CE - Auto interlocutorio 11001030600020250015300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., veintiocho (28) mayo de dos mil veinticinco (2025)

Número único: 11001-03-06-000-2025-00153-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),

Defensoría de Familia del Centro Zonal Villeta , Regional Cundinamarca, y Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas , Cundinamarca .

Asunto: autoridad competente para realizar el seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos en el PARD a favor de un menor de edad. Reiteración.

I. ANTECEDENTES1

1. El 9 de marzo del 2023, el hospital San José de Guaduas (Cundinamarca) reportó un presunto caso de violencia intrafamiliar contra el menor de edad,

G.R.H.

2. El 13 de marzo de 2023, la Comisaria de Familia del Municipio de Guaduas

(Cundinamarca), dispuso, a través de su equipo interdisciplinario, iniciar con la verificación de garantía de derechos a favor del menor de edad G.R.H.

3. El 24 de marzo del 2023, mediante auto de apertura de investigación, la Comisaría de Familia del municipio de Guaduas (Cundinamarca), dispuso dar inicio a la «atención especializada para el restablecimiento de […] derechos» del

niño G.R.H. En adición, ordenó:

Como Medida Provisional de Restablecimiento de Derechos a favor del NNA:

inicio a la «atención especializada para el restablecimiento de […] derechos» del niño G.R.H. En adición, ordenó:

Como Medida Provisional de Restablecimiento de Derechos a favor del NNA: [G.R.H.] identificada con T.I. N° 1.072.750.674 de Guaduas, se dispone su ubicación urgente en la modalidad de “familia con su progenitora”. De conformidad con lo preceptuado en la Ley 1098 de 2006, ley 1878 del 9 enero de 2018

1La información que se relata en este acápite se encuentra en el expediente digital SAMAI, carpeta: 22_EXPEDIENTEDIGI_22_25320318400120240010200, y por protección a la intimidad de la menor de edad no se especifica el nombre de los archivos, ya que algunos de ellos, refieren su nombre.Radicación 11001-03-06-000-2025-00153-00 Página 2 de 33

4. El 29 de julio de 2024 2, mediante auto de trámite núm. 284-2024, la Comisaría

de Familia de Guaduas, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR la pérdida de competencia de los expedientes relacionados a continuación de acuerdo a la ley 1878 de 2018:

[…]

[G.R.H.]

[…].

SEGUNDO: REMITIR expedientes originales mencionados anteriormente al

JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GUADUAS

CUNDINAMARCA.

TERCERO: ABSTENERSE de actuar en los presentes procesos PARD hasta que el juzgado resuelva lo pertinente.

[…]

CUNDINAMARCA.

TERCERO: ABSTENERSE de actuar en los presentes procesos PARD hasta que el juzgado resuelva lo pertinente.

[…]

5. Mediante auto del 30 de septiembre del 20243, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca), en atención a la remisión del expediente efectuada por parte de la Comisaría de Familia de Guaduas

(Cundinamarca), resolvió:

PRIMERO: AVOCAR el conocimiento de la presente acción de RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS en favor del niño [G.R.H.], de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del Artículo 119 del Código de Infancia y

Adolescencia.

6. El 8 de noviembre del 20244, el Juzgado Promiscuo de Familia – Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca) resolvió de fondo el proceso de restablecimiento de derechos y definió la situación jurídica del niño G.R.H.:

PRIMERO: DECLARAR en situación de vulneración de derechos del niño [G.R.H.], por los motivos expuestos en la parte motiva.

SEGUNDO: MANTENER la medida de restablecimiento de derechos en favor del niño [G.R.H.] adoptada en decisión del 27 de marzo de 2023 por la Comisaría de Familia de Guaduas Cundinamarca, esto es, ubicación en medio familiar con la progenitora de acuerdo a lo normado en el numeral 3 del artículo 53 del Código de Infancia y Adolescencia, por los motivos indicados en esta providencia.

2Expediente digital, Reparto y Radicación, actuación núm. 02, documento 04.

progenitora de acuerdo a lo normado en el numeral 3 del artículo 53 del Código de Infancia y Adolescencia, por los motivos indicados en esta providencia.

2Expediente digital, Reparto y Radicación, actuación núm. 02, documento 04. 3Expediente digital, SAMAI, Reparto y Radicación, actuación núm. 0 2, carpeta núm. 21, documento “004AutoAvocaYOrdenaVerificacionDerechos.pdf”. 4Expediente digital, SAMAI, Reparto y Radicación, actuación núm. 0 2, carpeta núm. 21, documento “015DeclaraVulneracionDeDerechosYSeguimiento-pdf”.Radicación 11001-03-06-000-2025-00153-00 Página 3 de 33

[…]

QUINTO: ORDENAR a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF, para que a través del equipo psicosocial efectúe los seguimientos pertinentes respecto de la situación del niño [G.R.H.], de acuerdo a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas, de forma mensual por el termino de seis (6) meses, de acuerdo a lo normado en el inciso quinto del artículo 6° de Ley 1878 de 2012.

7. El 20 de noviembre de 20245, el ICBF – Defensoría de Familia del Centro Zonal Villeta, Regional Cundinamarca, en escrito con radicado núm. 202444005000163471 dirigido al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas Cundinamarca, adujo que debido a que venció el término para fallar perdió la competencia para seguir conociendo del asunto. En ese

202444005000163471 dirigido al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas Cundinamarca, adujo que debido a que venció el término para fallar perdió la competencia para seguir conociendo del asunto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, remitió el asunto al Juez Promiscuo de Familia Circuito Judicial de Gua duas Cundinamarca, por considerarlo de su competencia.

8. El 19 de diciembre de 2024 6, el ICBF, Defensoría de Familia del Centro Zonal Villeta, Regional Cundinamarca planteó, ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el conflicto de competencias administrativas frente al referido despacho judicial, en orden a determinar la autoridad competente para efectuar los seguimientos pertinentes respecto de la situación del niño [G.R.H.].

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante Auto del 14 de febrero de 2025, dentro del expediente 11-001-03-06-0002025-000015-00, la consejera ponente ordenó conformar 21 expedientes separados, uno frente a cada PARD sobre el cual versa la solicitud de resolución del conflicto de competencias presentada pues, no resulta viable que un solo conflicto de esta clase involucre varias actuaciones, en especial, porque la competencia de las autoridades y la contabilización de los plazos legales, en los casos en disputa, deben ser establecidos de manera concreta, para cada asunto en particular.

El 25 de marzo de 2025, la secretaría de la Sala procedió a dar cumplimiento a lo ordenado, y por reparto correspondió a este despacho el expediente con el número

particular.

El 25 de marzo de 2025, la secretaría de la Sala procedió a dar cumplimiento a lo ordenado, y por reparto correspondió a este despacho el expediente con el número de radicación 11 -001-03-06-000-2025-000153-00, relacionado con el proceso de restablecimiento de derechos del menor de edad G.R.H.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, el 25 de marzo de 2025 , se

5Expediente digital, SAMAI, Reparto y Radicación, actuación núm. 02, documento 06. 6Expediente digital, SAMAI, Reparto y Radicación, actuación núm. 02, documento 03.Radicación 11001-03-06-000-2025-00153-00 Página 4 de 33

fijó el edicto núm. 1397 en la secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, del 28 de marzo al 3 de abril del 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

En informe secretarial del 25 de marzo de 2025 8, consta que se informó sobre el presente conflicto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ; a la s Defensoras de Familia No. 1, No. 2, y No. 3 del ICBF Centro Zonal Villeta, Regional Cundinamarca; al Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas (Cundinamarca); a la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca); a la madre del niño G.R.H,

Cundinamarca; al Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas (Cundinamarca); a la Comisaría de Familia de Guaduas (Cundinamarca); a la madre del niño G.R.H, señora M.S.H.C; y al padre del menor de edad, señor Y.F.R.O.

En constancia secretarial del 4 de abril del 2025 9, se informó que el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas (Cundinamarca) y la Defensora de Familia No. 1 del ICBF Centro Zonal Villeta, Regional Cundinamarca, presentaron memoriales, dentro del término fijado en el edicto. Las demás autoridades y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Defensoría de Familia del Centro Zonal Villeta, regional Cundinamarca, del

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La Defensoría de Familia del Centro Zonal de Villeta, a través de la Defensora de Familia No. 1 Asuntos Mixtos, en escrito del 2 de abril del 202510, refirió que, en el marco del PARD a favor del niño G.R.H, existe una situación de posible pérdida de competencia, toda vez que, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1098 del 2006, el plazo máximo para definir la situación jurídica del niño, niña o adolescente es de seis (6) meses.

Al respecto, adujo que, en el caso concreto, el Juzgado Promiscuo de Familia Circuito Judicial de Guaduas Cundinamarca, si bien asumió la competencia para conocer del PARD, al mismo tiempo orden ó a la Defensora de Familia del Centro

Circuito Judicial de Guaduas Cundinamarca, si bien asumió la competencia para conocer del PARD, al mismo tiempo orden ó a la Defensora de Familia del Centro Zonal Villeta del ICBF, adelantar los seguimientos y presentar los informes respectivos. En ese orden, a juicio del ICBF, dicha obligación debería estar a cargo de la respectiva autoridad judicial; razón por la cual elevó el conflicto de competencias administrativas.

2. Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guaduas,

Cundinamarca

7Expediente digital, actuación núm. 03, Edicto. 8 Expediente digital, actuación núm. 02, documento 24. 9Expediente digital, SAMAI, actuación núm. 08, documento “ALDESPACHOPOR_INFORMESECRETARIAL” 10 Expediente digital, SAMAI, actuación núm. 05, documento 35.Radicación 11001-03-06-000-2025-00153-00 Página 5 de 33

En escrito del 2 de abril del 2025, el juzgado indicó que , ante la pérdida de competencia de la Comisaria de Familia de Guaduas (Cundinamarca), el despacho, por virtud del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, avocó conocimiento del PARD del menor de edad G.R.H., y, una vez surtido el trámite correspondiente, ordenó a la Defensora de Familia del Centro Zonal Villeta Cundinamarca hacer seguimiento, a través del equipo interdisciplinaria, de conformidad con el artículo 103 del Código de Infancia y Adolescencia (en adelante CIA) Ley 1098 de 2006, modificada por la

a través del equipo interdisciplinaria, de conformidad con el artículo 103 del Código de Infancia y Adolescencia (en adelante CIA) Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018. Sin embargo, precisó que, dicha orden judicial no implica que el juzgado se esté apartando o rehusando el conocimiento previamente asumido. Por el contrario, argumentó que dicha determinación obedece a las necesidades advertidas en el caso concreto, en beneficio y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Así, precisó que, el caso requiere la intervención del grupo interdisciplinario con que cuenta el ICBF, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018, por ejemplo, de los profesionales en nutrición, entre otros.

En ese orden, el juzgado estima que, la orden impartida a las defensoras de familia del Centro Zonal Villeta del ICBF, a través de su equipo interdisciplinario, no sobrepasa el límite de su competencia, pues dicha determinación se ampara en los mandatos constitucionales y legales , especialmente, lo consagrado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia 1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los

niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 11. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia12.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son

11 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 12 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991).Radicación 11001-03-06-000-2025-00153-00 Página 6 de 33

vulnerados. Asimismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

En el libro primero del citado código se regulan un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de estos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

• La Ley 1878 de 2018 13 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006

(Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:

El artículo 1° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños,

(Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:

El artículo 1° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

Esta modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, fija un plazo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

13 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».Radicación 11001-03-06-000-2025-00153-00 Página 7 de 33

El artículo 3 de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha normativa, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098, con sus modificaciones, y para establecer 18 meses como plazo para la

actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098, con sus modificaciones, y para establecer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

• La Ley 1955 de 201914 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido también modificado, por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. De

esta norma, destaca la Sala:

El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que

comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

14 Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019.Radicación 11001-03-06-000-2025-00153-00 Página 8 de 33

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

1. La verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878); ii) El procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y iii) El seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art.

por los arts. 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y iii) El seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.

1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas

1.2.1 Competencia de la Sala

La Ley 1878 de 201815 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional16.

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

15 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 16 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha

disposiciones». 16 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación 11001-03-06-000-2025-00153-00 Página 9 de 33

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia el conflicto que le ha sido planteado y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a) La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;

b) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se

de 2012 (Código General del Proceso);

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y

d) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 17 prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, lo siguiente:

Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

17 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin

Civil del Consejo de Estado.

17 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por le yes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación 11001-03-06-000-2025-00153-00 Página 10 de 33

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]. (Resalta la Sala)

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta; ii) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular; iii) Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de entidades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que tramitan las actuaciones administrativas reguladas en el libro primero de la Ley 1098 de 2006 son de conocimiento de la Sala.

b. La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos: […].

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía. […] (Subraya la Sala).Radicación 11001-03-06-000-2025-00153-00 Página 11 de 33

De conformidad con la norma transcrita, el juez de familia es el competente para conocer los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía, siempre que las autoridades en conflicto se encuentren bajo su jurisdicción por el

conocer los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía, siempre que las autoridades en conflicto se encuentren bajo su jurisdicción por el factor territorial.

Al analizar esa disposición, la Sala concluyó que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó, en forma expresa o tácita, ninguna de las disposiciones señaladas del CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esa competencia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativos en los artículos 39; 112, numeral 10, y 151, numeral 3º, del CPACA, con sus modificaciones.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16, del CGP no implicó la pérdida de competencia de la S