CE - Auto interlocutorio 11001030600020250012000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00120-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: E.S.E. Hospital Local José Rufino Vivas de Dagua (Valle del Cauca) , departamento de Valle del Cauca y Ministerio de

Hacienda y Crédito Público.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo una solicitud de reconocimiento y pago de bono pensional.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1 modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 20212, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al conflicto:

1. El 29 de diciembre de 2021, la E.S.E. Hospital Local José Rufino Vivas de Dagua

(Valle del Cauca) -en adelante el Hospital José Rufino Vivas - expidió certificación de información laboral CETIL número 202112890305496000720001, para efectos del reconocimiento y pago de un bono pensional en favor del señor Román Sánchez Rojas. En dicho documento se indica que, para los períodos comprendidos entre el 16 y el 31

información laboral CETIL número 202112890305496000720001, para efectos del reconocimiento y pago de un bono pensional en favor del señor Román Sánchez Rojas. En dicho documento se indica que, para los períodos comprendidos entre el 16 y el 31 de diciembre de 1983 y el 1° de enero y el 16 de diciembre de 1984, se efectuaron aportes por concepto de seguridad social, señalando como responsable de ello al departamento el Valle del Cauca.

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto 11001030600020250012000 que reposa en SAMAI.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00120-00 Página 2 de 31

2. El 22 de julio de 202 1, Porvenir S.A. , en representación de su afiliad o, el señor Román Sánchez Rojas, solicitó al departamento de Valle del Cauca el reconocimiento y pago del bono pensional al que tendría derecho por haber trabajado en el entonces Hospital José Rufino Vivas, hoy empresa social del Estado, entre el 16 de diciembre de 1983 y el 16 de diciembre de 1984.

3. El 9 de agosto de 2021, el departamento de Valle del Cauca, por medio del aplicativo de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público objetó

1983 y el 16 de diciembre de 1984.

3. El 9 de agosto de 2021, el departamento de Valle del Cauca, por medio del aplicativo de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público objetó «la liquidación del bono pensional» del señor Sánchez Rojas por el tiempo laborado en el Hospital José Rufino Vivas , al considerar que se «encontraba como RETIRADO del contrato de concurrencia».

4. El 11 de marzo de 202 5, Porvenir S.A. formuló ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conflicto de competencias entre la E.S.E. Hospital José Rufino Vivas de Dagua (Valle del Cauca) , el departamento de l Valle del Cauca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que determine la entidad responsable de la emisión y pago del bono pensional tipo a modalidad 2 al que, eventualmente, tiene derecho el señor Román Sánchez Rojas, por haber trabajado en la referida institución hospitalaria entre el 16 de diciembre de 1983 y el 16 de diciembre de 1984.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó en la Secretaría de la Sala el edicto número 107 del 11 de marzo de 2025, por el término de cinco días hábiles, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Según constancia del 11 de marzo de 2025, se comunicó de la existencia del presente

con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Según constancia del 11 de marzo de 2025, se comunicó de la existencia del presente conflicto a la E.S.E. Hospital José Rufino Vivas de Dagua (Valle del Cauca) ; al departamento del Valle del Cauca; al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; a Porvenir S.A; al señor Juan Camilo Rodríguez Cardona, apoderado de esta última, y a l señor Román Sánchez Rojas.

Conforme el informe secretarial del 21 de marzo de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Valle del Cauca presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En el escrito de alegatos del 17 de marzo de 2025, el ministerio indica que la Ley 60 de 1993 creó el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, para que la Nación y las entidades territoriales colaboraran en la financiación del pasivo causado al 31 de diciembre de 1993, por concepto de cesantías y pensiones de los trabaj adores y exConflicto 11001-03-06-000-2025-00120-00 Página 3 de 31

trabajadores de las entidades hospitalarias que fueron certificadas como beneficiarias del citado fondo.

Indica que con la expedición de la Ley 715 de 2001 se suprimió el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud y se trasladó la responsabilidad financiera de la Nación al

del citado fondo.

Indica que con la expedición de la Ley 715 de 2001 se suprimió el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud y se trasladó la responsabilidad financiera de la Nación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Precisa que el ministerio solo tiene como función la relativa a colaborar en la financiación del pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993, y agrega que, la entidad competente para reconocer el bono pensional solicitado por Porvenir S.A. es la E.S.E. Hospital José Rufino Vivas (Valle del Cauca), en su condición de empleador del señor Román Sánchez Rojas.

2. Departamento de Valle del Cauca

En los alegatos del 19 de marzo de 2025, el departamento de Valle del Cauca, mediante apoderado, manifestó que no es la entidad competente para asumir el reconocimiento y pago del bono pensional del señor Román Sánchez Rojas.

Agregó que la Ley 60 de 1993, en su artículo 33, mediante la creación del Fondo Nacional para el pago del Pasivo Prestacional del Sector Salud, dispuso que dicho fondo serviría como garantía para el pago de las deudas prestacionales relacionadas con las cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación que se causaran hasta la vigencia presupuestal de 1993.

En la misma medida explicó que la Ley 100 de 1993, en su artículo 242, en consonancia con el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 establecen que el fondo del pasivo prestacional cubriría las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral relacionad os con las pensiones de jubilación causadas hasta el 31 de diciembre de 1993.

cubriría las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral relacionad os con las pensiones de jubilación causadas hasta el 31 de diciembre de 1993.

Así mismo, precisó que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado se han pronunciado al respecto y señaló:

[l]a jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado han establecido dentro del ordenamiento jurídico referente a la financiación del pasivo pensional de personal retirado de las E.S.E, que son estas las encargadas de su pago y no la entidad territorial mientras no se haya suscrito contrato de concurrencia administrativa. Lo anterior, establece que se seguirá aplicando el artículo 242 de la ley 100 hasta tanto no se presenten circunstancias diferentes. […]

Igualmente, aclaró que, para los casos en los cuales se exige el pago del bono pensional para el personal retirado de las instituciones de salud beneficiarias del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, debe aplicarse lo dispuesto en el inciso 5.° del artículo 242 de la Ley 100 de 1993.

Por último, respecto del caso en concreto, expresó que el señor Sánchez Rojas figuraConflicto 11001-03-06-000-2025-00120-00 Página 4 de 31

en la certificación de beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud en calidad de retirado, por lo que afirma, que no tiene derecho a una cuota parte del bono pensional, y que, en todo caso, dicha obligación debe ser reconocida y pagada por la E.S.E. Hospital José Rufino Vivas.

3. E.S.E. Hospital José Rufino Vivas

Si bien esta entidad no emitió alegatos, con la expedición del certificado Cetil núm.

la E.S.E. Hospital José Rufino Vivas.

3. E.S.E. Hospital José Rufino Vivas

Si bien esta entidad no emitió alegatos, con la expedición del certificado Cetil núm. 202112890305496000720001 del 29 de diciembre de 2012 , se advierte que la entidad hospitalaria manifestó que el departamento de l Valle del Cauca es la autoridad responsable de las cotizaciones del señor Román Sánchez Rojas , para el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 1983 y el 16 de diciembre de 1984, época en la cual laboró en el referido hospital, y de la que versa la solicitud del bono pensional, con lo cual, se advierte su posición negativa frente a la solución de fondo de la solicitud del bono pensional incoado.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una

naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional del señor Román Sánchez Rojas, por el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 1983 y el 16 de diciembre de 1984, durante el que laboró en el Hospital José Rufino Vivas ; y iii) todas las autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación correspondiente.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de lasConflicto 11001-03-06-000-2025-00120-00 Página 5 de 31

actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva4.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades

que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional del señor Román Sánchez Rojas, por el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 1983 y el 16 de diciembre de 1984, durante el que laboró en el Hospital José Rufino Vivas.

El departamento del Valle del Cauca alegó que no es responsable del reconocimiento y pago de la cuota parte del bono pensional reclamado por el señor Sánchez Rojas, dado que en la certificación de beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud se reporta en calidad de retirado, por lo que afirma que el reconocimiento y pago del bono pensional recae en la E.S.E. Hospital José Rufino Vivas (Valle del Cauca).

El Hospital José Rufino Vivas, en la certificación Cetil núm. 202112890305496000720001 del 29 de diciembre de 2012, indicó que la entidad responsable de las cotizaciones del señor Román Sánchez Rojas , para el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 1983 y el 16 de diciembre de 1984, es el departamento de Valle del Cauca.

responsable de las cotizaciones del señor Román Sánchez Rojas , para el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 1983 y el 16 de diciembre de 1984, es el departamento de Valle del Cauca.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que no se ha suscrito ningún contrato de concurrencia para financiar el pasivo del personal retirado de la E.S.E. Hospital José Rufino Vivas (Valle del Cauca), señalando al hospital como r esponsable de emitir y pagar el bono pensional correspondiente al señor Sánchez Rojas.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes temas:

4 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00120-00 Página 6 de 31

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración5

Decreto Ley 2470 de 19686

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración5

Decreto Ley 2470 de 19686

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y territorial (artículo 2°).

Al definir los niveles del sistema7, el legislador extraordinario dejó la dirección del mismo, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

Ley 9ª de 19738

Otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:

5 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 12 de abril de 2023, radicación 1100103-06-000-2022-00282-0; Decisión del 13 de diciembre de 2022, radicación 11001 -03-06-000-202200098-00; Decisión del 27 de agosto de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00041-00 y Decisión del 21 de abril de 2020, radicación 11001-03-06-000-2019-00213-00. 6 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública».

21 de abril de 2020, radicación 11001-03-06-000-2019-00213-00. 6 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 7 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuá les compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 8 «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes ».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00120-00 Página 7 de 31

1. adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;

1. suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;

entidades del sector público;

1. suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;

1. dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud;

1. determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y

1. elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 19759

El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención

nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Igualmente, definió, para efectos del sistema nacional de salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten

9 «Por el cual se sustituye el Decreto-ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00120-00 Página 8 de 31

servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 350 de 197510

Mediante este decreto se definió l a organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud.

Decreto Ley 356 de 197511

Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud.

Decreto Ley 356 de 197511

Este decreto estableció el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud.

10 «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». 11 «Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00120-00 Página 9 de 31

Estableció que l as entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al sistema nacional de salud, dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la si tuación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser integrados a los planes nacionales, seccionales y regionales de salud (artículo 3) y sus actividades debían someterse a las disposiciones que regulaban los subsistemas nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al sistema nacional de salud en el

nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al sistema nacional de salud en el respectivo nivel las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al sistema nacional de salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Señaló que las entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sistema debían cumplir con una serie de obligaciones, entre otras: i) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema nacional de salud sus planes y programas de salud, ii) someter a la aprobación de los organismos del sistema los proyectos de inversión, dotación e investigación en salud, iii) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema el proyecto anual de presupuesto cuando la entidad reciba aportes del Estado, iv) vincular su personal de acuerdo con las normas técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12). En su junta directiva debía existir representación del Ministerio de Salud Pública y del Jefe del Servicio Seccional de Salud respectivo (artículo 13).

técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12). En su junta directiva debía existir representación del Ministerio de Salud Pública y del Jefe del Servicio Seccional de Salud respectivo (artículo 13).

Estas instituciones de utilidad común y las demás sin ánimo de lucro que estuvieran vinculadas al sistema seguirían rigiéndose por sus propios estatutos, los cuales debían ser ajustados a las disposiciones que regulaban el funcionamiento del sistema (artíc ulo 14).

Estableció las diferentes categorías de hospitales para la organización de los niveles de atención médica, así: hospital universitario, hospital regional y hospital local (artículo 17). Y, prescribió que los hospitales que funcionaran como establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Salud Pública pasarían a ser dependencias administrativas delConflicto 11001-03-06-000-2025-00120-00 Página 10 de 31

respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dejarían de ser establecimientos públicos (artículo 19).

Por último, les otorgó a los organismos de dirección del sistema y a sus entidades adscritas la posibilidad de celebrar contratos con las entidades vinculadas para el mejor desarrollo del sistema (artículo 21).

Decreto Ley 694 de 197512

Por medio de este decreto se estableció «el estatuto de personal para el Sistema Nacional de Salud», y se unificó el régimen de personal aplicable a los empleados oficiales vinculados a los organismos, dependencias e instituciones que integraban el Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles (creados por ley, ordenanza o acuerdo)

Nacional de Salud», y se unificó el régimen de personal aplicable a los empleados oficiales vinculados a los organismos, dependencias e instituciones que integraban el Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles (creados por ley, ordenanza o acuerdo) y remitió a las disposiciones nacionales para llenar los vacíos que la reglamentación del sector salud tuviera en la materia.

Les confirió la categoría de empleados públicos a aquellas personas que prestaban sus servicios en cargos permanentes de los organismos de dirección del Sistema Nacional de Salud y en sus entidades adscritas, dándoles la posibilidad a aquellas personas que tuviesen la calidad de trabajadores oficiales a la entrada en vigencia del decreto de conservar tal calidad (artículo 2).

Respecto a las entidades vinculadas al sistema nacional de salud, les condicionó la posibilidad de recibir aportes del Estado a la obligación de adaptar su régimen