CE - Auto interlocutorio 11001030600020250013000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá D.C., 30 de abril de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00130-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: ESE Hospital Local de Montelíbano (Córdoba), departamento de Córdoba y Ministerio de Hacienda y Crédito

Público (Dirección de Regulación Económica).

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, los antecedentes del conflicto de competencia son los siguientes:

1. El 12 de marzo de 20201, la ESE Hospital Local de Montelíbano (Córdoba), en calidad de entidad certificadora, expidió certificación CETIL de información laboral número 20 2003812000344000350003 correspondiente a la señora Ibia

calidad de entidad certificadora, expidió certificación CETIL de información laboral número 20 2003812000344000350003 correspondiente a la señora Ibia Estella Jiménez Granados, en el que indicó: i) que estuvo vinculada como auxiliar administrativo a esa institución del 4 de febrero de 1985 al 12 de agosto de 1992; ii) que se le hicieron los descuentos por concepto de seguridad social (pensión/salud/riesgos) y iii) que la entidad responsable por dicho período era el departamento de Córdoba.

1 Expediente digital. 004ED_3CETILCC25989912pdf.pdf.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00130-00 Página 2 de 35

2. El 21 de agosto de 20242, Porvenir SA le solicitó al departamento de Córdoba el reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Ibia Estella Jiménez Granados por el período comprendido entre el 4 de febrero de 1985 al 12 de agosto de 1992.

3. El 10 de septiembre de 2024 3, el departamento de C órdoba objetó el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado , por considerar que la señora Jiménez Granados no es beneficiaria del convenio de concurrencia y, adicionalmente, porque su vinculación laboral fue con la ESE Hospital Local de

Montelíbano (Córdoba).

4. El 7 de marzo de 202 54, Porvenir S .A. solicitó a la Dirección de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que le informara si la afiliada era beneficiaria del pasivo prestacional por concepto de pensiones o si

Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que le informara si la afiliada era beneficiaria del pasivo prestacional por concepto de pensiones o si se había suscrito algún contrato de concurrencia entre las entidade s. El ministerio informó que la señora Ibia Estella Jiménez Granados no figuraba como beneficiaria.

5. El 19 de febrero de 2025 5, mediante apoderado, Porvenir S.A. solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que resolviera el confl icto negativo de competencias administrativas suscitado entre la ESE Hospital Local de Montelíbano (Córdoba), el departamento de Córdoba y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y determinara la autoridad competente para el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Ibia Estella Jiménez

Granados.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto número 117 del 13 de marzo de 20256 por el término de 5 días hábiles (desde el 14 hasta el 20 de marzo de 2025), en la Secretaría de la Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

En el expediente consta, según informe secretarial del 13 de marzo de 20257, que se comunicó la presentación del conflicto a Porvenir S.A., a la ESE Hospital Local de Montelíbano (Córdoba), al departamento de Córdoba, al Ministerio de Hacienda

se comunicó la presentación del conflicto a Porvenir S.A., a la ESE Hospital Local de Montelíbano (Córdoba), al departamento de Córdoba, al Ministerio de Hacienda

2 Expediente digital, 006ED_5COBROCC25989912pdf.pdf. Folios 1 a 4. 3 Expediente digital, 007ED_6OBJECIONCC25989912D.pdf. 4 Expediente digital, 008ED_7CONSULTACONCURRENCI.pdf. 5 Expediente digital, 002ED_01DEMANDACONFLICTOCC.pdf. 6 Expediente digital, 017POREDICTO_13Edictopdf.pdf. 7 Expediente digital, 014ED_14Informecomunicacio.pdf.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00130-00 Página 3 de 35

y Crédito Público (Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social), a la señora Ibia Estella Jiménez y al señor Juan Camilo Rodríguez Cardona, apoderado de Porvenir.

De acuerdo con el informe secretarial del 21 de marzo de 20258, dentro del término de fijación del edicto se presentaron alegatos o consideraciones por parte del departamento de Córdoba y de la ESE Hospital Local de Montelíbano (Córdoba). Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Consta en informe secretarial del 25 de marzo de 2025 9, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. ESE Hospital Local Montelíbano (Córdoba)10

Mediante apoderada, la entidad señaló que antes de la entrada en vigencia de la

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. ESE Hospital Local Montelíbano (Córdoba)10

Mediante apoderada, la entidad señaló que antes de la entrada en vigencia de la Ley 10 de 1990 la prestación del servicio de salud estaba a cargo del departamento de Córdoba. Sin embargo, mediante Acuerdo 006 del 9 de septiembre de 1992 , el municipio asumió la prestación del servicio d e Salud. Posteriormente, mediante Acuerdo 036 de 1995, el Concejo municipal ordenó la transformación del Hospital Local de Montelíbano a una empresa social del Estado, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Sostuvo que, aunque hoy sea una ESE, no está obligada a asumir competencias en relación con personas que trabajaron para esa entidad antes de diciembre de 1995, toda vez que para antes de esa fecha las obligaciones eran del departamento de Córdoba.

Agregó que aunque la señora Ibia Estella Jiménez Granados no es beneficiaria del convenio de concurrencia 492 de 1999, esta situación no exime de responsabilidad al departamento de Córdoba, porque para el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 1985 y el 12 de agosto de 1992 el Hospital Local de Montelíbano no tenía personería jurídica y hacía parte del servicio seccional de salud de Córdoba, el cual era administrado y dirigido por el departamento, razón por la cual, para esa época, el departamento era el empleador de la señora Jiménez Granados.

8 Expediente digital, 021ALDESPACHOPOR_INFORMESECRETARIAL20.pdf. 9 Expediente digital, 026INFORMESECRETA_01Informesecretarial.pdf.

el departamento era el empleador de la señora Jiménez Granados.

8 Expediente digital, 021ALDESPACHOPOR_INFORMESECRETARIAL20.pdf. 9 Expediente digital, 026INFORMESECRETA_01Informesecretarial.pdf. 10 Expediente digital, 019_DemandaWeb__ALEGATOSOCONSIDERACI.pdf.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00130-00 Página 4 de 35

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de

Regulación Económica de la Seguridad Social11

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio del 25 de marzo de 2025, indicó que no es el llamado a garantizar el pago del pasivo pensional de la señora Ibia Estella Jiménez Granados por los tiempos laborados en el Hospital Local de Montelíbano (Córdoba), hoy ESE, por las siguientes razones:

• La institución hospitalaria no reportó a la señora Jiménez Granados como beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud; por lo tanto, no quedó inscrita en la certificación de beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud.

• Al no ser beneficiari a de los recursos del citado Fondo, su pasivo prestacional, causado a 31 de diciembre de 1993 por concepto de pensiones y cesantías , no puede ser financiado a través de los convenios de concurrencia, toda vez que l os recursos de la concurrencia son exclusiv os para el pago del pasivo de las personas que fueron certificadas como

y cesantías , no puede ser financiado a través de los convenios de concurrencia, toda vez que l os recursos de la concurrencia son exclusiv os para el pago del pasivo de las personas que fueron certificadas como beneficiarias activas y jubiladas y no podría dársele otra destinación, so pena de configurarse un detrimento patrimonial.

• Ante la omisión por parte de la institución hospitalaria de haber reportado a la señora Jiménez Granados como beneficiaria, es a dicha institución a la que le compete responder por el pasivo pensional.

3. Departamento de Córdoba12

En escrito del 19 de marzo de 202513, el departamento de Córdoba manifestó que a partir de la vigencia de la Ley 715 de 2001 corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribir convenios de concurrencia con las entidades territoriales, con el fin de cubrir el pasivo prestacional del sector salud.

Agregó que, aunque p or disposición legal las instituciones de salud no están obligadas a concurrir en el pago del pasivo pensional, la misma Ley 100 de 1993, en su artículo 242, otorgó la competencia a dichas instituciones cuando «no se ha establecido el respectivo acuerdo de concurrencia de que tratan las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001».

Finalmente, señaló que la señora Ibia Estella Jiménez Granados no fue reportada

11 Expediente digital, 021_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-IntervenciondelMin.pdf 12 Expediente digital, 017_MemorialWeb_Alegatos-AlegatosDepartament.pdf.

11 Expediente digital, 021_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-IntervenciondelMin.pdf 12 Expediente digital, 017_MemorialWeb_Alegatos-AlegatosDepartament.pdf. 13 Expediente digital, archivo «021_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSCONFLICTOI.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00130-00 Página 5 de 35

por el hospital para ser beneficiaria del convenio de concurrencia núm. 492 de 1999, celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Córdoba, razón por la cual la autoridad competente para expedir el bono pensional es el Hospital Local de Montelíbano, hasta cuando esta última entidad haga el cruce de cuentas y «celebre el convenio de concurrencia con la Nación y el departamento».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021.

La Sala en decisión de fecha 9 de abril de 2025, con radicado núm. 11001-03-06000-2025-00057-00 (entre otras reiteraciones14) analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflic to de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o

autoridades inmersas en el conflic to de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la a ctuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta. A partir de lo anterior, y al considerar que se encontraban reunidos dichos requisitos, concluyó que era competente para conocer del conflicto de competencia.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva15.

3. Aclaración previa

14 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 12 de marzo de 2025, con radicado núm. 11001-03-06-000-2025-00038-00; del 20 de marzo de 2024, con radicado núm. 11001-03-06-000-2024-00034-00; del 25 de octubre de 2023, con radicado núm. 11001-03-06-0002023-00402-00; del 27 de septiembre de 2023, con radicado núm. 11001-03-06-000-2023-00399-00

15 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00130-00 Página 6 de 35

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del anális is de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre lo s derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para conocer y resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional en favor de la señora Ibia Estella Jiménez Granados, correspondiente al periodo laborado en el Hospital Local de Montelíbano (Córdoba), comprendido entre el 4 de febrero de 1985 y el 12 de agosto de 1992.

La ESE Hospital Local de Montelíbano (Córdoba) señaló que la autoridad competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono

de 1985 y el 12 de agosto de 1992.

La ESE Hospital Local de Montelíbano (Córdoba) señaló que la autoridad competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional solicitado es el departamento de Córdoba, por considerar que, para el periodo del cual se reclama el bono pensional, esa institución no tenía personería jurídica y hacía parte del servicio seccional de salud de Córdoba, el cual era administrado y dirigido por el departamento.

Por su parte, el departamento de Córdoba manifestó que la señora Ibia Estella Jiménez Granados no fue reportada por el hospital para ser beneficiaria del convenio de concurrencia núm. 492 de 1999 celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Córdoba, razón por la cual la autoridad competente para expedir el bono pensional es el Hospital Local de Montelíbano (Córdoba), hasta cuando esta última entidad haga el cruce de cuentas y «celebre el convenio de concurrencia con la Nación y el departamento».

Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que no le corresponde responder por el pasivo prestacional de la señora Ibia Estella Jiménez Granados dado que no fue reportad a por la Institución Hospitalaria y, por ende, no quedó inscrita como beneficiaria del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, razón por la cual no es viable asumir su pasivo con los recursos del contrato de concurrencia núm. 492 de 1999 suscrito para el departamento de Córdoba. En tal sentido, consideró que la responsabilidad es de la ESE Hospital Local de

por la cual no es viable asumir su pasivo con los recursos del contrato de concurrencia núm. 492 de 1999 suscrito para el departamento de Córdoba. En tal sentido, consideró que la responsabilidad es de la ESE Hospital Local de Montelíbano (Córdoba) en calidad de empleador.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00130-00 Página 7 de 35

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.

5. Análisis normativo y consideraciones jurídicas

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración16

• Decreto Ley 2470 de 196817

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y territorial (artículo 2°).

Al definir los niveles del sistema 18, el legislador extraordinario dejó la dirección del sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales;

sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 12 de marzo de 2025, con radicado 11001 -03-06-000-2025-00038-00; decisión del 19 de noviembre de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00609-00; decisión del 13 de diciembre de 2022, con radicado 11001-03-06000-2022-00098-00; decisión del 27 de agosto de 2019, con radicado 11001-03-06-000-2019-0004100, decisión del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06-000-2019-00213-00. 17 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 18 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio.

planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecuta r los programas de salud pública en su jurisdicción.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00130-00 Página 8 de 35

• La Ley 9ª de 197319

La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:

1. adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;

1. suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;

1. dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud;

1. determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capital es de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y

1. determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capital es de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y

1. elaborar el estatuto de personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

• Decreto Ley 056 de 197520

El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma

19 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes». 20 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00130-00 Página 9 de 35

1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00130-00 Página 9 de 35

de las entidades creadas por ley, ordenanza departament al, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Igualmente, definió, para efe ctos del Sistema Nacional de Salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al Sistema Nacional de Salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas , como entid ades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud,

los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00130-00 Página 10 de 35

• Decreto Ley 350 de 197521

Mediante este decreto se definió la organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del Sistema Nacional de Salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización

Sistema Nacional de Salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud.

• Decreto Ley 356 de 197522

Este decreto estableció el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud.

Estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud , dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria d e los empleados públicos (artículo 2).

Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser integrados a los planes nacionales, seccionales y regionales de salud (artículo 3) y sus actividades debían someterse a las di sposiciones que regulaban los subsistemas nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las enti dades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios

que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

21 Decreto Ley 350 de 1975 (4 de marzo), «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales». 22 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), « Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00130-00 Página 11 de 35

Señaló que las entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sistema debían cumplir con una serie de obligaciones, entre otras: i) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del Sistema Nacional de Salud sus planes y programas de salud, ii) someter a la aprobación de los organismos del sistema los proyectos de inversión, dotación e investigación en salud, iii) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema el proyecto anual de presupuesto cuando la entidad reciba aportes del Estado, iv) vincular su personal de acuerdo con las normas técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12). En su junta directiva debía existir representación del Ministerio de Salud P ública y del jefe del

cuando la entidad reciba aportes del Estado, iv) vincular su personal de acuerdo con las normas técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12). En su junta directiva debía existir representación del Ministerio de Salud P ública y del jefe del Servicio Seccional de Salud respectivo (artículo 13).

Estas instituciones de utilidad común y las demás sin ánimo de lucro que estuvieran vinculadas al sistema seguían rigiéndose por sus propios estatutos, los cuales debían ser ajus tados a las disposiciones que regulaban el funcionamiento del sistema (artículo 14).

Estableció las diferentes categorías de hospitales para la organización de los niveles de atención médica, así: hospital universitario, hospital regional y hospital local (artículo 17). Y, prescribió que los hospitales que funcionaran como establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Salud Pública pasarían a ser