CE - Auto interlocutorio 11001030600020250010600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de 2025

Número único: 11001-03-06-000-2025-00106-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Villeta (Dirección Regional Cundinamarca), y Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas

(Cundinamarca).

Asunto: autoridad competente para realizar el seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas en el PARD a favor de menores de edad. Reiteración

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, respectivamente modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 28 de junio de 2023, la psicóloga del Hospital San José de Guaduas

(Cundinamarca) informó a la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca) sobre hechos que presuntamente constituían vulneración o amenaza a los derechos de la menor de edad A.N.P.U.3.

2. Mediante Auto del 4 de agosto de 2023, la Comisaría de Familia de Guaduas

(Cundinamarca), ordenó apertura de proceso administrativo de restablecimiento

derechos de la menor de edad A.N.P.U.3.

2. Mediante Auto del 4 de agosto de 2023, la Comisaría de Familia de Guaduas

(Cundinamarca), ordenó apertura de proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) en favor de la menor A .N.P.U. y ordenó como medida de

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 Por tratarse de menores de 18 años, y con la finalidad de proteger sus derechos y salvaguardar su intimidad, se omitirá su nombre y el de sus familiares.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00106-00 Página 2 de 35

restablecimiento de derechos provisional, la ubicación de la adolescente en medio familiar.

3. Por Auto de trámite número 284-2024 del 29 de julio de 2024, la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca) declaró la pérdida de competencia en el asunto mencionado, por haberse vencido l os términos establecidos en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4º de la Ley 1878 de 2018. En consecuencia, ordenó remitir la actuación al Juzgado Promiscuo de Familia de Circuito de Guaduas (Cundinamarca).

4. En Auto del 30 de septiembre de 2024, el Juzgado Promiscuo de Familia de

de Familia de Circuito de Guaduas (Cundinamarca).

4. En Auto del 30 de septiembre de 2024, el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas (Cundinamarca) avocó conocimiento del PARD en favor de l a niña A.N.P.U, y ordenó la realización de una serie de entrevistas para la verificación de los derechos de la menor.

5. El 8 de noviembre de 2024, el Juzgado Promiscuo de Guaduas (Cundinamarca) declaró en situación de vulneración de derechos a la menor de edad A.N.P.U y dictó una serie de medidas para el restablecimiento

de sus derechos, entre ellas, la siguiente:

NOVENO: ORDENAR a la Defensora de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF CLAUDIA ANDREA MONCAYO PALACIOS, para que a través del equipo psicosocial efect úe los seguimientos pertinentes respecto de la situación de la adolescente [A.N.P.U.], de acuerdo a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas, de forma mensual por el termino de seis (6) meses, de acuerdo a lo normado en el inciso quinto del artículo 6º de Ley 1878 de 2012.

6. El 2 0 de noviembre de 2024, en escrito dirigido al Juzgado Promiscuo de Guaduas, las defensoras 1, 2, 3 de familia del Centro Zonal Villeta del ICBF, manifestaron no ser competentes para hacer el seguimiento a las medidas de protección ordenadas por el juez de familia de Guaduas (Cundinamarca). Esto por cuanto, en su criterio, el seguimiento debe realizarse directamente por el despacho judicial, el cual asumió el conocimiento del PARD con ocasión de la

protección ordenadas por el juez de familia de Guaduas (Cundinamarca). Esto por cuanto, en su criterio, el seguimiento debe realizarse directamente por el despacho judicial, el cual asumió el conocimiento del PARD con ocasión de la pérdida de competencia de la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca).

Adicionalmente, solicitaron que , de no acoger se la postura señalada por la defensoría, las diligencias se remitieran a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado proponiendo el respectivo conflicto negativo de competencias administrativas.

7. El 9 de diciembre de 2024, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca) se abstuvo de proponer conflicto negativo deRadicación: 11001-03-06-000-2025-00106-00 Página 3 de 35

competencias administrativas, por cuanto, en su criterio, la orden impartida a la defensoría de familia fue dada conforme las funciones otorgadas en los artículos 79 y 82 (numerales 1°,2°, y 3°) de la Ley 1098 de 2006.

Señaló, además, que lo anterior no significaba que el juez se estuviera apartando del conocimiento y definición de fondo del PARD, sino que dicha determinación obedecía a la imposibilidad de efectuar el seguimiento a través de un equipo interdisciplinario.

8. Mediante escrito del 19 de diciembre de 2024 4, las defensoras de familia 1, 2 y

3 del ICBF, Centro Zonal Villeta (Dirección Regional Cundinamarca), plantearon

interdisciplinario.

8. Mediante escrito del 19 de diciembre de 2024 4, las defensoras de familia 1, 2 y 3 del ICBF, Centro Zonal Villeta (Dirección Regional Cundinamarca), plantearon ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conflicto negativo de competencias administrativas y realizaron la siguiente solicitud:

se ordene que el Juzgado Promiscuo de Familia Circuito Judicial de Guaduas Cundinamarca es la autoridad competente no solo para conocer los procesos de restablecimiento de derechos adelantado en favor de los menores, sino que también, es quien debe adelant ar las acciones y seguimientos a la medida de restablecimiento de derechos adoptada en los referenciados procesos como parte integral de cada proceso, porque es aquella autoridad quien debe conocer de primera mano el avance, dinámica, retroceso y/o evoluci ón de cada menor para adoptar el fallo que en derecho corresponda.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante Auto del 14 de febrero de 2025, dentro del expediente 11-001-03-06-0002025-00015-00, la consejera ponente Ana María Charry Gaitán ordenó conformar 21 expedientes separados, uno frente a cada PARD en el que se advertía un conflicto de competencias administrativas.

El 5 de marzo de 2025, la Secretaría de la Sala procedió a dar cumplimiento a lo ordenado, y por reparto correspondió a este despacho el expediente con el número de radicación 11001 -03-06-000-2025-00106-00, relacionado con el proceso de restablecimiento de derechos de la menor de edad A.N.P.U.

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, inciso 3º, modificado por

restablecimiento de derechos de la menor de edad A.N.P.U.

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, inciso 3º, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados y se fijó el edicto número 093 del 5 de marzo de 2025 en la Secretaría de esta Sala, por

4 Samai, documento 003, expediente SCSC.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00106-00 Página 4 de 35

el término de cinco días (del 7 al 13 de marzo de 2025), con el fin de que presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta que se informó sobre el presente conflicto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas (Cundinamarca), a la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca), a la defensora de familia núm ero 1 del Centro Zonal Villeta, a la defensora de familia número 2 del Centro Zonal Villeta, a la defensora de familia núm ero 3 del Centro Zonal Villeta, a la Personería Municipal de Guaduas (Cundinamarca), y a la señora M.E.U.G., madre de la menor A.N.P .U.

En cuanto a la comunicación del señor F.G.P.M., padre de la menor A.N.P.U., según consta en informe secretarial de fecha 5 de marzo de 2025 , esta no se pudo efectuar, dado que se realizaron varias llamadas sin obtener respuesta . No obstante, se publicó el oficio número 107 en la página web del Consejo de Estado,

consta en informe secretarial de fecha 5 de marzo de 2025 , esta no se pudo efectuar, dado que se realizaron varias llamadas sin obtener respuesta . No obstante, se publicó el oficio número 107 en la página web del Consejo de Estado, con el fin de dar a conocer el presente conflicto de competencias administrativas al mencionado señor F.G.P.M.

Según informe secretarial del 14 de marzo de 2024, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF, y el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas (Cundinamarca) presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Defensoría de Familia del Centro Zonal Villeta, regional Cundinamarca, del

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Manifiesta carecer de competencia para realizar seguimiento a las medidas de protección ordenadas por el juez de familia dentro del PARD en favor de la menor de edad A.N.P.U., por cuanto considera que, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca) es la autoridad facultada para conocer el mencionado PARD con ocasión de la pérdida de competencia de la Comisaría de Familia de Guaduas, por vencimiento de términos de conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4º de la Ley 1878 de 2018.

En su criterio, no resulta viable ni tampoco corresponde a la naturaleza de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos , avocar conocimiento,

1878 de 2018.

En su criterio, no resulta viable ni tampoco corresponde a la naturaleza de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos , avocar conocimiento, decretar medidas de restablecimiento, y al mismo tiempo ordenar «que las mismas “en su integridad”, sean adelantadas por otra autoridad (administrativa – Defensoría de Familia)». [Comillas en el texto original].Radicación: 11001-03-06-000-2025-00106-00 Página 5 de 35

Sostiene que la autoridad responsable de adelantar el seguimiento a las medidas de protección es la misma que haya asumido el conocimiento del proceso por vencimiento de los términos, esto es, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca).

2. Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca)

Señala que, avocó conocimiento del PARD en favor de la menor A.N.P.U., y declaró la situación de vulneración de sus derechos, en virtud de lo establecido en el artículo 100 del Código de Infancia y Adolescencia.

Ahora bien, respecto de la orden dada a las defensorías para que adelanten labores de seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos indica lo siguiente:

Ahora, debe aclararse y enfatizarse que, si bien es cierto este Despacho ordenó a las Defensoras de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF, a través del equipo interdisciplinario, realizar los seguimientos de que trata el artículo 103 del C.I.A., de ninguna manera ello significa que este Juzgado se esté apartando, o reusando el conocimiento previamente asumido en los diferentes procesos de restablecimiento

interdisciplinario, realizar los seguimientos de que trata el artículo 103 del C.I.A., de ninguna manera ello significa que este Juzgado se esté apartando, o reusando el conocimiento previamente asumido en los diferentes procesos de restablecimiento de derechos y la continuación de los mismos, por el contrario, dicha determinación obedece a necesidades advertidas en cada caso en concreto, en beneficio y garantía de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, disponiéndose la determinación más favorable para estos, al estar el Despacho en la imposibilidad de efectuar dichas intervenciones a través de un equipo interdisciplinario suficiente, pues, la planta de personal del Juzgado únicamente cuenta con una asistente social profesional en psicología, contrario a esto, el ICBF cuenta con un grupo plural de profesionales, artículo 79 de la Ley 1098 de 2006 modificada por la Ley 1878 de 2018, respecto de los cuales estima este despacho se requiere intervención, como por ejemplo, los profesionales e n nutrición en los casos de los NNA con diagnóstico de desnutrición por baja talla y peso, o las intervenciones por trabajo social en casos de dificultades de comportamiento o violencia sexual, etcétera, razón más que suficiente que faculta a este Despacho para movilizar a todas las entidades, autoridades y funcionarios que hacen parte del Sistema Nacional del Bienestar Familiar, al ser un deber de rango constitucional y legal desplegar todas y cada una de las medidas que se requieran en beneficio y garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también a la luz del principio de corresponsabilidad que debe orientar el actuar de las entidades Estatales.

Asimismo, señala que la orden impartida a la defensoría de familia, con destino a

garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también a la luz del principio de corresponsabilidad que debe orientar el actuar de las entidades Estatales.

Asimismo, señala que la orden impartida a la defensoría de familia, con destino a su equipo interdisciplinario, en manera alguna sobrepasa el límite de la competencia de esa autoridad . Advierte que, por el contrario, dicha orden es acorde con los mandatos legales y constitucionales, en concreto, con las funciones de lasRadicación: 11001-03-06-000-2025-00106-00 Página 6 de 35

defensorías de familia dispuestas en los numerales 1 °,2°, y 3 ° del artículo 82 del Código de la Infancia y la Adolescencia.

En cuanto al conflicto de competencias planteado ante la Sala de Consulta, indica el juzgado que «el mismo carece de fundamento jurídico, pues, este Despacho asumió previamente el conocimiento de cada uno de los asuntos referenciados, y no se ha apartado de los mismos, por lo que debe observarse el principio de improrrogabilidad de la competencia».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo

de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 5. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia6.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. Asimismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

5 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 6 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los

6 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00106-00 Página 7 de 35

En el libro primero del citado código se regulan un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

La Ley 1878 de 20187 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:

El artículo 1° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños,

Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:

El artículo 1° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

Esta modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, fija un plazo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

El artículo 3 ° de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6 ° modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098, con sus modificaciones, y para establecer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, niñas y

7«Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00106-00 Página 8 de 35

el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00106-00 Página 8 de 35

adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

La Ley 1955 de 2019 8 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6 ° de la Ley 1878 de 2018. De esta norma, destaca la Sala: El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

1. la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878); ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y

8 Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00106-00 Página 9 de 35

1. el seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina

1. el seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.

1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas.

1.2.1 Competencia de la Sala

La Ley 1878 de 20189 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional10.

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia el conflicto que le ha sido planteado y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a) La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;

b) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;

b) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

9 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 10 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00106-00 Página 10 de 35

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y

a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y

d) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 11 prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, lo siguiente:

Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consu lta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autorid ades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]. (Resalta la Sala)

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la

[…]. (Resalta la Sala)

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

11 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por le yes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00106-00 Página 11 de 35

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular;

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular;

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de entidades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Por lo