CE - Auto interlocutorio 11001030600020250014600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera de Estado ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00146-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Villeta (Dirección Regional Cundinamarca), y Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca) Asunto: autoridad competente para realizar el seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos en el PARD a favor de una menor de edad. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado , en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 .° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a resolver el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 11 de noviembre de 202 2, la Institución Educativa Departamental Miguel Samper Agudelo puso en conocim iento2 de la Comisaría de Familia de Guaduas

(Cundinamarca) la situación de la menor de edad S.S.A.D.3, debido a una posible vulneración de sus derechos.

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento

(Cundinamarca) la situación de la menor de edad S.S.A.D.3, debido a una posible vulneración de sus derechos.

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Samai expediente digital 2025 -146, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_232532031840012024 00_21_20250305141408341.rar\2325320318400120240012300, Documento: 002, Folio 2. 3 Por tratarse de un menor de edad y para preservar sus derechos, en especial el de la intimidad, se suprimirá su nombre y el de sus familiares, los cuales serán remplazados por la iniciales de los mismos.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00146-00 Página 2 de 33

2. El 17 de febrero de 2023, mediante auto4 la Comisaría de Familia de Guaduas

(Cundinamarca) ordenó realizar verificación de derechos de la menor de edad S.S.A.D. a través del equipo interdisciplinario de la entidad.

3. El 28 de febrero de 2023, la misma Comisaría ordenó, mediante auto5, la apertura de investigación administrativa, y adoptó, como medida provisional de restablecimiento de derechos, la ubicación urgente de la menor de edad en la modalidad «medio familiar».

4. El 13 de agosto de 2023, la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca) declaró la vulneración de derechos de S.S.A.D. 6, y ordenó el cierre de la

modalidad «medio familiar».

4. El 13 de agosto de 2023, la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca) declaró la vulneración de derechos de S.S.A.D. 6, y ordenó el cierre de la investigación e iniciar la etapa de seguimiento.

5. El 29 de julio de 2024, la Comisaría de Familia de la referencia, emitió Auto 28420247 en el que declaró su p érdida de competencia por haberse superado los términos consagrados en el artículo 100 del Código de Infancia y Adolescencia , y remitió el asunto al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas,

Cundinamarca.

6. El 25 de septiembre de 2024 8, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas, Cundinamarca, decidió avocar el conocimiento de la acción y

declarar la nulidad de lo actuado, indicando:

PRIMERO: AVOCAR el conocimiento de la presente acción de RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS en favor de la niña [S.S.A.D.], de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del Artículo 119 del Código de

Infancia y Adolescencia.

SEGUNDO: DECLARAR de manera oficiosa la nulidad de todo lo actuado en el presente asunto a partir del auto de apertura de la investigación administrativa de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023), de acuerdo a lo argumentos esgrimidos en la parte motiva de la providencia.

4Samai expediente digital 2025 -146, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_232532031840012024

argumentos esgrimidos en la parte motiva de la providencia.

4Samai expediente digital 2025 -146, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_232532031840012024 00_21_20250305141408341.rar\2325320318400120240012300, Documento: 002, Folio 4. 5 Samai expediente digital 2025 -146, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_232532031840012024 00_21_20250305141408341.rar\2325320318400120240012300, Documento: 002, Folio 19. 6 Samai expediente digital 2025 -146, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_232532031840012024 00_21_20250305141408341.rar\2325320318400120240012300, Documento: 002, Folios 38-45. 7 Samai expediente digital 2025 -146, Documento: 4_EXPEDIENTEDIGI_03_EXPEDIENTEDIGI_ 03_2_20250320184128827 8 Samai expediente digital 2025 -146, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_232532031840012024 00_21_20250305141408341.rar\2325320318400120240012300, Documento: 004.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00146-00 Página 3 de 33

7. El 24 de octubre de 20249, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas, Cundinamarca , definió la situación jurídica de la menor de edad

S.S.A.D. y entre otras cosas, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR en situación de vulneración de derechos de niña

[S.S.A.D.], por los motivos expuestos en la parte motiva.

[…]

S.S.A.D. y entre otras cosas, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR en situación de vulneración de derechos de niña

[S.S.A.D.], por los motivos expuestos en la parte motiva.

[…]

OCTAVO: ORDENAR a la Defensora de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF […], para que a través del equipo psicosocial efectúe los seguimientos pertinentes respecto de la situación de la niña [S.S.A.D.], de acuerdo a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas, de forma mensual por el termino de seis (6) meses, de acuerdo a lo normado en el inciso quinto del artículo 6º de Ley 1878 de 2012.

8. El 20 de noviembre de 2024 10, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villeta

(Cundinamarca) presentó memorial al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas, Cundinamarca, en el que indicó:

Consideramos que los seguimientos a la medida adoptada en los procesos referenciados deben ser ejercidos directamente por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas a través del profesional de asistencia social o del profesional que designe, y no por las Defensorías de Familia del Centro Zonal Villeta, en razón a la falta de competencia dada la naturaleza de los procesos avocados por el mentado juzgado.

Por lo anterior, solicitó al despacho judicial que, en caso de no acoger dicha postura, propusiera conflicto de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

9. El 9 de diciembre de 2024, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial

propusiera conflicto de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

9. El 9 de diciembre de 2024, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial

de Guaduas, Cundinamarca, resolvió11:

PRIMERO: ABSTENER de proponer conflicto negativo de competencia, por las razones expuestas en este proveído.

9Samai expediente digital 2025 -146, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_232532031840012024 00_21_20250305141408341.rar\2325320318400120240012300, Documento: 013. 10 Samai expediente digital 2025 -146, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_232532031840012024 00_21_20250305141408341.rar\2325320318400120240012300, Documento: 017. 11Samai expediente digital 2025-146, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_232532031840012024 00_21_20250305141408341.rar\2325320318400120240012300, Documento: 023.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00146-00 Página 4 de 33

SEGUNDO: ORDENAR a la Defensora de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF que dé cumplimiento inmediato y sin dilaciones injustificadas a la orden impartida efectuando a través del equipo interdisciplinario los seguimientos y presentando los informes respectivos, so pe na de hacerse acreedoras de las sanciones por esta judicatura en ejercicio de los poderes correccionales del Juez.

10. En consecuencia, el 19 de diciembre de 2024 12, la Defensora de Familia del

presentando los informes respectivos, so pe na de hacerse acreedoras de las sanciones por esta judicatura en ejercicio de los poderes correccionales del Juez.

10. En consecuencia, el 19 de diciembre de 2024 12, la Defensora de Familia del Centro Zonal Villeta (Cundinamarca), solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencias administrativas suscitado entre esa autoridad y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas, Cundinamarca.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante Auto del 14 de febrero de 202 513, dentro del expediente núm. 110010306000202500001500, la consejera ponente ordenó conformar 21 expedientes separados, uno por cada proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de los diferentes menores de edad.

El 19 de marzo de 202514, la Secretaría de la Sala procedió a dar cumplimiento a lo ordenado en esa providencia, y por reparto le correspondió a la doctora Ana María Charry Gaitán el expediente con el número de radicación 11001030600020250014600, que corresponde al proceso administrat ivo de restablecimiento de derechos de la menor de edad S.S.A.D.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 132 en la Secretaría de esta Sala por e l término de cinco días, contados del 20 al 27 de marzo de 2025 15, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

la Secretaría de esta Sala por e l término de cinco días, contados del 20 al 27 de marzo de 2025 15, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Consta que se informó sobre el presente conflicto 16 al Insti tuto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, a la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca), a la Defensora de Familia del ICBF-Centro Zonal Villeta, al Juzgado Promiscuo de

12 Samai expediente digital 2025 -146, Documento: 3_EXPEDIENTEDIGI_033_EXPEDIENTEDI GI_0_2_20250305141406247 13 Samai Expediente Digital 2025-146, Documento: 19_EXPEDIENTEDIGI_18_AUTODEL14DEFEB RER_17_20250320184129827 14Samai Expediente Digital 2025 -146, Documento: 24_EXPEDIENTEDIGI_23_ACTADERE PARTO_22_20250320184131108 15Samai Expediente Digital 2025 -146, Documento: 25_POREDICTO_EDICTO_22EDICTO_0_ 20250319165723580 16 Samai Expediente Digital 2025-146, Documento: 25_EXPEDIENTEDIGI_24_INFORMEDECOMU NICA_23_20250320184131139Radicación: 11001-03-06-000-2025-00146-00 Página 5 de 33

Familia de Guaduas (Cundinamarca), al Personero Municipal de Guaduas, y a lo s señores L.E.A. y Y.A.D.G., en su calidad de padres de la menor de edad.

Familia de Guaduas (Cundinamarca), al Personero Municipal de Guaduas, y a lo s señores L.E.A. y Y.A.D.G., en su calidad de padres de la menor de edad.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala, del 28 de marzo de 2025, i ndicando que durante la fijación del edicto la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Villeta (Cundinamarca) y el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas (Cundinamarca) presentaron consideraciones, mientras que las demás autoridades y los particulares interesados guardaron silencio17.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(ICBF) – Centro Zonal Villeta (Cundinamarca)18

En memorial del 26 de marzo de 2025, a través del cual presentó sus alegatos, esta autoridad manifestó no ser la competente para adelantar la etapa de seguimiento del proceso administrativo de restablecimiento de derecho, lo anterior con fundamento en lo siguiente:

Sostuvo que no es concordante lo ordenado en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) con lo realizado por el juzgado, esto debido a que el fallador avocó conocimiento del proceso administrativo de restablecimiento de derechos y decretó medidas de seguimiento, pero al mismo tiempo ordenó que el seguimiento de estas sea adelantado por otra autoridad administrativa, en este caso, la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Villeta (Cundinamarca).

Adicionalmente, mencionó que no se le puede atribuir la realización de dicho

seguimiento de estas sea adelantado por otra autoridad administrativa, en este caso, la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Villeta (Cundinamarca).

Adicionalmente, mencionó que no se le puede atribuir la realización de dicho seguimiento en esta oportunidad, debido a que el juzgado definió la situación jurídica de la menor de edad luego de que la Comisaría de Familia de Guaduas declarara su falta de competencia. Además, en razón al fac tor territorial desarrollado en el artículo 97 del Código de Infancia y Adolescencia, en consideración a que la menor de edad reside en el municipio de Guaduas (Cundinamarca).

2. Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca)19

17Samai Expediente Digital 2025-146, Documento: 37_ALDESPACHOPOR_INFORMESECRETA RIAL20_0_20250328103031330 18Samai expediente digital 2025-146, Documento: 28_110010306000202500146002MemorialWeb 2025326193953 19 Samai expediente digital 2025-146, Documento: 29_110010306000202500103002DemandaWe b2025313205955Radicación: 11001-03-06-000-2025-00146-00 Página 6 de 33

Mediante Oficio núm. 0288 del 26 de marzo de 2024, a través del cual allegó sus alegatos, esta autoridad expuso que:

[E]ste Despacho ordenó a las Defensoras de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF, a través del equipo interdisciplinario, realizar los seguimientos de que trata el artículo 103 del C.I.A., [pero] de ninguna manera ello significa que este Juzgado

[E]ste Despacho ordenó a las Defensoras de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF, a través del equipo interdisciplinario, realizar los seguimientos de que trata el artículo 103 del C.I.A., [pero] de ninguna manera ello significa que este Juzgado se esté apartando, o reusando el conocimiento previamente asumido en los diferentes procesos de restablecimiento de derechos y la continuación de los mismos, por el contrario, dicha determinación obedece a necesidades advertidas en cada caso en concreto, en beneficio y garantía de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, disponiéndose la determinación más favo rable para estos, al estar el Despacho en la imposibilidad de efectuar dichas intervenciones a través de un equipo interdisciplinario suficiente […].

[…]

[S]i bien es cierto que los procesos de restablecimiento de derechos obedecen a un tramite administrativo, también es cierto que las autoridades [judiciales] que allí intervienen se encuentran investidas de funciones jurisdiccionales, y en ese orden de ideas actúan como juez natural, con amplio margen de discrecionalidad en sus decisiones.

Resaltó que no existe prohibición legal que le impida movilizar a las autoridades que hacen parte del Sistema Nacional del Bienestar Familiar, a efectos de garantizar y, efectivamente, lograr restablecer los derechos prevalentes de los menores de edad en situación de vulneración.

Agregó que la decisión proferida por ese despacho cobró firmeza sin que fuera objeto de recurso por parte de las Defensoras de Familia del Cent ro Zonal Villeta del ICBF, por lo que indicó que se predica la imperatividad de las órdenes allí contenidas.

objeto de recurso por parte de las Defensoras de Familia del Cent ro Zonal Villeta del ICBF, por lo que indicó que se predica la imperatividad de las órdenes allí contenidas.

Finalmente, manifestó en torno al conflicto de competencia suscitado, que el mismo carece de fundamento jurídico, debido a que el despacho asumió previamente el conocimiento y no se ha apartado del mismo.

I. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legalRadicación: 11001-03-06-000-2025-00146-00 Página 7 de 33

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 20. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia21.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. Asimismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la

vulnerados. Asimismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

En el libro primero del citado código se regulan un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derecho s que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

20 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010.

administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

20 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 21 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Nacio nes Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00146-00 Página 8 de 33

La Ley 1878 de 2018 22 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:

El artículo 1° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

Esta modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, fija un pla zo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

El artículo 3° de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por

adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6° modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten en los términos de los art ículos 99 y 100 de la misma Ley 1098, con sus modificaciones, y para establecer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio fam iliar o la adopción.

Mas adelante, la Ley 1955 de 201923 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6° de la Ley 1878 de 2018. De esta norma, destaca la Sala: El inciso segundo del artículo 208 reitera que « el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso

22«Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».

22«Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 23 Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00146-00 Página 9 de 33

determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

1. la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878); ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y iii) el seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.

1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas.

1.2.1 Competencia de la SalaRadicación: 11001-03-06-000-2025-00146-00 Página 10 de 33

La Ley 1878 de 201824 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional25.

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima proce dente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia el conflicto que le ha sido planteado y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

b) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y

c) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a. La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos: […].

24 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se mod ifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».

24 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se mod ifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 25 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00146-00 Página 11 de 33

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía. […] [Resalta la Sala].

De conformidad con la norma transcrita, el juez de familia es el compe tente para conocer los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía,

De conformidad con la norma transcrita, el juez de familia es el compe tente para conocer los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía, siempre que las autoridades en conflicto se encuentren bajo su jurisdicción por el factor territorial.

Al analizar esa disposición, la Sala concluyó que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó, en forma expresa o tácita, ninguna de las disposiciones señaladas del CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esa competencia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativos en los artículos 39, 112 numeral 10, y 151, numeral 3º del CPACA, con sus modificaciones.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16 del CGP no implicó la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias administrativas en materia de familia, se concluyó que la Sala y los jueces de familia tenían, en este campo, una competencia concurrente y a prevención, y así se ha ejercido de manera continua.

b. El alcance del artículo 3º (parágrafo 3º) de la Ley 1878 de 2018 frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia

competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia

El artículo 3º de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 para precisar aspectos