CE - Auto interlocutorio 11001030600020250016500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00165-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Universidad del Pac ífico y Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca Asunto: autoridad administrativa competente para conocer de una queja disciplinaria. Oficina de control disciplinario interno inexistente. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia

I. ANTECEDENTES

1. El 26 de abril de 20233, el Grupo Interno Disciplinario de la Universidad del Pacífico inició la investigación disciplinaria núm. 202120010002963 / 2023-XX en contra del señor Héctor Marino Borrero, en su calidad de docente del programa de Arquitectura, por presuntas irregularidades en el ejercicio de su labor como docente de la Universidad del Pacífico.

2. El 22 de mayo de 2024 4, la Universidad del Pacífico remitió a la Procuraduría General de la Nación varios expedientes con implicaciones disciplinarias, dentro de

de la Universidad del Pacífico.

2. El 22 de mayo de 2024 4, la Universidad del Pacífico remitió a la Procuraduría General de la Nación varios expedientes con implicaciones disciplinarias, dentro de los cuales se encuentra, en el numeral 14, la investigación disciplinaria núm. 202120010002963 / 2023-XX en contra del señor Héctor Marino Borrero , teniendo

en cuenta que:

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposi ciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3Expediente digital 2025 -165, Samai, documento: 2_EXPEDIENTEDIGI_022024336494_1_2025 0326105026047, folios: 79-83. 4 Expediente digital 2025 -165, Samai, documento: 2_EXPEDIENTEDIGI_022024336494_1_2025 0326105026047, folios: 61-77.Radicación 11001-03-06-000-2025-000165-00 Página 2 de 32 [r]eposaban en la Oficina de División de Personal de la entidad […] por considerar que actualmente no se cuenta con competencia disciplinaria para actuar al no tener creada, implementada y organizada, una unidad u oficina de control disciplinario interno que se encar gue de adelantar las actuaciones disciplinarias a sus propios funcionarios y exfuncionarios, esto con el fin de garantizar el debido proceso […].

creada, implementada y organizada, una unidad u oficina de control disciplinario interno que se encar gue de adelantar las actuaciones disciplinarias a sus propios funcionarios y exfuncionarios, esto con el fin de garantizar el debido proceso […].

3. El 19 de junio de 20245, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, a la que correspondió el asunto, decidió abstenerse de asumir el conocimiento, entre otros, del proceso radicado en esa entidad con el núm. IUS E2024-337189, relacionado con la investigación disciplinaria en contra del señor Héctor Marino Borrero, y, en consecuencia, devolver el expediente a la Universidad del Pacífico ,

en los siguientes términos:

PRIMERO: ABSTENERSE de asumir el conocimiento de los procesos disciplinarios allegados por la Universidad del Pacífico en etapa de Instrucción, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. […]

4. El 24 de septiembre de 2024 6, mediante comunicación 202420010006901 la Universidad del Pacífico remitió a la Sa la de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 19 expedientes disciplinarios, planteando conflicto negativo de competencias entre dicha institución universitaria y la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca. Entre los expedientes en viados se encontraba el radicado bajo el núm. 202120010002963 / 2023-XX.

5. El 7 de octubre de 2024 7, la secretaría de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado devolvió a la Universidad los expedientes físicos remitidos, solicitándole allegar de manera digital cada uno de los procesos disciplinarios a

Consejo de Estado devolvió a la Universidad los expedientes físicos remitidos, solicitándole allegar de manera digital cada uno de los procesos disciplinarios a través de la ventanilla de atención virtual, de acuerdo con las recomendaciones establecidas para la presentación de los mismos ante la Sala.

6. El 11 de marzo de 2025 8 se radicó la comunicación 202520010001811 del 24 de febrero de 2025, con la cual la Universidad del Pacífico formuló ante la Sala conflicto negativo de competencias administrativas entre el ente universitario y la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, con el propósito de que se defina la entidad competente para conocer y tramitar el proceso disciplinario identificado con el radicado 202120010002963 / 2023-XX.

5 Expediente digital 2025 -165, Samai, documento: 2_EXPEDIENTEDIGI_022024336494_1_2025 0326105026047, Folios: 93-118. 6 Expediente digital 2025 -165, Samai, documento: 2_EXPEDIENTEDIGI_022024336494_1_2025 0326105026047, Folios: 43-44. 7 Expediente digital 2025 -165, Samai, documento: 2_EXPEDIENTEDIGI_022024336494_1_2025 0326105026047, Folio: 33. 8 Expediente digital 2025 -165, Samai, documento: 2_EXPEDIENTEDIGI_022024336494_1_2025 0326105026047.Radicación 11001-03-06-000-2025-000165-00 Página 3 de 32

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39, inciso 3° de la Ley 1437 de 2011, modificado por el

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39, inciso 3° de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 26 de marzo de 2025 la Secretaría de la Sala fijó el edicto número 1519, por el término de cinco días hábiles, contados desde el 28 de marzo hasta el 3 de abril de 2025, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones frente al conflicto de competencia planteado.

En el expediente obra constancia del 26 de marzo de 2025 sobre la comunicación de la existencia del presente asunto a la Universidad del Pacífico , a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, al Comité Disciplinario Interno y al Grupo Interno Disciplinario de la institución universitaria

Según informes secretariales del 4 y 9 de abril de 2025, la rectora de la Universidad del Pacífico y la Procurad uría Regional de Instrucción del Valle del C auca allegaron sus consideraciones, y las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto del 21 de mayo de 2025, la consejera María del Pilar Bahamón Falla ordenó comunicar al señor Héctor Marino Borrero la existencia del sub examine, en su calidad de investigado dentro de la actuación disciplinaria que dio origen al presente conflicto, toda vez la Universidad del Pacífico había expedido auto de inicio de investigación disciplinaria.

En la misma providencia, la consejera solicitó a la Universidad del Pacífico el envío de

conflicto, toda vez la Universidad del Pacífico había expedido auto de inicio de investigación disciplinaria.

En la misma providencia, la consejera solicitó a la Universidad del Pacífico el envío de documentos e información relevantes para adoptar una decisión de fondo.

Según informes secretariales del 9 y el 12 de junio de 2025, la Universidad del Pacífico atendió la solicitud.

El 30 de julio de 202510, la Sala determinó el cambio de ponente, siendo asignado a la consejera que actúa como ponente en la presente decisión.

Consta en informe secretarial que el 31 de julio de 2025 11 este despacho recibió el presente conflicto.

9 Expediente digital 2025-165, Samai, Documento: 10_POREDICTO_05Edicto_0_20250326110701875 10 Expediente digital 2025 -165, Samai, Documento: 64_CambiodePonen_ConstanciaSecretaria_0_ 20250731124909533 11 Expediente digital 2025-165, Samai, Documento: 65_Aldespachopor_Informealdespachopor_0_2025 0731125128796Radicación 11001-03-06-000-2025-000165-00 Página 4 de 32

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Universidad del Pacífico

Mediante escrito del 2 de abril de 202512, esta autoridad presentó consideraciones con las que rechazó su competencia para tramitar el asunto que ocupa la atención de la Sala, afirmando que en dicho ente universitario no existe una oficina o unidad de control disciplinario interno, poniendo de pr esente que mediante Acuerdo Superior núm. 162

Sala, afirmando que en dicho ente universitario no existe una oficina o unidad de control disciplinario interno, poniendo de pr esente que mediante Acuerdo Superior núm. 162 de 29 de junio de 2023 y ante la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, el Consejo Superior de la institución concedió facultades al rector pa ra adelantar todas las gestiones administrativas y contractuales necesarias para la creación de la oficina de control disciplinario interno.

Según explica la entidad, actualmente se está adelantando el proceso para la creación, implementación y organizaci ón de la oficina de control disciplinario interno , cuya propuesta se encuentra para ser aprobada por parte del Consejo Superior, sin que en la actualidad se tenga una dependencia que legalmente detente la competencia disciplinaria para atender los casos qu e se presentan. Agregó que los expedientes disciplinarios fueron remitidos a la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, en virtud del poder disciplinario preferente de la Procuraduría, previsto en el ar tículo 3.° de la Ley 1952 de 2019, que le permite desplazar a las demás autoridades en el conocimiento de una investigación disciplinaria.

De igual manera, indicó que, en su concepto, cuando una entidad pública no cuenta con una unidad u oficina de contr ol disciplinario interno, como es el caso de la Universidad del Pacífico, o contando con ella no le sea posible garantizar la aplicabilidad de la norma, es deber legal de la Procuraduría General de la Nación iniciar y/o adelantar la acción disciplinaria, en aras de garantizar que se cumplan los fines del

Universidad del Pacífico, o contando con ella no le sea posible garantizar la aplicabilidad de la norma, es deber legal de la Procuraduría General de la Nación iniciar y/o adelantar la acción disciplinaria, en aras de garantizar que se cumplan los fines del proceso disciplinario establecidos en el artículo 11 de la Ley 1952 de 2019.

Frente a las afirmaciones de la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, en las que sostiene que dentro de la U niversidad existe un grupo de control disciplinario interno y que lo que no puede garantizar es la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento, señaló que la Procuraduría interpretó erróneamente la situación de la Universidad, pasando por alto qu e actualmente no puede asumir el conocimiento de las actuaciones disciplinarias en curso porque no puede satisfacer las garantías a los disciplinados, y que esa es la razón por la que considera que la competencia es de la Procuraduría General de la Nación, en razón a la calidad del sujeto disciplinable.

12 Expediente digital 2025-165, SAMAI, documento: 12_110010306000202500165002MemorialWeb20254319 3517Radicación 11001-03-06-000-2025-000165-00 Página 5 de 32 Señaló que si bien en la Universidad del Pacífico existió un «Grupo de Control Disciplinario Interno», creado mediante el Acuerdo Superior 001 de 2009, este quedó mal constituido y no satisfizo los requer imientos de imparcialidad y garantía de los derechos humanos previstos en la Constitución Política y en la Convención Americana de Derechos Humanos, desconociendo, igualmente, los postulados de imparcialidad y

mal constituido y no satisfizo los requer imientos de imparcialidad y garantía de los derechos humanos previstos en la Constitución Política y en la Convención Americana de Derechos Humanos, desconociendo, igualmente, los postulados de imparcialidad y seguridad jurídica establecidos en la Ley 2094 de 2021, y que dicha situación fue la que motivó la expedición, por parte del Consejo Superior , Acuerdo 162 de 2023, para crear la unidad u oficina de control disciplinario interno, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 38 del Código General Disciplinario.

Puso de presente que en el proceso de implementación de la Ley 20 94 de 2021, modificatoria de la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública emitieron lineamientos13 en los que advirtieron que cuando las citadas disposiciones legales entraran en vigencia, esto es, a partir del 29 de marzo de 2022, en aplicación de los principios de favorabilidad e igualdad, las autoridades disciplinarias no tenían «alternativa distinta» a la de aplicar la separación de funciones de instrucción y juzgamiento de manera inmediata, advirtiendo que las entidades que no lograran la implementación de las citadas disposiciones debían remitir los procesos disciplinarios a la Procuraduría General de la Nación.

Concluyó que la Universidad se encuentra en un proceso de reestructuración y reorganización administrativa, que incluye la creación de la unidad u oficina de control disciplinario interno y la implementación de lo dispuesto por el Código G eneral Disciplinario. Sin embargo, en la medida que actualmente no existe una oficina que pueda asumir el conocimiento de los procesos existentes, remitieron los expedientes

disciplinario interno y la implementación de lo dispuesto por el Código G eneral Disciplinario. Sin embargo, en la medida que actualmente no existe una oficina que pueda asumir el conocimiento de los procesos existentes, remitieron los expedientes disciplinarios a la Procuraduría General de la Nación, en atención a lo previsto e n el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, que señala que en el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan cumplir por parte de la entidad estatal respectiva, por razón de su estructura, el conocimiento del asunto será competencia de la Procuraduría General de la Nación.

2. Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca

Mediante Oficio 1011 del 1 de abril de 202514, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca presentó alegatos ante la Sala, en los que puso de presente las razones por las cuales estima que carece de competencia para conocer de la investigación de la referencia.

13 Directiva 13 del 16 de julio de 2021 proferida por la Procuraduría General de la Nación y Radicado núm. 20244000348111 del 28 de mayo de 2024 con el cual el Departamento Administrativo de la Función Pública dio respuesta a la consulta realizada por la Universidad del Pacífico sobre el particular, mediante oficio radicado bajo el núm. 202420010003231 del 2 de mayo de 2024. 14 Expediente digital 2025 -165, SAMAI, documento:

Pública dio respuesta a la consulta realizada por la Universidad del Pacífico sobre el particular, mediante oficio radicado bajo el núm. 202420010003231 del 2 de mayo de 2024. 14 Expediente digital 2025 -165, SAMAI, documento: 10_110010306000202500165002MemorialWeb20254220 4059Radicación 11001-03-06-000-2025-000165-00 Página 6 de 32 En primer lugar señaló q ue toda entidad u organismo del Estado debe contar una unidad u oficina encargada de conocer las actuaciones disciplinarias contra sus servidores y, en ese orden, consideró necesaria la devolución de este y otros expedientes a la universidad, con destino a l Grupo de Control Disciplinario Interno de la entidad educativa que en ese momento estaba vigente, pues son las oficinas de control interno disciplinario las titulares de la acción disciplinaria frente a los funcionarios de sus propias dependencias.

Destacó que desde la expedición de la Ley 200 de 1995 y luego con las Leyes 734 de 2002, 1952 del 2019 y 2094 de 2021 se ha reiterado de manera constante, que son las mismas entidades del Estado las que tienen la competencia para conocer en primera instancia de los procesos que se adelanten en contra de sus propios servidores. Por lo que es una obligación legal de toda entidad del Estado, con excepción de la Rama Judicial, la de organizar una oficina de control interno disciplinario para estos efectos.

Desde esta perspectiva, consider ó que no existe ningún condicionamiento o excusa para ninguna entidad obligada que le permita omitir su deber legal de consolidar la oficina mencionada, en particular, porque es una obligación de vieja data. De allí que sea al Gr upo de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico, creado

para ninguna entidad obligada que le permita omitir su deber legal de consolidar la oficina mencionada, en particular, porque es una obligación de vieja data. De allí que sea al Gr upo de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico, creado desde el año 2009, al que le asista la competencia para conocer de las actuaciones en contra de los servidores públicos de esa Universidad, salvo de aquellos cuya competencia, debido a la jerarquía al interior de la entidad, impliquen la necesidad de actuación del órgano de control.

En tercer lugar, consideró que del artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 es evidente que cuando señala que, en el «evento en que las garantias de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable», la norma alude en realidad al momento procesal del juzgamiento, que es el único momento en que la Procuraduría General puede asumir el conocimiento de las diligencias que en principio le corresponden a la entidad u organismo estatal obligado, ya que su injerencia en tales asuntos sólo ocurre cuando no se pueda garantizar la independen cia entre la instrucción y el juzgamiento al interior de la entidad. Lo anterior, en virtud del artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 que le concede en primer lugar esa competencia disciplinaria a las Oficinas de Control Disciplinario Interno.

Por último, co nsidera pertinente recordar que la acción disciplinaria que se deba adelantar en el caso concreto de la actuación disciplinaria en contra del señor Héctor Marino Borrero, docente de la Universidad del Pacífico para ese momento, puede ser

Por último, co nsidera pertinente recordar que la acción disciplinaria que se deba adelantar en el caso concreto de la actuación disciplinaria en contra del señor Héctor Marino Borrero, docente de la Universidad del Pacífico para ese momento, puede ser conocida por el Grupo de Control Disciplinario Interno de la universidad, sin que sean necesarias las modificaciones introducidas por la Ley 1952 de 2019, por lo que considera que el organismo de control t iene la autoridad para devolver por competencia, este caso, a la Universidad del Pacífico.Radicación 11001-03-06-000-2025-000165-00 Página 7 de 32

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias, suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio debido a que las partes de este proceso, a saber, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, y la Universidad del Pacífico, no tienen un superior común, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que : i) las dos autoridades en conflicto, esto es, la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y la Universidad del Pacífico, son del orden nacional ; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta , relacionada con la investigación disciplinaria en contra del señor Héctor Marino Borrero, por presuntas irregularidades en el ejercicio de su labor como docente de la Universidad del Pacífico; y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la referida actuación.

De lo que se concluye, que la Sala es competente para dirimir el presunto conflicto de competencias de la referencia, dado que se cumplen las exigencias descritas.

2. Términos legales

De lo que se concluye, que la Sala es competente para dirimir el presunto conflicto de competencias de la referencia, dado que se cumplen las exigencias descritas.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto deRadicación 11001-03-06-000-2025-000165-00 Página 8 de 32 competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva15.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

En el presente caso, la Sala de Consulta y Servicio Civil debe definir cuál es la autoridad competente para continuar conociendo la investigación disciplinaria iniciada en contra del señor Héctor Marino Borrero, identificada con el radicado núm. 202120010002963

En el presente caso, la Sala de Consulta y Servicio Civil debe definir cuál es la autoridad competente para continuar conociendo la investigación disciplinaria iniciada en contra del señor Héctor Marino Borrero, identificada con el radicado núm. 202120010002963 / 2023-XX, por las presuntas irregularidades en el ejercicio de su labor como docente de la Universidad del Pacífico.

La Universidad del Pacífico sostiene que actualmente no existe una oficina de control disciplinario interno en dicha institución universitaria que pueda asumir el conocimiento de los procesos disciplinarios existentes, pero que se encuentra en un proceso de reestructuración y reorganización administrativa para la creación de dicha dependencia, así como la implementación de los cambios introducidos por el Código General Disciplinario.

Agregó que, en atención a lo previsto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, remitió los expedientes disciplinarios a la Procuraduría General de la Nación, debido a que, en el proceso de reestructuración adelantado, el Grupo de Control Disciplinario Interno ya no existe.

Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca estima que la etapa de instrucción con respecto a la actuación disciplinaria en contra del señor Héctor Marino Borrero le corresponde al Grupo de Control Disciplinario Interno de la Universidad, pues esa entidad constituyó dicho Grupo mediante el Acuerdo Superior

15 Este mandato es armónico con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de

15 Este mandato es armónico con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación 11001-03-06-000-2025-000165-00 Página 9 de 32 001 de 2009 , concediéndole la competencia para conocer de las quejas o informes sobre conductas disciplinables de sus servidores públicos.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina de control interno disciplinario y de separar los funcionarios que adelantan las etapas de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iii) Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en la salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iv) El control disciplinario interno de la Universidad del Pacífico. v) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración16

De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa17.

ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa17.

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública18, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades19.

16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00120-00. 17 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública».

sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública». 18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046).Radicación 11001-03-06-000-2025-000165-00 Página 10 de 32 Como se vio, la Ley 1952 de 201920, modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria 21. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad ( acción disciplinaria ) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipa les, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ─a través de sus seccionales─.22

5.2. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina de control disciplinario interno y de separar los funcionarios que adelantan las etapas de instrucción y juzgamiento. Reiteración23

Por control disciplinari