CE - Auto interlocutorio 11001030600020250014100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Número único: 11001-03-06-000-2025-00141-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisaría de Familia de Calima El Darién (Valle del Cauca) y

Juzgado Promiscuo Municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca).

Asunto: autoridad competente para continuar el PARD a favor de un a menor de edad después de decretarse la nulidad del mismo. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas del asunto.

I. ANTECEDENTES1

1. El 9 de agosto de 2023, la señora L.M.C.A. en su calidad de madre del niño M.G.C.2, solicitó a la Comisaría de Familia de Calima El Darién (Valle del Cauca) la inclusión de su hijo en el programa «Hogar gestor» del ICBF, con el fin de mejorar sus condiciones de vida, dado que el menor de edad fue diagnosticado con autismo y los padres no cuentan con los recursos necesarios para garantizar su tratamiento.

la inclusión de su hijo en el programa «Hogar gestor» del ICBF, con el fin de mejorar sus condiciones de vida, dado que el menor de edad fue diagnosticado con autismo y los padres no cuentan con los recursos necesarios para garantizar su tratamiento.

2. El 11 de septiembre de 2023, la Comisaría de Familia de Calima El Darién (Valle del Cauca), mediante Auto N.° 140, dio apertura al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (en adelante PARD) en favor del menor de edad M.G.C. y dispuso la práctica de algunas pruebas.

El 7 de octubre de 2024 , mediante Auto N.° 098, la Comisaría de Familia de Calima El Darién (Valle del Cauca) avocó conocimiento del PARD del niño M.G.C., por cambio de comisaria y dispuso la remisión del expediente al juez de

1Samai,archivoEXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_09EXPEDIENTEMARTINGA_7_2025031908405 8543 (1).pdf 2 Por tratarse de un menor de 18 años, y con la finalidad de proteger sus derechos y salvaguardar su intimidad, se omitirá su nombre y el de sus familiares.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00141-00 Página 2 de 33

familia por vencimiento de términos, para definir la situación jurídica del menor de edad. Asimismo, solicitó al equipo psicosocial del despacho realizar seguimiento y valoración donde se evidencie el estado actual del niño, se actualicen los datos e información de contacto, con las respectivas recomendaciones y observaciones para remitirlo como soporte al juez.

seguimiento y valoración donde se evidencie el estado actual del niño, se actualicen los datos e información de contacto, con las respectivas recomendaciones y observaciones para remitirlo como soporte al juez.

3. El 5 de noviembre de 2024, el Juzgado Promiscuo Municipal de Calima El Darién

(Valle del Cauca) avocó conocimiento del PARD del niño M.G.C. y requirió a las funcionarias de la referida comisaría para que dieran cumplimento al Auto N.° 098 en el que se dispuso el seguimiento y la valoración del estado actual del menor edad. Para ello libró despacho comisorio.

4. El 8 de noviembre de 2024, se llev ó a cabo, por parte de las funcionarias de la Comisaría de Familia de Calima El Darién (Valle del Cauca), «la verificación de derechos equipo psicosocial».

5. El 19 de diciembre de 2024 3, el Juzgado Promiscuo Municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca) decretó la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto de apertura núm. 140 del 11 de septiembre de 20234 y dispuso la devolución del expediente a la Comisaría de Familia de Calima El Darién (Valle del Cauca).

6. El 19 de febrero de 2025, la Comisaría de Familia de Calima El Darién (Valle del Cauca) manifestó que había perdido competencia, ya que el PARD del niño M.G.C. se encontraba sin decisión de fondo y estaba por fuera de los 6 meses establecidos por la ley para definición de situación jurídica.

7. El 24 de febrero de 2025, mediante Auto núm. 077, la Comisaría de Familia de

M.G.C. se encontraba sin decisión de fondo y estaba por fuera de los 6 meses establecidos por la ley para definición de situación jurídica.

7. El 24 de febrero de 2025, mediante Auto núm. 077, la Comisaría de Familia de Calima El Darién (Valle del Cauca) planteó ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conflicto negativo de competencias administrativas entre esta y el Juzgado Promiscuo Municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca), con el fin de que se determinara la autoridad competente para conocer del PARD del niño M.G.C.

II. ACTUACIÓN PROCESAL.

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, inciso 3º, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados, y se

3 Samai, índice 2, documento 3ED_033_EXPEDIENTEDIGI_0. 4 El juzgado decretó la nulidad porque una vez se dio apertura al PARD no fue notificado a los progenitores.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00141-00 Página 3 de 33

fijó el edicto núm. 127 del 18 de marzo de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días (del 20 al 27 de marzo de 2025), con el fin de que presentaran sus alegatos o consideraciones5.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Comisaría de Familia de

el término de cinco días (del 20 al 27 de marzo de 2025), con el fin de que presentaran sus alegatos o consideraciones5.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Comisaría de Familia de Calima El Darién (Valle del Cauca), al Juzgado Promiscuo Municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Defensor de Familia Programa Hogar Gestor, a la Personería Municipal de Calima El Darién, a la Procuraduría Provincial De Buga, al procurador judicial II de familia de Buga y a la señora L.M.C.A. madre del menor de edad M.G.C.6.

Dentro del término de fijación, según informe secretarial del 28 de marzo de 20257, la Comisaría de Familia de Calima El Darién (Valle del Cauca) y el Juzgado Promiscuo Municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca) presentaron alegatos. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES.

1. Comisaría de Familia de Calima El Darién (Valle del Cauca)8

Mediante escrito del 28 de marzo de 2025, esta autoridad señala que carece de competencia para adelantar el PARD de l niño M.G.C. y que el competente es el Juzgado Promiscuo Municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca), por las siguientes razones:

Señala que la Ley 1878 de 2018, en su artículo 4.°, que modificó el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, establece que la autoridad administrativa pierde competencia

siguientes razones:

Señala que la Ley 1878 de 2018, en su artículo 4.°, que modificó el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, establece que la autoridad administrativa pierde competencia para definir la situación jurídica del NNA si se supera el término de seis meses , desde el auto de apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD). En estos casos, el expediente debe ser remitido al juez de familia, quien tiene la obligación de resolver de fondo la situación jurídica del menor, conforme a los términos previstos en la ley.

Por lo anterior, considera que en el caso, el juzgado debió, al decretar la nulidad de las actuaciones adelantadas por la autoridad administrativa, definir la situación jurídica del niño, quien debe garantizar la protección efectiva de los derechos y adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento, como haber definido lo relacionado a la permanencia en la medida de protección de hogar gestor, dado

5 Samai,10_POREDICTO_EDICTO_06Edicto_0_20250319084220776.pdf 6 Samai, 10_EXPEDIENTEDIGI_04Informecomunicacio_0_20250320155221012 (1).pdf 7 Samai,27_INFORMESECRETA_Informesecretarial20_0_20250328171540419.pdf 8 Samai, 11_110010306000202500141002MemorialWeb2025328192029.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2025-00141-00 Página 4 de 33

que tenía el insumo por parte del equipo psicosocial del despacho porque fue comisionado para ello.

2. Juzgado Promiscuo Municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca)9.

que tenía el insumo por parte del equipo psicosocial del despacho porque fue comisionado para ello.

2. Juzgado Promiscuo Municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca)9.

Esta autoridad presentó alegatos el 28 de marzo de 2025, en los cuales conside ró lo siguiente:

En primer lugar, el Juzgado Promiscuo Municipal de Calima El Darién (Valle del cauca) afirmó que la presentación del conflicto es extemporánea.

Asimismo, advierte que la Sala de Consulta carece de competencia para decidir el conflicto administrativo, toda vez que de conformidad con el numeral 16 del artículo 21 del Código General del Proceso y el parágrafo 3 del artículo 99 del Código de Infancia y Adolescencia, «la autoridad administrativa (Comisaria de Familia) y este despacho judicial si contamos con superior jerárquico funcional común, tal como lo es el Juez Promiscuo de Familia de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) », juez de familia como superior de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales.

En lo relacionado con la remisión del expediente a la Comisaria de Familia de Calima El Darién (Valle del Cauca), se toman los argumentos que expuso en el auto del 19 de diciembre de 2024, mediante el cual decretó la nulidad:

Finalmente, el Despacho recuerda a la Comisaria de Familia que en la Ley 1098 de 2006 se estableció que toda actuación administrativa debe resolverse en el plazo de seis (6) meses, contados a partir del conocimiento de la amenaza. Términos que por ser de orden público son de obligatorio cumplimiento y a los que no se acompasó la

2006 se estableció que toda actuación administrativa debe resolverse en el plazo de seis (6) meses, contados a partir del conocimiento de la amenaza. Términos que por ser de orden público son de obligatorio cumplimiento y a los que no se acompasó la actuación de la funcionaria de instancia, dando lugar a la perdida (sic) de competencia. Esta situación se pone de presente a fin de que en el nuevo trámite que se adelante se tenga en cuenta por la funcionaria. Habrá entonces de ordenarse la devolución de la actuación a fin de que se subsanen los defectos advertidos.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

9 Samai, índice 4.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00141-00 Página 5 de 33

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 10. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia11.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. As imismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la

efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. As imismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

En el libro primero del citado código se regulan un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

10 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 11 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00141-00 Página 6 de 33

• La Ley 1878 de 2018 12 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006

(Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:

El artículo 1° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

La modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, fija un plazo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

El artículo 3 de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se

administrativa competente.

El artículo 3 de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098, con sus modificaciones, y para establecer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situa ción jurídica de los niños, niñas y adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

• La Ley 1955 de 2019 13 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. De esta norma, destaca la Sala: El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera

12 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras

12 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 13 Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00141-00 Página 7 de 33

definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños,

establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

1. la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878);

1. el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y

1. el seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.

1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas

1.2.1 Competencia de la SalaRadicación: 11001-03-06-000-2025-00141-00 Página 8 de 33

La Ley 1878 de 201814 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional15.

La Ley 1878 de 201814 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional15.

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia el conflicto que le ha sido planteado y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a) La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;

b) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y

d) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

d) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo

14 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 15 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00141-00 Página 9 de 33

General», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 16 prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, lo siguiente:

General», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 16 prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, lo siguiente:

Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto inv olucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]. (Resalta la Sala)

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular;

16 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00141-00 Página 10 de 33

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de entidades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que tramitan las actuaciones administrativas reguladas en el libro primero de la Ley 1098 de 2006 son de conocimiento de la Sala.

solo tribunal administrativo.

Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que tramitan las actuaciones administrativas reguladas en el libro primero de la Ley 1098 de 2006 son de conocimiento de la Sala.

b. La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos: […].

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía. […] (Subraya la Sala).

De conformidad con la norma transcrita, el juez de familia es el competente para conocer los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía, siempre que las autoridades en conflicto se encuentren bajo su jur isdicción por el factor territorial.

Al analizar esa disposición, la Sala concluyó que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó, en forma expresa o tácita, ninguna de las disposiciones señaladas del CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esa competencia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativos en los artículos 39; 112, numeral 10, y

autoridades antes mencionadas, esa competencia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativos en los artículos 39; 112, numeral 10, y 151, numeral 3º, del CPACA, con sus modificaciones.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16, del CGP no implicó la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias administrativas en materia de familia, se concluyó que la Sala y los jueces de familia tenían, en este campo, una competencia concurrente y a prevención, y así se ha ejercido de manera continua.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00141-00 Página 11 de 33

c. El alcance del artículo 3º (parágrafo 3º) de la Ley 1878 de 2018 frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia

La Ley 1878 de 2018 modificó el libro primero del Código de la Infancia y la Adolescencia. Para establecer la incidencia de tales modificaciones en la función de dirimir los conflictos de competencia administrativa, asignada a la Sala de Consulta, se analizará:

1. el trámite a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006

(modificados por la Ley 1878 de 2018), y

1. los trámites de seguimiento y modificación de las medidas de restablecimiento, de que trata el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, también modificado por la Ley

(modificados por la Ley 1878 de 2018), y

1. los trámites de seguimiento y modificación de las medidas de restablecimiento, de que trata el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, también modificado por la Ley 1878 de 2018, artículo 6, y más adelante, por el artículo 208 de la Ley 1955 de 2019.

1. Trámites a los que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006, modificados por la Ley 1878 de 2018

El artículo 3º de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 para precisar aspectos atinentes al auto de apertura y a su contenido, y le adicionó tres parágrafos, de los cuales interesa el