CE - Auto interlocutorio 11001030600020250013200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 18 de junio de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00132-00

Partes ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba), departamento de Córdoba, Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Regulación Económica.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de bono pensional.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 20211, procede a resolver el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, los antecedentes del conflicto de competencia son los siguientes:

1. Según el certificado CLEBP-047 del 28 de junio de 2018, diligenciado por la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba), una de las entidades a la que la señora María Olivia Quintero Llorente prestó sus servicios fue al referido hospital, entre el 10 de septiembre de 1980 y el 18 de enero de 1985, período para el cual se realizaron los aportes a pensión a la Caja de Previsión Social de Córdoba y la

entre el 10 de septiembre de 1980 y el 18 de enero de 1985, período para el cual se realizaron los aportes a pensión a la Caja de Previsión Social de Córdoba y la entidad responsable por este período de aportes es el Fondo Territorial de Pensiones de Córdoba.

2. La señora Quintero Llorente promovió demanda laboral contra la AFP Colfondos SA y el Hospital San Vicente de Paul de Lorica, la cual fue conocida en primera instancia por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería, proceso en el que se discutió el reconocimiento de la pensión de vejez en favor de la demandante.

En fallo del 1° de junio de 2021, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente digital del conflicto número 2025-132, que reposa en SAMAI.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 132 00 Página 2 de 36

condenó a la AFP Colfondos SA para que reconociera la pensión de vejez de la señora Mónica Olivia Quintero Llorente.

3. La referida decisión de primera instancia fue objeto del recurso de apelación, y el 22 de agosto de 2022, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Montería confirmó el proveído de primera instancia. En relación con el bono pensional, la

parte considerativa señaló lo siguiente:

22 de agosto de 2022, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Montería confirmó el proveído de primera instancia. En relación con el bono pensional, la parte considerativa señaló lo siguiente:

En esa medida, entrando en el caso de marras, le correspondía al fondo de pensiones Colfondos SA, realizar el estudio del derecho pensional de la accionante incluyendo el valor del bono pensional que se encuentra en discusión, es decir, por el período laborado en la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica, desde el 10 de septiembre de 1980 hasta el 18 de enero de 1985, pues de las pruebas allegadas al proceso (folios 10 a 16 y archivo PDF # 39.5 del expediente) se observan las certificaciones emitidas por la ESE Hospital San Vicente de Paul y la Caja de Previsión Social de Córdoba, así como el formulario de solicitud de bono pensional, diligenciado por Colfondos SA, qué evidencian que ésta última tenía pleno conocimiento respecto de los periodos cotizados por la actora en la Caja de Previsión Social, asumidos por el departamento de Córdoba. Ergo, mal podría pretender que la administración de justicia pase desapercibido su negligencia en los trámites administrativos para la obtención del respectivo bono pe nsional a cargo del emisor.

4. La AFP Colfondos SA, el 26 de febrero de 2025, planteó ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el presente conflicto de competencias administrativas entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , el departamento de Córdoba y la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica, para que se defina la autoridad competente para definir el reconocimiento del bono pensional en favor de

administrativas entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , el departamento de Córdoba y la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica, para que se defina la autoridad competente para definir el reconocimiento del bono pensional en favor de la señora María Olivia Quintero Llorente. Al respecto, precisa lo siguiente:

[…] si bien AFP COLFONDOS fue condenada a reconocer la pensión de vejez, se hace sin que se hubiere definido la competencia para determinar a qué entidad le correspondía el reconocimiento y pago del bono pensional, pues a pesar que AFP COLFONDOS se encuentra pagando el valor de la pensión a la Señora QUINTERO, de todos modos, el trámite del bono pensional se encuentra pendiente de definición, pues serán dichos recursos los que complementen la financiación del capital necesario para financiar la pensión de vejez.

[…] Así mismo se debe indicar que en el proceso ordinario, no se estableció como competente para el reconocimiento y pago del bono a AFP COLFONDOS, pues lo que señala el TRIBUNAL es que como no hubo diligencia en la gestión de dicho trámite, la AFP debe proceder a pagar la pensión sin indicar que fuere COLFONDOS la competente para reconocer el bono, pues la Señora QUINTERO no prestó servicios para COLFONDOS, sino al HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE LORICA.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 132 00 Página 3 de 36

5. De manera adicional, en el escrito mediante el cual plantea el conflicto, COLFONDOS señala que, en escrito del 17 de junio de 2015, el departamento de

5. De manera adicional, en el escrito mediante el cual plantea el conflicto, COLFONDOS señala que, en escrito del 17 de junio de 2015, el departamento de Córdoba manifestó que la señora Quintero Llorente no quedó registrada como beneficiaria del convenio de concurrencia 492 de 1999, por el pasivo prestacional del sector salud y, por lo tanto, concluyó que la autoridad competente para el reconocimiento y pago del bono pensional de la peticionaria es la ESE Hospital San

Vicente de Paul de Lorica.

Asimismo, indicó que el 27 de diciembre de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que corresponde a la Caja Departamental – Fondo territorial de Pensiones de Córdoba o a la entidad que la haya sustituido, asumir el reconocimiento y pago del bono, teniendo en cuent a que la señora María Olivia Quintero Llorente no es beneficiaria del pasivo prestacional ni tampoco del contrato de concurrencia 492 de 1999.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 118 del 14 de marzo de 2025 por el término de cinco (5) días hábiles (desde el 20 hasta el 27 de marzo de 2025) , en la Secretaría de la Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

el 20 hasta el 27 de marzo de 2025) , en la Secretaría de la Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

En el expediente figura, según constancia del 1 7 de marzo de 2025 , que se comunicó la presentación del presente conflicto de competencias administrativas a la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba), al departamento de Córdoba, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Regulación Económica, a la Administradora de Fondo de Pensiones Colfondos, al señor Juan Fernando Granados Toro, como apoderado de la AFP Colfondos SA, al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería, a la Sala Primera de Decisión Civil – Familia Laboral del Tribunal Superior de Montería y a la señora María Olivia Quintero Llorente.

De acuerdo con informe secretarial del 28 de marzo de 2025, dentro del término de fijación del edicto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba) y el departamento de Córdoba presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

A través de informe secretarial del 1 de abril de 202 5, se informó al Despacho ponente que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitió memoriales.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 132 00 Página 4 de 36

A través de Auto para mejor proveer del 19 de mayo de 2025, se requirió al

A través de Auto para mejor proveer del 19 de mayo de 2025, se requirió al departamento de Córdoba para que suministrara información respecto a la creación, naturaleza jurídica y funciones del Fondo Territorial de Pensiones de Córdoba. Asimismo, se ofició a Colfondos y al Juzgado Tercero La boral del Circuito de Montería para que remitiera copia íntegra de la sentencia del 1° de junio de 2021, proferida por ese despacho judicial.

Por medio de informe secretarial del 29 de mayo de 2025 3, se informó que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería presentó memoriales, y que el departamento de Córdoba y Colfondos SA guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En Oficio con radicado núm. 2-2025-018592 del 21 de marzo de 202 5, esta autoridad expuso el concepto técnico de la Subdirección de Pensiones de Dirección General de Regulación de la Seguridad Social (DGRESS), en el que se indicó que a esa autoridad no le corresponde responder por el pasivo prestacional de las personas que no q uedaron certificadas como beneficiarias del pasivo prestacional del sector salud como la señora Quintero Llorente. Esto , en razón a que la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica no la reportó como beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud p or el tiempo laborado en dicha entidad hospitalaria . Por lo tanto, no quedó inscrita en la Certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por la Dirección General de

prestacional del sector salud p or el tiempo laborado en dicha entidad hospitalaria . Por lo tanto, no quedó inscrita en la Certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud.

En este sentido, afirma que, el pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993, por concepto de pensiones y cesantías, solo puede ser financiado a través de los Convenios de Concurrencia y que la peticionaria no fue certificada ni incluida en su momento en el convenio correspondiente . Expresa que los derechos prestacionales de las personas que no fueron certificados como beneficiarios de los convenios de concurrencia, se mantienen vigentes y gozan de pleno derecho frente a su empleador y, los pasivos prestacionales dejados de reportar, que fueron erróneamente informados o, que, por cualquier razón, hayan sido excluidos, deberán ser asumidos por el empleador.

2. ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica

Mediante escrito del 26 de marzo de 2025, el hospital manifestó que, conforme con jurisprudencia del Consejo de Estado y lo que establece el artículo 242 de la Ley

3 Documento «37_INFORMESECRETA_202500132INFORMESECR_0_20250529101835310 » Informe secretarialRadicación: 11001 03 06 000 2025 00 132 00 Página 5 de 36

100 de 1993 y el artículo 78 de la Ley 1438 de 2011, la autoridad responsable del reconocimiento y pago del bono pensional , en favor de la señora María Olivia Quintero Llorente, es el departamento de Córdoba.

100 de 1993 y el artículo 78 de la Ley 1438 de 2011, la autoridad responsable del reconocimiento y pago del bono pensional , en favor de la señora María Olivia Quintero Llorente, es el departamento de Córdoba.

Por esta razón, solicita que se descarte que esa autoridad es la responsable de la emisión y pago del bono pensional.

3. Departamento de Córdoba

Mediante escrito del 26 de marzo de 2025, esta autoridad alega que no está obligada a reconocer y pagar el bono pensional en favor de la señora Quintero Llorente, porque esta no tuvo vínculo laboral con el departamento sino con el Hospital San Vicente de Paul de Lorica . Asimismo, señaló que si bien el hospital está incluid o en el Convenio de Concurrencia núm. 492 de 1999, tal entidad, al momento de reportar la información de su pasivo pensional, no vinculó como beneficiaria a la señora Quintero Llorente.

Concluyó que, como qu iera que la solicitante no es beneficiaria del referido convenio, el llamado a expedir el bono pensional es la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica, hasta cuando esa entidad haga el cruce de cuentas y celebre el convenio de concurrencia con la Nación y con el departamento.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de

modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que : i) una de las autoridades en conflicto, esto es, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, relativa a la autoridad competente para conocer la solicitud de reconocimiento y pag o del bono pensional en favor de la señora María Olivia Quintero Llorente, por el tiempo laborado en el Hospital San Vicente de Paul por elRadicación: 11001 03 06 000 2025 00 132 00 Página 6 de 36

período comprendido entre el 10 de septiembre de 1980 y el 18 de enero de 1985; y iii) las tres autoridades involucradas en el conflicto negaron competencia para adelantar la actuación correspondiente.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión. Así se declarará en la parte resolutiva4.

3. Aclaración previa La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto , le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional por el tiempo que la señora María Olivia Quintero Llorente laboró en el Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba), hoy empresa social del Estado, esto es , desde el 10 de septiembre de 1980 hasta el 18 de enero de 1985.

El conflicto surge porque el departamento de Córdoba negó su competencia para conocer del asunto, debido a que la señora Quintero Llorente no quedó registrada

septiembre de 1980 hasta el 18 de enero de 1985.

El conflicto surge porque el departamento de Córdoba negó su competencia para conocer del asunto, debido a que la señora Quintero Llorente no quedó registrada como beneficiaria del convenio de concurrencia 492 de 1999, pasivo prestacional del sector salud.

A su vez, la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba) considera no

4 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a que, el ejercicio de funciones administrativas por parte de autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 132 00 Página 7 de 36

ser competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional reclamado , teniendo en cuenta que, conforme con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, el artículo 78 de la Ley 1438 de 2011 y los artículos 1° y 2° del Decreto 700 de 2013 , la entidad competente para atender la solicitud es el departamento de Córdoba.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que no le corresponde responder por el pasivo prestacional de la peticionaria, dado que la obligación de la Nación solo comprende el financiamiento del pasivo causado hasta el 31 de diciembre de 1993 y respecto del personal certificado para el efecto. P or ello, manifestó que la competencia es de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba).

el 31 de diciembre de 1993 y respecto del personal certificado para el efecto. P or ello, manifestó que la competencia es de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba).

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes temas:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración5

Decreto Ley 2470 de 19686

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y territorial (artículo 2°).

Al definir los niveles del sistema 7, el legislador extraordinario dejó la dirección del mismo, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y

5 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 12 de abril de 2023, radicación 11001-03-06-000-2022-00282-0; Decisión del 13 de diciembre de 2022, radicación 11001 -03-06000-2022-00098-00; Decisión del 27 de agosto de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-0004100 y Decisión del 21 de abril de 2020, radicación 11001-03-06-000-2019-00213-00. 6 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 7 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituidoRadicación: 11001 03 06 000 2025 00 132 00 Página 8 de 36

seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

Ley 9ª de 19738

Otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:

1. adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;

1. suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;

1. dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las

vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;

1. dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud;

1. determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y

1. elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio.//Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 8 «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones

su jurisdicción. 8 «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 132 00 Página 9 de 36

Decreto Ley 056 de 19759

El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Igualmente, definió, para efectos del Sistema Nacional de Salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al Sistema Nacional de Salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las

de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las

9 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 132 00 Página 10 de 36

actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos

1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 132 00 Página 10 de 36

actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 350 de 197510

Mediante este decreto se definió la organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud.

Decreto Ley 356 de 197511

Este decreto estableció el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud.

Estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al sistema nacional de salud, dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas

administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser integrados a los planes nacionales, seccionales y regionales de salud (artículo 3) y sus actividades debían someterse a las disposiciones que regulaban los subsistemas nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel las entidades de derecho público que se crearan para prestar

10 «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». 11 «Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00 132 00 Página 11 de 36

servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios

de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto princip