CE - Auto interlocutorio 11001030600020250010900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera de Estado ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Defensoría de Familia del Instituto Colombiano

de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Villeta (Dirección Regional Cundinamarca), y Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca) Asunto: autoridad competente para realizar el seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos en el PARD a favor de un menor de edad. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado , en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 .° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a resolver el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 14 de agosto de 2023, la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia puso en conocimiento2 de la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca) la situación

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Samai expediente digital 2025-109, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_23253203184001202400 _21_20250306141634065, Documento: 002PARD, Folio 1.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 2 de 33

del menor de edad H.A.CH.P.3, debido a una posible conducta violenta de él sobre su progenitora M.P.P.C.

2. El 26 de septiembre de 2023, m ediante auto 4, la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca) ordenó realizar verificación de derechos del menor de edad, a través del equipo interdisciplinario de la entidad.

3. El 2 8 de septiembre de 2023, la Comisaría de Familia de Guaduas

(Cundinamarca) ordenó, mediante auto5, apertura de investigación administrativa y adoptó como medida provisional de restablecimiento de derechos la ubicación urgente del menor de edad en la modalidad «medio institucional interno».

4. El 29 de julio de 2024, la comisaria de familia de Guaduas (Cundinamarca) emitió Auto 284-20246, en el que declaró su pérdida de competencia por haberse superado los términos consagrados en el artículo 100 del Código de Infancia y Adolescencia y remitió el asunto al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de

Auto 284-20246, en el que declaró su pérdida de competencia por haberse superado los términos consagrados en el artículo 100 del Código de Infancia y Adolescencia y remitió el asunto al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca).

5. El 30 de septiembre de 2024 7, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca) decidió avocar el conocimiento d el proceso,

indicando:

PRIMERO: AVOCAR el conocimiento de la presente acción de RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS en favor del adolescente [H.A.CH.P.], de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del Artículo 119 del Código de

Infancia y Adolescencia.

6. El 8 de noviembre de 20248, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca) definió la situación jurídica d el menor de edad H.A.CH.P. declarando la vulneración de derechos y, entre otras cosas, resolvió:

3 Por tratarse de un menor de edad y para preservar sus derechos, en especial el de la intimidad, se suprimirá su nombre y el de sus familiares, los cuales serán remplazados por la iniciales de los mismos. 4Samai expediente digital 2025-109, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_23253203184001202400 _21_20250306141634065, Documento: 002PARD, Folio 6. 5Samai expediente digital 2025-109, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_23253203184001202400 _21_20250306141634065, Documento: 002PARD, Folios 19-20.

5Samai expediente digital 2025-109, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_23253203184001202400 _21_20250306141634065, Documento: 002PARD, Folios 19-20. 6 Samai expediente digital 2025-109, Documento: 4_EXPEDIENTEDIGI_044_EXPEDIENTED IGI_0_3_20250306141631222 7 Samai expediente digital 2025-109, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_23253203184001202400 _21_20250306141634065, Documento: 004AutoAvoca. 8 Samai expediente digital 2025-109, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_23253203184001202400 _21_20250306141634065, Documento: 017DeclaraVulneraciónDeDerechos.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 3 de 33

PRIMERO: DECLARAR en situación de vulneración de derechos al adolescente [H.A.CH.P.] por los motivos expuestos en la parte motiva.

[…]

NOVENO: ORDENAR a la Defensora de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF DIANA MERCEDES ANAYA GONZ ÁLEZ, para que, a través del equipo interdisciplinario de la entidad, efectué los seguimientos pertinentes respecto de la situación del adolescente [H.A.CH.P.], de acuerdo a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas, de forma mensual por el termino de seis (6) meses, de acuerdo a lo normado en el inciso quinto del artículo 6º de Ley 1878 de 2012.

7. El 20 de noviembre de 2024 9, la defensora de familia del Centro Zonal Villeta

(6) meses, de acuerdo a lo normado en el inciso quinto del artículo 6º de Ley 1878 de 2012.

7. El 20 de noviembre de 2024 9, la defensora de familia del Centro Zonal Villeta

(Cundinamarca) presentó memorial al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca), en el que indicó:

Consideramos que los seguimientos a la medida adoptada en los procesos referenciados deben ser ejercidos directamente por el Juzgado Promiscuo de Familia Del Circuito De Guaduas a través del profesional de asistencia social o del profesional que designe, y no por las Defensorías de Familia del Centro Zonal Villeta, en razón a la falta de competencia dada la naturaleza de los procesos avocados por el mentado juzgado

Por lo anterior, solicitó al despacho judicial que, en caso de no acoger dicha postura, propusiera conflicto de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

8. El 9 de diciembre de 2024, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial

de Guaduas (Cundinamarca), resolvió10:

PRIMERO: ABSTENER de proponer conflicto negativo de competencia, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la Defensora de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF que dé cumplimiento inmediato y sin dilaciones injustificadas a la orden impartida efectuando a través del equipo interdisciplinario los seguimientos y presentando los informes respectivos, so pena de hacerse acreedoras de las sanciones por esta judicatura en ejercicio de los poderes correccionales del Juez.

impartida efectuando a través del equipo interdisciplinario los seguimientos y presentando los informes respectivos, so pena de hacerse acreedoras de las sanciones por esta judicatura en ejercicio de los poderes correccionales del Juez.

9 Samai expediente digital 2025-109, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_23253203184001202400 _21_20250306141634065, Documento:025PronunciamientoDefensorasDeFamilia. 10 Samai expediente digital 2025-109, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_23253203184001202400 _21_20250306141634065, Documento:028AutoResuelveSolicitud.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 4 de 33

9. En consecuencia, el 19 de diciembre de 202411, la defensora de familia del Centro Zonal Villeta (Cundinamarca) solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencia s administrativas suscitado entre esa autoridad y el

Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca).

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante Auto del 14 de febrero de 202 512, dentro del expediente radicado con el núm. 110010306000202500001500, la consejera ponente ordenó conformar 21 expedientes separados, uno por cada proceso administrativo de restablecimiento de derechos de los diferentes menores de edad.

El 6 de marzo de 202513, la Secretaría de la Sala procedió a dar cumplimiento a lo ordenado y por reparto le correspondió a la consejera ponente, el expediente con el

de derechos de los diferentes menores de edad.

El 6 de marzo de 202513, la Secretaría de la Sala procedió a dar cumplimiento a lo ordenado y por reparto le correspondió a la consejera ponente, el expediente con el número de radicación 11001030600020250010900, que corresponde al proceso administrativo de restablecimiento de derechos del menor de edad H.A.CH.P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 96 en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, contados del 7 al 13 de marzo de 202514, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Consta que se informó sobre el presente conflicto 15 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, a la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca), a la defensora de familia del ICBF-Centro Zonal Villeta (Cundinamarca), al Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas (Cundinamarca) , a la Personería Municipal de Guaduas (Cundinamarca) y a la señora M.P.P.P, madre del menor de edad.

11 Samai expediente digital 2025-109, Documento: 3_EXPEDIENTEDIGI_033_EXPEDIENTEDIGI _0_2_20250306141630784 12 Samai expediente digital 2025-109, Documento: 18_EXPEDIENTEDIGI_19Autodel14defebrero _17_20250306141633722

_0_2_20250306141630784 12 Samai expediente digital 2025-109, Documento: 18_EXPEDIENTEDIGI_19Autodel14defebrero _17_20250306141633722 13Samai expediente digital 2025-109, Documento: 23_EXPEDIENTEDIGI_24Actadereparto _22_20250306141634581 14Samai expediente digital 2025-109, Documento: 26_POREDICTO_25Edicto_0_2025 0306142043783 15 Samai expediente digital 2025-109, Documento: 24_EXPEDIENTEDIGI_27Informecomunicacio _23_20250306141634612Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 5 de 33

Obra constancia de la Secretaría de la Sala, del 14 de marzo de 2025, indicando que durante la fijación del edicto la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Villeta (Cundinamarca) y el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas (Cundinamarca) presentaron consideraciones, mientras que, las demás autoridades y los particulares interesados guardaron silencio16.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(ICBF) – Centro Zonal Villeta (Cundinamarca)17

En memorial del 13 de marzo de 2025, a través del cual presentó sus alegatos, esta autoridad manifestó no ser la competente de adelantar la etapa de seguimiento del proceso administrativo de restablecimiento de derecho, lo anterior con fundamento en lo siguiente:

Sostuvo que no es concordante lo ordenado en el Código de Infancia y

autoridad manifestó no ser la competente de adelantar la etapa de seguimiento del proceso administrativo de restablecimiento de derecho, lo anterior con fundamento en lo siguiente:

Sostuvo que no es concordante lo ordenado en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), con lo realizado por el juzgado, esto debido a que avocó conocimiento del proceso administrativo de restablecimiento de derechos y decretó medidas de restablecimiento de derechos, pero al mismo tiempo o rdenó que el seguimiento de estas sea adelantado por otra autoridad administrativa, en este caso, la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Villeta (Cundinamarca).

Adicionalmente, mencionó que no se le puede atribuir competencia debido a que el juzgado definió la situación jurídica de l menor de edad luego de que la Comisaría de Familia de Guaduas declarara su falta de competencia y, además, en razón al factor territorial desarrollado en el artículo 97 del Código de Infancia y Adolescencia, debido a que el menor de edad reside en el municipio de Guaduas (Cundinamarca).

Finalmente, resaltó que el Centro Zonal Villeta no cuenta con recurso humano suficiente y especializado en psicología, trabajo social y nutrición para realizar las múltiples y constantes tareas asignadas legalmente

16Samai expediente digital 2025-109, Documento: 33_ALDESPACHOPOR_Informesecretarial 20_0_20250314131524816 17Samai expediente digital 2025-109, Documento: 30_110010306000202500109002MemorialWeb 2025313234559Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 6 de 33

17Samai expediente digital 2025-109, Documento: 30_110010306000202500109002MemorialWeb 2025313234559Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 6 de 33

2. Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca)18

Mediante oficio núm. 0245 del 12 de marzo de 2024, esta autoridad presentó consideraciones y expuso que:

[E]ste Despacho ordenó a las Defensoras de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF, a través del equipo interdisciplinario, realizar los seguimientos de que trata el artículo 103 del C.I.A., de ninguna manera ello significa que este Juzgado se esté apartando, o reusando el conocimiento previamente asumido en los diferentes procesos de restablecimiento de derechos y la continuación de los mismos, por el contrario, dicha determinación obedece a necesidades advertidas en cada caso en concreto, en beneficio y garantía de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, disponiéndose la determinación más favorable para estos, al estar el Despacho en la imposibilidad de efectuar dichas intervenciones a través de un equipo interdisciplinario suficiente […].

[…].

[S]i bien es cierto que los procesos de restablecimiento de derechos obedecen a un trámite administrativo, también es cierto que las autoridades que allí intervienen se encuentran investidas de funciones jurisdiccionales, y en ese orden de ideas actúan como juez natural, con amplio margen de discrecionalidad en sus decisiones.

Resaltó que no existe prohibición legal que le impida movilizar a las autoridades que

se encuentran investidas de funciones jurisdiccionales, y en ese orden de ideas actúan como juez natural, con amplio margen de discrecionalidad en sus decisiones.

Resaltó que no existe prohibición legal que le impida movilizar a las autoridades que hacen parte del Sistema Nacional del Bienestar Familiar, a efectos de garantizar y, efectivamente, lograr restablecer los derechos prevalentes de los menores de edad en situación de vulneración.

Agregó que la decisión proferida cobró firmeza, sin que fuera objeto de recurso por parte de las defensoras de familia del Centro Zonal Villeta del ICBF, por lo que indicó que se predica la imperatividad de las órdenes allí contenidas.

Finalmente, manifestó, en torno al conflicto de competencia suscitado, que el mismo carece de fundamento jurídico, debido a que el despacho asumió previamente el conocimiento y no se ha apartado del mismo.

18 Samai expediente digital 2025-109, Documento: 30_110010306000202500109002Demanda Web202531321016Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 7 de 33

I. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 19. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia20.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. As imismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

En el libro primero del citado código se regulan un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y

adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido

19 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 20 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 8 de 33

vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

La Ley 1878 de 2018 21 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:

El artículo 1° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la

El artículo 1° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

Esta modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, fija un plazo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

El artículo 3° de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6° modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098, con sus modificaciones, y para establecer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

21«Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 9 de 33

el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 9 de 33

Mas adelante, la Ley 1955 de 201922 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6° de la Ley 1878 de 2018. De esta norma, destaca la Sala: El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del ser vicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia

la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

1. la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878); ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y iii) el seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina

22 Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 10 de 33

con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva),

con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.

1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas.

1.2.1 Competencia de la Sala

La Ley 1878 de 201823 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional24.

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia el conflicto que le ha sido planteado y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

b) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia

23 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098

a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia

23 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 24 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 11 de 33

que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y

c) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a. La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los

a. La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos: […].

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía. […] [Resalta la Sala].

De conformidad con la norma transcrita, el juez de familia es el competente para conocer los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía, siempre que las autoridades en conflicto se encuentren bajo su jurisdicción por el factor territorial.

Al analizar esa disposición, la Sala concluyó que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó, en forma expresa o tácita, ninguna de las disposiciones señaladas del CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esa competencia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativos en los artículos 39, 112 numeral 10, y 151, numeral 3º del CPACA, con sus modificaciones.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16 del CGP no implicó la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias

numeral 3º del CPACA, con sus modificaciones.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16 del CGP no implicó la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias administrativas en materia de familia, se concluyó que la Sala y los jueces de familia tenían, en este campo, una competencia concurrente y a prevención, y así se ha ejercido de manera continua.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00109-00 Página 12 de 33

b. El alcance del artículo 3º (parágrafo 3º) de la Ley 1878 de 2018 frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia

El artículo 3º de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 para precisar aspectos atinentes al auto de apertura y a su contenido, y le adicionó tres parágrafos, de los cuales interesa el tercero, conforme al cual:

[…].

Parágrafo 3°. En caso de conflicto de competencia entre autoridades administrativas, el proceso de restablecimiento de derechos deberá ser tramitado a prevención por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto.

El juez de familia tendrá un término de quince (15) días para resolver el conflicto de competencia que se presente y en caso de no hacerlo incurrirá en causal de mala conducta.

En caso de declararse falta de competencia respecto de quien venía conociendo a prevención, lo actuado conservará plena validez, incluso la resolución que decida