CE - Auto interlocutorio 11001030600020250011000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00110-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Defensoría de Familia del Instituto Colombiano

de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Villeta (Dirección Regional Cundinamarca), y Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca).

Asunto: autoridad competente para realizar el seguimiento a las medidas de restablecimie nto de derechos adoptadas en el PARD a favor de un menor de edad. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado , en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 .° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a resolver el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 23 de diciembre de 202 2, la ESE Hospital San José de Guaduas

(Cundinamarca), puso en conocim iento de la Comisaría de Familia de l mismo

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite se encuentra en el expediente Digital SAMAI, documento: 26recibememorial, expediente PARD 25320318400120240009100, y por protección a la intimidad del menor no se especifica el nombre de los archivos, ya que algunos de ellos, referieren su nombre.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00110-00 Página 2 de 36

municipio, la situación del menor de edad A.M.O.V.3 con el fin de que se realizara una verificación inicial de derechos de acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 1° de la Ley 1878 de 2018.

2. El 15 de septiembre de 2023, mediante auto de trámite la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca), ordenó realizar la verificación de garantía de derechos del menor de edad A.M.O.V. , a través del equipo interdisciplinario de la entidad.

3. El 28 de enero de 2023, la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca) mediante auto de apertura de la investigación administrativa, ordenó como medida provisional en favor del menor su ubicación urgente en la modalidad «medio familiar» con su progenitora y continuar con el seguimiento por el término de seis (6) meses a través del área de psicología y trabajo social de la Comisaría.

provisional en favor del menor su ubicación urgente en la modalidad «medio familiar» con su progenitora y continuar con el seguimiento por el término de seis (6) meses a través del área de psicología y trabajo social de la Comisaría.

4. Mediante Resolución núm. 8 del 19 de julio de 202 3, la comisaria de Familia de Guaduas (Cundinamarca) declaró la vulneración del derecho a la protección y a la integridad personal del menor de edad A.M.O.V., ordenó mantener la medida provisional de ubicación en «medio familiar» con su progenitora , y su seguimiento por parte del equipo psicosocial de la Comisaría por el término de seis (6) meses .

Adicionalmente, dispuso el cierre del PARD.

5. El 29 de julio de 2024, la Comisar ia de Familia de Guaduas (Cundinamarca) emitió Auto de trámite núm. 284-20244, con el que declaró la pérdida de su competencia entre otros, frente al expediente del menor de edad A.M.O.V., por haberse superado los términos consagrados en el artículo 100 del Código de Infancia y Adolescencia y ordenó remitir los expedientes al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas, (Cundinamarca), para la verificación de la garantía de derechos de acuerdo con lo consag rado en el titulo I del capítulo II del Código de Infancia y Adolescencia, modificado por la Ley 1878 de 2018.

6. El 25 de septiembre de 2024 5, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca), avocó conocimiento de la acción de

6. El 25 de septiembre de 2024 5, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca), avocó conocimiento de la acción de restablecimiento de derechos en favor del menor de edad A.M.O.V., de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 119 del Código de Infancia y

Adolescencia.

3 Por tratarse de un menor de edad y para preservar sus derechos, en especial el de la intimidad, se suprimirá su nombre y el de sus familiares, los cuales serán remplazados por la s iniciales de los mismos. 4 Samai Expediente Digital 11001030600020250010300, documento: 4ed_044_expedientedigi_0 5 Samai Expediente Digital, documento: 26recibememorial, expediente PARD 25320318400120240009100, 004AutoAvocaConocimientoRD.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00110-00 Página 3 de 36

7. El 8 de noviembre de 2024, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca)6, declaró en situación de vulneración de derechos al niño A.M.O.V , ordenó mantener la medida provisional de ubicación en «medio familiar» con su progenitora y efectuar los seguimientos pertinentes respecto de su situación por parte de la Defensora de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF a través de su equipo interdicisciplinario.

8. El 20 de noviembre de 20247, la defensora de Familia del Centro Zonal de Villeta

(Cundinamarca), presentó memorial al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito

través de su equipo interdicisciplinario.

8. El 20 de noviembre de 20247, la defensora de Familia del Centro Zonal de Villeta

(Cundinamarca), presentó memorial al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca), en el que indicó:

Consideramos que los seguimientos a la medida adoptada en los procesos referenciados deben ser ejercidos directamente por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas a través del profesional de asistencia social o del profesional que designe, y no por las Defensorías de Familia del Centro Zonal Villeta, en razón a la falta de competencia dada la naturaleza de los procesos avocados por el mentado juzgado […]

Por lo anterior, solicitó al despacho judicial que, en caso de no acoger dicha postura, propusiera conflicto negativo de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

9. El 9 de diciembre de 2024, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca)8, resolvió abstenerse de proponer conflicto negativo de competencia, precisando que en ningún momento se ha apartado o ha rehusado competencia para conocer el proceso de restablecimiento de derechos y la continuación del mismo, sino que en atención a la imposibilidad de efectuar dichas intervenciones a través de l personal del juzgado, se acud ía al personal del ICBF , como funcionarios que hac ían parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar , para desplegar las medidas necesarias en beneficio y garant ía del menor, por lo que, ordenó a la Defensora de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF , dar

como funcionarios que hac ían parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar , para desplegar las medidas necesarias en beneficio y garant ía del menor, por lo que, ordenó a la Defensora de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF , dar cumplimiento inmediato y sin dilaciones injustificadas a la orden impartida efectuando a través del equipo interdisciplinario del ICBF, los seguimientos ordenados.

6 Samai Expediente Digital, documento: 26recibememorial, expediente PARD 25320318400120240009100, 019DeclaraVulneracionDeDerechosYSeguimiento. 7 Samai Expediente Digital, documento: 26recibememorial, expediente PARD 25320318400120240009100, 023PronunciamientosDefensorasDeFamilia. 8 Samai Expediente Digital, documento: 26recibememorial, expediente PARD 25320318400120240009100, 026AutoResuelveSolicitudDefensoraFamilia.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00110-00 Página 4 de 36

10. El 19 de diciembre de 2024, las defensoras de familia 1, 2 y 3 del ICBF, Centro Zonal Villeta (Dirección Regional Cundinamarca) 9, plantearon ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, conflicto negativo de competencia administrativas suscitado entre esas autoridades y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca), con el fin de determinar la autoridad competente para adelantar el seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas en varios procesos, incluyendo el del menor de edad A.M.O.V.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

autoridad competente para adelantar el seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas en varios procesos, incluyendo el del menor de edad A.M.O.V.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante Auto del 14 de febrero de 2024 10, dentro del expediente núm. 110010306000202500001500, la consejera ponente ordenó conformar 21 expedientes separados, uno por cada proceso administrativo de restablecimiento de derechos sobre el cual versa la solicitud de resolución del conflicto de competencias presentada pues, deben ser revisados y definidos por la Sala en forma particular y concreta.

El 6 de marzo de 202411, la Secretaría de la Sala procedió a dar cumplimiento a lo ordenado y por reparto le correspondió a este despacho , el expediente con el número de radicación 110010306000202 50011000, que corresponde a l proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor del menor de edad

A.M.O.V.

De c onformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 6 de marzo de 2025, se fijó el edicto núm. 97 en la secretaría de esta Sala por el término de cinco días, contados entre el 7 y el 13 de marzo de 2025 12, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Consta que se informó sobre el presente conflicto 13 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, a las defensoras de familia núm. 1, 2 y 3 del Centro Zonal

conflicto.

Consta que se informó sobre el presente conflicto 13 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, a las defensoras de familia núm. 1, 2 y 3 del Centro Zonal de Villeta, al Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas (Cundinamarca), a la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca), a la Personería Municipal de

9 Samai Expediente Digital, Documento: 4ed_044_expedientedigi_0 10 Samai Expediente Digital, Documento: 10ed_19autodel14defebrero. 11 Samai Expediente Digital, Documento: 13ed_24actaderepartopdf 12 Samai Expediente Digital, Documento: ed_25edictopdf 13 Samai Expediente Digital, Documento: 18ed_informecomunicacioneRadicación: 11001-03-06-000-2025-00110-00 Página 5 de 36

Guaduas (Cundinamarca), y a los señores J.A.V.D. y A.O.P., en calidad de padres del menor de edad A.M.O.V.

Obra constancia de la secretaría de la Sala , del 14 de marzo de 202514, idicando que, durante el término de fijación del edicto, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca) y la Defensora de Familia No. 2 del ICBFCentro Zonal Villeta (Cundinamarca) presentaron consideraciones, mientras que, las demás autoridades y los particulares interesados guardaron silencio.

La consejera ponente a través de auto para mejor proveer de 3 de abril de 202515, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Dirección Regional

las demás autoridades y los particulares interesados guardaron silencio.

La consejera ponente a través de auto para mejor proveer de 3 de abril de 202515, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Dirección Regional Cundinamarca – Centro Zonal Villeta - Defensoría de Familia No. 2, remitir copia digital del proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantado en favor del niño A.M.O.V., radicado con el número SIM ICBF 21717247.

Según informe secretarial del 11 de abril de 202516, la Defensoría de Familia No. 2, Centro Zonal Villeta, Regional Cundinamarca y el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas (Cundinamarca), dieron respuesta.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(ICBF) – Centro Zonal Villeta, Regional Cundinamarca

Mediante escrito con radicado núm. 2025440050000282 81 del 13 de marzo de 202517, esa autoridad señaló que carece de competencia para adelantar el seguimiento a las medidas de protección adoptadas por el juez de familia dentro del PARD en favor del menor de edad A.M.O.V., por las siguientes razones:

Manifestó que la competencia del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca) proviene de la pérdida de competencia de la Comisaría de Familia de Guaduas, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4.º de la Ley 1878 de 2018 y de la aplicación de la regla de competencia territorial.

de Familia de Guaduas, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4.º de la Ley 1878 de 2018 y de la aplicación de la regla de competencia territorial.

14 Samai Expediente Digital, Documento: 22aldespachopor_informesecretarial20 15 Expediente Digital, SAMAI, Documento: 023Autoparamejor_Auto202500110AMCHGPA 16 Expediente Digital, SAMAI, Documento: 28informesecreta_20250110informesecre 17 Samai Expediente Digital, Documento: 19_memorialweb_alegatos-alegatosdeconclusiRadicación: 11001-03-06-000-2025-00110-00 Página 6 de 36

Reitera que no corresponde a la naturaleza de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos que se avoque conocimiento, se decreten medidas de restablecimiento, y que, al mismo tiempo, «se ordene que las mismas “en su integridad”, sean adelantadas por otra autoridad (administrativa – Defensoría de Familia)». [Comillas en el texto original].

Difiere de lo ordenado en el numeral quinto de la sentencia del 8 de noviembre de 2024 emitida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas, al considerar que, en su criterio, es dicho Juzgado la autoridad competente no solo para conocer los procesos de restablecimiento de derechos adelantado s en favor de los menores, sino que también, es quien debe motu proprio llevar a cabo las acciones y seguimientos a la medida de restablecimiento de derechos adoptada en los referenciados procesos como parte integral de cada uno.

2. Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca)

seguimientos a la medida de restablecimiento de derechos adoptada en los referenciados procesos como parte integral de cada uno.

2. Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca)

Esa autoridad presentó escrito de alegatos mediante Oficio núm. 02 39 del 12 de marzo de 202518, en el que expuso que, en atención a la perdida de competencia de la Comisaria de Familia de Guaduas, avocó conocimiento de varios PARD, entre ellos el del menor de edad A.M.O.V., posteriormente declaró la situación de vulneración de derechos, y ordenó a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villeta que, a través de su equipo interdisciplinario, realizara los seguimientos a las medidas de protección de que trata el artículo 103 del Código de la Infancia y la Adolescencia19.

En este sentido, manifestó que si bien es cierto ordenó a las defensoras de familia del Centro Zonal Villeta del ICBF realizar los seguimientos de que trata el artículo 103 del Código de la Infancia y la Adolescencia , ello no significa que se esté apartando o re husando el conocimiento previamente asumido en el PARD, ni tampoco la continuación del mismo hasta su definición de fondo, sino que por el contrario, dicha determinación, obedece a necesidades advertidas en cada caso en concreto y ante la imposibilidad de efectuar dichas intervenciones a través de un equipo interdisciplinario adscrito a su despacho, se ha acudido al personal del ICBF, quien cuenta con un grupo plural de profesionales respecto de los cuales estima necesaria su intervención.

Decisión que fue notificada debidamente a las defensoras de familia del Centro

quien cuenta con un grupo plural de profesionales respecto de los cuales estima necesaria su intervención.

Decisión que fue notificada debidamente a las defensoras de familia del Centro Zonal de Villeta del ICBF, no fue objeto de recurso por lo que se encuentra en firme

18 Samai Expediente Digital, Documento: 19_demandaweb__respuestaconflictode 19 El artículo 103 del Código de la Infancia y la Adolescencia fue modificado por el artículo 6.° de la Ley 1878 de 2018.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00110-00 Página 7 de 36

y la que de ninguna manera sobrepasa el límite de su competencia, ya que se encuentra acorde con los mandatos legales y constitucionales, en concreto, con las funciones consagradas en los numerales 1, 2, y 3 del artículo 82 del Código de la Infancia y la Adolescencia y dentro de su amplio margen de discrecionalidad como juez natural de dichos procesos.

Esa autoridad igualmente señaló que el objeto y fundamento principal de los procesos que se encuentran en conocimiento de su despacho es justamente el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes que se advierten en vulneración o amenaza, por lo que la s defensoras de familia del Centro Zonal Villeta del ICBF , en cumplimiento de su deber misional, funcional, legal y constitucional, deben prestar la colaboración debida , efectuando los seguimientos en la forma y términos ordenados, y presentar los informes correspondientes.

Por lo tanto, considera que el conflicto planteado carece de fundamento jurídico, dado que el despacho asumió previamente la competencia del asunto y no se ha

en la forma y términos ordenados, y presentar los informes correspondientes.

Por lo tanto, considera que el conflicto planteado carece de fundamento jurídico, dado que el despacho asumió previamente la competencia del asunto y no se ha apartado del mismo, por lo que considera debe observarse el principio de improrrogabilidad de la competencia.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 20. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia21.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación

20 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 21 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los

21 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00110-00 Página 8 de 36

que los amenace hasta el restablecimiento de t ales derechos, cuando les son vulnerados. Asimismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infa ncia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

En el libro primero del citado código se regulan un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de

adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

• La Ley 1878 de 2018 22 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006

(Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:

El artículo 1° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

La modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, e xcepcionalmente, fija un plazo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

22«Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00110-00 Página 9 de 36

El artículo 3° de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6 .° modificó el artículo 1 03 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098, con sus modificaciones, y para establecer 18 mes es como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

• La Ley 1955 de 201923 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6° de la Ley 1878 de 2018. De esta

norma, destaca la Sala:

El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de maner a definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los

ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de maner a definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

23 Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00110-00 Página 10 de 36

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

1. la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878); ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y iii) el seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado po r el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas.

La Ley 1878 de 201824 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional25.

El artículo 3º de la citada ley, modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se

24 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098

adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se

24 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 25 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia c onstitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00110-00 Página 11 de 36

susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima proc edente hacer una revisión previa de las normas legales pertinentes en este aspecto, con base en lo cual determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia dirimir el conflicto que le ha sido

En consecuencia, la Sala estima proc edente hacer una revisión previa de las normas legales pertinentes en este aspecto, con base en lo cual determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia dirimir el conflicto que le ha sido planteado, y fundamentará la decisión que corresponda . La enunciada revisión comprende:

a) La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;

b) la posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16 , de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

c) el alcance del artículo 3º (parágrafo 3) de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia; y

d) la competencia de la Sala en el caso concreto.

a) Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pron