entrega formal de su cargo, el cual desempeñó hasta el 31 de agosto de 2020.

La Comisión Seccional de Nariño negó competencia para conocer del asunto, toda vez qu e los hechos presuntamente constitutivos de falta disciplinaria tuvieron ocurrencia antes de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de

estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [subrayas y resaltado de la Sala]. 4 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00104 00 Página 7 de 18

Por su parte, el Juzgado Civil del Circuito de La Unión manifestó que carecía de competencia para asumir el conocimiento del proceso disciplinario, dado que los jueces no fungen como superior administrativo de los empleados judiciales y, adicionalmente, «no está en la capacidad de garantizar […] el trámite de apelación y/o doble instancia frente a las decisiones de orden administrativo que se adopten en un proceso disciplinario, así como tampoco separar el ente investigador del juzgador».

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

en un proceso disciplinario, así como tampoco separar el ente investigador del juzgador».

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria y las finalidades que persigue en un Estado Social de Derecho. Reiteración; ii) factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal. Reiteración ; iii) los servidores de la Rama Judicial: Distinción entre funcionario y empleado judicial. iv) la autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración ; v) competencia de la Procuraduría General de la Nación, en la salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento; y, vi) el caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria y las finalidades que persigue en un Estado Social de Derecho. Reiteración5

Según lo visto supra6, el ejercicio de la potestad disciplinaria está regulado, para el caso que ocupa la atención de la Sala, en el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, norma que prevé en su artículo 2° que el Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

Así, la norma establece, en su artículo 5°, que la sanción disciplinaria tendrá una finalidad preventiva y correctiva, pues con ella se busca la garantía de la efectividad de los principios y fines consagrados en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Esto, por supuesto, sin dejar de lado las finalidades como la

finalidad preventiva y correctiva, pues con ella se busca la garantía de la efectividad de los principios y fines consagrados en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Esto, por supuesto, sin dejar de lado las finalidades como la prevalencia de la justicia, el debido proceso de los intervinientes, la búsqueda de la verdad material y la efectividad del derecho sustantivo (artículo 11 de la Ley 1952 de 2019).

5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado núm. 11001 -03-06-000-2023000708-00. 6 Ver capítulo 4.1.1.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00104 00 Página 8 de 18

El artículo 25 de la norma señala que «[s]on destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos7 aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en esta ley».

Por su parte, el artículo 26 8 prevé que, constituye falta disciplinaria la incursión en cualquier conducta9 que conlleve al incumplimiento de deberes o la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones y la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés. A la vez, según el artículo 2710, esta puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de derechos propios del cargo o función, o con ocasión de ellos.

Bajo esas premisas, el derecho disciplinario es entendido como el instrumento mediante el cual el Estado busca, de un lado, el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, y del otro, la garantía efectiva de los derechos y deberes consagrados en la Constitución.

mediante el cual el Estado busca, de un lado, el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, y del otro, la garantía efectiva de los derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Ahora bien, de manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa11.

7 En la Sentencia C -721 de 2015, sostuvo que «[…] el régimen disciplinario cobija a la totalidad de los servidores públicos a quienes corresponde estar al servicio del Estado y de la comunidad (C.P. art.123), dado que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad (C.P. art. 209)» [Énfasis añadido]. 8 «Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercic io de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley». 9 En la Sentencia C-244 de 1996, la Corte Constitucional sostuvo que la acción disciplinaria «[…] se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en

en esta ley». 9 En la Sentencia C-244 de 1996, la Corte Constitucional sostuvo que la acción disciplinaria «[…] se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o la extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación de régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo […]». 10 «La falta disciplinaria puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones ». 11 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001 -03-06-000-2006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, par a garantizar laRadicación: 11001 03 06 000 2025 00104 00 Página 9 de 18

Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, par a garantizar laRadicación: 11001 03 06 000 2025 00104 00 Página 9 de 18

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico destinado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública12, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades13.

Como se vio, la Ley 1952 de 2019 reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria14. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria ), en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ─a través de sus seccionales─.15

5.2. Factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal. Reiteración16.

En materia disciplinaria, la competencia, esto es, la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto, se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los siguientes factores o criterios: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta

artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los siguientes factores o criterios: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial), la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (f actor funcional) y el factor de conexidad.

En relación con el primero, el inciso 6° del artículo 2.° de la citada Ley 1952 de 2019 prevé que «[a] la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así com o contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente».

efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública». 12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046). 14 Ley 1952 de 2019, artículo 2°. 15 Ley 1952 de 2019, artículo 2. «El Estado es el titular de la potestad disciplinaria», «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías

15 Ley 1952 de 2019, artículo 2. «El Estado es el titular de la potestad disciplinaria», «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de c ontrol disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias». 16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado núm. 11001 -03-06-000-2024000078-00.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00104 00 Página 10 de 18

Por su parte, el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, dispone lo siguiente:

Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y e